LA HYBRIS EN LA POLÍTICA

       

                                      Alberto Buela (*)

Hoy hemos llegado, respecto del Estado a lo que los griegos denominaron la hybris, la desmesura. Que era para ellos el peligro más grande que podía sufrir la polis, la ciudad-estado.

Porque la desmesura transformaría la polis en tribus, tal como sucedía con los bárbaros.

Hoy hemos logrado tener un Estado desmesurado, esto es sin ninguna media o pauta de comparación con nada. La desmesura se instaló con sus 22 ministerios, 88 secretarias, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales, 689 subdirecciones nacionales, 120 entes descentralizados.

Todo ello sin contar los Estados provinciales que son 24 y que han multiplicado veinte veces sus reparticiones. En la Capital Federal, que ahora es un Estado provincial, se creó hace muy poco una dirección de bici-sendas. Todo ello hace una masa de aproximadamente 25.000 funcionarios que ganan un promedio de 80.000 pesos mensuales. Aunque hay sueldos como el del intendente de Azul que gana más de $ 100.000.

El problema de la desmesura estatal no es solo la cantidad sino las consecuencias que produce: la inoperancia y la delicuescencia del Estado.

La inoperancia la padecemos los ciudadanos todos los días y en todos los ámbitos: falta de seguridad, de atención médica, de educación. Las tres funciones básicas que se atribuyen al poder ejecutivo en una versión y visión liberal del Estado.

Hoy día nosotros vivimos bajo un Estado que dejó de ser liberal, esto es, de ocuparse de estas tres funciones básicas y pasó a ser neoliberal, esto es, puso al Estado al servicio del mercado con lo cual estas tres funciones se transformaron en gasto y no en inversiones.

Al no dar solución a los problemas sino limitarse solo a administrarlos, en una campaña mediática formidable, atribuye la inseguridad a la incapacidad del poder judicial y sus jueces y fiscales. Atribuye las carencias en salud a la falta de dedicación de los médicos y el desatino educativo a la ingerencia de los sindicatos del sector.

Esta transferencia de responsabilidades radica en la no asunción de sus propias responsabilidades como lo son: que los funcionarios funcionen. Que cumplan acabadamente con su tarea, que trabajen con idoneidad, que se preparen para ello y no sea una simple y bien rentada salida laboral.

La hybris, el mayor mal que puede padecer una polis, según los griegos, muestra en nuestros Estados modernos su mayor contradicción en la utilización indebida de la fuerza.

Vamos a explicarnos. El Estado se reserva para si el uso de la fuerza, tanto militar como policial, para poder someter en caso de necesidad al individuo o a los grupos a la universalidad de la ley. Pero la hybris, al producir la lenta disolución del Estado a través del mal funcionamiento de sus aparatos y de sus funcionarios, logra transformar la fuerza, siempre útil y necesaria, en violencia. Esto es, aquel poder que va contra el curso natural de las cosas. El poder que se ejerce contra la propia tendencia de los entes.

La fuerza está apoyada en la ley, la violencia trastoca de manera abrupta la ley natural de las cosas. Esta transformación de la fuerza en violencia es la contradicción más ostensible que produce la hybris en la política.

¿Si en un Estado equilibrado es difícil establecer cuándo y cómo aplicar la fuerza, se imaginan lo dificilísimo que debe ser determinar su uso en un Estado desmesurado? ¿Qué funcionario está en condiciones de establecer el límite a la pregunta del filósofo Carnéades: qué es lo último de lo poco y la primero de lo mucho para intervenir? Ninguno, pero no porque sean malos sino porque no se han preparado.

Claro está, son incapaces de sentir que les hacemos falta, dijo Heidegger, cuando le preguntaron por los gobernantes de su tiempo.

(*) buela.alberto@gmail.com

DERECHOS HUMANOS

QUE RECORTAN LA MEMORIA

El plan de acción anunciado por Claudio Avruj debió haber impulsado una reconciliación sincera edificada sobre la verdad integral para sanar el tejido social

La Nación, editorial, 16 DE DICIEMBRE DE 2017

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció el Primer Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en el capítulo titulado "Memoria, Verdad y Justicia".

En efecto, al conocerse este título se abrió la expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y gendarmes. 

En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los derechos humanos de las víctimas inocentes de los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que además contaron con apoyo y entrenamiento externo.

Los argentinos siguen divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra sociedad.

Durante los doce años en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de aquellos hechos. La denominada política de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se difundió y todavía se mantiene, un relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes económicos.

Con esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó, otorgándoles todas las garantías para su defensa.

El relato tampoco recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado.

Puestas a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar el accionar subversivo. Este se desarrollaba por combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones celulares, en ámbitos principalmente urbanos.

Lamentablemente, tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975 que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran desde el Estado crímenes aberrantes. Ciertamente esto no puede convalidarse, pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos subversivos.

Sin embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó "el curro de los derechos humanos", aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.

Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles.

En la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún prisión preventiva. En gran parte de estos juicios hay denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los que se convoca a multitudes vociferantes.

Esas irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia. En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya labor fue contraria a la imparcialidad.

El Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central, una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia. Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar en paz hacia un futuro común.

MAPUCHES RICOS

Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

Por Silvia Mercado

Infobae, 3 de diciembre de 2017

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan "tierras de Benetton"), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su "reafirmación territorial", con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que "vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara".  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y "peajes" adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en "territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera", lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: "sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas". También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir ("para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos", dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse.