ECOLOGISMO

 

La locura verde que intenta destruir los Países Bajos

Hugo Bos *

Brújula cotidiana, 10-12-2020

 

Publicamos un extracto del ensayo de Hugo Bos sobre las consecuencias del ecologismo ideológico en los Países Bajos, contenido en el XII Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia del Observatorio Cardenal Van Thuân, titulado “Ambientalismo y globalismo, nuevas ideologías políticas” (Cantagalli 2020).

 

A principios de 2020 tuve el honor de publicar el libro “Green is the New Red - El verde es el nuevo rojo” junto con un comité de estudio de la Civitas Christiana Foundation. El objetivo era denunciar las maniobras ambientales y ayudar a los Países Bajos a hacer frente a las amenazas que, en nombre de la ecología, ponen en peligro a los sectores que siguen haciendo funcionar nuestra sociedad día tras día.

 

Este nuevo socialismo verde es muy activo en el norte de Europa. Transmite la idea de que la agricultura moderna, la construcción, las carreteras, los barcos, el transporte, la industria, la producción industrial, etc., se basan en un sistema que explota el medio ambiente y pone en peligro la tierra.

 

Según el socialismo verde, la legítima búsqueda de beneficios basada en el derecho a la propiedad privada, al tiempo que hace posible ese sistema productivo, es responsable también del cambio climático que tiene consecuencias catastróficas para las generaciones futuras.

 

Hoy en día el pueblo holandés se enfrenta a un grave problema de conciencia según una falsa alternativa: o bien continuamos produciendo y manteniendo nuestro modo de vida, emitiendo CO2 y nitrógeno, considerado responsable de una catástrofe medioambiental; o bien inclinamos la cabeza ante los profetas de la ecología, producimos menos, vivimos un modo de vida más primitivo y sin pretensiones, bajo un gobierno global, y así “calmamos la furia de la naturaleza”.

 

Este problema de conciencia está muy extendido hoy en día en los Países Bajos: tenemos que reducir el número de ganado; se nos invita “amablemente” a pagar un impuesto de compensación de CO2 cuando compramos un billete de avión o un garaje para el coche; se reduce la industria de la construcción; las autopistas han impuesto un límite de velocidad considerablemente reducido; estamos abrumados por la propaganda verde en las gasolineras, hoteles, escuelas y centros comerciales que infunde un sentimiento de culpabilidad, describiéndonos como insensibles y codiciosos.

 

A principios de siglo, la Comisión Europea lanzó una “idea brillante”: el Programa Natura 2000, cuyo objetivo era crear una red europea para proteger “los lugares de cría y descanso de las especies raras y amenazadas”. En los Países Bajos, se han identificado al menos 180 áreas como parte de esta red. Cubriendo más del 18% de la superficie terrestre de la UE y casi el 9,5% de su territorio marino, Natura 2000 es la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. El impacto en los Países Bajos es enorme.

 

Para unirse a Natura 2000 se puso en marcha en las Tierras Bajas el Programa Aanpack Stikstof 2015-2021 (PAS), que comenzó a aplicarse más estrictamente a partir de 2019. Esto ha provocado una serie de protestas de agricultores y constructores.

 

Las medidas para reducir las emisiones de nitrógeno están obligando a los agricultores a reducir drásticamente la producción. En el caso de los Países Bajos, esta reducción nos quita la posibilidad real de competir en el mercado. Hasta la fecha, somos el segundo mayor exportador de productos agrícolas de Europa. Debido a las medidas medioambientales, muchos productores ya están pensando en dejar el país para trabajar en otro lugar, mientras que miles de inmigrantes están entrando en el país sólo para vivir de los subsidios estatales.

 

La reducción de las emisiones de nitrógeno ha sido cuestionada científicamente. El nitrógeno enriquece el suelo. Es irónico que el PAS, que tiene como objetivo proteger las zonas con suelos pobres donde sólo pueden crecer plantas raras, quiera al mismo tiempo reducir la emisión de un nutriente que podría enriquecer esos suelos. Es como si quisieran que esas zonas sigan siendo pobres.

 

Los Países Bajos tienen una de las densidades de población más altas de Europa, por lo que el sector de la construcción es de gran importancia. Esto también se ve socavado por el PAS. Al remover la arena del suelo se emite nitrógeno. Para los ecologistas esto no es aceptable, aunque está científicamente probado que los riesgos y daños son muy limitados. Y sin arena, la industria de la construcción simplemente se detiene.

 

Leemos en el PAS: “La razón del programa es el hecho de que en muchas zonas de Natura 2000 la sobrecarga de depósitos de nitrógeno es un grave problema para el logro de los objetivos de conservación de la naturaleza sensible al nitrógeno en las zonas a las que los Países Bajos se han comprometido en virtud de la Directiva sobre aves y la Directiva sobre hábitats”. Estas medidas internacionales preventivas interfieren con nuestra soberanía, economía y propiedad privada. La Directiva de Aves fue emitida por la UE en 2009 y la Directiva de Hábitats fue adoptada después de la Convención de Berna en 1992, inspirada en la ECO-92.

 Los trabajadores, en general, están mal informados sobre las medidas a las que seguramente se habrían negado si se les hubiera advertido de sus verdaderas consecuencias. Estos tratados han estado pendientes durante décadas. De repente un nuevo gobierno llega y dice: “Ahora estamos obligados a aplicarlos porque firmamos un tratado hace más de 30 años...”. Si se acordó en 1992, ¿por qué no se aplicaron entonces? ¿Por qué deberían aplicarse ahora? Una vez más, es evidente que hay una Agenda que juega con los estados de ánimo de la opinión pública siempre que es conveniente para su objetivo.

 

Dice en el PAS: “Regularmente, la autoridad competente tiene que rechazar solicitudes de autorización o bien el Tribunal anulará las autorizaciones concedidas anteriormente si la persona que pretende llevar a cabo dicha actividad no puede demostrar suficientemente que los tipos de hábitats sensibles al nitrógeno y los hábitats de especies en una zona Natura 2000 no se verán afectados”. En la ley existe un principio conocido como Auctori incumbit onus probandi, a saber, “la carga de la prueba corresponde al acusador”, y no al acusado. En este caso, es lo contrario. El agricultor, el constructor o cualquier otro propietario no recibirán un permiso para una determinada actividad y también se le retirará un permiso anterior si no demuestra suficientemente que su actividad no afectará a la pequeña porción del pantano o al pobre nido de avispas que se encuentra junto a su propiedad.

 

Además, los ambientalistas ya han anunciado que después de la expiración del PEA en 2021, habrá nuevas medidas aún más estrictas. Leemos en el PAS: “Después del período de validez de este programa, habrá otro programa durante otros seis años. En todo caso, habrá un segundo programa (para el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de julio de 2027) y un tercer programa (para el período comprendido entre el 1 de julio de 2027 y el 1 de julio de 2033). En 2030 será necesario evaluar si –en función de la carga de nitrógeno y del estado de conservación de los hábitats sensibles al nitrógeno y de los hábitats de las diferentes especies en los lugares de la red Natura 2000 de que se trate- será necesario continuar con un enfoque programático y la obligación jurídica de llevarlo a cabo”.

 

Una vez más, ¿qué plan serio se puede hacer para el futuro con este cambio regulatorio constante y esta inseguridad jurídica?

 

En 2018, el Primer Ministro Mark Rutte emitió el conocido “gasverbod”, una política de eliminación gradual del gas natural para calefacción, por razones ambientales. El gobierno quiere reemplazarlo con un sistema geotérmico que “bombee” el calor de la tierra. El primer paso ha sido  prohibir la construcción de nuevas casas con el sistema de gas.

 

El calentamiento geotérmico es ineficiente. También requiere un cambio drástico en la infraestructura de las casas y edificios, junto con el uso excesivo de la electricidad. Si el “gasverbod” se sigue implementando, la familia media holandesa tendrá que gastar entre 25.000 y 40.000 euros sólo para cambiar el sistema. Esto representa un costo nacional inicial de alrededor de 200 mil millones de euros. Según el Instituto Holandés de Economía de la Construcción, esa cifra podría aumentar a 500.000 millones si las tiendas y empresas también se incluyeran en la política.

 

Esto ha llevado a otro absurdo. Como la mayoría de la gente no dispone de fondos tan fácilmente disponibles, el Gobierno ofreció comprar el terreno de la familia a cambio de instalar el nuevo sistema. Esto significa que la familia seguirá siendo propietaria de la casa, pero el terreno en el que está construida ya no será suyo hasta que devuelvan el dinero. Una vez más, un sutil pero feroz ataque a la propiedad privada, por el que la población se hace cada vez más dependiente del poder central.

 

A partir de 2020, ya hay 39 consejos municipales que han aplicado medidas según las cuales las casas de nueva construcción ya no pueden tener un sistema de calefacción de gas natural. La infraestructura de gas holandesa tiene actualmente un valor de 100 mil millones de euros. Toda esa riqueza pronto podría ir al basurero, reemplazada por un sistema mucho más caro y menos efectivo. Así que, dentro de unos años, otro fundamentalista verde podría decir que la energía geotérmica no es lo suficientemente verde. Entonces una nueva regulación robaría de nuevo a la población.

 

Podríamos continuar con ejemplos de cómo la “locura verde” está tratando de asaltar nuestro país, pero los descritos aquí son suficientes para dar al lector una idea. Este asalto, inspirado y apoyado por las instituciones internacionales, en particular la ONU y la UE, junto con los movimientos social-socialistas radicales, quiere destruir lo que queda en Europa del orden social y económico, sustituyéndolo por una sociedad verde semi-hippy, sin religión, con una producción reducida y sin otra moral que la de los acuerdos medioambientales.

 

*Director de la Civitas Christiana Foundation - Países Bajos