miércoles, 9 de febrero de 2022

VETERANOS DE MALVINAS

 


VS. MAPUCHES


El Cohete a la Luna, FEB 6, 2022

 

Rico revitalizó un discurso nacionalista para disputar la idea de territorio


La reafirmación de la soberanía en todo el territorio argentino bajo una sola bandera es la base programática del llamado “a la paz y la unidad” que desde Río Negro realizaron veteranos de la guerra por las Islas Malvinas y referentes religiosos al iniciar los actos públicos por todo el país por los 40 años del conflicto armado con el Reino Unido. Tras la figura de Aldo Rico, símbolo del movimiento carapintada que regresó a la política pública por fuera de los partidos políticos, los organizadores eligieron El Bolsón para confrontar, sin nombrarlas, con las comunidades del pueblo mapuche-tehuelche que disputan el control real del territorio ancestral.

 

Un espectro amplio de agrupaciones de veteranos de guerra de distintos puntos del país se sumó abiertamente al conflicto por la apropiación y explotación del territorio. A fines del año pasado habría tomado forma este proceso de ampliación y fortalecimiento del espectro de la coalición de derecha con inserción local. Podría tender a crecer hacia el próximo 2 de abril, cuando se cumplan 40 años del desembarco de las fuerzas argentinas en el archipiélago, de acuerdo a nuestra revisión de los pronunciamientos de algunos de sus protagonistas en los últimos tres años.

 

Rico, militar indultado, ex funcionario de gobierno y empresario, parece la punta del iceberg de esta nueva fracción en el conflicto con comunidades mapuche. Oficiales y suboficiales retirados (muchos con residencia en la Patagonia) son la conducción real de este movimiento que muestra una estrategia y un discurso diferentes a los que despliegan los gobiernos locales, aunque complementarios y probablemente consensuados. Con Rico como símbolo aglutinante y sorpresa para la gran mayoría, el viernes 28 de enero la Federación de Veteranos de Guerra acaparó el acto oficial y el desfile callejero por un nuevo aniversario de la fundación de El Bolsón. Después realizó su propio acto de “defensa de la soberanía nacional, la bandera argentina y el territorio” en la plaza Gesta de Malvinas de Mallín Ahogado, paraje semi-rural ubicado a unos pocos kilómetros del centro de la localidad rionegrina. El acto del intendente Bruno Pogliano (Juntos por Río Negro) y el de los veteranos se refugiaron en un pluralismo ecuménico para confrontar con la cosmovisión mapuche. La pluralidad elegida fue religiosa, no política.

 

Monjes católicos ultraconservadores, musulmanes de la mezquita más austral del mundo y un lonko mapuche “amigo” aparecieron como los organizadores y base social propia de Rico y los veteranos. En su discurso, el fundador del MODIN exaltó como muestra de esa unidad nacional la presencia de tres sacerdotes del monasterio Nuestra Señora de Guadalupe de El Bolsón, de los musulmanes de la mezquita liderada por el Sheik Raúf Abdul Felpete y de Alejandro Huenchupán, lonko de la comunidad Tekel Mapu. El mismo elenco había estado horas antes frente a Pogliano como sus invitados, multiplicando oraciones y mensajes de paz al son de una banda militar.

 

Secreto a voces

“Tenemos un conflicto con los mapuches”, planteó Rico sin dar precisiones ante un público afín que sabía de qué hablaba. Los veteranos Jorge Taranto y José Martiniano Duarte habían anticipado que se eligió Mallín Ahogado para el primer acto público por los 40 años a pedido de vecinos de la comarca andina “que sufren la violencia”. “Hemos visto algunas quemas de banderas, que en algunos lugares flamean otras banderas. Nosotros, sin discriminar a nadie, decimos que la bandera que está allá arriba es la bandera argentina. Abajo tienen que ir todas las demás”, sentenció Duarte.

 

El ex subteniente Taranto es uno de los cientos de oficiales denunciados por torturas a los soldados. Perteneció al Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, con posición en Puerto Yapeyú durante la guerra. A una radio de Río Gallegos, le contó que la coordinación de la actividad estuvo a cargo de Ramón López, presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina; Jorge Altieri, soldado herido en combate; Ricardo Spadaro, jefe del Escuadrón Alacrán durante la guerra; Eduardo Álvarez (Armada) y Juan Carlos Sosa (Ejército).

 

Más explícitos son los veteranos en sus cuentas de redes sociales. Diego Frutos, administrador de cabañas ajenas en Villa Mascardi, es una pieza de la confrontación con la Lof Winkul Lafken Mapu por el derecho sobre tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi, unos cien kilómetros al norte de El Bolsón. El año pasado recibió el respaldo del grupo que integra Duarte y ahora estuvo en Mallín Ahogado y lo trataron como héroe, como se lee en los epígrafes de las fotos que se sacó.

 

Al menos entre el 15 y el 21 de diciembre pasado dos veteranos recorrieron la comarca andina, realizando visitas a Neuquén, Río Negro y Chubut en la preparatoria del reciente acto. El encuentro en Esquel fue difundido. Por esos mismos días, se discutía en juzgados locales la orden de desalojo de la lof Quemquemtreu del paraje Cuesta del Ternero, donde en septiembre inició un proceso de reivindicación territorial.

 

Remixado

“No vamos a hablar de guerras (…) No es con la guerra que vamos a retornar a Malvinas, es con el progreso”, dijo Rico en un discurso breve, con poco desarrollo de ideas, reiterativo, moderado respecto a su pasado y a los otros veteranos en las redes. “La patria no es un negocio, sino un desafío. No es un negocio”, repitió.

 

Raúl Felpete nació en Neuquén. Se convirtió al islamismo, cambió su nombre y se radicó más al sur con su familia. A la mezquita se acercaron ex combatientes con los que planificó la plazoleta Héroes de Malvinas en Mallín Ahogado. Con una sociedad civil emprendió ese proyecto hace más de veinte años, que materializó con el respaldo de la gestión Pogliano. A su turno, Felpete dijo que “hubo oposición política a esta reunión”, sin brindar precisiones.

 

El protagonismo de Felpete y su grupo protegió a los hombres sotana negra. El monasterio lo fundó monseñor Andrés Morello, hermano del subteniente Emilio Pedro Morello, mano derecha de Rico en el alzamiento carapintada y en los negocios. Perteneció a la ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X de monseñor Marcel Lefebvre desde 1978. Lefebvre fue expulsado de la Iglesia Católica en 1988 por desconocer la liturgia resuelta por el Concilio Vaticano II aferrado a la misa en latín y negar la autoridad del Papa. Con diferencias con el propio Lefebvre, al año siguiente Morello se retiró para formar una congregación de “Padres Católicos” con la que llegó a Mallín Ahogado. Algunos veteranos se alojaron en las instalaciones ubicadas en el Rincón de Inalef, frente al cerro Perito Moreno, en un predio de varias hectáreas con estrictas normas de seguridad.

 

Más allá del proyecto personal de Rico (que no explicitó), su presencia con los veteranos en El Bolsón dinamizó sectores sociales y económicos de la derecha local que en general no se muestran públicamente, más cómodos en el lobby por los negocios, a la sombra del poder de establecimiento Hidden Lake SAU o de las fuerzas represivas. Rico revitalizó un discurso nacionalista para disputar la idea de territorio; hace jugar el capital social acumulado por la condición de héroes y combatientes en Malvinas para legitimar su intervención en un conflicto en el que no es parte directamente involucrada. Estos actores tienen una base social diferente a la empresarial del PPP (Propiedad Privada Patagonia) y Consenso Bariloche, que sugieren otras prácticas y otras alianzas.

 

Crímenes

Este discurso de unidad nacional nada dijo sobre el crimen de Elías Garay Cayicol, integrante de Quemquemtreu, cometido el 21 de noviembre a pocos kilómetros de donde desfilaron y desplegaron banderas celestes y blancas. El lunes 7 se realizará una audiencia judicial para volver a analizar si se mantiene o se levanta la prisión preventiva de Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, imputados como coautores de la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera y del homicidio de Garay. Los acusados están detenidos en Viedma y pretenden obtener la prisión domiciliaria en Esquel o, al menos, ser trasladados a Bariloche.

 

A la vez, sigue vigente y sin ejecutarse la orden de desalojo de esa comunidad de la tierra en conflicto en Cuesta del Ternero.

 

Los movimientos de unxs y la inacción de otrxs marcan el ritmo del verano.

lunes, 7 de febrero de 2022

ARGENTINA: MK A FONDO


 un documento filtrado explica la génesis de la decisión


SERGIO JULIO NERGUIZIAN


El Ojo Digital, 04 de Febrero de 2022

 

No revelaremos la fuente que nos facilitó el documento, debido a dos razones: porque estamos eximidos de hacerlo, y porque la autoría del paper de referencia -en virtud de su polémico contenido- muy probablemente desmienta su involucramiento.

 

'Documento de circulación restringida

 

1. El Fondo como oportunidad.

 

La crisis de la deuda externa argentina no parece tener, en el corto plazo, la resolución que satisfaga plenamente los intereses del campo nacional y popular, expresión sobre la que regresaremos poco después, conforme se ha prestado a apropiaciones destinadas a diluír su contenido primigenio y esencial. Nuestro objetivo inmediato es proponer la observación de este escollo insalvable, como una oportunidad excepcional para producir el acontecimiento disruptivo requerido, a efectos de proceder al inicio de un ciclo de transformaciones profundas de toda la matriz productiva del país y de los esquemas anquilosados de distribución de su renta global.

