UN OBISPO QUE HABLA CLARO

¿Es esto justicia?

Santiago Olivera

Obispo Castrense de la Argentina

(…) Hablar de algunos temas no es fácil, pero hay que hablar, para no ser tildados de cobardes o de permanecer callados frente a tanta injusticia y al dolor de muchos. Al asumir el Obispado castrense, destacaba el valor de tender puentes en un mundo de zanjas, que nos desafían a superarlas. En este primer año de labor pastoral, he observado cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias.

Aunque nos cueste escucharlo o suponga algún dolor de cabeza, la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del  Poder Judicial, con el silencio cómplice de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional.

(…) 

No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. (…)

Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena. ¿Es esto justicia? 

Su Santidad dijo a unas presas de una cárcel en Chile: “Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura”. Más allá de imputaciones y penas, todo ser humano tiene dignidad, y nadie puede privarlo de ella. Todos podemos rehabilitarnos.

(La Nación, 16-8-18, carta de lector)

FUERZAS ARMADAS

cambio y oportunidad

Horacio Jaunarena

Ex Ministro de Defensa

La Nación, 6 de agosto de 2018 

El Presidente de la Nación ha ordenado al sistema de defensa y seguridad que se consideren los riesgos y las amenazas a la soberanía, la vida y la libertad que afectan a nuestros habitantes, según las características específicas que esos riesgos y amenazas revisten en la actualidad.

La decisión presidencial, concretada en un decreto, representa una modernización y un cambio importante frente al criterio vigente durante el gobierno anterior, que había limitado el empleo del instrumento militar a la hipótesis de una agresión armada por las Fuerzas Armadas de otra nación. Un criterio congelado en los tiempos de la Guerra Fría y en las formas violentas que tuvo la región hace ya casi medio siglo. El decreto del gobierno anterior, llamado de reglamentación de la ley de defensa, modificaba los postulados de la ley sancionada en l988 por la casi unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. La decisión presidencial devuelve plena vigencia a los postulados de aquella norma.

El análisis del gobierno de los Kirchner sobre el tema fue limitado y viejo en lo conceptual, y en la práctica destructor, porque fueron años que marcaron un deterioro de todo tipo de las capacidades militares y en donde se concretaron cantidad de arbitrariedades en la política de personal, y pérdida de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dando cabida a infinidad de juicios que el Estado va a perder y que naturalmente deberán pagar la presente y las futuras administraciones.

Mientras el gobierno de la Concertación en Chile, con una presidenta socialista, y el PT en Brasil, con Lula y Dilma Rousseff, pusieron en marcha programas estratégicos de gran importancia para la modernización de sus Fuerzas Armadas, la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, Garré y Milani -hoy preso y acusado de cometer delitos de lesa humanidad- intentó transformar el Ejército en una facción partidaria, al servicio del proyecto "nacional y popular" que supuestamente instrumentaba el gobierno.

Una vocinglera y oportunista oposición denuncia, a partir de la decisión presidencial, una especie de futura hecatombe represiva, solo existente en una afiebrada imaginación, y pretende que el decreto suscripto por el presidente Macri, que derogó parcialmente el anterior de Kirchner, deba ser tratado por el Congreso. No tuvieron semejante sensibilidad y predicción catastrófica cuando la expresidenta, Garré y Milani desarrollaron el operativo Escudo Norte, mandaron mentirosamente al Ejército a trabajar en algunas villas de emergencia, encargaron al general Milani que hiciera trabajos de inteligencia interior para Scioli y se abrazara con Hebe de Bonafini.

Mientras tanto, en campaña presidencial Scioli prometía involucrar a 20.000 hombres del Ejército en tareas de seguridad interna y Massa, otro candidato, prometía involucrar directamente a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad de las villas de emergencia.

Para completar el cuadro de tanta hipocresía, recuerdo lo mucho que tuve que argumentar cuando era ministro de Defensa de Eduardo Duhalde, para que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, dejara de reclamar públicamente que presos comunes fueran encerrados en unidades militares bajo control del Ejército.

En homenaje a la seguridad y defensa que necesitan los argentinos, debiéramos ser más serios, dejar de lado las especulaciones políticas de corto plazo y sumarnos -Gobierno y oposición- a la tarea modernizadora de nuestro sistema, entendiendo que, lo que se ha dado es solo el primer paso de un largo proceso que se desarrollará a lo largo de los años y que necesita del esfuerzo mayoritario para concretarlo.

