denunciaron al
Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Hernán Cappiello
La Nación, 24 de
diciembre de 2020
Los camaristas
Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia denunciaron ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos al Estado argentino por su "remoción política" de
los cargos que ocupan en la Cámara Federal. En su presentación señalaron que
la medida se debió a la "venganza" o "búsqueda de
impunidad" y pidieron como medida cautelar que el organismo internacional
suspenda el concurso abierto para ocupar sus vacantes hasta que se expida.
En un escrito de
116 carillas, los dos camaristas dijeronque su remoción se trata de un caso de
"gravedad institucional" que implica graves violaciones a los
derechos humanos. Sostuvieron en su mensaje: "Hemos sido removidos por la
política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la ciudad de
Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder,
por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional
del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para
desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos".
Consideraron que
"fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de
ilegalidad" que fueron "montados desde la estructura máxima del poder
del Estado y perfectamente coordinados".
"Mediante
esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la
que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza,
búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del
Poder Judicial", denunciaron.
Los jueces
hicieron un relato cronológico de los sucedido que comienza en agosto de 2019,
donde revelan una historia hasta ahora desconocida. Relataron que con el
triunfo electoral del Gobierno empezaron las versiones que apuntaban a
removerlos. "Apuntaban directamente a operadores en la Justicia, uno de
ellos central, que ocuparía con posterioridad un alto cargo oficial en el
gabinete, con visitas comprobables a funcionarios que podían resultar luego
dirimentes, con objeto de idear un mecanismo para conseguir nuestra
remoción", explicaron Bruglia y Bertuzzi.
Indicaron que allí
se desencadenó "un plan letal" centralizado manejado por una o mas
personas. "En plena pandemia, momento más difícil del país donde casi no
funcionaban los órganos del Estado salvo para cuestiones críticas, en menos de
dos meses intervinieron tres estamentos del Estado, dos de ellos órganos colectivos
de complejo funcionamiento, con la obligatoria intervención de comisiones,
previo al tratamiento definitivo por los cuerpos".
Así relataron que
el proceso lo inició el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la
Magistratura, donde tenían mayoría oficialista, incluyendo un juez que actuó
como vocero, se esmeró por mostrarse absolutamente partidario. "Se hizo en
dos semanas, con tanta velocidad que hasta una de las votantes oficialistas se
confundió o no entendió siquiera lo que votó, balbuceando lo que puede verse en
la filmación previa a anunciar su voto", relataron.
"Lo que
ilegalmente se decidió, también con la colaboración del juez converso, fue que
debían pasar nuestros pliegos por el Senado, con amplísima mayoría de senadores
oficialistas, para que dieran su consentimiento. Algo impensado". Lo demás
es conocido, el proceso en el Senado en tiempo récord y el decreto presidencial
de remoción en horas. "Como ya se había cerrado la posibilidad de
publicarlo el día siguiente en el Boletín Oficial, debió implementar un
suplemento especial que ordenó imprimir el mismo día del original",
recordaron los camaristas.
"Es difícil
pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba
especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos",
especularon.
A esta decisión le
siguió el trámite judicial en el fuero Contencioso Administrativo
"fuertemente ligado a los intereses más primordiales de cualquier partido
gobernante, vital e indescifrable, complejo para el entendimiento general,
simple para el conocedor avezado".
Y luego la Corte
remató el asunto. Acudieron "con muchas expectativas ya que dos años atrás
ya había resuelto lo que debía ser objeto de pronunciamiento aquí, imposible
otra solución que no sea contradictoria e inexplicable. Pero empezaron los
rumores sobre un fallo salomónico. Pasaban los días y la versión se iba
extendiendo, facilitada por algún experto en comunicación de la Corte, que
hasta buscó la forma que nos llegara la noticia como un cierto éxito para
nosotros", denunciaron.
Y dijeron que
"se repartieron volantes entre el periodismo tratando de realizar una
suerte de apología en tanto se establecería un freno al poder del Estado".
La Corte resolvió sobre "temas no planteados y no decide sobre lo que
debía hacerlo".
"Al no
decidir sobre lo planteado" y lo que era objeto del conflicto "quedó
en pie la conducta viciosa del Consejo y no sabemos al día de hoy si tiene esas
facultades revisoras y retroactivas que se arroga". Dijeron que la Corte
dictó "un fallo calificado como salomónico" que será históricamente
recordado, creando una categoría neutra "los traslados provisorios"
superpuesta con las subrogancias dando nacimiento a una categoría de tercera
generación, 3.0, híbrida y estéril como la mula´".
"La Corte
resolvió en forma retroactiva, especialmente vedada, y afectando seriamente la
seguridad jurídica, cuestión que la invalida fatal y definitivamente, afectando
la inamovilidad y estabilidad de decenas de jueces que, a partir de la
resolución, pierden su status y se convierten en transitorios",
sostuvieron.
Bertuzzi y Bruglia
tras el fallo de la Corte pueden permanecer en sus cargos como camaristas pero
hasta que el Consejo de la Magistratura termine los concursos para cubrir sus
lugares. En el Consejo de la Magistratura afirman que terminarán los trámites
antes de mediados de 2021, con lo que los camaristas deberían entonces dejar
sus despachos. Por eso este reclamo internacional ante organismos que velan
para que no se violen los derechos humanos.
Por: Hernán
Cappiello
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