 

Martín Guzmán y Máximo Kirchner, Presupuesto de Martín Guzmán, Acuerdo con el FMI, Fracaso económicoEl capital primordial que contiene nuestra actual circunstancia histórica consiste en el desenlace de la crisis, hasta culminar en el modo default. En este punto, estaremos más cerca que nunca, en los últimos cincuenta años, de producir una aceleración vertiginosa de los acontecimientos que debería desembocar en el prólogo de la revolución esperada. Entendemos este voluble término como lo entiende la escuela alemana de Derecho inspirada en Kelsen: la revolución implica la subtitución de la Norma Fundamental, entre nosotros, la Constitución Nacional. Cuando en 1976 se produce el golpe militar, la Junta dicta un estatuto con normas elementales para el funcionamiento del gobierno, y aclara: se respetarán las garantías constitucionales consagradas en la Constitucion, siempre que las mismas no entren en contradicción con las normas del Estatuto que fija los lineamientos del Proceso de Reconstrucción Nacional. Desde el golpe de Uriburu en 1930, la Corte Suprema comenzó a desarrollar la tesis que legitimaba los actos del gobierno a partir del principio del 'derecho de la revolución triunfante'. Es decir, que el 'punto default' es una oportundidad excepcional para prologar el ciclo de transformaciones que el país viene relegando hace décadas.

 

Por el contrario, la firma de un acuerdo perpetuará la postración nacional, en un constexto realmente paradójico: ambas partes saben que ningún acuerdo 'potable' (es decir, suceptible de captar la voluntad de oficialismo y oposición, aunque con reparos menores) tiene chance alguna de ser cumplido. Es más: el país no puede cumplirlo, y el Fondo no tiene interés alguno en que se cumpla. Fue creado para cuidar y sostener el valor de las monedas de los países-miembro, objetivo laudable detrás del cual se oculta el control de las economías periféricas, a fin de impedir su emancipación y consolidar a sus clases dominantes en el rol de gendarmes vernáculos del equilibrio capitalista.

 

2. Una tentación que corresponde rechazar

 

Mientras se preparan las condiciones para alcanza el punto default, es posible que sectores impacientes intenten malvinizar el contexto. Es fácil observar que la sociedad argentina (término ambigüo que citamos con reservas, no siendo éste el sitio idóneo para proceder a su dilucidación) no se encuentra en condiciones de asumir la crisis de la deuda como una gesta nacional, en razón de que sucesivas defraudaciones a la ingenuidad de las masas la han puesto en estado de sospecha a todo llamamiento a una épica reinvindicatoria.

 

 

 

El default integra el concepto de las llamadas 'condiciones objetivas', requisito de naturaleza material obsequiado por los hechos (como acontecimientos perceptibles por los sentidos), condiciones que construyen el escenario de la revolución. Son necesarias, pero aún insuficientes para el desarrollo de la bisagra histórica en gestación. La contracara, las condiciones subjetivas, reclaman precisamente un sujeto, una entidad humana individual o colectiva que lidera el ciclo transformador. El 17 de octubre de 1945, emerge en el escenario nacional un nuevo actor: el proletariado industrial del Gran Buenos Aires (rol plural), legítimamente deslumbrado por un Coronel del Ejército (rol singular).

 

La transformación como sendero escabroso tiene siempre un costo inicial en términos de bienestar popular. En efecto, las fuerzas que se resistirán al cambio disponen de algunos recursos temibles para frenar el ciclo que tendrá por objetivo reconvertir a la democracia en el formato de una encuesta de opinión periódica, a fin de que funcione como un régimen de representación de los intereses de las grandes mayorías. Dos son los medios de resistencia:

 

La disponibilidad de los principales medios de comunicación social permitirá el inicio de una campaña de desprestigio del llamado a la epopeya de la resistencia. Se apelará a la advertencia de que repudiar la deuda implicará en los hechos condenar al país a la condición de 'paria internacional', ocultando arteramente con este artilugio verbal que la Nación ya lo es en la actualidad. Solicitará el auxilio de las opiniones que el sistema de prestigios remunerados cataloga como 'serias' cuando, en rigor, se trata de empleados jerarquizados del capital altamente concentrado.

 

Algunas variables económicas -en particular, el mercado de cambios del dólar estadounidense- serán manipulados, con el objeto de llevar su valor equivalente en moneda nacional a un punto cercano al pánico colectivo, y de generar en los operadores económicos actitudes preventivas ante la inminenecia de la catástrofe, cuya primera consecuencia será el alza desenfrenada en los precios de los artículos de primera necesidad,el acopio y la escasez por desabastecimiento programado.

 

 

3. Generando la condición subjetiva

 

Es primordial que, desde el parlamento, se requiera la revisión de cualquier esquema de acuerdo, a fin de imponer modificaciones de tal natualeza que aseguren la imposibilidad de que las mismas sean aceptadas por el Fondo y por los sectores del propio Gobierno comprometidos con la perpetuación del status quo. Apelando a todos los medios disponibles, se deberá instalar la idea de que quienes niegan al Parlamento la facultad de controlar los términos de una negociación son los mismos que desprecian el costo que, en términos de calidad de vida, deberán soportar los argentinos -especialmente sus sectores más vulnerables.

 

En este punto, una persona (y sólo una) debe asumir la representación de un movimiento dispuesto a llevar al Partido del Gobierno a un cisma sin retorno en el corto plazo, y proceder a la ocupación táctica de todo el espectro del progresismo nacional, a fin de fagocitar el protagonismo de partidos menores; e incluso tentando a sectores que sostienen la defensa de la interpretación tradicional de la Doctrina, y al nacionalismo no-oligárquico.

 

Tres son los rasgos que deberán subrarayarse en torno al nuevo actor convocante en construcción.

 

Es una persona joven; por lo tanto, no lo alcanzan los estigmas de los individuos que obstaculizan la evolución de las fuerzas mayoritarias, alternándose en los nichos de Poder desde hace décadas en un desfile agobiante de rostros repetidos hasta el hartazgo.

 

Es heredero de una familia que ejerció el Gobierno en nombre del único Movimiento de masas del país, integrando al período 1946-1945 el ciclo 2003-2011 como los dos más prósperos de la historia contemporánea.

 

Viene a convocar a un Gobierno de Salvación Nacional, a fin de sumar a todos sin exclusiones  a la tarea común de la emancipación como tarea histórica, sin otro requisito que la identificación con los intereses superiores y permanentes del campo popular.

 

Así como el rechazo al Acuerdo constituye el hecho disruptivo que puede prologar la gestión revolucionaria, la amenaza de quiebre de la precaria unidad de la coalición gobernante es el segundo requisito para la viabilidad del proyecto'.

 

* * *

 

El resto del paper se ocupa de aspectos organizativos que creemos podrían fastidiar definitivamente al esforzado lector que ha acompañado, hasta aquí, el desarrollo del documento.

 

Sobre Sergio Julio Nerguizian

De profesión Abogado, Sergio Julio Nerguizian oficia de colaborador en El Ojo Digital (Argentina) y otros medios del país.

 

EN LOS NARCOESTADOS

 

 del socialismo del siglo XXI el crimen suplanta la política


Carlos Sánchez Berzain


*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy


Infpobae, 6 de Febrero de 2022

 

Los regímenes no democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua -cuya auto denominación política es “socialismo del siglo XXI”- detentan el poder ejerciendo terrorismo de Estado con presos, exiliados, perseguidos políticos y la característica de ser narcoestados. Para tener impunidad por los crímenes que cometen buscan retener indefinidamente el poder y para hacerlo cometen delitos que pretenden disfrazar como hechos políticos. La realidad demuestra que en las dictaduras/narcoestados de las Américas el crimen ha suplantado y controla la política.

 

Los “crímenes de lesa humanidad” son “actos y ataques inhumanos generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de causa”. Son imprescriptibles y están determinados por el Estatuto de Roma: “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento en violación a las normas del derecho internacional, tortura, violación,….actos inhumanos que atenten contra la integridad física y mental..”

 

El crimen organizado está definido y combatido por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo que define a un “grupo criminal organizado” si cumple 4 características: “grupo de tres o mas personas formado intencionalmente, que existe por un periodo de tiempo, que comete delitos o crímenes que son punidos por la ley con 4 o mas años de cárcel de forma deliberada, y que tiene como objetivo beneficios financieros y materiales”.

 

El narcotráfico es “el comercio de drogas ilegales adictivas o no, principalmente la cocaína”. Es un fenómeno que engloba varios delitos que comprenden el cultivo ilegal de coca, la fabricación, distribución, venta, control de mercados, reciclaje de estupefacientes, tráfico, lavado de activos…”. La legislación internacional obligatoria: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

 

La aplicación de este marco de referencia internacional a los hechos demostrados de cómo detentan el poder los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, demuestra la comisión de crímenes de lesa humanidad institucionalizados por medio del terrorismo de Estado como lo prueban ahora mismo la utilización de sus sistemas de justicia convertidos en verdugos que tienen presos y condenan centenas de inocentes en Cuba por las manifestaciones del 11 de Julio 2021, en Venezuela para retener el poder con torturas y asesinatos en las cárceles, en Bolivia con 72 presos políticos y en Nicaragua con presos y condenados, todo copia de Cuba, el mismo mecanismo del castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo o socialismo del siglo XXI.

 

La barbarie contra los derechos humanos de las dictaduras castrochavistas está agravada por la comisión, protección y defensa desde los Estados y regímenes del socialismo del siglo XXI del narcotráfico: la dictadura de Cuba implicada desde la década de los sesenta con la tesis criminal de usar “el narcotráfico como arma de lucha contra el imperialismo norteamericano”, hasta el decomiso de cerca de 1.517 paquetes de cocaína en Panamá en Mayo de 2019 embarcados desde Cuba con destino a Estambul, manifestados como carbón.

 

Toda la cúpula de la dictadura de Venezuela empezando por Nicolás Maduro están identificados como el “cartel de los soles” y procesados en tribunales de Estados Unidos con orden de captura internacional y recompensas de 15 a 10 millones de dólares por cada criminal. Venezuela está identificada como el eje del tráfico de cocaína proveniente de las FARC, el ELN y las federaciones de cocaleros de Evo Morales de Bolivia.

 

Desde 2012 se reporta a Nicaragua que “el narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y esta generando mucho dinero”. El IEEPP un organismo no gubernamental que brinda información a partir del monitoreo de las propias instituciones del Estado indica que “25 grupos nicaragüenses apoyan al narcotráfico internacional”.

 

Conocido el proceso por narcotráfico en los Estados Unidos contra el ex Jefe antinarcóticos de Evo Morales con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, las investigaciones de la DEA -expulsada por Morales- han recordado a los bolivianos y al mundo que Bolivia es un narcoestado. Como el acusado está en poder del gobierno boliviano Estados Unidos ha pedido su extradición que ha motivado la reacción violenta de los operadores de la dictadura en Bolivia, resumida en el titular del periódico Página 7: “El MAS cierra filas para blindar a Evo y evitar la extradición de Dávila”.

 

Todo muestra a Evo Morales como el jefe y constructor del narcoestado, incluso lo ha confesado públicamente ante las Naciones Unidas. Está señalado como el jefe del “cartel del Chapare” mientras el diario El Deber titula “Bolivia reingresa a la lista de países que envían droga a Estados Unidos” y Página 7 reporta que “El cartel brasileño PCC tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare”, mientras recrudece la persecución política como otra confesión de los criminales.

 

 

miércoles, 2 de febrero de 2022

EL FRENTE DE TODOS


está acabado, lo que viene es el gobierno del zig zag


Cristina Pérez


Infobae, 2 de Febrero de 2022

 

Es temprano para decir que la Reina está desnuda. Por lo pronto se puede olfatear que el miedo no es zonzo. Que el abismo educa. O que quizás después de todo, termina cumpliéndose el adagio según el cual, un buen compañero te acompaña al cementerio pero no se queda.

 

El terror al default parece haber tenido un efecto balsámico y ordenador para empezar, en el propio Presidente, que viene sosteniendo la voluntad de acordar con el Fondo Monetario por quinto día y a pesar de la renuncia vengativa del hijo del “Furia”, como le decían a Néstor. Máximo, el furioso, seguro no pensó que en sólo 24 horas iba a tener reemplazante.

 

Con declaraciones dignas de las que se hacen sobre miembros de la realeza, el nuevo jefe del bloque del Frente de Todos -o ahora el Frente de Algunos-, Germán Martínez, se empecinó en rendir pleitesía al hijísimo, porque de Máximo “aprende”, afirmó ya que se trata de alguien que “está llamado a tener un rol muy importante en el futuro”. Sí, “llamado”.

 

Acto seguido, el mismo Martínez, aseguró que no cree que peligre el acuerdo con el Fondo al que su admirado Máximo le aplicó un rayo paralizador. El arte de afirmar una cosa y exactamente lo contrario es el karma de los integrantes de la coalición de gobierno condenados a vivir en una bipolaridad de lealtades en la que ya no se sabe realmente si están con dios o con el diablo o quién es quién.

 

Ojala se pudiera mirar con satélites y precisar esa coordenada exacta en la que el poder se encuentra con su finitud, y distinguir qué copa contiene el envenenado influjo de la kriptonita. El diseño de poder de la señora Kirchner, para controlar la consola del gobierno contradiciendo la jerarquía constitucional, para que la segunda mande al primero, tiene sus bemoles. El poder es jabonoso. Hay un cuento de Borges que se llama El Muerto, que dice: “Le permitieron el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto”. En el Gobierno, la interna es tan encarnizada que no se sabe quién es el finado.

 

La tragedia real para ellos es ser un populismo sin plata. Y se les vino como boomerang la crisis después de aplicar obstrucciones a todo durante el gobierno de Macri. Los dioses son envidiosos -dirá Cristina- que era la campeona del mundo por volver al poder a pesar de un prontuario de causas de corrupción y sin votos, con el artilugio de un Alberto moderado que negó durante meses ser el títere de la señora hasta que ya no pudo negarlo. La divinidad tronó con la pandemia y ahora no hay escapatoria al Fondo al que el kirchnerismo odia tanto que le paga en cash con un billete sobre otro. Otros tiempos. Sin duda.

 

Lo que viene es el gobierno del zig zag, que en cada serpenteante corcoveo hará temblar los cimientos raquíticos de una coalición de cartulina. El Frente de Todos está acabado. No es ni siquiera el dolor de ya no ser. Como en el esperpento de la marcha contra la Corte Suprema, sólo quedan actores para agarrar el micrófono. O queda Leopoldo Moreau para manotearlo, cosa que le sale bien cuando no le gusta lo que le dicen. Al resto, se le cayeron las caretas. Un director de teatro me suele decir sobre la realidad argentina,  “Negra, esto es una obra de Shakespeare, y ya sabemos cómo termina”. La tragedia del poder es que en su degradación exhibe hasta qué punto puede deshumanizarse, cuando socava el propio orden que lo contiene, cuando parece olvidar incluso que hay personas aquí abajo donde la realidad que no administran se padece.

 

Cómo explicar sino las estupideces que llega a decir el Presidente: “Voy a hacer una escala en Barbados porque el Caribe la está pasando mal”. Alberto Fernández voló anoche hacia el ojo de la tormenta planetario donde Putin juega al ajedrez con soldados de verdad que se cuentan por miles en la frontera de Ucrania. Hay que tener talento para la oportunidad. Aquí, mientras tanto, se esperan señales más simples. ¿Qué hará Wadito? ¿Cuánto subirá la luz y el gas? Y en definitiva, alguna palabra, algún gesto, alguna expresión de la zarina.

 

La señora Kirchner no se puede ir como “Chacho” Alvarez. Necesita los fueros como Menem pero está mucho más complicada. Esa impotencia la hace castigar a la sociedad que no la votó, y, claramente, como muestra su total radicalización, también la hace confundir resistencia con pavorosa autodestrucción. Dicen que si contra algo no se puede, es contra una visión del mundo. Pero la reina, ¿estará desnuda?

EL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS

 

 

 


NO DISEÑA UNA POLÍTICA DE ESTADO


 César Lerena

2-2-22

 

Por ley 27.558 el gobierno nacional promovió ante el Congreso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes (en adelante Consejo o Consejo de Malvinas). Lo hizo pomposamente anunciando que los asuntos de Malvinas serían una Cuestión de Estado y para ello se creó una Comisión interdisciplinaria y multipartidaria, integrado también por ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, aunque al hacerlo le quitase toda facultad ejecutiva y decisoria al indicar que este Consejo “…adoptará sus recomendaciones, con carácter no vinculante…” (Art. 4º) y, complicando más aún la función de este Cuerpo, cuando sus miembros no estarían formalmente designados ya que no habría Resolución publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el Art. 3º del Anexo del Decreto 822/2020 e, incluso, otros integrantes actuales del Consejo no estarían previstos en el Art. 3º de la citada ley 27.558. Esto parece central para rechazar cualquier intento de aprobar tal o cual "recomendación" que este Consejo promueva, a riesgo de violar el Código Penal de la Nación (Ley 11.179) en especial su Capítulo III Art. 246º que establece que, «será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo (1º) el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente» y, el Capítulo IV Art. 248º por el que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere» y/o el Art. 253 por el que «será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales», pudiendo caer en prevaricato (Cap. X Art. 269º, 271º y 272º), además de violar la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Todo ello se configuraría:

1) Si no hubiese designaciones: en los casos del Art. 3º en los incisos g) Dos especialistas en Derecho Internacional; h) Tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; i) Un representante de los Ex Combatientes de Malvinas, que según el Art. 3º del Decreto reglamentario 822/2020 debieron ser designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, aunque no hay antecedentes hasta la fecha en el Boletín Oficial a pesar del tiempo transcurrido.

2) Si hubiese más designaciones de lo que dice la ley:  La ley 19.549 en el Art. 3º inciso g) indica que el Consejo estará integrado por dos (2) especialistas en Derecho Internacional y, según comunicado de prensa de la Cancillería (7/11/2020) y antecedentes, habría seis miembros: Armando Abruza; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Susana Ruiz Cerutti y Juan Gabriel Tokatlian. La Ley 19.549 en el Art. 3º inciso h) indica tres (3) representantes del sector académico y científico y, según comunicación de la Cancillería (7/11/2020) y antecedentes habría siete miembros: Armando Abruza; Alcira Argumedo; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Juan Gabriel Tokatlian y Oscar Padín. La misma ley en el Art. 3º inciso i) indica un (1) representante de los ex Combatientes de Malvinas y, según comunicación de la Cancillería (7/11/2020) y antecedentes habría tres: Ernesto Alonso, Martín Balza y, Adolfo Schweighofer. Es decir que en lugar de designarse un total de seis miembros que es lo que prevé la referida Ley se habrían incorporado al Consejo once, por lo cual -fallecida Alcira Argumedo- sobrarían cuatro integrantes.

3) Si se recomienda o se aprueban documentos sin facultades ni consensos: cuando se recomiendan o aprueban cuestiones no previstas en el Art. 2º de la ley 19.549; cuando se lo hace con miembros que no están previstos en el Art. 3º; cuando no se cuenta con el consenso previsto en el Art. 4º o, cuando se aprueban documentos o procedimientos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo previsto en el Art. 7º sin encontrarse los miembros formalmente designados.

Los extremos suelen unirse y, respecto al cumplimiento de las normas, la ex primer ministra británica Theresa May fue contundente contra Boris Johnson “O el primer ministro no había leído las reglas, o no las había entendido, o pensó que no se aplicaban a él” (Urgente24, 31/1/2022), algo que -si se configurasen los supuestos indicados precedentemente- parece haber ocurrido y, muy especialmente con Marcelo Gustavo Kohen que habría sido postulado para la Corte Internacional de Justicia y en el caso de los secretarios de Malvinas Daniel Filmus y Guillermo Carmona que por el Art. 3º del Decreto 822/2020 tenían la obligación de “coordinar el Procedimiento de designación de los integrantes del Consejo de Malvinas”.

 

En lo relativo a las funciones que le atribuye la ley al Consejo podemos ver en el Art. 2º que se limitan a) “contribuir” (ayudar, asistir, colaborar) a “generar los consensos políticos y sociales” necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado; políticas que por otra parte ya están establecidas en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; b) “Colaborar” a sustentar la posición argentina; es decir, ser un colaborador de quien elabore las cuestiones geográficas, ambientales, biológicas, históricas, jurídicas y políticas; c) “Proponer y llevar adelante” actividades de docencia e investigación. En estas tareas de divulgación y análisis, se le asigna al Consejo tareas de elaboración y ejecución; al igual que el ítem d) “Realizar acciones” destinadas a colaborar en la difusión y promoción y e) “Proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Ex Combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares”. Una única tarea “estratégica” limitada a un fin específico, que si bien importante, no avanza en los aspectos de Política de Estado previstos en la Constitución Nacional. 

Es decir, que en todas sus funciones los integrantes del Consejo son meros colaboradores del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no podrían inmiscuirse en la formulación de la política de fondo y, mucho menos, constituirse en un aval de las políticas que el ministro de Relaciones Exteriores promueva por indicación del Presidente. 

Es tan secundario el rol de este Consejo que no ha sido incluido entre sus integrantes un experto en materia de defensa y que no ha sido prevista en la ley ni en su decreto reglamentario la confidencialidad en el tratamiento de los temas y, entendemos, que tampoco podría dictarse esta clasificación mediante el Reglamento Interno del Consejo “Asesor” ya que éstos no podrían determinar por sí, el carácter confidencial de sus acciones, debiendo ser el Poder Ejecutivo -a quién va destinado su asesoramiento- quien lo determine. En la Argentina podría clasificarse de esta manera por Resolución Ministerial, pero, tratándose el Consejo de una dependencia del ámbito presidencial, es razonable pensar que la calificación debiera efectuarse por Decreto del P.E.N. con la firma del Jefe de Gabinete y los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores; aunque, resulta dudosa la importancia de clasificar los temas que se tratan “como confidenciales”, cuando se ventilan por “Zoom”; se utiliza un correo común para su traslado o se tratarían las cuestiones en salas y salones ordinarios de la Cancillería. Todas cuestiones que atentan contra la confidencialidad de temas y documentos que no deberían salir del ámbito donde se generan; pero, de hacerlo, deberían seguir una cadena de resguardo y registro y, en atención al alcance de las funciones asignadas a los asesores; los hechos y los temas que se abordan en la llamada “Agenda Malvinas 40 años”, no habría sido necesario. No parece muy razonable tampoco, que debido a la única acción ejecutiva que se asigna a los miembros del Consejo, cual es “el reconocimiento a los excombatientes…” el tratamiento de este tema deba ser confidencial.  

Seguramente, nada de lo tratado, podría preocupar a los británicos y, de ser así ya estarían enterados, cuando el referido Marcelo Kohen, describe en medios públicos y conferencias, las estrategias que debería llevar adelante la Argentina, contrario a lo que manifestaba en el año 2000 un conocido y controvertido Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): “cuando se le preguntó sobre el destino de la documentación que produce la Secretaría, éste respondió: Como es secreta, se destruye” (Braslavsky, G.: “La SIDE debe dejar de ser secreta”, Zona, Clarín, pág. 5, 16/4/2002). No olvidemos, que por los “frutos se conoce el árbol” y las acciones ya son públicas. Diferente sería, si la cuestión se tratase de ventilar una estrategia militar, pero como hemos visto -insólitamente- nadie representa al Ministerio de Defensa en el Consejo. Por otra parte, un número importante de los integrantes, son solo representantes de distintos partidos políticos o de veteranos de guerra; de modo tal, que no pueden resolver por sí, sino por el mandato que les confieren sus pares, de otro modo, carecería de sentido su representación, de tal modo, que es imposible asegurar la confidencialidad, más aún cuando es posible delegar la representatividad (Art. 5° Ley 27.558).

El período «en el que se extiende la clasificación de secreto y reservado para la documentación general de los ministerios parece ser la década del ’30. Éste se abre con la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la vida política del país (y, muchas veces estas calificaciones son absurdas como) puede verse en una nota publicada en el suplemento Zona del diario Clarín en abril del 2000 donde se mencionan los temas de algunas de las leyes secretas y describe el cuarto donde son guardadas gracias a “una mano generosa” que abrió a Zona las puertas del cuarto donde se guardan las leyes secretas del Senado» (Nazar, Mariana “Los documentos secretos de Argentina”, Córdoba, 8/ 2003 Dto. Historia, FFyL UBA, Archivo General Nación).      

Se observa -asimismo- que el presidente de la Nación preside (Art. 3º de la ley) este Consejo Asesor, por lo cual, pareciera una incongruencia su inclusión en este Cuerpo ya que es el Poder Ejecutivo quién debe recibir el asesoramiento y, además, que este Consejo se ha creado en el ámbito de la Presidencia de la Nación (es decir fuera de la Cancillería), por lo cual, la designación de los integrantes del Consejo por parte del Ministro de Relaciones Exteriores prevista en el Art. 3º del Decreto 822/2020 parece no ajustarse a las prescripciones del Área de la Presidencia de la Nación, ya que mal podría un secretario (el Ministro) del Presidente designar a los integrantes de un Consejo que está presidido por el propio Presidente de la Nación y, mucho menos, el Secretario de Malvinas, a quien el Art. 2º del Decreto Reglamentario Nº 822/2020 -en contradicción con el artículo 3º a) de la Ley 27.558 que reglamenta- califica de “Autoridad de Aplicación”; pero, restringe sus facultades a «dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias…», es decir, que están limitadas al Secretario de Malvinas meras tareas de coordinación, secretaría de actas, convocatoria a reuniones, elaboración e instrumentación de políticas del P.E.N. promovidas a través del Canciller.

Como consecuencia de los Art. 7º y 8º de la Ley, el Consejo es quién dicta su propio Reglamento Interno de Funcionamiento y, si bien el secretario de Malvinas deberá aprobarlo, los integrantes del Consejo serán quienes le fijen a éste sus deberes y atribuciones, lo que demuestra una subordinación del referido funcionario a asesores promovidos por él (Art. 3º del Decreto 822/2020). Un verdadero despropósito en materia de procedimientos administrativos.

Si el Consejo se creó para avalar las políticas en la “Cuestión Malvinas”, de la selección de sus integrantes podemos imaginarnos cuáles serán esas políticas, aunque del “Alcance de Funciones del Consejo” previsto en la ley, parecen insuficientes para que estos tengan un rol protagónico. Muy especialmente, cuando la Política de Estado en esta materia ya está absolutamente definida por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Lo que cierra cualquier acción de funcionarios de turno para la firma de nuevos Acuerdos destinados “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, como rezaba el Pacto de Foradori-Duncan o llevar adelante “aventuras” como llevar la cuestión Malvinas a la opinión Consultiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas o a la Corte Internacional de Justicia, a modo de referéndum de las Res. 1514 (XV), 2065 (XX) y 31/49 de las Naciones Unidas, sobre las cuales la Argentina en 1994 ya ha ratificado su vocación constitucional.

 

Contrario a lo que algunos funcionarios refieren (Filmus, Twitt 16/12/2020; Carmona, Inf. de Prensa Nº 046/22, 25/1/2022), no está en juego la disputa de la soberanía, que la Argentina ya ratificó que es legítima e imprescriptible; la discusión es cuándo la Argentina tomará posesión de su territorio irredento.