Entre los temas a los que debiera darse prioridad y a los que se refiere el decreto suscripto por el Presidente, está el de recuperar el control soberano de nuestro territorio y el primer paso para lograrlo es el control de nuestras fronteras. Para tener una idea de la magnitud del problema, debemos considerar que tenemos 10.000 kilómetros de frontera terrestre y fluvial y 5000 kilómetros de frontera marítima. En la frontera se ejerce "control y vigilancia". El control se concreta en 150 pasos internacionales habilitados, de los cuales 30, por su tamaño, son considerados centros de frontera y dependen del Ministerio del Interior, y el resto, del Ministerio de Seguridad.

La vigilancia se ejerce fuera de los pasos habilitados, o sea, prácticamente por toda la frontera. En esta frontera terrestre y fluvial existen, a su vez, 820 pasos clandestinos por donde se produce diariamente el ingreso ilegal de personas y mercadería. La vigilancia en el aeroespacio se le asigna a la Fuerza Aérea y en el Mar Argentino, la tarea principal se le adjudica a la Armada.

Hoy, las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera apenas alcanzan para hacer el control, o sea, exclusivamente en los pasos internacionales habilitados , por lo cual la vigilancia es casi inexistente en el resto.

Entendemos que la presencia de las FF.AA. en apoyo de las de seguridad en las zonas de vigilancia mejorará sustancialmente la situación. Para hacer efectivo este propósito y en beneficio de una más eficiente tarea, deben ponerse en claro dos cuestiones: la primera de ellas es definir con claridad el alcance del concepto "apoyo logístico", y la segunda, es definir quién manda en situaciones operacionales.

En la mayoría de los países del mundo el tema de las fronteras, por las implicancias que tiene, se resuelve con legislaciones especiales adecuadas. Debiéramos abordar prioritariamente por este medio los problemas que aquí se han planteado.

Proveer adecuadamente a la seguridad y defensa de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del Estado y, por eso, responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es necesario que en él se encuentren los consensos, sin demagogias oportunistas, que les den sustento, consistencia y durabilidad a las políticas de reconstrucción de nuestro sistema de seguridad y defensa, que, por definición, excederán los mandatos de varias administraciones. Sin ingenuidad, sabemos que estos consensos no son fáciles, pero son necesarios.

El Poder Ejecutivo, continuando con el impulso inicial, podría dar un paso importante reglamentando, adecuadamente a los tiempos que nos toca vivir, la ley de reestructuración de las FF.AA. vigente pero incumplida.

Puede ser que así se le dé continuidad a este mecanismo iniciador en que se ha convertido el decreto presidencial sobre la labor que luego le corresponde al Congreso en la misión de reformular nuestros sistemas de defensa y seguridad.Así se empezaría a cumplir con el deber mayor que debe perseguir la alta política: hacer posible lo que es necesario.

FUTURIBLES

Eduardo Duhalde

Perfil, El Observador, 15-4-18

Una reflexión sobre el futuro de la Argentina y el mundo

Para ello, prescindiré de los dudosos recursos de las artes adivinatorias, la astrología o la quiromancia y me valdré de las herramientas que un con un conjunto de disciplinas llamado Prospectiva nos provee.

Conocí la Prospectiva en los años 70, a través de una serie de conferencias que se dictaron en la Universidad de El Salvador y ya no pude dejar de estudiarla. La idea central de esta forma de planeamiento estratégico es que el futuro no existe, sino que es una construcción colectiva y, por lo tanto, el fruto de decisiones anteriores. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo en un futuro basado en nuestras decisiones del pasado.

Si adoptamos ese punto de vista, es sencillo darse cuenta de que, a partir de lo que ya sabemos que está ocurriendo y va a ocurrir en futuro cercano, podemos imaginar distintos tipos de futuro posibles que serán el resultado de nuestras acciones. Estos futuros posibles se llaman futuribles y sobre ellos se está trabajando en las grandes empresas y en muchísimos gobiernos del mundo.

……….

Pondré simplemente algunos ejemplos para que se comprenda mejor mi propuesta. (…) las regiones privilegiadas como Latinoamérica, en la que se encuentra el 31 % del agua potable del planeta, deben pensar cómo preservarla y cómo aminorar los efectos perniciosos de los cambios climáticos que azotan la región. Es decir, si elegimos un futuribles donde el agua será un bien preciado, debemos empezar a protegerlo.

