SOLIDARIDAD FRENTE A LA POBREZA

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POR ESPAÑA

Autor: Antonio CAÑIZARES, cardenal arzobispo de Valencia

Católicos-on-line, diciembre 2019

En una Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española de 2002, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre «valoración moral del terrorismo», se afirmaba que «España es fruto de uno de esos complejos procesos históricos que han dado lugar a la nación», que en el pensamiento de San Juan Pablo II «es la gran comunidad de hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente, por la cultura».

No hablo como político, como tantas veces me veo obligado a aclarar y desmentir, sino como obispo que tiene el deber y la obligación moral de enseñar a los fieles y decir a todos lo que Dios nos señala, por ejemplo en los diez mandamientos. En concreto en el cuarto: «Honrar padre y madre». Es enseñanza tradicional e ininterrumpida de la Iglesia –así lo aprendimos desde niños y nos enseñaron nuestros padres–que «este mandamiento se extiende a los deberes de los ciudadanos respecto a su patria» (n. 2199), como indica el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que conlleva que «el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad» (n. 2239).

Hablar de España, defender a España, pedir el cumplimiento de los deberes que todos los ciudadanos de España tenemos respecto a ella, y el que pida que respetemos a España, la nación y patria que somos, no es salirme de mi deberes como obispo. La otra noche, en un acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de un medio de comunicación valenciano, decía públicamente que a un medio de comunicación y a los políticos les corresponde la defensa y protección del bien común -del que se habla poco, por cierto, en el ámbito político-, y que ese bien común en estos momentos se llama España, no cerrada en un nacionalismo excluyente, sino como le corresponde, como patria abierta a todos y un proyecto común de sociedad.

España, como sociedad y ámbito social y cultural, preexiste con anterioridad a la existencia de diversas configuraciones territoriales u organizativas que se han dado con posteridad al acontecimiento del III Concilio de Toledo, en el siglo VII, que da lugar a la «Hispania» que somos. Lo que somos como proyecto de vida en común hace referencia a aquel origen y a la tradición viva y dinámica que de él dimana, origen de unidad y de tradición viva en unidad que debiera perdurar porque amamos y perdura España. Esta es la historia en su verdad no distorsionada. No me ruborizo en decirlo –no soy «patriotero»–, porque esto integra y no excluye a nadie, une e integra a todos: amo, amamos y me importa o nos importa muchísimo España. Apartarse de eso, de la unidad que somos o debilitarla ha acarreado... lo podemos comprobar en la historia de siglos: división, enfrentamiento, rupturas y debilidad. La última de nuestras rupturas fue la guerra civil del 36, durísima, que no queremos que reaparezca ni por asomo, que enfrentó, al menos, dos Españas.

Gracias a Dios el sentido genuino de la Transición logró restañar divisiones y heridas y alcanzar la unidad y concordia de los españoles que selló la Constitución de 1978. ¿Qué interés hay en borrar esta página que asombró al mundo entero y nos ha hecho gozar de esta paz, de esta democracia y desarrollo que disfrutamos?: es fuerza de progreso porque la unidad trae progreso, bien común que es inseparable del bien de la persona, de su dignidad y de sus derechos fundamentales.  Y la mejor memoria histórica es mirar al futuro, trabajar codo con codo en un proyecto común esperanzado y reconciliador de sociedad que se llama España y mirar adelante, no hacia atrás.

EL ÚLTIMO LEVANTAMIENTO MILITAR

Los hechos y las reuniones secretas

Por Juan Bautista "Tata" Yofre

Infobae, 3 de diciembre de 2019

La crisis de 1990 comenzó mucho antes de ese trágico 3 de diciembre cuando se produjo el último alzamiento militar en la Argentina.

Podría decirse que la fecha figura en un parte informativo de 1988 recibido en el entorno del candidato presidencial Carlos Saúl Menem y que relata que Mohamed Alí Seineldín, ex agregado militar en Panamá, “partió desde allí al aeropuerto de Carrasco el día 29 de noviembre a las 19.45, utilizando para dicho viaje el avión que posee el general (Manuel) Noriega para su uso exclusivo. Dicha aeronave es un Lear Jet, biturbo, FCS-100.”

El texto dice además que el avión tuvo inconvenientes en el instrumental y se vio obligado a bajar en Asunción (Paraguay) “de donde partió el 30 de noviembre en una avioneta matrícula HP-1095IS” y arribó a Carrasco a las 22.45. Luego, en la madrugada del 01 diciembre (05.30 horas) abordó un aliscafo de la línea Belt, siendo acompañado en este último trayecto por el teniente coronel Gustavo Martínez Zubiria y el capitán de Infantería Brum, perteneciente a la Compañía de Comandos 601.”

El militar aterrizaba en el país para comandar el tercer alzamiento militar carapintada.

En esas horas el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, se encontraba en el exterior. Había asistido a la asunción de Carlos Salinas de Gortari, en México, y luego viajo a los Estados Unidos para encontrarse con el presidente electo George Bush.

Tras un operativo de robo de armas en Zárate, realizado por el grupo de elite Albatros de la Prefectura Naval Argentina, sus integrantes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se unieron a los comandos liderados por Seineldín. Luego de un intercambio de disparos, Seineldín decide dirigir a los sublevados al Batallón de Logística en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Era el 1 de diciembre de 1988 y se producía así el tercer levantamiento carapintada.

La crisis va a culminar unos días más tarde tras un largo encuentro entre el jefe del Estado Mayor, general José Caridi, el coronel Seineldín, el responsable de la represión, general Isidro Cáceres, y en algunos momentos con la intervención del coronel Jorge Toccalino, compañero de Promoción y hombre de extrema confianza del jefe sublevado.

Después de que Caridi exigiera la rendición y fuera rechazada, tras largas discusiones se conviene, a las 16 horas del 4 de diciembre de 1988, en el Acuerdo de Villa Martelli que va a tener una proyección en el tiempo.

Según los apuntes tomados por el propio Toccalino, el acuerdo tenía varios puntos.

En el 1º formalizan un comunicado en el que los dos bandos convinieron “objetivos comunes” para el Ejército. Estos son “la cohesión, el honor y la conciliación de la Fuerza” y Caridi se compromete a cesar las operaciones.

El 2º punto establece “la formalización de los objetivos”, a través de “acciones para restaurar el honor; acciones para reivindicar la lucha contra la subversión; acciones para recuperar la dignidad de los integrantes del Ejército Argentino (Presupuesto) y la revisión de Semana Santa y Monte Caseros.” Coadyuvan a estos objetivos el ejercicio de responsabilidades por la Operación Virgen del Valle (Villa Martelli) y consecuentemente "leves sanciones a los participantes”.

El 3º se planteó cuándo dejaría su puesto el jefe del Estado Mayor, general Caridi. El general Cáceres insinuó en Navidad y fue acordado.

En el 4º el coronel Seineldín “se comprometió a: 1) replegar sus elementos y 2) presentarse en un lugar militar como responsable único de la operación”.

Un dato a tener en cuenta: en los apuntes se dice que “nada se firmó” porque “todo fue de palabra”. Seguidamente se afirma que “el General Cáceres garantizó que iba a controlar el cumplimiento” de lo acordado.

En definitiva la Operación Virgen del Valle fue realizada por 1.000 efectivos sublevados, y el acontecimiento genero 3 muertos y 43 heridos. Antes de que cada uno de los presentes retornaran a sus destinos se realizó un insólito e inusual diálogo que Toccalino apuntó.

Toccalino: Bueno, acá se terminó todo. ¡Ahh, está bueno, se terminó todo!

Seineldín: “No, no, un momentito, pero usted mi General perdió el mando, usted mi General perdió el mando”.

Caridi: ¿Pero cómo perdí?

Seineldín: “Y sí, usted perdió el mando, por lo tanto usted tiene que dejar la Jefatura del Estado Mayor del Ejército”.

Cáceres: Mi General le dice a Caridi- mire yo creo que debería usted reflexionar al respecto.

Caridi se molestó pero finalmente aceptó: Bueno, yo voy a pedir el retiro, pero no me apuren por cuanto ustedes no me van a apurar...

Cáceres: Mi General para Navidad. (Antes de Navidad, el 21 de diciembre de 1988 Caridi renuncia y se hace cargo del Estado Mayor el general Francisco Gassino).

Cuando parecía que todo había terminado, Seineldín dijo: “Otra cosa mi General, yo sé que usted me va a mandar preso pero le pido por favor que no me mande preso al Estado Mayor, mándeme a una unidad del Ejército, no al Estado Mayor”. (Es otra punto que se cumplió, al mandarlo detenido al Regimiento Patricios).

Una vez instalado la Dirección de Apoyo dentro del Regimiento de Patricios, Toccalino se presentó a visitarlo. Observó su manera de trabajar, la gente que lo visitaba y, después de un tiempo prudencial, intentó convencerlo de que cambiara el “ordenamiento jerárquico” que tenía. “Seineldín decía: ‘la Virgen María, el Consejo de Ancianos y Seineldín’. Y yo decía la Virgen María y luego él. No dejaba al margen el Consejo de Ancianos, pero lo ponía en tercer lugar en una tarea de asesoramiento”. 

Ese grupo estaba integrado por gente sin mayor entidad política, de allí que Toccalino además de ese Consejo armó otro grupo de asesoramiento que él mismo iba a dirigir, en el que fundamentalmente se destacaban Rogelio Frigerio y Jorge Camus. También participaban Julio Alfonso Correa y el coronel Sarraga.

Con el paso de las semanas los contactos de Seineldín con el justicialismo se hicieron más frecuentes, en especial con gente allegada al candidato presidencial Carlos Menem. Entre otros César Arias, Gustavo Béliz, Humberto Romero. En estos encuentros se intentaba armonizar los términos del Acuerdo de Villa Martelli con el proyecto presidencial en materia de Defensa.

En una oportunidad, Toccalino se entrevisto con Menem para analizar una Ley de Amnistía que se le estaba meneando en aquella época. “Fuimos a verlo a Menem a la casa del señor Armando Gostanián, ahí en la Avenida Libertador, para tratar de arreglar toda la melange -por cuanto yo trataba de ser un componedor de la cosa- para que se respetaran las jerarquías, que se cumpliera lo pactado en el acuerdo de Villa Martelli, que era la salvaguarda del honor del Ejército. Se conversó de Alfonsín, los malvineros que estaban hechos pelota, la guerra contra la subversión que ya habían empezado a considerar y otros puntos. Hablando de todas esas cosas con Menem, lo que yo me acuerdo fue de la despedida. Me extendió la mano, yo se la tomé, él me la tomó también con la otra mano y me dijo: ‘Coronel todo se hará como ustedes dicen’".

También habría de realizarse un encuentro entre Menem y Seineldín en la casa del general retirado Enrique Guglialmelli en la que se habló del “criollo” general Cáceres como jefe del Estado mayor. (El 12 de julio de 1989, el recién asumido presidente designó a Isidro Bonifacio Cáceres como titular del Ejército Argentino).

Menem asumió y se hizo cargo de una situación deplorable en todos los sentidos. Desde ese momento Mohamed Alí Seineldín mantuvo una amplia gama de contactos oficiales, incluso entró en la Residencia presidencial de Olivos.

En un momento, cuando Menem ya era Presidente de la Nación, designó a uno de sus funcionarios más íntimos para que intente acercar posiciones en un proyecto común. Los encuentros privados se realizaron en unas oficinas de la calle Maipú y progresaron hasta el punto de un acuerdo. Hablaron de varios temas, entre otros la restitución de grados a los militares que habían intervenido en las asonadas, reivindicación de la gesta de Malvinas, reivindicaciones económicas, etc.

Tras uno de esos encuentros, Seineldín pidió un momento de análisis y consulta con su gente. Luego de un corto espacio de tiempo, en el siguiente encuentro, la respuesta fue: “No voy a poder seguir con el acuerdo, lamentablemente hablé con la Virgen y me dijo que no arregle.” Además de este canal de diálogo, también intervino Eduardo Bauza con un proyecto de arreglo, pero otro alto funcionario lo vetó.

Finalmente Seineldín y sus seguidores llegaron a la determinación de enfrentar al gobierno de Carlos Menem.

Reclamaban el no cumplimiento del acuerdo de Villa Martelli, terminar con la persecución interna dentro de la Fuerza hacia aquellos cuadros que habían intervenido en levantamientos anteriores y devolverle a las FF.AA. la capacidad operativa, desarrollo tecnológico e industrial… de un país cuyo Estado estaba exhausto y fundido. No estaban solos esos militares, porque a sotto voce recibieron consejos y solidaridades que luego de esfumaron de empresarios, algunos sindicalistas y dirigentes políticos heridos.

Antes de decidir encabezar el levantamiento del 3 de diciembre de 1990 Seineldin tuvo dos luces amarillas de prevención, comprobables. La primera partió del teniente coronel Hugo Schierano a quien “Milo” Seineldin citó a una reunión secreta en el domicilio del teniente coronel Tevere. Estaban también los tenientes coroneles Arturo González Naya y Faner y siete oficiales más.

Tras una exposición de Seineldín, éste lo llamo a Schierano para entregarle la Orden de Operaciones Nº 5 del Teatro de Operaciones Noreste…”cuando recibo la Orden de Operaciones le digo a mi coronel que no la aceptaba y me dice: ‘Pero Schierano, usted fue uno de los que me trajeron de Panamá, yo recibí su carta de parte del teniente coronel Gustavo Martínez Zuviría y fue uno de los oficiales más importantes del anterior alzamiento’. 

A lo que le contesté: ‘Mi Querido Coronel (me emociono al recordar esto) ya logramos nuestro objetivo que eran al indulto y la amnistía por parte de Menem, no tendremos el mismo apoyo y usted corre el gran riesgo de que lo fusilen’. Me miró y me dio un gran abrazo y nos despedimos. Arturo y Faner se fueron conmigo. Esta fue mi participación y hoy sigo luchando por los camaradas presos, el Honor y la Dignidad del Ejército Argentino.”

Apuntes del oficial Hugo Schierano. El militar recordó que le dijo a Seineldín: ‘Mi Querido Coronel ya logramos nuestro objetivo que eran al indulto y la amnistía por parte de Menem, no tendremos el mismo apoyo y usted corre el gran riesgo de que lo fusilen’. Me miró y me dio un gran abrazo y nos despedimos”

La otra señal de prevención la tuvo Seineldín de su amigo Jorge Toccalino. En esos días de finales de noviembre –mientras se ocupaba de la enfermedad terminal de su padre- recibió un llamado del mayor Ángel León, que deseaba hablar con él. Lo recibió en su casa de la calle Junín, acompañado por Rogelio Frigerio.

León venía a transmitir la inminencia del levantamiento y Seineldín deseaba conocer su parecer. Toccalino escuchó y luego habló. En presencia de este periodista repitió los apuntes que le había leído al enviado. Entre otros conceptos le dijo que no estaba de acuerdo con el hecho militar porque Seineldin estaba preso en San Martín de Los Andes.

“No hay una bandera. Semana Santa la tuvo, Villa Martelli también. ¿Cuál es la bandera?”, siguió el dueño de casa.

Luego pregunto: ¿Quién es el nuevo comandante?.

Y la respuesta fue: El coronel Luis Baraldini.

“Baraldini no tiene liderazgo… y la organización está desmembrada, ni consolidada, como inmediatamente después de Villa Martelli”. Agregó: “No hay acción psicológica, ni está el ambiente estratégico militar adecuado como para hacer otro pronunciamiento… van a arriesgar la libertad de mucha gente en una cuestión absolutamente inútil”, dijo Toccalino.

El dueño de casa y Frigerio preguntaron a León: "¿Cuál es la segunda fase? El alzamiento y después qué?”. No encontraron respuesta.

“Me pareció una locura, aconsejada no sé por quién dentro del Consejo de Ancianos que yo no manejaba”, confesó Toccalino. Él y yo sabemos quienes fueron... los que se fugaron cuando el fracaso era evidente.

Lo sorprendente -por lo menos para mí- no fueron las opiniones ni las respuestas sino la presencia de Rogelio Frigerio en la conspiración. Porque a mí me toco introducirlo, en enero de 1989, en la residencia riojana de Menem, cuando el líder del MID fue a cerrar la participación de su partido en el frente que impulsaba la formula Menem-Duhalde y dos de sus dirigentes de su extrema confianza trabajaron conmigo.

El 25 de noviembre de 1990 Seineldín ordenó poner en marcha el alzamiento, a través de una grabación que el capitán Gustavo Breide Obeid trajo desde el Sur. La decisión partió de un “Consejo Militar” (los Ancianos) integrado por oficiales retirados y civiles después de un “sesudo” análisis de un “Estado Mayor del Ejército Nacional” (NA)

Cuando Seineldín intentó salir de su prisión tomó conciencia de que había sido traicionado y la operación había abortado. Uno de los que lo traicionaron era un oficial que, desde un año antes, se paseaba en su nombre por las oficinas del gobierno de Menem atizando operaciones de extorsión al mismísimo Presidente de la Nación.

El 3 de diciembre de 1990 fue el más cruento de los alzamientos castrenses y en el que participó la mayor cantidad de suboficiales (95%) y 5% de oficiales. Fue la cuarta sublevación militar en cuatro años y era la primera en la que el gobierno obtenía una rápida y eficaz represión, sin negociaciones ni concesiones.

Todos los involucrados tuvieron el especial cuidado de afirmar que no había sido un Golpe de Estado y la Cámara Federal que juzgó a los militares intervinientes en su sentencia afirma que “no ha quedado acreditado así, que se pretendiese un golpe de estado, mediante el derrocamiento de alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, ni mucho menos que se obrara con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno… debe tenerse en claro que las conductas juzgadas han respondido en la inmensa mayoría de los casos a motivaciones de carácter idealista” porque han “obrado por sentimientos de elevado valor moral y social.”

BELIZ EXPUSO

en un foro sindical, con citas de Perón y de Francisco

María Paula Etcheberry 

La Nación, 28 de noviembre de 2019 

Con referencias al papa Francisco y a Perón, Gustavo Beliz, uno de los principales asesores del presidente electo, Alberto Fernández, alentó la conformación de un "nuevo contrato social", basado en la "justicia social digital". Fue en el lanzamiento del Instituto de Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la central que reúne a los gremios de comercio del país, encabezada por el dirigente histórico del ramo, Armando Cavalieri.

"Es fundamental crear un nuevo contrato social, tecnológico, solidario y humanista. Es lo que pidió Perón cuando volvió a la Argentina, una nueva dirección sobre la base del trabajo, con la tecnología como eje central", apuntó Beliz, ante un auditorio compuesto por los secretarios generales de los sindicatos de comercio de cada provincia, que participaron del acto en Parque Norte.

De fondo, las pantallas gigantes del salón mostraban una imagen de Perón, en blanco y negro, con la leyenda "en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo". La imagen formaba parte del PowerPoint que preparó el propio Beliz.

Instantes después, la foto cambió por una más reciente y a color. Los dirigentes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, aparecieron junto al presidente electo, en su reciente visita a la central gremial a principios de este mes. "Alberto Fernández resaltó que la CGT debe transformar su edificio central en un polo tecnológico. Debemos transformar ese pasado glorioso en un futuro glorioso", continuó, mientras cosechaba los aplausos de un público entusiasmado. Beliz habló de pie, recorriendo con la mirada y sus gestos a los distintos sectores del auditorio.

Para alcanzar el nuevo "contrato social", el hombre de confianza de Fernández designado para la transición hizo hincapié en la "justicia social digital", basada en comprender el funcionamiento de los algoritmos presentes en la tecnología actual.

"Los grandes cerebros a nivel mundial dijeron: 'Hay que ponerle freno a esta locura' y hay que pensar en el concepto de justicia social tecnológica. Justicia digital. Justicia algorítmica. No lo está planteando un grupo de populistas trasnochados, locos. Lo están planteando los principales dueños de empresas tecnológicas a nivel mundial y los principales académicos", sostuvo el exministro de Justicia.

Al mismo tiempo, llamó a utilizar la tecnología "para trabajar por el bien común y no solo por la ganancia. Todo esto no va a suceder si dejamos librado el fenómeno a las manos mágicas del mercado. Requiere de gobiernos con una mirada estratégica. Y trabajadores conscientes de esa mirada estratégica".

En su recorrido, que abarcó temas como la ética detrás del uso de los robots y la inteligencia artificial, el cambio en las relaciones laborales que produce la tecnología y el impacto de ella en los jóvenes, tampoco faltaron referencias a Francisco.

"En el pontificado que inauguró hace unos años nuestro querido papa Francisco, se pusieron en marcha las discusiones más importantes a nivel mundial en el tema tecnológico. Francisco hoy es el principal líder mundial que está encabezando la discusión sobre este tema", afirmó Beliz, al recordar los encuentros organizados en el Vaticano para debatir sobre los efectos de la tecnología.

"Me tocó participar en varias de esas cumbres. La última la desarrollamos hace poquito, hace unos meses en Roma", afirmó, en referencia a la cumbre sobre el "calentamiento global tecnológico", de la que participó a mediados de octubre junto al Papa. Otra vez, la imagen de Francisco junto a un par de frases de la encíclica Laudato si coparon la pantalla.

Beliz leyó en voz alta un fragmento de esas citas: "Es justo alegrarse ante los avances tecnológicos. Pero no podemos ignorar que las tecnologías dan a quienes tienen el conocimiento y el poder económico un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad", agregó.

Presentes

Estuvieron presentes el secretario de Cultura y Capacitación de la federación anfitriona, Raúl Guiot; el profesor Aldo Carreras, coordinador del proyecto, y el secretario general Cavalieri. Estos dos últimos también fueron oradores en el encuentro.

No participaron del acto otros dirigentes políticos del albertismo, ni referentes de otros sindicatos o la CGT.

En la Federación de Empleados de Comercio trataron de relativizar el peso político de la convocatoria, al insistir en que se trató de una reunión anual con referentes sindicales de cada provincia para presentar el nuevo proyecto sobre inteligencia artificial, que continuará con cursos y capacitaciones.

EXTRAÑO GOLPE DE ESTADO

 La nueva Presidente de Bolivia reemplazó a Williams Kaliman, el general que le sugirió renunciar a Evo Morales

La primera medida de Jeanine Añez fue designar a Carlos Orellana Centellas como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas

 El comandante entrante remarcó que la función de las FFAA no es realizar política 

Por Tuffí Aré Vásquez

Infobae, 13 de noviembre de 2019

Williams Kaliman, el general que apoyó durante casi un año a Evo Morales y que le sugirió el domingo pasado que renuncie por el estado de convulsión que desencadenó el fraude electoral del 20 de octubre, fue relevado este miércoles por la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez.

El cambio del Alto Mando Militar es la primera acción de la máxima autoridad boliviana, que abrogó el decreto de nombramiento de los jefes militares firmado por Morales. En su primer decreto, la Presidenta conformó la nueva estructura de conducción de las FFAA, en uno de los momentos más críticos de la historia de Bolivia, debido a la creciente confrontación en las calles entre los ciudadanos que apoyan la salida de Evo Morales del poder y los que aún respaldan que siga. El nuevo comandante de la institución es el general Carlos Orellana Centellas, considerado por fuentes militares como “un buen oficial” y como un “operador muy eficiente”.

El comandante saliente ha sido protagonista de situaciones clave. En gran parte de su gestión se mostró como uno de los oficiales más leales a Evo Morales, a tal punto que en diversas circunstancias lo llamó “hermano Presidente” o también se declaró “soldado del proceso de cambio”, como llamó el mandatario renunciante a toda su gestión. En la línea de Morales, Kaliman expresó que las FFAA son “anticolonialistas”. Estas afirmaciones causaron críticas, considerando que la Constitución de Bolivia impide a los militares deliberar o hacer política.

Sorpresivamente, sobre todo por el perfil de la gestión de Kaliman, en plena convulsión social, en la que se esperaba que el mando de las FFAA sustenten a Morales, el comandante pronunció inicialmente su posición de neutralidad en el conflicto. Cuando la situación crítica se desbordó aún más, fue Kaliman el que sugirió el domingo pasado que renuncie para pacificar Bolivia. Sin el respaldo de las FFAA, Evo Morales anunció su dimisión.

Fuentes militares comentaron a Infobae que hubo presión de un ministro de Morales para que actúen en las calles contra los manifestantes, pero algunos de los comandantes, bajo el mando de Kaliman, se negaron a hacerlo.

Con los antecedentes del perfil del comandante, que fue uno de los más leales al presidente renunciante, surgieron suceptibilidades sobre la confianza en la autoridad militar para acompañar la sucesión constitucional y la transición, ahora conducida por Jeanine Añez. Una vez concretado su reemplazo por otro general, fuentes militares indicaron que el cambio ocurrió con la anuencia de Kaliman, que puso su cargo junto a otros comandantes a disposición de la presidenta Añez.

En su discurso de despedida, realizado en el Palacio de Gobierno, Kaliman dijo a sus sucesores que el rumbo de la institución ya está marcado. “Ustedes deben mejorar lo que hemos hecho en un momento delicado”, les dijo el comandante saliente a los nuevos jefes militares.

Por su parte, el comandante entrante remarcó que la función de las FFAA no es realizar política y recordó que se puso en marcha el operativo Sebastián Pagador para pacificar a Bolivia.

SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

Precisiones del Dr. Bidart Campos en: Manual de Derecho Constitucional Argentino; Ediar, p. 177.

“Suele distinguirse golpe de estado y revolución –por lo menos desde la óptica constitucional- en cuanto el primero se limita a cambiar los titulares del poder dando lugar a la ocupación de éste por vías no previstas en la constitución o en las leyes, mientras la segunda involucra un cambio institucional que produce alteraciones en la estructura constitucional”.

USAN SUBSIDIOS PARA ARMAS

Creen que un grupo piquetero usaba plata de planes sociales para fabricar bombas caseras

Gabriel Di Nicola - Fernando Rodríguez 

La Nación, 5 de noviembre de 2019  

Hacía más de tres semanas que la Policía de la Ciudad estaba detrás de ellos. Desde aquella madrugada en la que dos motoqueros le arrojaron al patrullero que los perseguía, en la zona de Constitución, un bolso que, segundos después, estalló. El análisis de los restos del ingenio que detonó en Hornos y Caseros a las 3.30 del 10 de octubre pasado preocupó a las autoridades porteñas y nacionales: no era una simple bomba casera, sino algo más sofisticado, que sugería un peligro mayúsculo.

El sábado pasado, los investigadores del caso comenzaron a comprobar que sus sospechas no estaban sobredimensionadas. Cuando los uniformados comenzaron a desplegarse por Berazategui para cumplir con los operativos ordenados por el juez federal porteño Luis Rodríguez, desde el local del Movimiento Popular 22 de Agosto, una agrupación de tendencia guevarista que suele tener activa participación en protestas callejeras, alguien se descartó de dos mochilas. Cuando la policía las recuperó descubrieron que en una había documentación y en la otra, 150.000 pesos.

La sospecha es que ese dinero era parte de los planes sociales que percibe aquella organización. Los detectives del caso creen que los piqueteros detenidos el sábado y los que habían sido arrestados el mes pasado tras el ataque en Constitución forman parte de una célula que, con aquella plata que perciben como asistencia del Estado, financian sus actividades violentas.

La principal hipótesis es que con esos fondos adquirían armas y sofisticados dispositivos para fabricar granadas y bombas caseras con el objetivo de llevar a cabo atentados, primordialmente, contra fuerzas de seguridad y sus sedes.

Calificadas fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que los sospechosos estaban en tratativas con grupos del crimen organizado asentados en la conflictiva zona de la Triple Frontera para comprar material bélico; eventualmente, una fusil pesado con capacidad para disparar munición antiblindados.

Los mismos informantes contaron que no solo les había llamado la atención la sofisticación de los detonadores con los que contaban estos piqueteros del MP22, capaces de hacer explotar artefactos a distancia por medio de señales activadas con teléfonos celulares.

También descubrieron, en una llave de memoria portátil incautada durante los procedimientos del fin de semana, archivos con "manuales con consejos de combate venezolanos". Este elemento alimenta la sospecha que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tomó con valor de certeza una semana antes de las elecciones generales del 27 de octubre, tras los fuertes incidentes frente al consulado de Chile en Buenos Aires durante una manifestación de apoyo a las monumentales protestas trasandinas: que desde Venezuela se fogoneaban levantamientos en la región.

Sin llegar al punto de tales afirmaciones -aún no hay, en la investigación, indicios vehementes de una acción sediciosa direccionada por algún gobierno extranjero-, el vicejefe de gobierno porteño y titular provisional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, sostuvo ayer en una conferencia de prensa, al presentar el resultado de los operativos del fin de semana, que los piqueteros detenidos con armas y explosivos "son personas que quieren atentar contra la vida de los ciudadanos en la Argentina" y "nuestra democracia no tolera este tipo de actos".

Un día antes, el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, había admitido en una entrevista con el canal de noticias A24 que habían entrado en una situación táctica de alerta ante el riesgo de que los detenidos del MP22 formaran parte de una avanzada que estuviera planificando algún tipo de atentado explosivo en el país, sea para atacar a las fuerzas de seguridad en particular o para causar conmoción pública, en general.

Roncaglia no pasó por alto la posibilidad de que hubiese un hilo conductor entre el episodio del 10 de octubre -origen de los procedimientos del último fin de semana-, el fallido atentado explosivo contra el mausoleo del coronel Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta (en el que resultó gravemente herida una anarquista a la que el artefacto casero le estalló en la mano) y una bomba casera que fue dejada subrepticiamente en la puerta del Departamento Central de Policía.

Elementos inusuales

Lo que llamó la atención, esta vez, no es la capacidad de algún grupo sedicioso de fabricar artefactos explosivos, sino la sofisticación y peligrosidad de los materiales con los que contaban para producirlos.

"Estamos acostumbrados a 'caños' caseros. Pero esto es otra cosa. En el encendedor de una de las tres camionetas secuestradas durante los últimos allanamientos se descubrió un mecanismo que servía para hacerlos volar como coches bomba. También tenían detonadores con los que podían activar los explosivos por medio de teléfonos celulares. Y tenemos indicios de que pretendían comprar más de esos dispositivos y otros materiales bélicos a través de contactos en Ciudad del Este", dijo a LA NACION un calificado investigador.

Ayer, en la conferencia de prensa en la que Santilli confirmó que los jefes piqueteros detenidos el fin de semana "tenían granadas, explosivos, y detonadores de alta tecnología que nunca se habían visto en nuestro país", el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, alertó: "Nos resulta preocupante que también encontramos una camioneta que tenía un dispositivo de activación remota, para ponerle una carga explosiva y ser utilizada en algún atentado".

D'Alessandro sostuvo que "el MP 22 sale de lo que era el ERP", el Ejército Revolucionario del Pueblo, y confirmó que a la vuelta de uno de los domicilios de los detenidos del sábado "hay un local partidario de esta agrupación" donde fueron secuestradas "mochilas con dinero". Otras fuentes, como se dijo, revelaron que, además de plata, había documentación reveladora.

El saldo del operativo fue el secuestro de un arsenal compuesto por armas cortas y largas, bombas caseras de todo tipo y dispositivos detonadores, tres motos, tres autos con pedidos de secuestro, dinero en efectivo, celulares, notebooks y documentación que, por estas horas, es auditada y estudiada por orden del juez Rodríguez y participación del fiscal federal Jorge Di Lello.

DETENCIONES Y DERECHOS HUMANOS

Ponencia de monseñor Santiago Olivera Olivera, obispo castrense de la República Argentina, en el V Curso internacional de formación de los capellanes militares católicos en el derecho internacional humanitario

(Instituto Patrístico Agustiniano, Roma, 29 de octubre de 2019)

Estimados participantes:

Es un honor poder compartir con Vds. estas reflexiones acerca de las condiciones de detención y los derechos humanos. Derechos humanos que son universales. Mi país ha tenido sucesos lamentables al respecto y aún hoy muchas heridas no han sanado. Pero estoy convencido, y así lo expreso en cada oportunidad en las que debo intervenir a raíz de estos temas, que la VERDAD TIENE UNA FUERZA ESPLENDOROSA.

Se trata de un tema muy sensible a nuestra realidad argentina y que merece un trato sereno, claro y veraz, con el mayor esfuerzo de no ser teñido por ninguna ideología. Por otra parte, estoy seguro, que el magisterio del Papa Francisco que viene manifestando en sus distintas expresiones, catequesis y viajes apostólicos, nos deben impulsar para transitar caminos de encuentro y de justicia. Sin verdad, y sin justicia no será posible una paz estable.

Todos sabemos y estamos de acuerdo que nunca el fin justifica los medios. Y querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido. Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas.

Tampoco podemos callar lo negativo para la propia persona y para el valor justicia cuando nos encontramos, en algunos casos, con parcialidades y prejuzgamientos, tanto de parte de los propios órganos judiciales como de los comunicadores sociales que dan por “juzgadas” las acciones y “juzgados” a sus protagonistas sin que ellos puedan expresarse o defenderse con libertad, afectando claramente el debido proceso. En este sentido, se evidencia una gran diferencia en los tratos. A los militares se los llama “genocidas” o “represores” mientras que a los terroristas y subversivos “jóvenes idealistas”.

Llevo 2 años y medio como Obispo Castrense en Argentina, luego de haber trascurrido 10 años sin poder proveer la sede vacante por situaciones que no vienen al caso explicar en este contexto. Vengo de Diócesis territoriales y aunque sabía de modo más lejano de algunas de estas situaciones y realidades, mi condición de pastor y padre hizo que me acercara más a esta problemática. Así, escuchando y acompañando puedo dar testimonio de las injusticias que se van cometiendo. Hace poco supe decir que, dentro de unos años, muchos deberemos pedir perdón por tanto silencio.

Sería muy largo contar tantos testimonios que fui recogiendo en estos años. Tristes y dramáticos testimonios. Personas mayores que fueron detenidas durante más de 9 años, en una prolongada “prisión preventiva” sufriendo todo lo que ese estado les ha significado. Fueron y son calificados de “genocidas” y, a pesar de ello, algunos fueron absueltos. Peor aún, están siendo juzgados con leyes técnicamente retroactivas, alejadas de los principios fundamentales del derecho penal, nacional e internacional.

Dicha prisión preventiva, así, se transforma de hecho en una “cadena perpetua”. Recordemos en este punto las enseñanzas del Papa Francisco quien, en el discurso a los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, en diciembre de 2018, y teniendo “la certeza de que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones”, indicó que la pena de muerte es una “cruel forma de castigo” y también que “las penas perpetuas son una forma de pena de muerte encubierta”. 

En el mismo sentido y más recientemente, el 14 de septiembre pasado, a miembros de la Policía Penitenciara, llamó a comprometerse para “garantizar que la pena no comprometa el derecho a la esperanza, y que se garanticen las perspectivas de reconciliación y reintegración. Al mismo tiempo que se corrigen los errores del pasado, no se puede borrar la esperanza en el futuro. Porque si se encierra en una celda la esperanza, no hay futuro para la sociedad” Exclamó: “¡Que nunca se prive del derecho de empezar de nuevo!”. Que la pena justa tenga como horizonte la reinserción y la vida en libertad.

En mi país, en el estado de prisión preventiva, un número considerable de estos detenidos pierden la vida por falta de la debida atención médica, que deberían poseer acorde a su edad avanzada.

Podemos hablar de una mala praxis judicial en los llamados juicios de lesa humanidad ya que a todos los imputados se los priva de libertad entre tanto se produce la sustanciación de la causa. No se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de 2 años, pudiendo extenderse por causa justificada a los 3 años.

A modo de ilustrar lo mencionado, traigo algunos datos estadísticos sobre la cuestión referida en mi país actualizada al mes de octubre:

• Fallecidos en prisión: 533

• Procesados: 847

• Condenados: 983

• Total: 2.364

Prisiones Preventivas.

• Promedio de prisiones preventivas: supera los 6 años

• Prisión preventiva entre 3 y 6 años: 149 casos

• Prisión preventiva entre 6 y 10 años: 290 casos

• Prisión preventiva más de 10 años: 93 casos

¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, es decir sin condena?

Por el contrario, recientemente estamos experimentando que culminan prisiones preventivas que comenzaron por investigaciones de graves hechos de corrupción, que implicaron hasta la pérdida de vidas. Ello manifiesta sin duda una fragilidad jurídica o arbitrariedad. Me pregunto ¿Por qué no sucede lo mismo –la finalización de las prisiones preventivas si juicio- con los militares presos? También, ¿Estamos frente a derechos humanos que para algunos no sirven o no pueden aplicarse?

La verdad es clave. Pero verdad completa. Sin perder de vista la gravedad de lo que respecta a los militares de aquellos tiempos. ¿Por qué no se puede ver el contexto? ¿Por qué no se puede reparar en los orígenes o las motivaciones? Cuando hablamos de Derechos Humanos debemos hacerlo en su concepción absoluta, es decir, para todos, sin ideologías, en la verdad y en la justicia.

Por eso, reitero, a partir de la propia experiencia, esta temática debemos abordarla desde la certeza de la justicia, con verdad histórica, en su contexto propio y sin ideologías. Sino partimos de estos cimientos, no podremos ayudar a nuestros soldados a cumplir fielmente su misión en el mantenimiento de la paz y la concordia social. Aunque necesario, no es suficiente que ellos cumplan estrictamente todas las reglas de actuaciones militares aplicables a las detenciones y las condiciones de los detenidos, es decir, el respeto al estado de derecho.

Podrán conocer de memoria los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario que regulan la protección de la población civil, los combatientes enfermos y heridos y los prisioneros de guerra. Pero todo ello debe tener un plus. Consiste en excluir toda venganza, todo sentimiento de odio. Existirán enfrentamientos entre los Estados o entre Estados y organizaciones delictivas, pero los protagonistas directos de esos choques son hijos del mismo Padre, que ama a todos por igual. Estar a cargo de prisioneros no implica responsabilidad del cuidado de “cosas”. Se trata de entender acabadamente que se está en frente a un hermano o hermana que lucha por sus ideales patrióticos. Incluso, la cooperación errónea con organizaciones que cometen delitos, no los transforma en “demonios”.

Como pastores, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos a que vivan cada vez más y mejor de acuerdo al Evangelio. Que todos trabajemos para que ese Evangelio se haga cultura, se haga valor. Porque para eso estamos: para anunciar y ayudar a encarnarlo. El evangelio de la vida, el evangelio de la paz, el evangelio que es justicia, el evangelio que nos habla del amor, el evangelio que nos habla de ver a todos como hermanos, aun a aquellos que nos hacen sufrir o nos enfrentan, y nos invitan a una actitud de corazón dispuesto a mirar con perdón y caridad.

Por ello, esta temática se debe abordar rompiendo las cadenas del odio y encausarla en un marco de legalidad y armonía social. En otras palabras, urge tender verdaderos puentes que custodien el restablecimiento de los principios que han custodiado en los dos últimos siglos los derechos humanos de todos los habitantes del mundo civilizado. El cimiento de una República, de un verdadero estado de derecho, no debe ser el odio.

Habiéndose arraigado en nosotros dichos postulados, quisiera recordar ahora algunos de los Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. Se trata de 39 principios.

Traigo aquí hoy los siguientes y me refiero a las situaciones de los fieles a mí encomendados:

Principio 1

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

La vulnerabilidad de las personas privadas de libertad es una de las principales razones que deben mover a la Iglesia y, a través de ella, a toda la sociedad, a preocuparse especialmente por este grupo específico.

La degradación de la persona muchas veces se da pues el incremento de la población reclusa no siempre corre parejo con un aumento de los recursos humanos y económicos, lo cual repercute en el sistema en su conjunto y se traduce en una creciente presión sobre la administración y el personal penitenciario cuyas instalaciones y formación son insuficientes. También se traduce en plazos judiciales excesivos, incapacidad para satisfacer las necesidades nutricionales y sanitarias o en infraestructuras vetustas o inadaptadas con superpoblación y sus consecuencias negativas para detenidos y familiares. Se trata de un problema humanitario grave, que deteriora las condiciones de vida en detención, llegando, en ocasiones, a ser inhumana.

La dignidad humana del detenido se erosiona y su salud mental y física se resiente gravemente ante condiciones inadecuadas de detención.

Es claro que, al partir de la base de infraestructuras obsoletas y falta de recursos para atender a la población carcelaria, se viola desde ese primer momento el respeto debido a la dignidad humana, entendiendo a todo hombre como imagen y semejanza de Dios.

Principio 3

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres.

En la mayoría de los países, la sociedad no se interesa por las personas detenidas, incluso las deshumaniza.

Esto queda patente, por ejemplo, en las prioridades presupuestarias y en los medios disponibles para administrar los lugares de privación de libertad. En cuanto a la salud, en muchos contextos, las deficiencias generales del sistema repercuten de forma ampliada en los lugares de detención.

Ahora bien, me pregunto ¿la deshumanización de los detenidos, no es una forma de menoscabar sus derechos? Los derechos humanos son para todos y no deben estar tenidos de ideología.

Principio 5

Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Menciono este 5° principio por la condición que sustentan mis fieles militares que están acusados de delitos de lesa humanidad.

Garantizar condiciones de detenciones decentes y humanas es un aspecto fundamental del derecho a la justicia. Hay que tener el valor de plantear abiertamente estas cuestiones si queremos evitar que los lugares de detención se conviertan en inframundos, en espacios de parias, en zonas carentes de derecho alguno y en escuelas de violencia. Ardua tarea, pero no imposible. La tarea de los capellanes puede ser muy importante en este sentido, brindando a las autoridades espacios previos de reflexión para la aplicación de las medidas que deban tomar.

No podemos permanecer callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso, como así también cuando se les niega el beneficio que por edad o estado de salud está previsto en cuanto a la detención en su domicilio y cuando son excluidos de una asistencia médica elemental.

Edades de los detenidos:

• El más joven detenido en penal 60 años

• El de mayor edad detenido en penal 90 años

• Detenido de mayor edad en todo el país 98 años

• Edad promedio actual 75 años

• Entre los 70 y 90 años hay 89 militares en Penales

Por mi oficio, tengo contacto periódicamente con familiares de los detenidos, por eso, les trasmito fielmente algunos breves testimonios de ellos mismos.

1) Marino de 82 años que fue detenido en el año 2011 y recién recuperó su libertad, luego de 8 años, en agosto pasado por ser absuelto por unanimidad por el tribunal oral que lo juzgó. Dice un familiar: “Ninguno de los sinsabores que sobrellevó a lo largo de su vida menoscabaron su fe ni alteraron la mansedumbre propia de los hombres que confían en la Providencia. Rezó en público y en privado con ahínco y contagió entre su familia los valores cristianos”.

2) Otro marino que fue detenido a los 65 años y estuvo 6 años preso en un penal. También fue absuelto. Estaba casado: “El impacto psicológico y emocional que significó la situación de su esposo para esta mujer la llevó a tener que ser internada en una clínica psiquiátrica. Por su condición de detenido se vio impedido de cuidarla, siquiera visitarla y además se le quitó la patria potestad de su hija de seis años. La niña fue puesta compulsivamente bajo cuidado de su hija menor de su primer matrimonio”.

3) Militar reconocido por su actuación en el conflicto de las Islas Malvinas en 1982. Bautizó la operación que se conoció como “Virgen del Rosario”. En 2009, teniendo 81 años, fue detenido por su presunta participación, más de 30 años antes, en la represión ilegal: “Falleció en 2012, sin condena, solo en calidad de procesado. Fue privado de los honores que le correspondían. Dos días después murió su esposa”.

Principio 6

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El trato de los detenidos incumbe en primer lugar a la autoridad detenedora, responsable de remediar sus necesidades respetando plenamente las normas aplicables. En el marco de la detención penal, se ha dicho y repetido con frecuencia, que los lugares de detención son el espejo de la sociedad y de los valores que ésta promueve.

Visto así, la propia sociedad es un importante elemento regulador a la que la Iglesia no puede ni debe estar ajena, ya quepuede influir positivamente en las autoridades, a través de su presencia por medio de los capellanes carcelarios, a través de los medios de comunicación, de la sociedad civil o de una reglamentación sana del contacto entre los detenidos y el mundo exterior.

Desafortunadamente, es muy frecuente que las malas condiciones con las que se enfrentan los detenidos y, en general, las violaciones de sus derechos, sean el resultado de actos intencionales y deliberados.

La falta de voluntad de respetar y hacer respetar el derecho, la impunidad y la escasez de medidas de control crean un entorno propicio a las violaciones y constituyen un gran obstáculo para la protección eficaz de las personas.

Después de los testimonios que he compartido, permítanme culminar mi intervención recordando una vez más las palabras de Su Santidad Francisco. En el discurso brindado en la Sala Clementina a los participantes de la Conferencia sobre Derecho Internacional Humanitario el 28 de octubre de 2017 señalo: “Donde el derecho humanitario sabe de vacilaciones y omisiones, sepa la conciencia individual reconocer el deber moral de respetar y proteger la dignidad de la persona humana en todas las circunstancias, especialmente en situaciones en las que está más fuertemente amenazada”.

Muchas gracias por su muy gentil atención.

Mons. Santiago Olivera, obispo castrense