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jueves, 24 de diciembre de 2020

LOS CAMARISTAS BRUGLIA Y BERTUZZI

 


denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Hernán Cappiello

La Nación, 24 de diciembre de 2020 


Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino por su "remoción política" de los cargos que ocupan en la Cámara Federal. En su presentación señalaron que la medida se debió a la "venganza" o "búsqueda de impunidad" y pidieron como medida cautelar que el organismo internacional suspenda el concurso abierto para ocupar sus vacantes hasta que se expida.

 

En un escrito de 116 carillas, los dos camaristas dijeronque su remoción se trata de un caso de "gravedad institucional" que implica graves violaciones a los derechos humanos. Sostuvieron en su mensaje: "Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos".

 

Consideraron que "fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad" que fueron "montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados".

 

"Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del Poder Judicial", denunciaron.

 

Los jueces hicieron un relato cronológico de los sucedido que comienza en agosto de 2019, donde revelan una historia hasta ahora desconocida. Relataron que con el triunfo electoral del Gobierno empezaron las versiones que apuntaban a removerlos. "Apuntaban directamente a operadores en la Justicia, uno de ellos central, que ocuparía con posterioridad un alto cargo oficial en el gabinete, con visitas comprobables a funcionarios que podían resultar luego dirimentes, con objeto de idear un mecanismo para conseguir nuestra remoción", explicaron Bruglia y Bertuzzi.

 

Indicaron que allí se desencadenó "un plan letal" centralizado manejado por una o mas personas. "En plena pandemia, momento más difícil del país donde casi no funcionaban los órganos del Estado salvo para cuestiones críticas, en menos de dos meses intervinieron tres estamentos del Estado, dos de ellos órganos colectivos de complejo funcionamiento, con la obligatoria intervención de comisiones, previo al tratamiento definitivo por los cuerpos".

 

Así relataron que el proceso lo inició el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde tenían mayoría oficialista, incluyendo un juez que actuó como vocero, se esmeró por mostrarse absolutamente partidario. "Se hizo en dos semanas, con tanta velocidad que hasta una de las votantes oficialistas se confundió o no entendió siquiera lo que votó, balbuceando lo que puede verse en la filmación previa a anunciar su voto", relataron.

 

"Lo que ilegalmente se decidió, también con la colaboración del juez converso, fue que debían pasar nuestros pliegos por el Senado, con amplísima mayoría de senadores oficialistas, para que dieran su consentimiento. Algo impensado". Lo demás es conocido, el proceso en el Senado en tiempo récord y el decreto presidencial de remoción en horas. "Como ya se había cerrado la posibilidad de publicarlo el día siguiente en el Boletín Oficial, debió implementar un suplemento especial que ordenó imprimir el mismo día del original", recordaron los camaristas.

 

"Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos", especularon.

 

A esta decisión le siguió el trámite judicial en el fuero Contencioso Administrativo "fuertemente ligado a los intereses más primordiales de cualquier partido gobernante, vital e indescifrable, complejo para el entendimiento general, simple para el conocedor avezado".

 

Y luego la Corte remató el asunto. Acudieron "con muchas expectativas ya que dos años atrás ya había resuelto lo que debía ser objeto de pronunciamiento aquí, imposible otra solución que no sea contradictoria e inexplicable. Pero empezaron los rumores sobre un fallo salomónico. Pasaban los días y la versión se iba extendiendo, facilitada por algún experto en comunicación de la Corte, que hasta buscó la forma que nos llegara la noticia como un cierto éxito para nosotros", denunciaron.

 

Y dijeron que "se repartieron volantes entre el periodismo tratando de realizar una suerte de apología en tanto se establecería un freno al poder del Estado". La Corte resolvió sobre "temas no planteados y no decide sobre lo que debía hacerlo".

 

"Al no decidir sobre lo planteado" y lo que era objeto del conflicto "quedó en pie la conducta viciosa del Consejo y no sabemos al día de hoy si tiene esas facultades revisoras y retroactivas que se arroga". Dijeron que la Corte dictó "un fallo calificado como salomónico" que será históricamente recordado, creando una categoría neutra "los traslados provisorios" superpuesta con las subrogancias dando nacimiento a una categoría de tercera generación, 3.0, híbrida y estéril como la mula´".

 

"La Corte resolvió en forma retroactiva, especialmente vedada, y afectando seriamente la seguridad jurídica, cuestión que la invalida fatal y definitivamente, afectando la inamovilidad y estabilidad de decenas de jueces que, a partir de la resolución, pierden su status y se convierten en transitorios", sostuvieron.

 

Bertuzzi y Bruglia tras el fallo de la Corte pueden permanecer en sus cargos como camaristas pero hasta que el Consejo de la Magistratura termine los concursos para cubrir sus lugares. En el Consejo de la Magistratura afirman que terminarán los trámites antes de mediados de 2021, con lo que los camaristas deberían entonces dejar sus despachos. Por eso este reclamo internacional ante organismos que velan para que no se violen los derechos humanos.

 

Por: Hernán Cappiello

miércoles, 25 de noviembre de 2020

BOLSONARO INCLUYÓ LA DENFENSA DE LA VIDA

 


en su decreto de «Estrategia Federal de Desarrollo para Brasil» 2020-2031

 

Infocatólica, 25/11/20 5:13 AM

 

El punto 5.3.5 del decreto dice:

«Promover el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, respetando los derechos del feto, a través de políticas de paternidad responsable, planificación familiar y atención a mujeres embarazadas».

Falta por ver si ese artículo del plan de desarrollo acaba teniendo impacto en la legislación sobre el aborto en Brasil, país donde se puede abortar en caso de que el embarazo sea fruto de una violación o el feto venga con anomalías incompatibles con la vida fuera del seno materno.

De ese mismo punto del decreto destaca la referencia al derecho de los padres sobre la educación de sus hijos:

«Fomentar la participación familiar como corresponsable del deber de promover la educación, respetando los derechos de los padres o tutores de los estudiantes y asegurando la neutralidad política, ideológica y religiosa del Estado»

domingo, 1 de noviembre de 2020

TENER TIERRA PROPIA

 


 es un nuevo derecho humano

 

Por Eduardo Duhalde

Ex Presidente de la Nación

 

para Perfil.com

 

Mientras se discute el tema de toma de tierras, el ex presidente propone en un nuevo libro tomar algunas experiencias exitosas de su propia gestión de gobierno.

Anticipo del último libro de Eduardo Alberto Duhalde: “América Latina: por una tierra para todos”

 

(Capítulo Argentino).

En este primer volumen analizo en profundidad la situación de la Argentina.

Lo hago convencido de que tanto el Estado Nacional, como el Provincial y de igual forma el Municipal deben tener el manejo de la tierra, porque estos derechos que le asisten a la gente tienen que ser resueltos por ese mismo Estado y no por los particulares.

 

En próximos textos, para los que estoy ya trabajando con dirigentes de Brasil y Uruguay, confeccionaremos los capítulos referidos a esos países, para luego avanzar hacia el resto de Latinoamérica.

 

El derecho a la vivienda. ¿Una utopía?

 

“El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Argentina.

 

Hoy este derecho a la vivienda es una utopía, como tantos otros derechos humanos, sobre todo en los países empobrecidos de América Latina, pero lo que es factible, es el derecho a que toda familia argentina pueda acceder a un lote para de esta manera construir su vivienda única, en la tierra que los vio nacer. Hablemos entonces de la creación de un nuevo Derecho Humano: “el derecho a la tierra”…

 

“Tierras: mi tema pre-político y sus derivaciones”

 

Ocurre que los políticos solemos tener algún tema específico con el que nos sentimos comprometidos, identificados, y el mío ha sido desde siempre la problemática de la tenencia, posesión, dominio y distribución de tierras para la vivienda familiar.

 

Es un problema que con el transcurso del tiempo –tanto en las grandes ciudades de América Latina en general y de Argentina en particular–, disparó innumerables conflictos sociales y situaciones de angustia en los sectores más humildes como ser la especulación inmobiliaria, ventas fraudulentas de terrenos urbanos, estafas, remates, desalojos, ocupaciones y tomas de tierras. Frente a estas situaciones complejas y de antigua data siempre sostuve la necesidad de llevar a cabo políticas públicas que favorezcan a los sectores más vulnerables de la población…

 

Iniciamos en Lomas de Zamora una metodología para “asentar la familia y erradicar la miseria”

 

Los habitantes de las zonas periféricas del Partido de Lomas de Zamora, como Cuartel Noveno y San José venían sufriendo endémicos problemas relacionados con la tenencia, posesión y dominio de sus tierras.

 

Respondiendo a las demandas de la población afectada planteamos una solución, teniendo en la mira implementar una verdadera justicia social.

 

A poco de asumir como intendente en 1974, advertí que la resolución de esta problemática debía ser encarada desde la estructura estatal. La respuesta que necesitaban los vecinos no podía ser de índole individual, se esperaba una atención integral hacia los sectores más postergados.

 

Con ese criterio, creamos la Dirección de Tierras y Vivienda. Los profesionales y técnicos se abocaron de inmediato a la realización de estudios y planes para dar solución definitiva a los problemas planteados…

 

A partir de 1983 intensificamos la tarea

 

La dictadura militar que se alzó con el poder en 1976 interrumpió toda la tarea que en este sentido se había iniciado poco tiempo atrás.

 

En 1983 fui reelecto intendente, y así se pudo retomar la labor emprendida en el tema tierras. Debido a que la situación había empeorado, decidimos jerarquizar entonces la dependencia municipal encargada de atender el problema. De esta forma creamos la Subsecretaría de Tierras y Vivienda.

 

En un documento titulado “Asentar la familia, Erradicar la miseria” se indica que la misma situación de marginalidad llevó a la gente a ocupar tierras que carecían de todo valor económico y que nadie reclamaba, pero que fueron mejoradas y transformadas en zonas habitables…

 

Ordenamiento territorial: Pacto inédito en Lomas de Zamora

 

En el contexto de unas Jornadas Interdisciplinarias de Tierras y Vivienda en Lomas de Zamora, el 11 de junio de 1987 firmé una Declaración conjunta con el gobernador de la Provincia de Santa Fe, José Maria Vernet y el Vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Antonio Cafiero. Mediante esta Declaración expresamos el “apoyo doctrinario a los planes de ordenamiento territorial destinados a lograr la radicación definitiva de personas y familias en los predios ocupados actualmente por los llamados asentamientos irregulares”. ..

 

Si los pobres no pueden comprar tierras…

 

Tras asumir como gobernador de la Provincia de Buenos Aires a fines de 1991, nos ocupamos de la Regularización Dominial de la tierra en forma integral, no solamente en el interior de la Provincia sino también en el Conurbano.

 

Se trataba, más allá de un deber, de cumplir con el compromiso ético que establecí ni bien asumí el cargo y que compartí con el doctor Raúl Alfonsín. El Decálogo de conceptos sólidos que marcaría mi desempeño y el de mis colaboradores decía en su punto tercero que: “Nuestra provincia debe arraigar a sus habitantes en los municipios del interior y en el conurbano y   realizar una profunda regularización dominial”…

 

En el Conurbano el problema más extendido era que las familias tenían la posesión, pero no la escritura definitiva.

 

Para un considerable sector de la población resultaba muy oneroso e imposible de afrontar los costos de planos de mensura, escritura, etc.

 

Hay que tener en cuenta que los modos de transmitir la propiedad son una barrera que impide a que los más humildes se conviertan en propietarios. Los pobres no pueden comprar tierras, no reciben herencias, ni donaciones.

 

Por eso, generé nuevas normas legislativas. La Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, fue una de ellas. Más precisamente fue la que movilizó a innumerables sectores de la población involucrados en la problemática de la tierra y la vivienda social…

 

Un derecho inserto en la Reforma de la Constitución Bonaerense del ‘94

 

El 13 de septiembre de 1994 se sanciona la reforma Constitucional de la provincia.  En su artículo36 se puede leer que“la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”, pero más precisamente en el punto 7 se dejó en claro que “la Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.

 

De esta manera comenzamos a cambiar el triste derrotero que tienen los más humildes: que su primer pedazo de tierra propia no sea la parcela que les espera en el cementerio.

 

Carta de Su Santidad el papa Francisco

“Me alegra la publicación del libro. Usted tiene experiencia, mucho camino andado, y siempre es positivo compartirla, discutirla, proyectarla buscando nuevos horizontes. Y hacerlo desde la experiencia de la fraternidad de mujeres y hombres de un mismo pueblo que buscan servir mejor a la Patria. Y ésto, para que la Patria crezca, sea fecunda…y nos cobije; porque todos necesitamos de la Patria, de la Madre Patria… “Es muy triste ser huérfano de Patria” nos dice Dragone.