La población del mundo se calcula hoy en 7.300 millones de personas y crecerá a 9.700 millones hacia 2050. De ellas, y por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad vive hoy en ciudades. La megaurbes, del estilo de Tokio, México DF, San Pablo o Buenos Aires, son cada vez más inviables a partir de los problemas de contaminación, energía y hacinamiento que producen. Países como la Argentina, con abundante superficie y solamente 14 habitantes por km2, están en una posición privilegiada para elegir un futurible en el que los habitantes vivamos en ciudades más pequeñas, distribuidas en todo el territorio nacional. Para eso, tanto el Estado nacional como los Estados provinciales y sobre todo las municipalidades deben realizar un esfuerzo consciente, coordinado y sostenido, generado las condiciones para que las personas encuentren trabajo, salud, servicios y calidad de vida en sus lugares de residencia y no tengan que trasladarse a vivir en las periferias de una megaurbe para encontrarlos.

La automatización y la robotización del trabajo conllevan numerosos beneficios para las empresas y los usuarios, y mejoran el crecimiento económico general de los países. La contracara de estos avances será el desempleo. Según los estudios realizados, siete de cada diez empleos actualmente existentes no existirán en los próximos veinte años. Y se crearán cinco. Pero ninguno de los siete desocupados podrá optar por uno de los cinco nuevos lugares por falta de capacitación. Una vez más han de ser los Estados los que elijan un futurible en el que la gente esté preparada para los cambios esperados, adquiriendo nuevas habilidades con alta demanda y en sectores que no pueden ser dispersados por el impacto de la automatización. 

Esto compromete fuertemente a la educación y a los sistemas de redistribución de ingresos, por eso, en muchos países como EE.UU., Finlandia, Canadá y Suecia se están implementando planes piloto de Renta Básica Universal, que consisten en la entre a las familias de una cantidad fija en efectivo que cubra las necesidades más elementales sin ningún tipo de contraprestación.

……………….

Sólo falta que todos, empezando por los que tienen responsabilidades de conducción y liderazgo, estemos a la altura de las exigencias. (…)

Lamentablemente, la Argentina corre en este rubro con retraso. Pero a no bajar los brazos. Si abandonamos las guerritas estériles en las que nos enredamos a cada rato y ponemos la mira en los grandes objetivos, estamos a tiempo todavía de construir futuribles que les garanticen a nuestros hijos y nietos un país mejor.

INGRESO BÁSICO

Peter S. Goodman 

La Nación, 29 de abril de 2018 

Durante más de un año, Finlandia ha estado poniendo a prueba el supuesto de que la mejor manera de promover el bienestar económico puede ser la más simple: entregar dinero sin reglas ni restricciones en cuanto a la manera en que la gente lo usa.

El experimento con el llamado ingreso básico universal ha captado la atención global como una manera potencialmente prometedora de restaurar la seguridad económica en momentos de preocupación por la desigualdad social y los posibles efectos de la automatización de tareas. Ahora, el experimento está terminado. El gobierno finlandés ha optado por no seguir financiándolo más allá de este año, lo cual es un reflejo de la disconformidad del público con la idea de la beneficencia oficial sin el requisito de que las personas que reciben el dinero busquen activamente un trabajo.

De hecho, Finlandia ha revertido el curso del beneficio en ese frente este año, adoptando reglas que amenazan con reducir los pagos para las personas desocupadas a menos que busquen activamente empleo o se capaciten laboralmente.

"Es una lástima que termine así", afirmó Olli Kangas, que supervisa investigaciones en Kela, un ente gubernamental finlandés que administra muchos programas de bienestar social y ha tenido un rol líder en el experimento con el ingreso básico. "El gobierno ha optado por probar un camino totalmente diferente. El ingreso básico es incondicional y ahora se orientan hacia la condicionalidad".

El fin del proyecto en Finlandia no acaba con el interés por la idea. Hay otras pruebas en curso o en vías de exploración en el área de la bahía de San Francisco, en la provincia canadiense de Ontario, en Holanda y en Kenia.

En gran parte del mundo el concepto de ingreso básico retiene atractivo como una manera potencial de distribuir de modo más justo la riqueza del capitalismo global, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores contra la amenaza de que los robots y la inteligencia artificial se queden con sus empleos.

Pero la decisión del gobierno finlandés de terminar con el experimento, algo que hará a fines de este año, subraya un desafío para el concepto mismo del ingreso básico. Mucha gente en Finlandia -y también en otros países- se resiste a la idea de entregar dinero sin requerir que la gente trabaje.

"Hay un problema con la gente joven que no tiene educación secundaria y los informes que indican que no busca trabajo", consideró Heikki Hilarno, profesor de Política Social de la Universidad de Helsinki. "Hay un temor de que con el ingreso básico se quedarán en casa a jugar juegos con la computadora".

