OPERACIÓN PINDAPOY

 

el secuestro y la muerte del general Aramburu contado por los propios Montoneros

 

Daniel Cecchini

 

Infobae, 29 May, 2023

 

Los diarios de la mañana del viernes 29 de mayo de 1970 llevaban en sus portadas – sin excepción – el anticipo del acontecimiento oficial del día: la celebración del Día del Ejército que, como en toda dictadura militar que se preciaba de serlo, sería con gran despliegue de tropas y discursos alusivos. Se anunciaba la presencia del teniente general de Caballería que por entonces se apoltronaba en la Casa Rosada, Juan Carlos Onganía, y las palabras de ocasión estarían a cargo del jefe del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse.

 

Además de la fecha conmemorativa, ese 29 de mayo se cumplía un año del estallido del Cordobazo, la rebelión popular que – aunque todavía no se sabía – quedaría en la historia como el hito a partir del cual comenzó la debacle de la autodenominada “Revolución Argentina”. De ese otro aniversario no se publicaba nada.

 

Todo apuntaba a que ese viernes transcurriera como otro día gris en tiempos grises de la Argentina hasta que, a media mañana, un grupo de jóvenes perteneciente a una hasta entonces desconocida organización armada, Montoneros, entraron a un departamento de la calle Montevideo, en la Capital Federal, y secuestraron a otro general, Pedro Eugenio Aramburu, que había encabezado la dictadura anterior, también autodenominada “Revolución”, pero en aquel caso adjetivada como “Libertadora”, la que había derrocado a Juan Domingo Perón.

 

La noticia conmocionó al país. Ese mismo día se montó un gigantesco operativo para encontrar al militar secuestrado, pero tanto él como sus secuestradores parecían haberse esfumado.

 

Lo poco que se supo durante los tres días siguientes fue a través de los comunicados que Montoneros hizo llegar a los medios de comunicación. En ellos se adjudicaron el secuestro y anunciaron que Aramburu sería sometido a un juicio popular.

 

Las versiones que corrían eran de lo más dispares. Pese a que un grupo guerrillero se había adjudicado el operativo, no faltaban quienes sostuvieran que en realidad era una maniobra de un sector del Ejército – después de todo, se sabía que los secuestradores habían usado uniformes del arma – destinada a desestabilizar a Onganía.

 

Otros apuntaban a una autoría similar, pero con diferente objetivo: sacar del medio a Aramburu, a quien se le adjudicaba la intención de ser protagonista de un proceso de apertura democrática que la dictadura no estaba dispuesta a permitir.

 

Se demoraría en saber que Juan Carlos Aramburu fue ejecutado la madrugada del 2 de junio mediante un disparo de pistola 9 milímetros en el pecho y dos tiros de gracia. Y pasaría más tiempo aún antes de que algunos de los integrantes del comando que lo secuestró contaran paso a paso la operación que habían llegado a cabo y cómo había sido el final del general secuestrado.

 

Los primeros montoneros

 

El comando que sacó a Aramburu de su casa, lo trasladó a una estancia en la localidad de Timote – propiedad de la familia de uno de los integrantes del grupo - en el partido bonaerense de Carlos Tejedor, lo sometió a un “juicio revolucionario” y lo mató con un disparo de pistola 9 milímetros en el pecho y dos tiros de gracia estaba integrado por Mario Eduardo Firmenich, Norma Esther Arrostito, Ignacio Vélez, Emilio Maza, Carlos Alberto Maguid, Fernando Abal Medina, Carlos Ramus, Carlos Raúl Capuano Martínez y otras dos personas no identificadas. El número de diez participantes en la operación fue precisado por Arrostito.

 

Por entonces no había muchos más. Cuando el 29 de mayo de 1970 los todavía desconocidos Montoneros secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu, en lo que llamaron “Operación Pindapoy”, la organización estaba integrada por apenas doce miembros.

 

Sólo tres integrantes de aquel comando se refirieron públicamente alguna vez a la acción que habían llevado a cabo. Norma Arrostito y Mario la contaron con detalle en una entrevista publicada en la revista Causa Peronista el 6 de septiembre de 1974, en coincidencia con la decisión de Montoneros de pasar a la clandestinidad. El tercer testimonio es el de Ignacio Vélez, otro de los fundadores de Montoneros, recogido por el periodista e historiador Marcelo Larraquy.

 

Objetivo: Aramburu

 

El núcleo fundador de Montoneros se conformó entre fines de 1968 y principios de 1969 en total secreto. Fuera de sus integrantes y algunos otros pocos, nadie conocía la existencia de la organización. Decidieron sacarla a la luz con una acción que golpeara a la dictadura de Juan Carlos Onganía y causara un fuerte impacto en la opinión pública: el secuestro del segundo presidente de facto de la llamada Revolución Libertadora y responsable último de los fusilamientos de militares y civiles de la Resistencia Peronista en junio de 1956. “Trabajábamos en silencio: la ejecución de Aramburu debía significar precisamente la aparición pública de la organización”, relata Firmenich en la entrevista publicada en Causa Peronista.

 

Conformar el grupo operativo, con integrantes a jugarse en una acción arriesgada fue el primer paso. “El ajusticiamiento de Aramburu era un viejo sueño nuestro. Concebimos la operación a comienzos de 1969. Había de por medio un principio de justicia popular -una reparación por los asesinatos de junio del 56-, pero además queríamos recuperar el cadáver de Evita, que Aramburu había hecho desaparecer. Pero hubo que dejar transcurrir el tiempo, porque aún no teníamos formado el grupo operativo. A fines del 69 pensamos que ya era posible encarar el operativo. A los móviles iniciales, se había sumado en el transcurso de ese año la conspiración golpista que encabezaba Aramburu para dar una solución de recambio al régimen militar, debilitado tras el Cordobazo. Por la Importancia política del hecho, por el significado que atribuíamos a nuestra propia aparición, fuimos a la operación con el criterio de todo o nada. El grupo Inicial de Montoneros se juega a cara o ceca en ese hecho”, explica.

 

El “cara o ceca” de Firmenich no era una metáfora, de fracasar en el intento, Montoneros moriría antes de nacer. En el mismo reportaje, Arrostito puso la cuestión en números: “Toda la ‘organización’ éramos doce personas, entre los de Buenos Aires y los de Córdoba. En el operativo jugamos diez”.

 

La vigilancia

 

Elegido el objetivo, a principios de 1970 el grupo empezó a relevar los movimientos de Aramburu para, a partir de ellos, planificar el secuestro. “El edificio donde él vivía está frente al colegio Champagnat, y averiguamos que en el primer piso - de ese colegio - había una sala de lectura o una biblioteca. Entonces nos colamos y fuimos a leer ahí. Más que leer, mirábamos por la ventana. Nos quedábamos por periodos cortos, media hora, una hora. Nunca nadie nos preguntó nada”, relata Firmenich.

 

Desde esa ventana lo vieron por primera vez, pero pronto se dieron cuenta de que Aramburu no tenía rutinas fijas. “Solía salir alrededor de las once de la mañana, a veces antes, a veces después, a veces no salía. Lo vimos tres veces desde el Champagnat. Después fichamos desde la esquina de Santa Fe, en forma rotativa. Llegamos a hacer relevos cada cinco minutos. Teníamos que hacer así porque en esa esquina había un cabo de consigna, uno rubio, gordito, y no queríamos llamar la atención”, cuenta Arrostito.

 

En la calle no, adentro

 

Esa ausencia de rutinas fue lo que los hizo descartar la primera alternativa en la que habían pensado, secuestrarlo en la calle cuando salía a caminar. No podían permanecer mucho en el lugar sin llamar la atención. “Pensábamos llevar uno de esos autos con cortina en la luneta y tapar las ventanillas con un traje a cada lado. Le dimos muchas vueltas a la idea hasta que la descartamos y resolvimos entrar y sacarlo directamente del octavo piso. Para eso hacía falta una buena ‘llave’. La mejor excusa era presentarse como oficiales del Ejército. El Gordo (Emilio) Maza y otro compañero habían sido liceístas, conocían el comportamiento de los militares. Al Gordo Maza incluso le gustaba, era bastante milico, y le empezó a enseñar a Fernando los movimientos y las órdenes. Ensayaban juntos”, explica Firmenich.

 

Los uniformes no resultaron un problema. Los compraron en una sastrería, haciéndose pasar por jóvenes oficiales del Ejército. “Fernando Abal tenía 23 años, Ramus y Firmenich 22, Capuano Martínez, 21. Cortándose el pelo pasaban por colimbas. Así que allí compramos las insignias, las gorras, los pantalones, las medias, las corbatas. Un oficial retirado peronista donó su uniforme: simpatizaba con nosotros, aunque no sabía para qué lo íbamos a usar. El problema es que a Fernando le quedaba enorme. Tuve que hacer de costurera, amoldárselo al cuerpo. La gorra la tiramos -era un gorrón- le bailaba en la cabeza pero usamos la chaquetilla y las insignias”, cuenta Arrostito.

 

La falsa custodia

 

Además de los uniformes, para entrar al departamento de Aramburu sin problemas necesitaban una excusa. “Una cosa que nos llamó la atención es que Aramburu no tenía custodia, por lo menos afuera. Después se dijo que el ministro Imaz se la había retirado pocos días antes del secuestro, pero no es cierto. En los cinco meses que estuvimos chequeando, no vimos custodia exterior ni ronda de patrulleros. Solamente el portero tenía pinta de cana, un morocho corpulento. A alguien se le ocurrió: Si no tenía custodia, ¿Por qué no íbamos a ofrecérsela? Era absurdo, pero esa fue la excusa que usamos”, dice Firmenich.

 

La noche del 28 de mayo, un integrante del grupo llamó por teléfono al departamento de Aramburu y pidió hablar con él con una excusa. “Aramburu lo trató bastante mal, le dijo que se dejara de molestar o algo así. Pero ya sabíamos que estaba en su casa”, relata Arrostito.

 

Con esa seguridad, decidieron que lo secuestrarían el día siguiente, 29 de mayo, Día del Ejército.

 

“De casualidad”

 

Para Ignacio Vélez, la coincidencia con la fecha fue casual, no algo previamente planificado. “Hay cosas que la historia hace de casualidad. El 29 de mayo, Día del Ejército. Yo creo que no se pensó la fecha. Por ahí, el Gordo (Maza) y Fernando (Abal Medina) la pensaron”, dice en el testimonio recogido por Larraquy.

 

Ya tenían listos todos los autos necesarios para el operativo. “Dentro de Parque Chas dejamos estacionados esa noche los dos autos operativos: la pick-up Chevrolet y un Peugeot 404 blanco; y tres coches más que se iban a necesitar: una Renoleta 4L blanca mía, un taxi Ford Falcon que estaba a nombre de Firmenich, y una pick-up Gladiator 380, a nombre de la madre de Ramus. La mañana del 29 salimos de casa. Dos compañeros se encargaron de llevar los coches de recambio a los puntos convenidos. La Renoleta quedó en Pampa y Figueroa Alcorta, con un compañero adentro. El taxi y la Gladiator cerca de Aeroparque, en una cortada, el taxi cerrado con llave y un compañero dentro de la Gladiator”, detalla Arrostito.

 

El despliegue

 

Poco antes de las 9 de la mañana del 29 de mayo, ya estaban todos en posición. “Llegamos en un Peugeot, Capuano al volante, yo al lado, Fernando y Maza. Estacionamos en el garage (Del Colegio Champagnat), vamos los tres al edificio, se queda Capuano. A Mario, a Maguid y a Arrostito no los vi porque era un operativo compartimentado. Fernando y el Gordo (Maza) estaban vestidos de militares, yo de civil con pelo cortito y un sobretodo. Teníamos muy buena formación para actuar como militares. Yo voy al séptimo piso. El Gordo (Maza) y Fernando, al octavo”, relata Vélez.

 

“En el Peugeot 404 subieron Capuano Martínez, que iba de chofer, con otro compañero, los dos de civil pero con el pelo bien cortito y detrás, Maza con uniforme de capitán y Fernando Abal, como teniente primero”, corrobora Arrostito.

 

Mientras tanto, Ramus se mantenía al volante de la camioneta, mientras Firmenich, con uniforme de policía, parecía estar autorizándolo a que se detuviera en ese lugar. Carlos Maguid, vestido de cura, se quedó en la vereda, cerca de la entrada del colegio. A metros de él, Norma Arrostito, con peluca rubia, parecía estar esperando a alguien. Todos tenían armas y su tarea era hacer la contención.

 

“Nosotros seguimos hasta la puerta del Champagnat y estacionamos sobre la vereda. “El cura” y yo nos bajamos. Dejé la puerta abierta con la metralleta sobre el asiento, al alcance de la mano. Había otra en la caja al alcance del otro compañero. También llevábamos granadas”, relata Firmenich.

 

El secuestro

 

Mientras, en el séptimo piso, Vélez mantenía abierta la puerta del ascensor, para evitar interrupciones y poder salir rápido, Abal Medina y Maza tocaron el timbre en el 8° A. Los atendió Sara Herrera, la esposa de Aramburu. “No le infundieron dudas: eran oficiales del Ejército. Los invitó a pasar, les ofreció café mientras esperaban que Aramburu terminara de bañarse. Al fin apareció sonriente impecablemente vestido. Tomó café con ellos mientras escuchaba complacido el ofrecimiento de custodia que le hacían esos jóvenes militares”, relata Firmenich.

 

Pasaron pocos minutos hasta que Fernando Abal Medina le dijo a Aramburu:

 

-Mi General, usted viene con nosotros.

 

Aramburu se puso de pie y salió con ellos.

 

En el ascensor los esperaba Vélez. “Bajamos los cuatro, todos juntos en el ascensor. Él estaba convencido de que iba a una asonada. Y ahí caminamos, subimos al Peugeot. Soy el único que está vivo de ese viaje: en la ida, hasta detrás de la Facultad de Derecho, donde estaba la camioneta, una Jeep Gladiator, y se hizo el transbordo”, recuerda en el testimonio recogido por Larraquy.

 

“¿Si se resistía? Lo matábamos. Ese era el plan, aunque no quedara ninguno de nosotros vivos”, dice Firmenich en la entrevista de Causa Peronista.

 

Traslado y dispersión

 

Trasladaron a Aramburu en el Peugeot hasta las cercanías de la Facultad de Derecho, donde los esperaba la camioneta Gladiator. “Capuano, la Flaca (Arrostito) y otro compañero subieron adelante, Fernando y Maza con Aramburu, atrás. Allí se encontró por primera vez con ‘el cura’ (Maguid) y conmigo. Debió parecerle esotérico: un cura y un policía; y el cura que en su presencia empezaba a cambiarse de ropa. Se sentó en la rueda de auxilio. No decía nada, tal vez porque no entendía nada. Le tomé la muñeca con fuerza y la sentí floja, entregada. Maza, “el cura”, la Flaca y otro compañero se bajaron en Pampa y Figueroa Alcorta, llevándose los bolsos con los uniformes y parte de los fierros. Fueron a la casa de un compañero a redactar el Comunicado número uno. Quedaron Ramus y Capuano adelante, Aramburu, Fernando y yo atrás, Seguimos hasta el punto donde estaban los otros dos coches. Bajamos, Capuano subió al taxi, y nosotros nos dirigimos a la otra pickup, la Gladiator, donde había un compañero”, recuerda Firmenich.

 

Allí Vélez y otros miembros del comando se separaron del grupo. “Yo había dejado una Renoleta estacionada cerca de los bosques de Palermo. Y nos quedamos en Buenos Aires viendo algunos detalles operativos; dejar los fierros, ese tipo de cosas. Y después, camino a Córdoba, pasamos por Rosario y dejamos en dos o tres baños los comunicados del secuestro de Aramburu, con lo cual dispersábamos la búsqueda. Llegamos a Córdoba bien”, relata.

 

La Gladiator tenía un toldo y cargaba fardos de pasto en la caja, que en realidad camuflaban una puertita. Subieron ahí a Aramburu, custodiado por Abal Medina y otro integrante del comando. Partieron hacia Timote, con Ramus al volante y Firmenich, todavía con uniforme de policía, como acompañante. Adelante, un taxi manejado por Capuano, controlaba si había controles policiales. En caso de verlos, daría aviso por un walkie talkie.

 

Llegaron a La Celma, el campo de la familia Ramus en Timote, a las seis de la tarde. “Aramburu no habló en todo el viaje salvo cuando los compañeros tuvieron que buscar el bidón en la oscuridad. ‘Aquí está’, dijo”, recuerda Firmenich.

 

“General, vamos a proceder”

 

Aramburu estuvo secuestrado tres días en un dormitorio del casco de la Celma. Durante ese tiempo fue sometido a dos “juicios revolucionarios”: por los fusilamientos de junio de 1956 y la desaparición del cadáver de Eva Perón.

 

La madrugada del 2 de junio, Fernando Abal Medina le comunicó que había sido “sentenciado a la pena de muerte”.

 

Firmenich reconstruye así los últimos momentos de Aramburu antes de su muerte:

 

“Ensayó conmovernos. Habló de la sangre que nosotros, muchachos jóvenes, íbamos a derramar. Cuando pasó la media hora lo desamarramos, lo sentamos en la cama y le atamos las manos a la espalda. Pidió que le atáramos los cordones de los zapatos. Lo hicimos. Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Lo llevamos por el pasillo interno de la casa en dirección al sótano. Pidió un confesor. Le dijimos que no podíamos traer un confesor porque las rutas estaban controladas.

 

“-Si no pueden traer un confesor -dijo-, ¿cómo van a sacar mi cadáver?

 

“Avanzó dos o tres pasos más. ¿Qué va a pasar con mi familia? preguntó. Se le dijo que no había nada contra ella, que se le entregarían sus pertenencias.

 

“El sótano era tan viejo como la casa, tenía setenta años. Lo habíamos usado la primera vez en febrero del 69, para enterrar los fusiles expropiados en el Tiro Federal de Córdoba. La escalera se bamboleaba. Tuve que adelantarme para ayudar su descenso.

 

“-Ah, me van a matar en el sótano-, dijo. Bajamos. Le pusimos un pañuelo en la boca y lo colocamos contra la pared. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola.

 

“Fernando tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad. A mí me mandó arriba a golpear sobre una morsa con una llave, para disimular el ruido de los disparos.

 

“-General -dijo Fernando-, vamos a proceder.

 

“-Proceda -dijo Aramburu.

 

“Fernando disparó la pistola 9 milímetros al pecho, Después hubo dos tiros de gracia, con la misma arma y uno con una 45. Fernando lo tapó con una manta. Nadie se animó a destaparlo mientras cavábamos el pozo en que íbamos a enterrarlo”.

 

El cuerpo de Aramburu, enterrado en “La Celma”, fue recuperado a mediados de julio de ese mismo año. Una patrulla policial llegó al lugar siguiendo una pista que señalaba que allí podían estar refugiados algunos miembros de Montoneros, pero lo único que encontraron fue el cadáver.

OPERACIÓN PRIMICIA

 

 ordenaron reabrir la investigación por las indemnizaciones pagadas a familiares de Montoneros

 

Patricia Blanco

 

Infobae, 30 Abr, 2023

 

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación para esclarecer si fue justificado el pago de indemnizaciones millonarias a familiares de miembros de la agrupación Montoneros que en 1975, durante el mandato constitucional de Estela Martínez de Perón, intentaron copar el Regimiento de Monte 29 en Formosa, en lo que se dio en llamar “Operación Primicia”. Según el fallo al que accedió Infobae, la Sala I del tribunal ordenó profundizar el análisis sobre cómo perdieron la vida nueve de esos integrantes de Montoneros a fin de evaluar si le correspondían esos beneficios. El foco de la causa está puesto sobre los funcionarios que avalaron esos pagos, no sobre los familiares que los cobraron.

 

El ataque tuvo lugar el 5 de octubre de 1975. En una operación minuciosamente planeada y que tendría después otras etapas, unos 80 integrantes de la organización Montoneros intentaron copar al Regimiento de Infantería de Monte 29. Tenían la ayuda de un soldado montonero, Luis Roberto Mayol, que estaba en la sede militar. Buscaban armamento. pero los militares ofrecieron una resistencia no imaginada por la agrupación. “Acá no se rinde nadie”, respondió Hermindo Luna cuando le gritaron que se rindiera. La respuesta fue una ráfaga de tiros que lo mató al instante. El enfrentamiento fue sangriento.

 

Perdieron la vida el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna, que estaban cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio. También murieron el policía Pedro Alegre, y los vecinos Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Marcelino Cáceres. Hubo una veintena de heridos. Del grupo Montoneros los caídos fueron 12. Al menos nueve de sus familiares cobraron indemnizaciones como víctimas de la represión durante la dictadura, pese a que lo ocurrido tuvo lugar antes del golpe del Estado.

 

 

La causa se inició en 2019 con la denuncia de Jovina Luna, hermana de Herminio Luna, conscripto fallecido, que reclamó investigar los delitos de defraudación al Estado, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de sus deberes de funcionarios por el pago de esas indemnizaciones. La denuncia, con la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de la República Argentina como patrocinante, apuntó contra los encargados de las áreas de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia hasta 2015. Se los acusó de ser autores, cómplices o instigadores en el registro oficial de presuntos casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el fin de que sus familiares “cobraran en forma indebida indemnizaciones, afectando al erario público”.

La polémica se centra en los alcances de la Ley Nº 24.411, que establece indemnizaciones para los casos de desaparición forzada de personas. Es decir “cuando se hubiera privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción”. En la ley se fijan las formas de dar por probada la desaparición y se señala al Ministerio del Interior como el encargado de comprobar “en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos para la obtención” del beneficio. “En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe”, se añade.

 

Inicialmente, el juez Daniel Rafecas había archivado la denuncia por inexistencia de delito en los casos de Víctor Irribarren, Arturo Inocencio Mariano y Alfredo Rubén Vázquez, al entender que en esos casos cumplían los estándares fijados en esa ley. La querella apeló e incluso planteó la figura de “cosa juzgada írrita”, al considerar que aquellos pronunciamientos se basaron en documentación presumiblemente apócrifa y que las circunstancias del fallecimiento de los causantes no encuadran en los requisitos previstos en la norma antes señalada, ya que éstos fueron abatidos en un enfrentamiento con personal de las Fuerzas Armadas durante un gobierno constitucional. Pero la Sala I de la Cámara Federal rechazó el planteo y convalidó el archivo de esos tres casos.

 

Ahora, el juez Rafecas también decidió desestimar la denuncia por inexistencia de delito respecto de los casos de Reinaldo Ramón José Briggiler, José Daniel Graziano, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres y Luis Carlos Morero. Allí sostuvo que “el otorgamiento del beneficio previsto en la Ley N° 24.411 a los causahabientes de las personas referidas se efectúo por los funcionarios intervinientes, en apego a las disposiciones normativas que regulaban el trámite” y remarcó la “presunción de legalidad de la cual gozan los actos efectuados por Administración Pública”.

 

Los querellantes volvieron a apelar y esta vez lograron revocar el criterio fijado por Rafecas: la Cámara ordenó reabrir el expediente y profundizar medidas de prueba.

 

Al analizar el caso, el juez Leopoldo Bruglia subrayó que “del análisis de los expedientes administrativos donde se dispuso la concesión de las reparaciones que integran el plexo fáctico de imputación se desprende” que en esos casos no hubo “declaración de ausencia por desaparición forzada en el ámbito judicial” y se concedió en base al principio de buena fe. Frente a ello, el juez entendió “necesario que se practiquen medidas probatorias a los efectos de recabar evidencia que permita circunscribir -con mayor precisión- los extremos que reflejaron el concepto de duda en los respectivos dictámenes administrativos donde se viabilizó y más tarde se dispuso la procedencia de las indemnizaciones por parte de los funcionarios públicos intervinientes”.

 

Sugirió así ampliar “los testimonios prestados en el proceso que tramitó ante el Juzgado Federal de la Provincia de Formosa o la confección de un peritaje -en base a los documentos incorporados en esa causa- que dé cuenta de las circunstancias del deceso de las personas involucradas”.

 

“Hasta tanto mantendré un temperamento expectante en referencia a estos casos, por lo que corresponde revocar la decisión del Sr. Juez Instructor y proseguir con la investigación en base al parámetro referido en el párrafo precedente, debiéndose practicar las diligencias propuestas como así también toda otra que se estime conducente para desechar o corroborar la hipótesis delictiva pretendida e impulsada por la acusación privada en esta pesquisa”, señaló el magistrado en el fallo firmado el jueves y al que accedió Infobae.

 

A su turno, el juez Mariano Llorens señaló que los tres casos que llegaron a estudio anteriormente estaban “respaldados por una previa y debida actividad oficial, tanto en sede administrativa como judicial”, pero eso no podía trasladarse a la revisión de los nuevos casos. “Al examinar los legajos en donde se sustanciaron los beneficios reglados por la ley 24.411 se aprecia que aquí no se reproducen los mismos antecedentes que dieron respaldo a las erogaciones practicadas en aquellos otros supuestos. En particular, en ninguno de los casos ahora debatidos se verificó una actuación judicial previa en la que se investigara el destino de esas personas y que culminara con una declaración –por parte de un magistrado- que definiera su estado jurídico”.

 

Tras sostener que “esta carencia no es una simple formalidad”, Llorens afirmó que aquí deberá el juez “profundizar en el estudio particularizado de los distintos expedientes administrativos labrados, a efectos de precisar el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 24.411″ a fin de develar “los parámetros tenidos en cuenta, tanto en este caso como en otros que se hayan sustanciado por similar tenor, para admitir las solicitudes efectuadas”.

 

El juez Pablo Bertuzzi, en tanto, voto en minoría tal como lo dijo en una resolución anterior para discutir, primero, la prescripción de los hechos. “Teniendo en cuenta las fechas posibles de comisión de los sucesos involucrados en esta encuesta, inicialmente se debe determinar si la acción penal aún se mantiene vigente conforme a los delitos que fueran denunciados por los impugnantes”.

GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE

 

 criticó el uso político del 24 de marzo y habló de los 30.000 desaparecidos

 

Facundo Chaves

 

Infobae, 24 de Marzo de 2023

 

Graciela Fernández Meijide recibió a Infobae en su casa, con la hospitalidad y sencillez de siempre. Pasaron más de dos décadas que este cronista la entrevistó por primera vez. La cita gardeliana tuvo una contundencia inapelable: 20 años no es nada. En su casa del barrio porteño de Belgrano, aceptó una entrevista que le exigió a sus 92 años más de lo aconsejable.

 

Con lucidez y agudeza, habló del 24 de Marzo, del Día de la Memoria, de su lucha por encontrar a Pablo -su hijo arrebatado una noche de 1976 por la dictadura, con sólo 17 años- pero no rehuyó la actualidad y señaló lo que, a su entender, son desvíos de una lucha, sobre todo, ética y profundamente humanista: la pelea por justicia.

 

No dudó en subrayar que el alineamiento con el kirchnerismo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de otros organismos de derechos humanos pudieron desperfilar su naturaleza independiente, ajena a todo gobierno. Y que ese extravío terminó siendo instrumentalizado en términos políticos. Como en los actos de hoy, donde se entremezcló las reivindicaciones por Memoria, Verdad y Justicia, con la supuesta “proscripción” de Cristina Kirchner.

 

“Fueran 30.000, fueran 8.000, es una barbaridad”, advirtió la dirigente, ex diputada, senadora y ministra, pero sobre todo integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que estuvo involucrada en la primera fila del esfuerzo monumental -y a la vez doloroso- de investigar y reconstruir la infernal actuación de la dictadura que empezó en 1976 y duró hasta diciembre de 1983.

 

Desde esa autoridad, señaló que los documentos no hablan de 30 mil desaparecidos y que, además de los militares condenados por estos crímenes aberrantes, también los líderes de las organizaciones armadas tienen responsabilidad por no darle a la Argentina la verdad de quiénes y cuántas fueran las víctimas arrasadas por el terrorismo de Estado. Porque cada vida es única y merece la dignidad de su reconocimiento individual.

 

Y subrayó con especial intensidad el presente de quien fuera el líder de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich: “Está asesorando a Daniel Ortega, un dictador. Que les quitó a ciudadanos de Nicaragua su nacionalidad, que es parte de la identidad”.

 

Miembro del Club Político Argentino, Graciela Fernández Meijide rechazó la embestida contra la Corte Suprema y algunos jueces que impulsaron sectores del kirchnerismo, y la vinculó a que “Cristina Kirchner quiere que le saquen las causas judiciales de encima”. También se refirió al año electoral en ciernes.

 

Con un estilo franco y desprovisto de artificios intelectuales, admitió que por delante tiene la tarea irrenunciable de “sobrevivir”, mientras destacó que sigue involucrada en tres organizaciones vinculadas a la política y a los derechos humanos. También, evitó autocríticas fútiles: “Pude haber hecho algunas cosas mejor, pero cuando las hice no sabía que existían mejores alternativas”.

 

- Le pido una reflexión de este Día de la Memoria, desde lo personal y también desde lo político, a la luz de los 40 años de democracia.

 

Con el advenimiento de la democracia se acabó una dictadura que empezó el 24 de marzo el 76, pero era el sexto golpe desde 1930. Fue el más brutal, el que trajo las peores consecuencias y mucho sufrimiento. Inauguró un sistema de persecución política, que fue la desaparición forzada de personas, un sistema que les trajo el castigo a sus ideólogos. Porque después, cuando se pudo recuperar la democracia -derrota en Malvinas mediante- le siguió una investigación a fondo ordenada por el gobierno de Alfonsín y un juicio. Un juicio que es inédito hasta el día de hoy en el mundo, que los condenó por ese sistema.

 

¿Qué puedo decir desde ese momento, pasando por la recuperación de la democracia, hasta ahora?

 

Que en ningún momento y a pesar de todas las crisis que pasamos -siempre de niveles económicos con consecuencias políticas- no hubo como había antes una expresión clara desde algún sector con poder que dijera “que vuelvan los militares”. Hoy a nadie se le ocurre pensar que los militares pueden gobernar porque, además, siempre gobernaron mal.

 

- Cómo enfrentó durante todos estos años la ausencia de Pablo, su hijo.

 

Los días anteriores al golpe tuve muchas discusiones con amigos míos de izquierda, que decían que Videla era democrático, iba a dar el golpe para sacar a Isabel que no servía para nada -ellos eran muy antiperonistas, por cierto- y después llamaría a elecciones. Yo les decía: “¡Por favor, esto viene diferente! Miren lo que está pasando en Chile”.

 

La dictadura en Chile se había instalado antes que acá y yo había tenido un instituto de idiomas donde tenía refugiado a un médico argentino que estando en Chile y trabajando con Allende se escapó y se vino a la Argentina, hasta conseguir refugio que le otorgó la ACNUR en Brasil. Estuvo en mi instituto y me contó lo que estaba pasando allá.

 

Lo que se venía acá era como lo de Chile, no era un golpe cualquiera. Era un golpe que venía acompañado de una intencionalidad, que se inscribía como parte de la Guerra Fría.

 

- ¿Cree que también se dio ese golpe porque la democracia no daba respuestas a los problemas que tenía su tiempo?

 

El golpe del 76 es aprobado por una parte bastante amplia de la sociedad y era bastante lógico que así fuera. ¿Por qué? Desde los años 60, que empezó la resistencia peronista, se pasó en los 70 a conformarse organizaciones armadas, que en el caso de Montoneros, pone su carta de presentación con el asesinato Aramburu. Y después, al final, Perón vuelve y termina echando a esa “juventud maravillosa”.

 

- También, con Perón en el país mataron a José Ignacio Rucci, que era un dirigente de su más estrecha confianza.

 

Mataron a Rucci y después, cuando muere Perón, aparece la Triple A, que empieza a matar indiscriminadamente y a dejar los cuerpos en la calle, para dar terror, cosa que consigue. Por lo tanto, están las Fuerzas Armadas de un lado, las organizaciones armadas del otro y, en el medio, la gente que tenía miedo. La salida por el lado de los militares a la sociedad no le pareció ilógica.

 

Después, obviamente, nadie sabía que iba a llegar adonde yo, pero nosotros tuvimos el “por algo será”, tuvimos las obleas que se pegaban en los autos que decían “Somos Derechos y Humanos”, que era lo que decía la dictadura.

 

- Ahora desde sus vivencias ¿qué recuerda de esos momentos y, sobre todo, cuando tuvo que empezar a buscar a Pablo?

 

Una cosa es el momento en sí mismo en que estalla la dictadura, donde mi convicción es que iba a ser dura, sin imaginar jamás la dimensión y mucho menos que nos iba a tocar a nosotros. Cuando se llevan a Pablo y yo empiezo a hacer los trámites típicos de cualquier ciudadano, que es la denuncia policial, un habeas corpus, siento concretamente como se perdía la condición de ciudadano.

 

- A ver.

Dejé de ser ciudadana, como dejó antes de ser ciudadano Pablo y toda mi familia y todos aquellos que, recurriendo a las instituciones que tenían que garantizar derechos, encontraban con que esas instituciones le daban la espalda.

 

- A partir de ese hecho tan traumático y tan horrendo, empezó otra etapa en su vida.

 

Mi vida giró radicalmente. Lo que yo estaba haciendo -que más bien tenía que ver con la docencia- dejé todo y tomamos un acuerdo con Enrique, el papá de Pablo. Él iba a seguir trabajando para mantener la familia y yo me iba a dedicar a buscar a Pablo.

 

En esa búsqueda encontré en el camino la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Di la vuelta con ellas muchos jueves, pero a mí no me alcanzaba con dar la vuelta y después juntarnos en alguna iglesia. Por eso ingresé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde había personas comprometidas éticamente o por moral, por convicciones, y no tenían desaparecidos.

 

De ahí eran el sacerdote Enzo Giustozzi, monseñor Jaime De Nevares, el propio Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Alfredo Bravo, que fue secuestrado y salvó la vida raspando, Alicia Moreau de Justo, gente que era como un paraguas para los organismos testimoniales, como Madres y Abuelas y Familiares en general.

 

Empecé a trabajar ahí, ya dejé todo y trabajé siempre en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

 

¿Por qué? Muchas veces me lo preguntaron. Mi personalidad daba mucho más para lo institucional, donde se podían discutir posiciones y escuchar a quienes calmaran mi ganas de matar. Yo quería matar.

 

- ¿En serio?

 

Me salía de las entrañas. Supe que no podía y me dediqué a juntar la mayor cantidad de documentación posible por si algún día podemos hacer justicia.

 

- ¿Es literal? ¿A quién quería matar?

 

A los tres responsables: a Videla, a Agosti y a Massera. Les ponía un tiro en la cabeza. Lo veía. Tenía un sentimiento de eso. Puedo entenderme y entenderlo con el tiempo. ¿Quién no? Ver sacar de la cama al hijo de 17 años y no saber a dónde se lo llevan, perder mi condición de ciudadana... Las instituciones que debían responderme a mis derechos no existían. O existían como adorno.

 

- Hay una polémica incómoda que reaparece todo el tiempo, que se refiere a si son o no 30.000 los desaparecidos. ¿Cómo aborda usted este tema y qué tiene para decir, quitándolo de la lucha político-partidaia?

 

Para tomar una denuncia y no caer en una trampa que nos dijeran “publicaron tal nombre, pero en realidad está vivo”, nosotros exigíamos una denuncia policial, la copia de un habeas corpus y que alguien se hiciera responsable de esa denuncia. Con eso elaborábamos una ficha -además de tomar todo el testimonio- y la cuidábamos de tal manera que si se caía una ficha al piso, todo el mundo decía “¡cuidado!”, porque era como si fuera el desaparecido. De ahí, que para mí el hecho de la documentación siempre fue importante.

 

Es importante para acercarnos a la verdad, sobre todo, a la cual todo el mundo tiene derecho. Los que fueron perjudicados de una manera o aquellos que hoy quieren saber. Yo no podría jamás decir, “Facundo, son ocho mil y tatatatá”. No me animaría, porque no lo sé.

 

Los únicos que podrían ayudar a conocer el número exacto serían o los jefes de las organizaciones armadas supervivientes, que no aportaron ningún dato, o los militares, que deben tener todos los datos, seguramente, porque no tiran nada.

 

Y después te queda una pregunta de lógica.

- A ver.

 

Cuando aparece la cifra de 30.000 -que aparece recién a fines de los años 80- en 1988 nadie discutía la cifra, que era la que había dado la CONADEP. Cuando aparece esa cifra nadie se pregunta ¿la diferencia entre las listas que hay hoy, tanto en la Secretaría de Derechos Humanos, que fue quien heredó todo lo de la CONADEP- o el monumento que está en la Costanera, que hay un cierto número de nombres, pongamos diez mil. ¿La diferencia de 20.000, alguien cree que la sociedad argentina es una sociedad que no denunciaría, ya en democracia, 20.000 desaparecidos? ¿Se puede creer?

 

- No creo.

 

No. Fueran 30.000, fueran 8.000, es una barbaridad, y es la muestra de haber aceptado una metodología, que fue tomada de la lucha anticolonialista en Argelia, en cierta medida, pero con las iniciativas y la creatividad criminal de este gobierno militar, donde todos estuvieron de acuerdo, porque todos sabían. Nadie podía decir “yo no sabía”.

 

- Me interesa eso.

 

Ni Videla, ni Massera -ninguno de los integrantes de las juntas militares- una vez que se termina la dictadura, ninguno podía decir “yo no me enteré”. Pero todos dijeron “yo no sabía, fueron excesos”. Es decir echaron la culpa hacia abajo.

 

- Me llama la atención esa observación que las organizaciones armadas tampoco aportaron información sobre los números, los nombres de sus desaparecidos.

 

Ni corrigieron.

 

- ¿Por qué?

 

Ah, qué sé yo. Porque no deben tenerlo o no les importa.

 

- ¿Por qué cree que puede pasar eso?

 

Porque en aras de un sueño juvenil hipotecaron su propia decencia. ¿Hoy que está haciendo Mario Firmenich? Está asesorando a Daniel Ortega en Nicaragua, un dictador que acaba de expulsar a opositores políticos y les quita la nacionalidad, que es parte de la identidad.

 

- Una condición constitutiva del ser humano.

 

Exactamente. Tanto es así que el gobierno argentino, por presión de distintos sectores, terminó ofreciéndoles la posibilidad a quienes quisieran de tomar la nacionalidad argentina.

 

- No se habla de la responsabilidad de las organizaciones armadas. No fueron responsables de sus desapariciones, porque está claro que fueron víctimas y está fuera de discusión, pero sí sobre la responsabilidad de desatar ese infierno.

 

Sobre todo la responsabilidad de no ver la realidad. Muchos miraban a Cuba y el Che Guevara era un ideal. Ahora nadie pensó ni quiso pensar que cuando Fidel Castro se levantó enfrentó a una Guardia Nacional, soldados que andaban en patas, que se daban vuelta y se incorporaban a los grupos revolucionarios. No se enfrentaban con un ejército nacional, organizado y con una ideología.

 

- Las Fuerzas Armadas en Argentina en ese momento eran un factor de poder decisivo.

 

Claro. Y tenían entrenamiento y habían existido sucesivos golpes, como el de Juan Carlos Onganía. Con Lanusse ocurrió el fusilamiento de Trelew, que fue lo que al final decidió a Lanusse hacer que Perón volviera, pensando que no se iba animar a venir, y vino. Fue toda una idealización de una revolución que tenía mucha ideología, que venía de escritores europeos, como Sartre, Camus y que les daba la sensación de que podían llegar a gobernar.

 

De haber ganado, creo que no tenían la más mínima idea de qué querían hacer.

 

- ¿Querían una democracia o instalar otra dictadura?

 

La mirada que uno tiene del éxito de esas revoluciones es que después se convirtieron en dictaduras. Hay que ver Cuba: van a tener elecciones ahora, pero solo se presenta el Partido Comunista. En Nicaragua ganó un revolucionario, como Daniel Ortega, que era el jefe del ejército que ganó. Pero uno de los expulsados es Sergio Ramírez, un escritor y que era uno de los jefes del grupo.

 

- Cristina Kirchner logró sintonizar con la mayoría de los organismos de derechos humanos de una manera muy singular.

 

Sí.

 

- Con Abuelas, Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Sintonizaron de una forma con Cristina Kirchner como nunca antes pasó con otro presidente y ni otro movimiento político ¿Con qué cree usted qué sintonizaron?

 

En primera medida sintonizaron con que empezó a haber de nuevo justicia, porque se habían suspendido con la Ley de Obediencia Debida más los dos indultos que había otorgado Carlos Menem. Se habían acabado los juicios, no a la Juntas, que ya estaban firmes, sino los que seguían hacia abajo.

 

Al suspenderse los juicios, se acabó la posibilidad de alcanzar la justicia. Y hasta ahí, yo lo puedo entender, porque empieza de nuevo la posibilidad de juzgar y al mismo tiempo, tal vez, de saber.

 

Ahora, la forma en que se identificaron, al punto de terminar siendo una facción dentro de la facción del peronismo que era el kirchnerismo hizo que abandonaran su condición de organización no gubernamental, porque ONG es eso.

 

- Exacto.

 

Se transformaron, se quitaron la capacidad de toda crítica, porque no podían tener objetividad. El ejemplo mayor es, hace poco, cuando Cristina impulsó que este 24 de marzo se transforme en una denuncia de su proscripción. Estela De Carlotto salió a decir “no, no, momentito, no mezclemos las cosas”, porque le pareció demasiado y la siguió más fuertemente Nora Cortiñas, de Madres.

 

¿Que hizo Cristina Kirchner? La convocó y salió acariciándole la cara y la pobre Estela, no me sale otra palabra, diciendo “bueno, uno a veces tiene edad y dice cosas que no sé si se pensó bien”. En lugar de sostener “somos muy amigas todo lo que quieran, yo la admiro todo lo que sea, pero no es lo mismo recordar lo que fue el comienzo de la dictadura a comparar que una persona esté proscripta”, porque además no lo está.

 

- ¿Esa simbiosis entre kirchnerismo y organismos de derechos humanos, perjudica o beneficia el reclamo de justicia?

 

Lo ignoro. Tuvo enorme ventaja y enormes consecuencias, de bisagra, que un gobierno, el de Raúl Alfonsín, decidiera enjuiciar a las tres primeras juntas militares y también a los responsables de las organizaciones armadas, hay que ver que Firmenich estuvo preso siete años, hasta que lo indultó Menem. Y que se hiciera la investigación con la CONADEP, que se hizo a fondo y permitió tener la base de lo que fue la acusación en el juicio. Ahí uno puede decir que estaba ayudando a los organismos de derechos humanos y a todas las personas decentes que querían que hubiera justicia para esta gente que se había sentido dueño de la vida, del honor, de los bienes de la gente que había secuestrado o puesto en prisión.

 

A mí me estremeció cuando iba al juicio y el secretario decía al ingresar los jueces “señores de pie”. Vi levantarse a los militares, que hasta ese momento nos tenían sometidos, lo tuvieran que cumplir. La voz civil de la Justicia, hablándole a gente que se había apropiado del poder y que creía que se había garantizado la impunidad.

 

- Hablemos de “Argentina, 1985″. Me interesa su mirada sobre la película y sobre el interés que generó, al punto que llegó a competir por los Oscar.

 

Empecemos por el final. La película “Argentina, 1985″, que trata sobre el juicio a las juntas, despertó enorme interés, no solo acá, sino sobre todo en el exterior. Tiene la virtud a mi criterio de haber hecho que muchos jovenes que ni siquiera habían pensado ni nadie les había contado en sus casas, la vieron y averiguaron más, leyeron sobre lo que pasó o buscaron por internet. Eso por un lado.

 

Por otro lado: a “Argentina, 1985″ no se la puede mirar como un documental. Hay que mirarla como lo que es, una ficción. Hay una plataforma, Amazon, que tomó un hecho real, le pagó a guionistas, actores, directores, y demás, y pretende recuperar ese dinero y seguir ganando. Toma un personaje central, muy importante, que es el fiscal Julio César Strassera, y todo gira alrededor suyo.

 

Pretender que una ficción se ajuste a la historia totalmente es imposible. Para eso hay que hacer un documental. Y puedo recomendarles el que hizo el documentalista Ulises de la Orden, que va a estrenar un film sobre el Juicio hecho nada más que sobre las 500 y pico de horas de grabación que hay del juicio.

 

- Es otra cosa.

 

Claro. Es un documental y no tiene un gramo de ficción. Todos los viernes en el MALBA se va a proyectar ese filme. Quien quiera ver un documental, puede ir a ver ese.

 

- Cree que faltó poner en relevancia algún aspecto del juicio o de los protagonistas.

 

Si yo hubiera escrito ese guion, seguramente sería otro guion. Si lo hubiera escrito Ricardo Gil Lavedra, habría sido otro. Cada uno privilegiaría el lugar desde donde le tocó vivirlo.

 

Quién escribió eso no tuvo nada que ver en ese momento con la historia. Es una ficción sobre un hecho real, así como la película que le ganó el Oscar, “Sin novedades en el frente”, está hecha sobre el libro de Erich Maria Remarque, que trata sobre la Primera Guerra Mundial, y es una ficción que es un canto a la paz.

 

¿Existieron esos dos jóvenes que se encuentran en una trinchera, un alemán y un francés que se matan entre ellos? Qué sé yo, pero está pintando un momento posible de una guerra y un grito por la paz.

 

- Nos sumergimos en la coyuntura, en la actualidad, que tiene un vínculo con esos años 70. ¿Cómo tomó el anuncio del gobierno de enviar militares a Rosario?

 

El problema del narcotráfico no es solo Rosario. Nosotros en el conurbano bonaerense ya tenemos seguramente sicarios y soldaditos contratados por el narcotráfico. El problema detrás del narcotráfico es el tema educación y la pobreza. ¿Dónde crece el narcotráfico? En la pobreza.

 

Cuando un joven no tiene la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita vivir y no tiene la posibilidad de estudiar o significa un esfuerzo sobrehumano, es bastante factible que caiga en la oferta de vender o pasar droga. El tratamiento de los narcotraficantes con su gente es muy duro, por eso hay mucha disciplina entre ellos.

 

Ahora ¿qué es lo que me asustó a mí? Cuando vi primero que la gente hacía justicia por su propia mano. El mensaje del Juicio a las Juntas fue creo yo fue “hasta los más poderosos pueden ser juzgados y condenados”. En este caso la gente no esperó, no esperó a la justicia, la policía, a las Fuerzas Armadas, Gendarmería, nada. Fue e hizo justicia por su propia mano: le quemó la casa al narco y no lo mató porque no lo encontró.

 

Eso a mí me asustó, porque el Estado tiene la obligación de mantener el tema seguridad bajo su control.

 

¿Y por qué me preocupa el tema de que se incorpore el Ejército? Porque la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico es enorme. De hecho, seguramente ya están inficionados la Policía, el Servicio Penitenciario y muchos, desgraciadamente, políticos que miran para otro lado o dejan hacer.

 

Se nos exige como sociedad un esfuerzo muy grande para pensar en un futuro donde nuestros jóvenes puedan hacer otra cosa, donde la pobreza en serio, sea combatida y no se hable de ella.

 

- Entiendo que no está de acuerdo con que los militares sea enviados allí.

 

No. ¿Qué van a hacer? Porque el Gobierno manda a pontoneros, que son los que hacen puentes antes de que tenga que pasar el Ejército o destruyen otros puentes para que no pase el enemigo. Ese es el trabajo de los pontoneros. ¿Qué van a ir a hacer a Rosario? ¿Levantar calles? ¿Levantar casas? Esos barrios, ya están construidos, con sus calles estrechas para que no pase la policía.

 

- Retomo algo que dijo recién sobre el Juicio a las Juntas, que también tiene actualidad. Dijo que el mensaje de ese juicio es que hasta lo más poderosos pueden ser juzgados y condenados. ¿Le cabe esa lógica a Cristina Kirchner?

 

Sí, pero yo no la pondría en esa magnitud. La verdad que a Cristina Kirchner se la convirtió en una mujer que es una astuta política. Miremos, por favor ¿que vicepresidentes eligió?

 

A Julio Cobos, a quien después trató de traidor. A Amado Boudou, que terminó preso. Y a Alberto Fernández, a quien ahora quiere colgar de los pulgares. ¿Dónde está la astucia política de esta mujer? Que encima acepta que la apoyen con una consigna ¿de hace cuántos años?

 

- El “Luche y Vuelve” tiene más de cincuenta años. Es de 1972.

 

Cincuenta años. Creo que hay una carencia en el peronismo y por eso ella sigue siendo una especie de personaje. Ahora yo no sé cuántos votos sacaría si fuera candidata.

 

- ¿Considera que está proscripta como plantea el kirchnerismo?

 

No. No hay nadie que está proscripto hasta que no exista una condena firme. Y para que Cristina tenga condena firme todavía falta mucho.

 

- Igual, técnicamente el concepto de proscripción no existe en el Código Penal. Sí existe el concepto de inhabilitación.

 

Ella puede ser candidata ahora. Si tuviera condena firme estaría inhabilitada. Pero tiene que pasar a la segunda instancia y, eventualmente, la Corte. Todo eso lleva por lo menos cuatro o cinco años, mientras tanto puede ser candidata a lo que quiera.

 

- ¿Qué piensa del juicio a la Corte Suprema?

 

Todos los movimientos que está haciendo Cristina con respecto a la justicia es para sacarse de encima las causas judiciales. ¿Cuál pudo ser el acuerdo para que Alberto Fernández aceptara ser presidente y ella su vice? “Te pongo como su presidente, cosa que vos ni soñarías -estamos inventando un diálogo- pero vos actuás con los jueces y me sacás de encima las causas”.

 

Alberto Fernández no pudo, no quiso o no supo, no lo sé. Pero no pudo cumplir con ese presumible acuerdo y tiene todo el odio de Cristina, por no haberle cumplido. Y así estamos.

 

- Con la pobreza, la inseguridad, incluso con el apagón y todos los problemas cotidianos que tiene, ¿La democracia está dando respuestas a la sociedad en sus reclamos, en sus reivindicaciones, en sus necesidades?

 

No. Todavía la democracia nuestra es de baja intensidad, diría Guillermo O’Donnell. Jorge Giacobbe, un consultor que además es psicólogo, no solo hizo una encuesta tradicional con cuánto miden los políticos, quién va primero, sino que largó una especie de lluvia de palabras que tienen que ver con sentimientos. ¿Cuál fue la palabra más elegida? “Tristeza”.

 

Esta sociedad está triste porque no puede imaginar un futuro mejor, le cuesta. Cualquier sociedad quiere un futuro mejor, no solo en particular para cada persona, sino para los hijos y sus nietos.

 

- ¿Qué sueño le queda por cumplir?

 

¿A mí? Sobrevivir. Creo que más cosas no voy a hacer. Hice todo lo que pude desde el punto de vista de mi lucha por los derechos humanos. De todos modos, sigo y pertenezco a organizaciones trabajan políticamente.

 

- ¿Qué la enorgullece de lo que hizo y qué dice “esto capaz no lo hubiese hecho o lo hubiera hecho mejor”?

 

No hago ese tipo de autocrítica. Hice cosas que podía haberlas hecho mejor, pero en el momento en que las hice no sabía que era mejor de otra manera. Lo importante es reconocerlo y corregir, cambiar. Creo que tengo cada vez más tolerancia, que entiendo mucho más los grises. Me acuerdo que durante la juventud todo era negro o blanco, pero hoy hay muchos matices de gris que yo puedo entender.

 

Lo cierto es que sigo trabajando en tres grupos de gente que tienen que ver con los derechos humanos y política.

 

- La cuestión política electoral que viene. ¿Cuál es su posición? ¿Tiene alguna preferencia?

 

En este momento no podría decir. Incluso porque todo está con mucho cambio. No sé si Macri va a terminar presentándose. Tengo muchos más interrogantes que afirmaciones.