miércoles, 22 de diciembre de 2021

LA GUERRA POLÍTICA

 

de la República Popular China: Efectos en la seguridad marítima en Iberoamérica


Centro de Estudios Estratégicos, Ejército del Perú - Diciembre 9, 2021


Andrés González Martin 

(Instituto Español de Estudios Estratégicos)


 

En su definición más amplia, la guerra política es el empleo de todos los medios y mecanismos que puede movilizar el Estado, sin llegar a la guerra, para alcanzar sus objetivos nacionales. La guerra política emplea tanto operaciones encubiertas como operaciones claramente identificadas, que los adversarios no pueden o no están en condiciones de percibir como una agresión directa, que inevitablemente provocaría resistencia a los propósitos del agresor.

 

El problema fundamental que debe afrontar la guerra política es evitar que el enemigo sienta que, delante de cada uno de los secuenciales desafíos cuidadosamente articulados que la iniciativa del agresor le presenta, las únicas opciones disponibles para él son la retirada o el combate. El juego estratégico es implicar al adversario sin que perciba el peligro de jugar. Todavía más virtuoso es conseguir que el enemigo entienda que son favorables para sus intereses la interrelación y los intercambios propuestos por el agresor con su plan de guerra política. En el momento que el oponente llega al convencimiento de que podrá gestionar favorablemente la evolución y las decisiones de su agresor, persuadido de que el tiempo juega a su favor, sus percepciones pueden ser manipuladas con facilidad. Cualquier avance o ventaja del agresor, derivada de la aplicación de su proyecto de guerra política, el agredido lo entenderá como un avance de sus posiciones.

 

Los Estados Unidos (EE. UU.) durante mucho tiempo han querido ver a la RPCh como un competidor, un colaborador y un potencial adversario simultáneamente, ignorando la irrenunciable aspiración revisionista de China. No pocos analistas y estrategas han estado plenamente convencidos que la posibilidad de acercarse a la RPCh, favoreciendo su desarrollo económico e insertándola en el proceso de globalización, generaría no solo interesantes beneficios para todos sino que provocaría con el paso del tiempo un reajuste social y cultural en China que terminaría generando el impulso necesario para que el propio Partido Comunista de China (PCCh) abriese las puertas primero a una cada vez más abierta economía de mercado y segundo a una reforma política progresivamente democrática y más respetuosa con los derechos humanos.

 

En el largo telegrama firmado desde Moscú por el señor X, George Kennan apostaba por aplicar una estrategia de contención contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) asociada a políticas inteligentes de largo alcance, pacientes y vigilantes. Kennan estaba convencido de que la ineficacia del sistema soviético provocaría su colapso interno en una carrera por el dominio mundial. La URSS era un estado dirigido por una rígida ideología totalitaria que intentaba afrontar las circunstancias y sus cambios sin un plan que permitiese su evolución. La URSS era incapaz de aprender y adaptarse como sistema político y económico a una nueva ola tecnológica y por eso caería. Kennan interpretó acertadamente la tendencia de cambios a las que se enfrentaría el mundo y entendió que los EE. UU. estaban mejor dotados para aprovecharlas.

 

La RPCh ha demostrado que su fórmula de socialismo chino es capaz de soportar las paradojas y las contradicciones internas para aprender de cada una de las pruebas. No importa que el gato sea negro o blanco lo que importa es que cace ratones porque enriquecerse es glorioso. No parece fácil entender que Deng Xiaoping, un anciano líder comunista, propiciara un cambio desde arriba que supondría una restructuración continua de los equilibrios internos, obligando al PCCh a una continua reformulación de su discurso y a una revisión de sus postulados para acomodarlos a las sucesivas fases de desarrollo a las que se tendría que enfrentar. El PCCh llegó a la conclusión de que los cambios exigían importantes reajustes y era el partido quien debía ponerlo en marcha utilizando un sistema de voladuras controladas.

 

La sabiduría heredada de una vieja y sofisticada civilización ha permitido a los líderes comunistas chinos descubrir que en las distintas fases de su ascenso era necesario utilizar nuevas palabras para cambiar la percepción de la realidad y la propia realidad sin alterar el relato. La clave de la gran estrategia china ha sido el acertado dominio del tiempo para en cada momento representar un papel adecuado a sus capacidades y sus potenciales avances.

 

En cada etapa de la evolución de su creciente capacidad de penetración e influencia en su entorno y en el mundo, la RPCh ha modulado un discurso político adecuado a sus posibilidades, conteniendo sus ambiciones revisionistas, pero manteniendo la continuidad de un relato nacional de rejuvenecimiento. Todo esto sin despertar los recelos de los que seguían confiando que el sistema comunista chino colapsaría por sus contradicciones. La guerra política de la RPCh ha sido hasta ahora una forma de guerra prolongada en la que la otra parte esperaba que la próxima ronda fuese la definitivamente favorable para su juego. El resultado final es precisamente el contrario al esperado por los ideólogos occidentales. Solo desde la ideología puede entenderse la obstinación de un error de cálculo estratégico de las actuales dimensiones.

 

En este contexto, la competencia entre las potencias no se manifiesta en forma de comportamientos, como la conquista territorial o la guerra, sino como la acumulación de influencia política, económica, militar y cultural y, a menudo, como la aplicación sutil de la coerción para obtener ventajas geopolíticas. El resultado sería un mecanismo permanente de guerra política por debajo del umbral del uso directo de la fuerza, colocándonos en un ambiente donde la zona gris se expande.

 

La guerra política busca llegar sin estridencias a una situación de “fait accompli”, término del francés que se ha vuelto a poner de moda entre los analistas y periodistas. “Fait accompli”, traducido al español es hecho consumado, pero esta traducción creo que no es del todo exacta. Una interpretación más completa de la idea sería una composición de una situación que se ha alcanzado, es decir un hecho consumado, y una situación que se alcanzará necesariamente, sin que se pueda revertirse. “Fait accompli”, reuniría tanto a los hechos consumados como a los hechos que inevitablemente terminará por consumarse, sin que podamos ya hacer nada por evitarlo.

 

En la guerra política una acertada identificación del contexto y de la dirección de las tendencias es la base del éxito. George Kennan en su largo telegrama desde Moscú en 1948 acertó en identificar que los cambios futuros soplaban a su favor, pero la RPCh no es la URSS.

 

El deslumbrante ascenso de la RPCh se ha producido en un contexto y con unas normas que China no ha elegido, pero que ha sabido aprovechar. China se propuso controlar las cadenas de suministros de las materias primas que necesita su tejido productivo y lo ha conseguido. Ha penetrado con sus inversiones y prestamos la economía, finanzas y mercados de los países productores de materias primas para de esta manera asegurarse la continuidad del suministro. La RPCh ha conseguido, sin que esto sea nuevo, que la relación de mutuo beneficio, que ofrecen los mercados de materias primas, no sea equilibrado porque controla muchos resortes internos de sus proveedores que le permiten ejercer tanta presión como sea necesaria para imponer un intercambio ajustado a su interés.

 

Mientras tanto, la RPCh ha avanzado en el dominio de las cadenas de producción mundial tanto como para convertirse en la fábrica del mundo. La reducción del ritmo de producción china o las dificultades de transporte de sus mercancías inmediatamente tienen efectos en los sectores productivos más rentables del resto del mundo.

 

El resultado es que la RPCh cabalga sobre las tendencias de la globalización según sus propias pautas autorreguladas. Contener el avance de China para alcanzar la condición de primera potencia del mundo supondría contener la globalización y por lo tanto desengancharse no solo de China sino de un proceso de interdependencia global que ahora China domina en gran medida.

 

El siguiente logro que está en marcha con el plan “Made in China 2025” es el dominio de las cadenas de valor mediante un salto tecnológico y científico que permita a la RPCh convertirse en el foco principal de las ideas y normas que regulen el futuro que emerge con la 4º revolución industrial. La RPCh aspira a rentabilizar sus inversiones en ciencia y tecnología dual mediante los dividendos generados por unos mercados que demandarán nuevos productos y sistemas desarrollados y producidos en China. La condición dual de estos avances permitirá también obtener réditos de poder al aplicar la revolución tecnológica a sus industrias de armamento. La nueva etapa de la guerra política de la RPCh persigue el dominio del umbral de la 4º revolución industrial. Identificar este dominio, el científico y tecnológico, como el centro de gravedad de la competición entre grandes potencias durante la próxima década podría ser el primer paso necesario para aspirar a requilibrar las dinámicas en las que cabalgan los grandes protagonistas de la actual disputa por la hegemonía mundial.

 

La RPCH ha respetado los límites de las normas del sistema internacional tanto como era preciso, sin nunca ponerlas del todo en cuestión. Mientras tanto, ha aplicado o vulnerado, según sus intereses, el sistema de normas internacionales, adecuando su nivel de cumplimiento o de incumplimiento en cada momento tanto como podía pero sin terminar nunca de provocar tanta tensión como para desajustar un modelo de gobernanza mundial. Es necesario saberlo para poder ampliar el conocimiento propio y protegerlo de los ataques a la propiedad intelectual que ha utilizado con gran éxito el PCCh. El nuevo frente principal de lucha es el del conocimiento y como todo lo intangible puede ser degradado con acciones prolongadas en la zona gris o en la zona blanca.

 

La RPCh es la potencia ganadora de la globalización. La globalización no es un proceso que la RPCh haya puesto en marcha, haya estimulado o haya regulado. Para la RPCh la globalización ha sido y sigue siendo un contexto incontestable en el que debía desempeñar su papel de potencia revisionista. La RPCh se incorporó al sistema de gobernanza mundial y al proceso de globalización para desde dentro poder instrumentalizarlo al servicio de sus intereses. Intentar pararla ahora sería intentar parar al mundo, pero lo que está por venir es una verdadera revolución industrial y de sistemas de producción que exigen un cambio en la estructura productiva en sintonía con los nuevos avances. Reconocer que la tendencia clave ahora no tiene que ver con el comercio sino con el desarrollo de un nuevo modelo productivo y de hacer negocios puede dar una oportunidad a los EE. UU. y sus aliados de competir por dominar el umbral y luego la puerta tecnológica de una nueva era.

 

La guerra política de la República Popular China en el mar del sur de China

Mientras tanto, en otros frentes menos sutiles, la RPCh mantiene con habilidad la competencia. El ritmo creciente de agresiones en el mar del sur de China no parece adaptarse a la delicada y perspicaz fórmula estratégica que hasta ahora ha aplicado con maestría la RPCh. De repente, todo parece estar claro y los objetivos se anuncian con suficiente claridad sobre todo si los relacionamos con unos hechos que confirman la intención de alcanzarlos. La interesante concepción del arte de la guerra como el arte del engaño sostenida por la RPCh parece haberse diluido.

 

La oscura reclamación sobre prácticamente el 85 por ciento del mar del sur de China, la reclamación de las islas Senkaku en el mar del este de China y sobre todo el objetivo de reunificación nacional se presentan como propósitos finales de un modo estratégico de acción directa que rompería con el modo estratégico de lucha oculta y prolongada de la guerra política. En estos momentos el cálculo de los balances militares es el centro de atención de muchos y la gran preocupación norteamericana es reforzar su capacidad de disuasión convencional en la región.

 

China no ha precisado con detalle cuáles son sus demandas dentro de las aguas delimitadas por la conocida línea de nueve puntos. Es cierto que China ha señalado reiteradamente que es soberana sobre las islas dentro de la línea de nueve puntos y sus aguas adyacentes, pero no sabemos exactamente qué quiere decir con precisión por emplear términos diferentes a los utilizados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVENMAR). La ambigüedad china no es casual y responde a una clara intención de ocultar lo que entiende como estado final deseado mientras actúa en silencio para ganar posiciones paso a paso pero cada vez más sostenida por la militarización del mar.

 

En el mar del sur de China, la RPCh ha demostrado implícitamente que no necesita hacer la guerra para lograr sus objetivos. Los seculares derechos pesqueros en los que Beijing fundamenta sus reclamaciones dentro de la línea de nueve puntos no precisan de ser legitimados por nadie, ni siquiera necesitan ser legitimados por una victoria. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se ha pronunciado negando la validez de los presuntos derechos históricos chinos, pero no es una instancia a la que la RPCh otorgue autoridad respecto a lo que entiende es parte de su suelo azul.

 

Beijing ha decidido aplicar una guerra política de pasos graduales para ampliar su control de facto sobre los territorios en disputa, utilizando la económica, la diplomacia, las vacunas, en definitiva su capacidad de influencia sobre los países que disputan la jurisdicción de las aguas, unidas a la coerción, para obtener posición, momento y generar una dinámica incontestable.

 

La continuada presencia en las Zonas Económicas Exclusivas de barcos de pesca y de supuestos barcos de pesca de la milicia marítima china, la permanente actividad de los guarda costas, las acciones de denegación del uso del mar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de otros países, la construcción de islas artificiales, la militarización de las islas artificiales, la navegación de barcos de la armada China son acciones sintonizadas con la presión sobre los intereses económicos y comerciales vinculados con inversiones chinas o el comercio con China. El resultado ha sido en la mayoría de las ocasiones un dejar hacer acompañado de protestas diplomáticas.

 

En enero de 2021, la 25ª reunión del comité permanente de la asamblea popular nacional aprobó la ley de Guardacostas china. La nueva ley ha levantado todas las alarmas en los países del Pacífico Oriental y también en los EE. UU. porque autoriza a los guardacostas chinos a utilizar su armamento contra las embarcaciones extranjeras que incumplan las leyes chinas dentro de sus aguas de jurisdicción. China nunca es del todo clara y juega aquí también con la ambigüedad. La RPCh podría entender que todo lo que hay en la columna de agua y el subsuelo del mar del sur de China delimitado por sus límites impuestos es parte de su zona de influencia y por lo tanto es una zona donde se aplica la legislación de Beijing con cierta discrecionalidad.

 

La nueva ley permite a los guardacostas chinos disparar contra embarcaciones extranjeras en aguas disputadas y demoler estructuras construidas por otros países. Los pescadores filipinos asustados por las posibles consecuencias de esta ley entendían que para ellos era una verdadera declaración de guerra. El ministro de asuntos exteriores filipino, Teodoro Locsin, señalaba que la ley en el caso del mar del sur de China es una amenaza verbal de guerra para cualquier país que la desafíe, por lo que la única opción segura es no cuestionarla y aceptar la sumisión a la imposición del más fuerte.

 

También, el 1 de septiembre, entró en vigor la nueva ley china de seguridad de tráfico marítimo. La ley ha seguido incrementando las crecientes preocupaciones de los países del área y de los EE. UU. sobre las intenciones chinas en sus mares colindantes. Desde ahora los barcos extranjeros que entren en las aguas territoriales chinas deben comunicar nombre, indicativo de llamada, posición actual, destino, hora estimada de llegada y carga a las autoridades de la RPCh. Estas medidas se aplicarían a cinco tipos de barcos extranjeros: Submarinos, barcos de propulsión nuclear, transportes de materiales radioactivos, buques que transportan petróleo, productos químicos, gas licuado o cualquier sustancia tóxica, así como, los que puedan poner en peligro la seguridad del tráfico marítimo de China.

 

La ley podría entenderse justificada en el caso de que no hubiese controversias sobre lo que China y el resto del mundo entiende por aguas territoriales de la RPCh. La diplomacia china y sus legisladores utilizan las palabras con el significado chino que ellos asignan a su traducción al resto de los idiomas. No podemos estar seguros que entiendan las aguas territoriales como el resto del mundo las entiende. La aplicación de esta nueva ley puede ser un problema que el gobierno chino administrará discrecionalmente en función de la situación y sus intereses estratégicos. La aplicación de las leyes para China no es lo más importante. Desde luego no será fácil el control de los barcos que pueden pasar por lo que China quiera entender como aguas territoriales. Ahora bien, el hecho de que China se otorgue la autoridad de regular el control de la navegación por medio de leyes nacionales otorga a Beijing un soporte de legitimidad para justificar sus intervenciones frente a su opinión pública y la del resto del mundo. China está escribiendo un discurso político apoyado en un soporte legal para dar cobertura a su cada día más frecuente envite en el mar.

 

La aplicación de la legislación china creará situaciones controvertidas que -adecuadamente administradas- permitirán proyectar dentro y fuera del país una narrativa escrita de antemano donde el agresor será el agredido y viceversa. El siglo de humillación que ha vivido China, sus derechos históricos, su nuevo papel en el mundo como superpotencia y su rejuvenecimiento nacional servirán de anclaje a un relato victimista y reivindicativo de derechos que habían sido usurpados por potencias extranjeras imperialistas. El respeto de las leyes internacionales y las normas establecidas no será puesto en cuestión solo se manipulará para culpabilizar a los que se opongan a la implantación de su hoja de ruta.

 

China está acostumbrada a violar sistemáticamente y de forma planeada las normas internacionales de comercio, de propiedad intelectual, del derecho del mar, los derechos humanos, los compromisos con el medio ambiente, las normas sanitarias, en fin todo tipo de limitaciones que impongan restricciones permanentes a la aplicación de sus políticas. Desde dentro del sistema que ha posibilitado la globalización, China ha degradado su vigencia parasitando al resto del mundo. Las respuestas cuando han llegado lo han hecho tarde y se han presentado por la propaganda del PCCh como un movimiento reactivo injustificado contra un ascenso legítimo de China. La dinámica que ha empleado se fundamenta en una lógica inteligente que seguirá utilizando y para la que ahora mismo el resto del mundo debería estar preparado. El PCCh ha demostrado su sobresaliente capacidad para emplear las contradicciones del sistema a su favor. La debilidad del sistema de gobernanza global ha permitido a China un sistemático incumplimiento de las normas, que asociado a un reparto general de dividendos ha permitido acallar las voces críticas que se opusieran a sus prácticas depredadoras y criminales.

 

La Estrategia Naval de los Estados Unidos y el creciente papel de la Guardia Costera

A finales de marzo de 2019, dos barcos estadounidenses cruzaron el estrecho de Taiwán, una franja de mar que separa la isla del continente. La armada de los EE. UU. con frecuencia y cierta regularidad navega en tránsito por el mar del Sur de China. El propósito de estas acciones es demostrar a la RPCh que los EE. UU. están dispuestos a sostener la libertad de navegación en el área del Pacífico Occidental.[1]

 

Habitualmente la armada norteamericana atraviesa el estrecho de Taiwán una o dos veces al año. Sin embargo, el viaje de marzo de 2019 era el sexto en siete meses. La frecuencia de la presencia militar estadounidense había aumentado. El incremento del ritmo de actividad de la armada se ha sostenido desde entonces pero sin seguir una pauta determinada como venía siendo habitual. La mayor presencia naval de los EE. UU. es un asunto de suficiente interés pero lo verdaderamente destacado de aquella operación concreta, de marzo de 2019, fue el tipo de barcos que participaron. En esta ocasión no solo eran barcos de la Armada. Por primera vez un barco de la Guardia Costera de los EE. UU. navegaba por el mar del Sur de China acompañando a un destructor armado con misiles crucero.

 

La presencia de un guarda costas es todavía más provocadora que la de un barco cargado de misiles. Las misiones de la Guardia Costera se relacionan con la defensa y seguridad marítima de las costas de los EE. UU. Desde el punto de vista chino, un guarda costas estadounidense no tiene nada que decir o hacer en las aguas de otros países, especialmente las que ellos consideran suyas, tanto las próximas al continente como las que rodean las islas y arrecifes del mar del Sur de China, incluida Taiwán.

 

La presencia de un guarda costas, acompañando a un destructor, va más allá de la reclamación de un derecho de navegación. Puede asociarse a un derecho de vigilancia del cumplimiento de las leyes internacionales en una zona llena de tensiones. La posibilidad apuntada no puede ser aceptada por China, que coloca sus reclamaciones de soberanía por encima de cualquier restricción impuesta por leyes internacionales o disposiciones del sistema de gobernanza mundial.

 

La Guardia Costera estadounidense desplegada en esta zona o en cualquier otra multiplica las opciones de respuesta y supone un destacado apoyo diplomático a los países costeros que no aceptan someterse, sin más, a las imposiciones unilaterales. La estrategia naval de los EE. UU. desde 2007 sostiene un enfoque integral que vincula en un único destino a tres servicios navales; la armada, la infantería de marina y los guardacostas norteamericanos.

 

La nueva estrategia naval estadounidense “Ventaja en el mar: Prevalecer con el poder naval integrado en todos los dominios”, destaca cinco puntos clave. Uno de ellos es especialmente interesante y novedoso porque apunta a la necesidad de que las fuerzas navales estadounidenses actúen en una línea más asertiva para prevalecer en la competición del día a día. La nueva disposición invita a esperar un aumento de la tensión en el mar en el juego de competencia entre los EE. UU. y China. Evitar el peligro de una escalada militar no deseada como consecuencia de un incidente o un accidente requiere un mayor protagonismo de los guardacostas norteamericanos y los de los aliados.

 

Por otra parte, el propósito expreso de legitimar la acción naval norteamericana en el mar, mediante la defensa de un modelo de relación con sus competidores basado en el respeto de las normas y las leyes internacionales, obliga a disponer de nuevos recursos, nuevas capacidades complementarias y nuevas opciones, seguramente no tan brillantemente impresionantes como un portaviones de propulsión nuclear navegando, cargado de aviones de última generación, en compañía de su completo grupo de escoltas.

 

La guardia costera de los EE. UU. ofrece una posibilidad nueva de presencia y actuación en la zona gris de los mares, donde China actúa utilizando sus pesqueros como instrumentos sutiles de presión y chantaje a los países rivereños. El resultado es el mejor uso de las capacidades complementarias de los servicios navales aliados, constituyendo un sistema integrado dispuesto para actuar en todo el espectro del conflicto.

 

Sin embargo, la competición en la zona gris, tan propia de la guerra política de la RPCh, no ha despertado todavía el suficiente interés como para reequilibrar las fuerzas y capacidades en este ámbito no del todo oscuro. La guardia costera china es la mayor del mundo y sus barcos son los de mayor tonelaje, quien además de la milicia marítima china, dependiente del Ejército de Liberación Nacional, no tienen competidores que puedan neutralizarlos, quizá solo Vietnam podría hacer alguna cosa. La preocupación marcada por la urgencia de lograr el reequilibrio convencional en la región está justificada, pero no debería olvidarse la conveniencia de disponer de mecanismos de respuestas en la disputada zona gris donde la RPCh dispone de una ventaja incontestable.

 

La pesca mecanismo de dominio de China Popular

La RPCh aspira a dominar unos 3 millones de kilómetros cuadrados del mar del sur de China, que representa el doble de la extensión de todo el Mediterráneo. Las aspiraciones chinas son puestas en cuestión por los demás países ribereños (Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi); sin embargo, ninguno tiene suficiente fuerza para oponerse a una lenta pero decidida estrategia de penetración en el mar y en sus economías.

 

Las razones que fundamentan las reclamaciones chinas de prácticamente todo el mar Meridional son históricas. Aquí es cuando empieza a aparecer la pesca como argumento básico de legitimidad para fundamentar la demanda china de derechos de soberanía. Las autoridades chinas sostienen que, desde más de seiscientos años atrás, los pescadores de la isla Hainan utilizaban rutas de navegación que les permitían llegar hasta las zonas en disputa, pescar y regresar a casa. La tradición oral y algunos supuestos pero desaparecidos libros de navegación son la base de un presunto derecho de dominio del mar porque los pescadores chinos llegaron primero.

 

Desde hace décadas la RPCh ha utilizado a sus pesqueros como punta de lanza para ejercer su presencia y aspirar al dominio de gran parte de los mares interiores a la primera cadena de islas del Pacífico Occidental. China es omnipresente en estas aguas. Las actividades de los pesqueros chinos se traducen también en presencia, información, seguimiento, control y en un argumento político en la región más disputadas y caliente del mundo. De esta manera, los barcos de pesca chinos pueden convertirse en un mecanismo de escalada o de tanteo de la capacidad de respuesta de los Estados que disputan con Beijing la soberanía del mar o los derechos de explotación de sus recursos.

 

La presión sobre las tierras cultivables chinas, la sobreexplotación de los caladeros de su ZEE y el volumen de su población favorecen una inclinación a expandir su flota en aguas distantes, especialmente en alta mar. Los recursos biológicos marinos se consideran la mayor reserva de proteínas del mundo, por lo tanto, poseer y dominar el océano significa garantizar la soberanía alimentaria china.

 

La pesca para la RPCh no es solamente una industria estratégica, es también un instrumento de proyección de poder e influencia. Garantizar el suministro de proteínas es importante pero, además, China ha expresado, en sus mares adyacentes, que el hecho de pescar en aguas más allá de los límites de su ZEE lo entienden, con el paso del tiempo y el uso prolongado, como una forma de transformar su presencia en el mar en derechos irrevocables de dominio.

 

Desde las aguas de Indonesia, Vietnam, Filipinas y Corea del Norte hasta las de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, en Iberoamérica, o las del golfo de Guinea, Angola, Senegal, Mozambique y Somalia, en África, los pesqueros chinos se han convertido en los nuevos dueños de los caladeros.

 

Greg Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima en Asia vinculada al prestigioso think tank norteamericano Center for Strategic and International Studies (CSIC), afirma que la escala y agresividad de la flota pesquera china está permitiendo ejercer el control efectivo de las pesquerías del mundo. Pero todavía más preocupante es que muy pocos países están dispuestos a imponerse ante las incursiones de los pesqueros chinos en sus aguas nacionales.

 

Entre los 15 países con mayor superficie marina de ZEE del mundo hay tres iberoamericanos. Argentina debería ser el cuarto, pero el Reino Unido ocupa las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, que figuran reconocidas como territorios dependientes y no autónomos. Brasil, Chile y Méjico cuentan con más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie marina en su ZEE.

 

El caso chileno es especialmente relevante porque la extensión de su zona de influencia en el mar es cinco veces superior a su territorio. Además, el área marítima de responsabilidad nacional de Chile en la búsqueda y salvamento marítimo (área SAR) supera los 26 millones de Kilómetros cuadrados, superficie equivalente a todo el continente africano. Chile es el quinto país del mundo con un área SAR más extensa.

 

Conclusiones

El desafío que impone la conservación de los recursos marinos en las ZEE de los países Iberoamericanos y en la alta mar adyacente, frente a la actividad predatoria y la pesca ilegal de la inmensa flota de pesca de aguas distantes china, requiere cooperación entre los Estados y con las organizaciones internacionales. Por otra parte, es imprescindible contar con los medios necesarios para sostener la investigación y la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de los caladeros.

 

El papel de los guardacostas y de los buques oceanográficos es clave en una misión, que a la vista de la inmensidad de la zona a proteger y el grado de la amenaza, requiere un esfuerzo adicional de los Estados reforzando sus armadas, servicios costeros de vigilancia, sus medios de investigación y control de los caladeros y zonas protegidas y, en definitiva, sus capacidades de acción marítima. Evidentemente, la colaboración internacional refuerza el potencial de cada uno en una acción combinada que debe ir acompañada de una campaña de comunicación estratégica.

 

Un estudio de los intereses comunes frente a la sobrepesca de la flota de altura de la RPCh podría ayudar a una interesante aproximación a los océanos que rodean Iberoamérica, para de esta manera descubrir su valor como soporte de la integración regional y global, más allá de los intereses particulares.

 

No obstante, es posible que estos esfuerzos pudieran fracasar. Los intereses empresariales, comerciales, financieros, personales y políticos compartidos con la RPCh pueden restringir las opciones de las repúblicas iberoamericanas a la hora de defender sus recursos en el mar. Una posición más asertiva y coordinada de Iberoamérica vendría asociada al riesgo de sanciones o amenazas de una potencia con una gran presencia e influencia en el interior.

 

Los argumentos de todas formas existen. No se trata de impedir el uso de los recursos marinos, especialmente la pesca, se trata de protegerlos de una explotación ilegal o abusiva. No es un esfuerzo por oponerse a una flota en particular ni a todas en general por el hecho de pescar en aguas lejanas. Es la defensa de los propios intereses pesqueros de todos los que imponen la necesidad de acordar limitaciones para permitir una explotación sostenible. Pero sobre todo es la voluntad de defender los legítimos derechos soberanos de las repúblicas iberoamericanas los que obligan a marcar límites a las prácticas abusivas e ilegales chinas para evitar que la costumbre acabe generando un uso entendido como un derecho.

 

Las aguas que rodean a América más allá de la milla 201 no pueden convertirse nunca en parte del suelo azul de la RPCh ni de ninguna otra lejana potencia.

 

Notas finales

 

Ronald O’Rourke, “U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress”, Congressional Research Service, Background and Issues for Congress R42784, (March 18, 2021), CRS Report 42784 https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf

lunes, 20 de diciembre de 2021

MEMORIAS DEL 2002


Eduardo Duhalde *


Perfil, 10-12-21

 

La tarea de salir de la convertibilidad comenzó en 1997, cuando le solicité a Jorge Remes Lenicov, en ese momento Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, que nombrara a un integrante de su equipo para que se quedara en su lugar y así él, como Diputado de la Nación, se pudiera dedicar exclusivamente a la misión de estudiar qué debíamos hacer para que la Argentina saliera de la convertibilidad.

 

Fue así que, dos años después -y convencido de que ese era el rumbo- lo planteo como uno de los ejes de mi campaña presidencial de 1999, pero precisamente pierdo esas elecciones por decir abiertamente que debíamos salir de la convertibilidad.

 

Desgraciadamente, hacia finales del año 2000 ya se vislumbraba la importante crisis por la que estaba transitando el país debido a lo que ya había definido como un modelo agotado.

 

Fue cuando junto a Raúl Alfonsín, creamos el Movimiento Productivo Argentino (MPA), para así poder llevarle al gobierno de Fernando de la Rúa una propuesta que lo ayude a salir de la convertibilidad y así evitar la tragedia que el país ya tenía a sus puertas.

Lamentablemente, no fuimos escuchados.

 

Asunción. Cuando me toca asumir como presidente de la Nación, el 2 de enero de 2002, planteo en mi discurso frente a la Asamblea Legislativa que iba a requerir del acompañamiento de todos y que ese sería un gobierno de transición, por lo que en el mismo momento también expuse mi renuncia anticipada: “La responsabilidad en el ejercicio de un gobierno de transición es incompatible con la pretensión de competir por una candidatura presidencial en el año 2003”.

 

En ese mismo discurso dije que mi gobierno se proponía 3 objetivos básicos: reconstruir la autoridad política e institucional, pacificar el país y cambiar el modelo económico social: “Mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza”, afirmé, y agregué: “Y decirles que el caos y la anarquía en la que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente de los problemas que afligen a millones y millones de excluidos en la República Argentina”.

 

Dos días después, el 4 de enero, convoqué en la Residencia de Olivos a los empresarios y a los dirigentes gremiales bajo el total convencimiento de que en sus manos estaba la puesta en marcha de la Argentina.

 

En un tramo de mi discurso les dije: “Ustedes, es decir la comunidad productiva, es la que debe gobernar en el país. Yo vengo a decirles que debemos de terminar décadas en la Argentina con una alianza que perjudicó al país, que es la alianza del poder político con el poder financiero y no con el productivo. Voy a trabajar 2 años y le voy a dejar, le vamos a dejar, al próximo presidente una Argentina caminando. Milagros no hay, pero ordenada y en marcha”.

 

En todos mis gobiernos –tanto a nivel municipal, como provincial y también a nivel nacional - siempre conté con el apoyo del 90% de las fuerzas políticas. Pero en ese momento era todo muy distinto. En las calles había un grito a voces, el “que se vayan todos”, y sabía que también me alcanzaba a mí. Por eso mismo tuve el convencimiento de que era necesario que todos mis actos de gobierno contaran con la participación de la ciudadanía.

 

De esta manera, y bajo el lema “¿Queremos ser Nación?, le pedí a los representantes de la Iglesia católica que convocaran a todos los sectores de la sociedad argentina. Así, representantes del campo, la industria, los trabajadores, los jubilados, las organizaciones sociales y las iglesias, todos juntos se unieron con el único objetivo de lograr un gran pacto nacional para luchar contra la crisis.

 

La Mesa del Diálogo Argentino, presentada oficialmente el 14 de enero de 2002 fue la respuesta adecuada. De esa manera, y sin mezquindades, se logró elaborar acuerdos y coincidencias básicas con el apoyo y el respaldo moral de todas las iglesias y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Pero, además, tomé la decisión de tener un contacto directo con la gente. Así, tres veces por semana salía por Radio Nacional para contarle a la gente en primera persona los avances que iba teniendo el gobierno.

 

Hay que destacar, que todas las medidas más importantes fueron tomadas en este primer tramo del gobierno, con Jorge Remes Lenicov y José Ignacio De Mendiguren como ministros de Economía y de la Producción, respectivamente, los dos ministros que más habían entendido y defendido el rumbo productivista que yo le quería imprimir al gobierno. Sin embargo, sus frutos y reconocimientos tardaron en verse.

 

Durante el mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2002 pude marcar las primeras señales positivas que se estaban consiguiendo: “En 45 días de funcionamiento de esta nueva política económica numerosos sectores, esencialmente los vinculados a la exportación y a la sustitución de importaciones, han comenzado a dar signos de recuperación. Esto se traducirá en un importante aumento de las exportaciones y en un crecimiento del producto bruto interno del 5% para el próximo año”.

 

Pero en ese mismo mes de marzo el poder económico ya había decidido que me tenía que ir, por eso la presión sobre el gobierno era cada vez más grande. Diarios como el Financial Times decían: “el tiempo se está agotando. A menos que Duhalde pueda hacer un progreso rápido y convincente, debería renunciar y llamar a elecciones”. Esta y otras tantas cosas me hicieron notar que si no hacía algo de manera urgente debía dejar la presidencia.

 

Al pedir la renuncia a los ministros más atacados por el poder económico, hablo de Remes Lenicov y de De Mendiguren, pude ganar tiempo y de esta manera armar un nuevo gabinete en total coincidencia con Raúl Alfonsín. Uno de estos cambios, realizados en el mes de abril, fue la llegada al Ministerio de Economía de Roberto Lavagna, quien hasta ese momento se desempeñaba como Embajador ante la Unión Europea. 

 

El resultado de los cambios realizados comenzó a verse, sobre todo, a partir del segundo semestre de 2002. De esta manera se pudo continuar con la tarea y reafirmar el rumbo inicial del gobierno.

 

Todo estaba encaminado, pero yo noté que a esa altura el país necesitaba un gobierno fortalecido por el voto popular para de esa manera llevar adelante las reformas tendientes a un desarrollo sostenido. Así, y cumpliendo con mi compromiso asumido el día que juré ante la Asamblea Legislativa le puse fecha a las elecciones presidenciales que terminaron siendo 27 de abril de 2003. Con el 22% de los votos Néstor Kirchner se convertía en el próximo presidente de la Nación.

 

De esa manera el 25 de mayo de 2003 un hombre del justicialismo le entregaba el poder a otro de su propio partido, dejándole en marcha un programa que se mostraba exitoso -tanto en la macro como en la microeconomía- y una parte considerable del gabinete en pleno funcionamiento.

 

Habíamos logrado superar la peor crisis de nuestra historia. La democracia se había afianzado y las instituciones estaban a salvo. Por eso mi sentimiento fue de orgullo.

 

(*) Ex presidente de la Nación.

jueves, 16 de diciembre de 2021

COMIENZA A OPERAR

 


el Comando Militar Conjunto que se encargará de la protección de los espacios marítimos argentinos


Fernando Morales


Infobae, 16 de Diciembre de 2021

 

Por primera vez en la historia militar argentina, las tres fuerzas armadas serán empeñadas en forma conjunta para realizar tareas de patrullado y monitoreo continuo en las aguas sujetas a soberanía económica del país.

 

El Gobierno pondrá formalmente en funcionamiento el Comando Conjunto Marítimo (CCM), que fue creado por resolución del Ministerio de Defensa número 244-2021. La finalidad primaria del organismo militar es la vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y además las aguas correspondientes a la nueva delimitación de la plataforma continental que rige desde 2016.

 

Fuentes castrenses sostienen que con la creación de este comando se viene a perfeccionar la doctrina militar que indica que las fuerzas armadas en forma individual solo adiestran y alistan al personal y a sus medios. Luego a la hora de operar es el Estado Mayor Conjunto quien asume la responsabilidad.

 

“La Armada controlando el mar en forma unilateral sin control y supervisión del Estado Mayor Conjunto colisionaba con la doctrina militar vigente”, indican en el edificio Libertador.

 

Si bien el Comando Marítimo tendrá en forma permanente a un oficial superior de la marina como comandante primario, este no reportará al Jefe del Estado Mayor de la Armada, sino al Comandante Operacional Conjunto que en este momento se encuentra en manos del General de División, Deimundo Escobal.

 

Desde la Armada Argentina se dejó en claro que todo lo relacionado con las operaciones de búsqueda y rescate en el mar (SAR) quedará fuera del accionar del Comando Conjunto, ya que por ley la responsabilidad SAR es resorte exclusivo de la Armada en forma primaria y en carácter subsidiario, de la Prefectura Naval Argentina.

 

En relación al accionar de la PNA en materia de contralor de la pesca legal e ilegal, no se han brindado precisiones acerca de cómo la labor de esta fuerza policial se compatibilizará con la operación militar conjunta, ya que luego de muchos años de trabajo descoordinado, finalmente en 2020 Armada y Prefectura comenzaron a trabajar en forma armónica.

 

La creación de este comando generó algunas dudas relacionadas con la legalidad del empleo del recurso militar conjunto para, entre otras cosas, controlar la pesca furtiva dentro de la ZEEA ( Zona Económica Exclusiva Argentina). No obstante, voceros de la Armada sostienen que la ley de Defensa Nacional ( 23.554) incluye el control de los espacios marítimos continentales.

 

En contraposición a la postura naval, especialistas en la materia consultados por Infobae manifestaron su oposición acerca de la extensión de la actividad militar conjunta al control pesquero. “No queda claro de que manera se le otorgarán tareas operativas concretas al Estado Mayor Conjunto de las FFAA, para la eventual neutralización de delitos o contravenciones de tipo policial. La medida estaría contrariando la tajante prohibición que pesa sobre los militares para intervenir en cuestiones de seguridad”, indican los maritimistas al recordar la clara separación vigente entre seguridad interior y defensa nacional.

 

Está previsto que durante su exposición inaugural el titular de la cartera de Defensa brinde precisiones acerca del alcance y responsabilidades concretas del CCM.

 

Este medio pudo saber que además del aporte sustancial de personal y medios que realizará la Armada al Comando Marítimo, la FAA se sumará al patrullado aéreo y el Ejército aportará apoyo a través de sistemas de comunicaciones y logística.

 

El CCM tendrá su asiento en el piso 12 ala sur del edificio Libertad (sede de la Armada Argentina) y contará con una moderna central de operaciones en la que, por intermedio del sistema “Pollux”, se efectuará el monitoreo de todos los movimientos de buques en las aguas sujetas al control militar.

 

Su primer comandante es el Comodoro de Marina Norberto Pablo Varela, quien ya ha desempeñado funciones en la División Patrullado Marítimo con asiento en Mar del Plata.