Durante siglos, pensadores de todo el espectro ideológico han abrazado la noción del ingreso básico. Fue apoyada por el filósofo social Thomas More, el economista del laissez faire Milton Friedman y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Una diversidad de apoyos poco usual que ha aumentado el atractivo de la idea como una solución de los tiempos modernos para la ansiedad económica en gran parte del mundo.

Tecnólogos de Silicon Valley han sugerido que el ingreso básico podría permitir a la humanidad explotar la promesa de los robots de reducir la necesidad de trabajo sin el temor al desempleo masivo.

Defensores de los derechos laborales han considerado el ingreso básico un medio para incrementar el poder de negociación de los trabajadores, limitando la presión para que la gente acepte salarios de pobreza en empleos sin perspectivas.

Otra gente ha defendido el ingreso básico como un modo de permitir a los padres pasar más tiempo con sus hijos.

Los objetivos de Finlandia, sin embargo, han sido modestos y pragmáticos. El gobierno esperaba que el ingreso básico llevara a más gente a ingresar al mercado laboral para revivir la economía en baja.

¿Y por qué ello? Ocurre que bajo el programa tradicional de desempleo de Finlandia, los que no tienen empleo se ven efectivamente desalentados a aceptar puestos temporarios o a crear empresas, porque al obtener mayores ingresos corren el riesgo de perder el subsidio.

La prueba con el ingreso básico, que comenzó a principios de 2017 y que seguirá hasta fin de este año, ha otorgado estipendios de 560 euros (US$685) a una muestra al azar integrada por 2000 personas desocupadas de entre 25 y 58 años. Los recipientes han tenido libertad de hacer lo que quisieran -crear nuevas firmas, buscar empleo alternativo, tomar clases- con la seguridad de saber que el ingreso continuaría sin importar lo que hicieran.

El gobierno finlandés estaba ansioso por ver qué haría la gente en tales circunstancias. Se prevé que los datos serán revelados el año entrante, dando a los académicos la oportunidad de analizar qué sucedió con el experimento.

Mientras tanto, Finlandia ya ha avanzado hacia la consideración de una reforma más amplia de sus programas de servicios sociales. El país está estudiando una nueva forma de política de bienestar social ahora vigente en Gran Bretaña: el llamado crédito universal, que unifica los programas de ayuda pública en un solo pago mensual.

"El sistema de seguridad social está fragmentado y tiene mucha burocracia", explicó Lisa Heinamaki, que supervisa un proyecto que explora maneras de reorganizar el sistema. "El debate sobre el ingreso básico no se terminó, pero ahora es parte de la discusión más amplia", agregó.

En Gran Bretaña, el cambio al crédito universal tiene a los pobres conmocionados, privando a muchos del apoyo del Estado mientras se los pasa del viejo sistema al nuevo. Los beneficios se han incrementado para alguna gente, pero otros muchos beneficiarios terminaron con menos.

En Finlandia, donde la red de seguridad social es famosa por su generosidad, una estructura como la británica podría lograr precisamente lo que se supone que debería alcanzarse con el ingreso básico: la garantía de que todo miembro de la sociedad tenga asegurado su sustento y su vivienda.

Esta puede ser la principal razón por la que el ingreso básico ha perdido impulso en Finlandia: en los hechos, es redundante.

La salud es cubierta por el Estado. La educación universitaria es gratuita. Los desocupados obtienen generosos subsidios y tienen acceso a algunos de los programas de capacitación más efectivos del mundo.

"En un sentido -concluyó Hiilarno, el profesor de Política Social-, Finlandia ya tiene ingreso básico".

Traducción de Gabriel Zadunaisky

LA HYBRIS EN LA POLÍTICA

       

                                      Alberto Buela (*)

Hoy hemos llegado, respecto del Estado a lo que los griegos denominaron la hybris, la desmesura. Que era para ellos el peligro más grande que podía sufrir la polis, la ciudad-estado.

Porque la desmesura transformaría la polis en tribus, tal como sucedía con los bárbaros.

Hoy hemos logrado tener un Estado desmesurado, esto es sin ninguna media o pauta de comparación con nada. La desmesura se instaló con sus 22 ministerios, 88 secretarias, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales, 689 subdirecciones nacionales, 120 entes descentralizados.

Todo ello sin contar los Estados provinciales que son 24 y que han multiplicado veinte veces sus reparticiones. En la Capital Federal, que ahora es un Estado provincial, se creó hace muy poco una dirección de bici-sendas. Todo ello hace una masa de aproximadamente 25.000 funcionarios que ganan un promedio de 80.000 pesos mensuales. Aunque hay sueldos como el del intendente de Azul que gana más de $ 100.000.