 

Deseo que este aporte suyo haga bien a todos. Ninguno de nosotros tiene “la receta”,  pero la encontraremos y realizaremos si caminamos juntos”…

(Fuente: Movimiento Productivo Argentino, 5-10-20)

domingo, 18 de octubre de 2020

LA ONU

 


está loca, loca, loca

 

La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

François de La Rochefoucauld

 

Karina Mariani    

La Prensa, 18.10.2020

 

Esta semana la inmensa mayoría de los países miembros han dado el voto para que las dos dictaduras más brutales y peligrosamente imperiales que hay sobre la tierra integren el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Cuba y China. Son también, junto con Corea del Norte, las más antiguas. De hecho, la dictadura china nació unos pocos años después de que llegara a este mundo la ONU y su dorado sueño evangelizador, tal vez el sueño colectivo más grande, más financiado, más añorado y más inutil de todos los tiempos.

 

La Organización de las Naciones Unidas nació en San Francisco (USA) en 1945. Europa humeaba todavía. El mundo, que era por ese entonces una bomba de tiempo de dos bloques, se abocaba a la búsqueda de mecanismos que impidieran el horror de terminar bajo un hongo atómico. Los bloques se enredaron en lo que se llamó Guerra Fría que pasó a dirimir sus estropicios en los baldíos de la centralidad, cosa de bajar la espumita y la ONU se transformó en el gran árbitro. Pero esto fue un espejismo.

 

El ideario del organismo de posguerra podría ser muy bienintencionado pero era, en definitiva, una expresión de ingeniería social ambiciosa, que se vendió como el altruismo más loable y la verdad es que el marketing fue lo que más, sino lo único, que le funcionó. La ONU se levantaba sobre una idea pretenciosa, basada en una cosmogonía occidental de paz, democracia y respeto entre naciones libres. Su gran logro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es solamente aplicable en una democracia liberal, y fue paternalista pensar que todas las naciones llegarían a la implementación de esos valores de arriba hacia abajo. ONU era la supervisión, el manual de estilo y el árbitro de lo que la humanidad debería ser, una idea ramplona de que la historia iba a dejar de discurrir y los hombres se iban a adaptar sin más, a este destino manifiesto. Y como toda ingeniería social fue ingenua e hipócrita.

 

De su matriz nacieron, incontables como las arenas del mar, realmente incalculables organismos internacionales dependientes o inspirados en ONU. Todos bañados con la misma bonhomía. Todos se autoproclamaron el fin último de la sabiduría, imparciales, ecuánimes, transparentes, incorruptibles (con el correr de las décadas se agregaron sustentables, igualitarios e inclusivos) con la procaz idea de la occidentalización universal planificada.

 

Franquicias como conejos

La ONU en pocos años comenzó a parir franquicias como conejos, caras, burocráticas y sostenidas a base de impuestos de quienes no pueden decidir sobre sus acciones o existencia. Los cientos de organismos internacionales en lugar de mediar en conflictos ponen sus ojos en una agenda corrupta y viciada. Los casos de malversación y abusos sexuales están a mano de cualquier buceador de hemerotecas. Para mayor abundamiento, se han volcado a una ideología profundamente anti-mercado, intervencionista y sectaria, en donde la perspectiva de género se cuela hasta en la asistencia por huracanes y que condena la ingesta de carne o el uso de fitosanitarios mientras dice combatir el hambre o las enfermedades. ¡La ONU poco ha hecho por las mujeres tratadas como animales en países que integran sus propios departamentos de derechos humanos! No busca la paz en el mundo sino una transformación dogmática que pretende culpar a Occidente de todos los males, la paradoja es brutal.

 

Justamente su Consejo de Derechos Humanos viene con una decadencia pertinaz, con miembros increíbles como Libia, Mauritania o Rusia. Los únicos países que aceptan su supervisión son los que tienen democracias liberales, los que ya manejaban ese ideario. La proverbial tolerancia se ejerce sólo en los Estados que ya eran tolerantes y en cambio nada pudo hacer ONU sobre el principio de intransigencia de los totalitarismos. El objetivo de occidentalizar fracasó y ahora para colmo le juega en contra. Año tras año vemos como imponen su criterio los más tiránicos que, para colmo, usan a Naciones Unidas como un instrumento contra otras democracias o contra sus grupos de oposición. Si alguna vez fueron inútiles, ahora ya son estorbo.

 

Apología del delito

El otrora presidente de la Internacional Socialista y actual Secretario General de la ONU avaló, en las redes de la organización, el accionar de Antifa; un movimiento que abiertamente hace apología del delito en su extremo desprecio por la propiedad privada, y que ha realizado y (por supuesto) firmado y promocionado, múltiples actos de vandalismo, destrozando comercios y hogares, tumbas, estatuas, iglesias y bibliotecas, atacando, golpeando y amenazando ciudadanos, provocando incendios y que ha sido declarado como terrorista.

 

Hoy la ONU es el instrumento por el cual determinados países y organizaciones hacen daño a las democracias liberales que se encuentran balbuceando a la defensiva. ONU ha condenado democracias en beneficio de dictaduras.¡Metieron al zorro en el gallinero las mismísimas gallinas! Hay que felicitar a la diplomacia de la barbarie por los logros obtenidos, nobleza obliga: aprendieron a jugar el juego de la hipocresía y ganaron.

 

El triunfo de la falsía acaba de lograr para las dos dictaduras más poderosas y que más han hecho para internacionalizar su poder, asientos dentro de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Metieron a los zorros a formar parte de los 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos de las gallinas de todo el mundo durante el período 2021-2023, no es broma.

 

El caso China

El caso de China es cínicamente laudatorio. Se trata de la dictadura que suprime el desarrollo de cualquier oposición política con procesos electorales nulos, con persecuciones religiosas, abusos contra las minorías étnicas especialmente hacia los seguidores de Falung Gong, los tibetanos y uigures. Es el régimen más eficiente en materia de censura y vigilancia hacia la sociedad civil, con represiones que incluyen desapariciones forzadas y abusos, llevando a cabo detenciones arbitrarias en masa y tortura en centros de detención. Es un gobierno que acaba de introducir cambios en el Congreso Nacional del Pueblo (NPC) mediante el cual Xi Jinping eliminó el límite de mandatos estableciéndose a sí mismo como secretario general del Comité Permanente del Politburó (PSC), presidente estatal, jefe máximo militar y del Partido Comunista de China (PCCH) y actualmente sólo los cargos políticos menores son elegidos directamente, previo acuerdo con el PCCH, más vale.

 

Para que se entienda bien, en ocasión de la represion de protestas en la región del Tíbet, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del Consejo de DDHH de ONU entibió al Sol con esta declaración:

 

 “... recomendar a China estudiar detenidamente las causas de esos sucesos, en particular la violencia interétnica, y los motivos por los cuales la situación se había agravado; y revisar los incentivos ofrecidos que pudieran dar lugar a una modificación considerable de la composición demográfica de las zonas autónomas de las minorías...”

 

Respecto de las miles de denuncias documentadas, el Comité contra la Tortura de ONU explicó que: “había recibido numerosas denuncias de fuentes dignas de crédito que documentaban en detalle casos de torturas, muertes en situación de privación de libertad, detenciones arbitrarias y desapariciones de tibetanos. También se habían recibido denuncias de actos cometidos específicamente contra uigures y mongoles”.

 

Sin embargo estos informes para ONU fueron como quien oye llover y, para que no decaiga la aporía, la cosa se agrava en 2018 cuando China directamente se convierte en una fuente de exportación de violaciones de derechos humanos. En efecto, logró avanzar con éxito una resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre un “enfoque” que llama “cooperación de los estados” y ya no persigue la rendición de cuentas frente a violaciones de derechos graves, sino que sólo se comprometen a un “diálogo” o cooperación intergubernamental, dejando sin ninguna consecuencia a los países que se nieguen a cooperar. Ya está, aquí no ha pasado nada.

 

Les salió mal el plan a los autores de la Carta de San Francisco y hoy, del total de quince agencias de la ONU, cuatro son presididas por China con señores que están o estuvieron (¡que de ahí nunca se van, vamos!) en el Partido Comunista Chino y en 7 de ellas tienen el segundo cargo más alto; o sea que el comunismo chino tiene una injerencia directa en 11 de las 15 agencias especializadas de la ONU. Hay otras presididas por comunistas, como la OMS, pero Tedros no es chino, digamos todo.

 

La hipocresía con Cuba

La hipocresía de Cuba no va a la saga. La dictadura que fuera la usina del terrorismo americano y exportadora de terror a África, también tiene lugar privilegiado para sus posaderas en el Consejo de DDHH. Justamente a raíz de su membresía, el gobierno castrista subrayó el “carácter participativo y democrático del sistema político que impera en la isla y se comprometió a asegurar el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad en el fortalecimiento de la cooperación en materia de derechos humanos”. Sí, sí, claro. Esa Cuba que está bajo la imposición de un único partido, el comunista. Esa Cuba donde hay cientos de presos políticos y que en 2020, sin contar febrero y octubre, ha incurrido en 1,050 detenciones arbitrarias según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Instituto Patmos, que denunciaron que sólo hasta marzo de este año, había 247 nuevos ciudadanos a los que el gobierno les había prohibido salir de territorio nacional.

 

Aunque parezca humor negro, Cuba imposibilita la entrada a los expertos del Consejo de Derechos Humanos, del que es miembro, impidiéndoles investigar abusos denunciados en materia de tortura, libertad de reunión, libertad de expresión y detenciones arbitrarias. En Cuba los únicos periodistas autorizados a informar son los del partido comunista y los cubanos no pueden asociarse libremente. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990. Entre otros detalles ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta. Sumado a esto la falta de libertad para el uso de Internet es la norma y el gobierno emplea la red para acosar y perseguir a ciudadanos mientras bloquea las noticias independientes en base al Decreto-Ley 370, que se ha utilizado contra periodistas. La SNET, la red comunitaria más grande que existía en la isla fue declarada ilegal por las autoridades.

 

El castrismo es una aberración que lleva 6 décadas violando absolutamente todos los derechos de los ciudadanos y sin embargo desde la refundación del Consejo de Derechos Humanos de ONU ha ocupado ininterrumpidamente puestos correspondientes a América Latina y el Caribe en los que sólo en 66 ocasiones ha votado a favor de las 205 resoluciones relacionadas con violaciones de derechos humanos. A ver si se entiende para qué calienta el comunismo esa sillita: Cuba no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ni ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

 

Las 170 naciones que aprobaron el ingreso de China y Cuba al Consejo son cómplices de todas las violaciones que se cometan en esos países. Los países que votaron por Cuba y China para que ocupen escaños en el Consejo de DDHH dan, literalmente, luz verde a las dictaduras para que continúen violando esos derechos pero además permiten que se introduzcan cambios y antecedentes profundamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos en el organismo internacional que debería evitarlos.

 

La ONU es hoy una institución hipócrita que fracasó en la ingeniería social que le dio fundamento y que defraudó todos los valores que enarbolaba. Este octubre del oscuro año 2020, durante una sesión de la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional terminó de enloquecer o de suicidarse, lo que ocurra primero. Con este poder y esta moral tallan en las políticas de los gobiernos y marcan la agenda mundial. A nadie le conviene la ONU salvo, como resulta evidente, a quienes la usan para lavar sus masacres, a quienes odian a Occidente y a quienes viven de sus infinitos cargos.

miércoles, 16 de septiembre de 2020

LA ONU

 

 


señaló a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol como responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela


Infobae, 16 de Septiembre de 2020

Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela concluyó que el dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

 

El informe publicado este miércoles por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

 

“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.

 

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

 

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

 

Los investigadores recogieron evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe), incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

 

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

Ejecuciones extrajudiciales

 

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

 

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

El informe subraya que “los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”.

 

En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

 

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el régimen relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

 

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad -el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)- fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

 

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

 

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes.( Dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos).

 

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

 

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

El informe sostuvo que las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

 

Afirmó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

 

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

 

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia -tanto hombres como mujeres- a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

 

La misión recordó que el ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo “murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN”.

 

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, acotó Francisco Cox.

 

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

 

Violaciones relacionadas con las protestas

 

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

 

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del régimen de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años, añadió el escrito.