El problema de la desmesura estatal no es solo la cantidad sino las consecuencias que produce: la inoperancia y la delicuescencia del Estado.

La inoperancia la padecemos los ciudadanos todos los días y en todos los ámbitos: falta de seguridad, de atención médica, de educación. Las tres funciones básicas que se atribuyen al poder ejecutivo en una versión y visión liberal del Estado.

Hoy día nosotros vivimos bajo un Estado que dejó de ser liberal, esto es, de ocuparse de estas tres funciones básicas y pasó a ser neoliberal, esto es, puso al Estado al servicio del mercado con lo cual estas tres funciones se transformaron en gasto y no en inversiones.

Al no dar solución a los problemas sino limitarse solo a administrarlos, en una campaña mediática formidable, atribuye la inseguridad a la incapacidad del poder judicial y sus jueces y fiscales. Atribuye las carencias en salud a la falta de dedicación de los médicos y el desatino educativo a la ingerencia de los sindicatos del sector.

Esta transferencia de responsabilidades radica en la no asunción de sus propias responsabilidades como lo son: que los funcionarios funcionen. Que cumplan acabadamente con su tarea, que trabajen con idoneidad, que se preparen para ello y no sea una simple y bien rentada salida laboral.

La hybris, el mayor mal que puede padecer una polis, según los griegos, muestra en nuestros Estados modernos su mayor contradicción en la utilización indebida de la fuerza.

Vamos a explicarnos. El Estado se reserva para si el uso de la fuerza, tanto militar como policial, para poder someter en caso de necesidad al individuo o a los grupos a la universalidad de la ley. Pero la hybris, al producir la lenta disolución del Estado a través del mal funcionamiento de sus aparatos y de sus funcionarios, logra transformar la fuerza, siempre útil y necesaria, en violencia. Esto es, aquel poder que va contra el curso natural de las cosas. El poder que se ejerce contra la propia tendencia de los entes.

La fuerza está apoyada en la ley, la violencia trastoca de manera abrupta la ley natural de las cosas. Esta transformación de la fuerza en violencia es la contradicción más ostensible que produce la hybris en la política.

¿Si en un Estado equilibrado es difícil establecer cuándo y cómo aplicar la fuerza, se imaginan lo dificilísimo que debe ser determinar su uso en un Estado desmesurado? ¿Qué funcionario está en condiciones de establecer el límite a la pregunta del filósofo Carnéades: qué es lo último de lo poco y la primero de lo mucho para intervenir? Ninguno, pero no porque sean malos sino porque no se han preparado.

Claro está, son incapaces de sentir que les hacemos falta, dijo Heidegger, cuando le preguntaron por los gobernantes de su tiempo.

(*) buela.alberto@gmail.com

DERECHOS HUMANOS

QUE RECORTAN LA MEMORIA

El plan de acción anunciado por Claudio Avruj debió haber impulsado una reconciliación sincera edificada sobre la verdad integral para sanar el tejido social

La Nación, editorial, 16 DE DICIEMBRE DE 2017

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció el Primer Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en el capítulo titulado "Memoria, Verdad y Justicia".

En efecto, al conocerse este título se abrió la expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y gendarmes. 

En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los derechos humanos de las víctimas inocentes de los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que además contaron con apoyo y entrenamiento externo.

Los argentinos siguen divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra sociedad.

Durante los doce años en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de aquellos hechos. La denominada política de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se difundió y todavía se mantiene, un relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes económicos.

Con esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó, otorgándoles todas las garantías para su defensa.

El relato tampoco recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado.

Puestas a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar el accionar subversivo. Este se desarrollaba por combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones celulares, en ámbitos principalmente urbanos.

Lamentablemente, tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975 que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran desde el Estado crímenes aberrantes. Ciertamente esto no puede convalidarse, pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos subversivos.

Sin embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó "el curro de los derechos humanos", aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.

Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles.

En la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún prisión preventiva. En gran parte de estos juicios hay denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los que se convoca a multitudes vociferantes.

Esas irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia. En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya labor fue contraria a la imparcialidad.

El Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central, una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia. Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar en paz hacia un futuro común.

MAPUCHES RICOS

Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

Por Silvia Mercado

Infobae, 3 de diciembre de 2017

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan "tierras de Benetton"), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su "reafirmación territorial", con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que "vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara".  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y "peajes" adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en "territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera", lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: "sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas". También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir ("para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos", dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse.