UNA MIRADA DISTINTA

 

 sobre la guerra de Ucrania-Rusia

 

Nos ha sorprendido gratamente que un diario de izquierda (*) publicase un artículo sobre el tema, con una objetividad destacable. Nos permitimos reproducir varios párrafos, que describen la situación real que se está verificando.

- Militares y civiles ucranianos neonazis del batallón Azov fusilaron a prorusos en esta guerra, ya desde 2014 cuando las repúblicas Donetsk y Lugansk se declararon independientes para aliarse a Rusia.

-… el problema excede a Ucrania: aquí luchan ya Rusia contra la OTAN –con EEUU a la cabeza- y su aliada la Unión Europea, sin cuyas armas la guerra estaría terminada.

-… los ucranianos… son usados por Occidente, que sedujo a su población y gobiernos para que se alineen política y militarmente con ellos, aunque eso genere una guerra.

-EEUU. Testea armas en Ucrania sin muertos propios. Y sabe que las reglas geopolíticas de las superpotencias son las de la mafia: si no respetás mi área de influencia, te ataco.

-… las bases con misiles nucleares de la OTAN siguen acercándoseles, uno lanzado desde Ucrania golpearía Moscú en 5 minutos (desde Rumania hoy son 10 minutos). Así los rusos no tendrían tiempo de activar defensas antimisiles y la batalla estaría perdida.

-Desde 2014 Putín advertía a la OTAN que frenara y no lo escucharon. (…) Sería razonable prestarle oídos: con el enemigo, siempre, hay que negociar. Y a tiempo. Zelenski no buscó esta guerra en la que terminó siendo soldado de otro. La talla que le sobra de comediante le faltó como estadista: no pudo acordar.

-Algún día negociarán y cada uno cederá algo.

-La clave será si Ucrania quedará alineada con el bloque occidental o es neutral. Pero el país acabará devastado y endeudado con el FMI imponiendo privatizaciones y ajustes. Y lo peor: al menos 300 mil muertos, incluso sin hongo nuclear.

-Las constructoras multinacionales se disputan el negocio de la reedificación de Ucrania.

-Ambas potencias han usado fuerzas militares estatales y mercenarias –Grupo Wagner de Rusia y Blackwater de EEUU.- allanándole el camino a sus corporaciones en el tablero mundial. Mientras, dos pueblos hermanos –divididos por el patriotismo- son carne de dron.

 

(*) Julían Varsavsky; Donde pararse frente a la guerra en Ucrania, Página12, 23-3-2023.

GUERRA A LAS DROGAS O LEGALIZACIÓN

 

MALVINAS: ¿GUERRA INSENSATA?

 

Mario Meneghini

 

Con motivo de cumplirse 41 años de la recuperación de las islas, considero necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido, puesto que el tiempo transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes produce confusión y lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la necesidad de un análisis integral, a través de una investigación bibliográfica que permita llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas.

Es posible, afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas, llegar a conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la política, sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”.

 

Pese a la cantidad de obras publicadas, una cierta proporción de las mismas no resulta confiable para un análisis serio, en razón de no haber examinado todos los aspectos involucrados, o estar teñidas de una posición ideológica.  En esta categoría incluimos el llamado informe Rattembach pese que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 200/12, para revisar el material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de permanecer en secreto, afirma que parte de los documentos constituyen “apreciaciones a título personal”, y “revelan de parte de sus autores ignorancia o desconocimiento de elementos sustanciales de la controversia”.

A ello debe agregarse que el mismo presidente de la comisión, Teniente General Benjamín Rattenbach, efectúa esta aclaración, agregada a mano en el folio 291: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de este informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su presentación”.

 

 

Sobre los derechos argentinos respecto a las islas Malvinas y archipiélagos adyacentes, nos remitimos al dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, y aprobado por la Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de agosto de 1964, ratificado en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el reclamo argentino se funda históricamente en las siguientes razones:

a) La soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de la ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados de 1670, 1713 y subsiguientes).

b) La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados de España, que renunció por el tratado del 21 de setiembre de 1863 a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían.

c) La ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuerza.

 

La mayoría de las críticas sobre lo ocurrido en 1982, no ponen en duda los derechos argentinos sobre el territorio en disputa, sino que se refieren a la decisión misma de recuperarlo por la fuerza, considerando que fue un acto irracional, que no debió haber sucedido, por el riesgo que implicaba enfrentar a una potencia.

 

Por ejemplo, el General Martín Balza, quien, pese a haber combatido en la guerra de Malvinas, y haber ocupado durante una década la Jefatura del Estado Mayor del Ejército Argentino, sostiene que el enfrentamiento fue una decisión equivocada, basada en “análisis y asesoramientos efectuados por incompetentes...” (2003, p. 22).

En cambio, el General británico Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en ese conflicto bélico, recordó en una entrevista el miedo que sintió el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar. Manifestó que: “Era muy consciente de que los argentinos son un pueblo orgulloso y que el honor militar tiene mucha importancia para ellos, por lo que temía que ese término hiciera que se rehusaran a firmar el documento”. La preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota, le había dicho que, si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14 de junio, lo iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez “como quien va a jugar al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).

 

Conociendo estos detalles, resulta difícil aceptar que algunos argentinos descalifiquen tajantemente el hecho en sí de haber aceptado la guerra. El ex presidente Alfonsín, sostuvo que fue una aventura incalificable (1-2-83); mientras el también ex presidente Menem aludió a un conflicto que nunca debió haber ocurrido y que lamentaba profundamente (24-10-98).

En realidad, la documentación es abundante, comenzando con el Informe Franks, elaborado por disposición del Parlamento británico, al finalizar la guerra. Esa documentación permite reconstruir lo sucedido, y es una obligación moral hacerlo, con la mayor objetividad posible. Si así se lo hace, podemos verificar que, como en toda acción humana, hubo errores, pero no una incompetencia generalizada, y también, como expresó la Sra. De Giachino –“nos deja la certidumbre de que la guerra no fue buscada, de que la incomprensión, la soberbia, la tozudez del enemigo nos arrastraron a ella; de que la Argentina la necesitaba para redescubrirse en esta heroica gesta, continuación de la hazaña sanmartiniana...”.

 

Decisión

La decisión de combatir no fue irracional, se adoptó pues la Argentina fue agredida, como lo reconoció la Cámara Federal que juzgó a los jefes militares. La Argentina negoció de buena fe, con paciencia, durante muchos años en el marco de las Naciones Unidas, y la única ocasión de solucionar el conflicto se dio en junio de 1974, cuando el gobierno laborista inglés efectuó una propuesta de condominio, que había sido aceptada por el presidente Perón; al fallecer éste quedó trunca esa opción, y todos los esfuerzos posteriores se estrellaron con la intransigencia británica. Por eso, cuando se produjo el incidente de las Georgias, la Argentina se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa, previsto en la Carta de las Naciones Unidas (Art. 51) en caso de ataque armado.

 

En el fallo de la Cámara Federal, en noviembre de 1988, se afirma: La necesidad política de responder a las agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la respuesta al avance del enemigo. La misma representante permanente de EEUU en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick declaró ante la televisión: Yo no creo que, a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo agresión. Tengamos en cuenta que recién el 30-3-82, ante el ataque inminente, el gobierno argentino fijó el 2 de abril como Día D; mientras que para los ingleses la guerra comenzó antes.

 

En efecto, el Alte. Woodward, cuenta en sus Memorias: “Mi guerra había durado exactamente cien días...desde que dije adiós...en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo”. Dada la situación planteada, la única forma de evitar la guerra hubiera sido el sometimiento completo ante Inglaterra. Por eso, el Dr. Alberto Caturelli, demuestra que en Malvinas la Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una guerra justa.

 

Consecuencias

No es exacto que la guerra haya perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionó, desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a la Argentina, siendo la primera de ellas, la Nº 37/9 de noviembre de 1982, aprobada con el voto de Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con los ideales de las NU. También el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico reconoce que el peso de la evidencia es más favorable al título argentino. Asimismo, el informe advierte que el conflicto continuará hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina.

 

De manera que el debilitamiento de la posición argentina no es consecuencia de la guerra, sino de una actitud política y cultural de una parte considerable de la dirigencia argentina, que no ha vacilado, incluso, en efectuar propuestas de solución incompatibles con la Constitución Nacional. Recordemos que, en la reforma de 1994, la ley fundamental, en su Primera Disposición Transitoria, ratifica para la Argentina su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas, y que la recuperación de las mismas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

La verdadera rendición incondicional, como la calificó el profesor Baquero Lazcano, se concretó en dos tratados celebrados con Gran Bretaña: el de Madrid (febrero de 1990) y el de Nueva York (setiembre de 1995). Ninguno de ellos fue aprobado por el Congreso, mediante el ardid de denominarlos Declaraciones, pese a que contienen todos los elementos de un tratado, y en ellos se efectuaron concesiones inconcebibles.

 

Actitudes concesivas

Un diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por un período de tiempo de administración inglesa, que él estima en 40 o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.

 

La mentalidad concesiva de diplomáticos que actúan sin referencia a una política exterior destinada a defender el interés nacional, es la tónica general que caracteriza a nuestra Cancillería, desde hace muchos años. De allí surge también el convencimiento de que se debió aceptar alguna de las propuestas de solución para evitar la guerra, como la del Gral. Haig, Secretario de Estado norteamericano, conocida como de tres banderas. Este general no fue un mediador imparcial; la embajadora Kirkpatrick señaló que es un británico disfrazado de americano. El senador Helms, consiguió que el presidente Reagan le pidiera la renuncia, al hacerle llegar el texto de contrapropuestas argentinas que Haig había ocultado.

 

La propuesta era inaceptable pues significaba para la Argentina dejar de lado todo lo resuelto en Naciones Unidas, que encuadró al caso Malvinas en el Cap. XI de la Carta de ese organismo, relativo a la descolonización. Se pretendía que nuestro país aceptara voluntariamente ser incluido en el sistema de fideicomiso, contemplado en el Cap. XII de la Carta. A su vez, la propuesta del presidente de Perú, Belaunde Terry, que era menos perjudicial, estuvo a minutos de ser admitida por la Junta Militar, cuando se conoció que un submarino inglés había hundido el buque general Belgrano, fuera de la zona de exclusión, causando 333 víctimas. Ya era imposible evitar el enfrentamiento.

 

Un ejemplo poco conocido de la misma actitud concesiva o timorata en la defensa del interés nacional, el de la provincialización del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Ley 23.775 se constituyó la nueva provincia, con igual territorio, pero ampliado pues se dispuso que abarcara toda la superficie marítima en torno a las islas. La ley fue sancionada en abril de 1990, con 91 votos en contra, de legisladores radicales -como el ex Canciller Caputo) que advirtieron sobre los perjuicios diplomáticos que derivarían de haber incluido a las Malvinas. El diputado Vanossi consideró que era un arrebato legítimo pero erróneo: No queremos discutir una provincia conjetural (La Nación, 27-4-90). El presidente Menem, con la firma de su Canciller, Cavallo -Decreto 905/90- vetó el Art. l de la ley, que fijaba la jurisdicción, con el argumento de haberse incluido por error las islas Lawrence y Cole que pertenecen a Chile. El mismo día, 10-5, envió al Congreso un proyecto de modificación, excluyendo a las Malvinas y toda superficie marítima.

 

Posteriormente (7-2-91), la Cámara de Diputados dio media sanción a otro proyecto del Poder Ejecutivo que incluía, ahora sí, a las Malvinas en la nueva provincia, pero con una particularidad insólita. Establecía un ámbito político al que pertenecerían las islas Grande, Estados, Año Nuevo, y simultáneamente, el gobernador sería Delegado Federal con respecto al sector antártico, Malvinas, Georgias y Sandwich. Afortunadamente, este engendro jurídico no prosperó, pero, como en el ínterin, se sancionó la Constitución de Tierra del Fuego, el Art. 2 de la misma tuvo que declarar que la provincia tendrá los límites que por derecho le correspondan... Es decir, que, como nunca se modificó el Art. l de la ley de creación, la provincia de Tierra del Fuego, carece de territorio definido.

 

Otro antecedente, digno de ser conocido: el diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por un período de tiempo a cargo de la administración inglesa, que él estima en 40 o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.

 

Situación actual

El mayor riesgo es que Gran Bretaña convierta a las Malvinas en un Estado independiente incorporado al Commonwealth, puesto que es una tendencia muy marcada. Advertía el ex senador Terragno, que los pocos casos que están sometidos al Comité de Descolonización de la NU, no van a terminar ni en el mantenimiento de las colonias ni en independencias verdaderas. Van a terminar en mini Estados que le confían la defensa a la antigua metrópoli o a una potencia regional. Son países con sponsors (Clarín, Zona, 1-4-07).

 

Y es un error creer que las Malvinas no se pueden independizar por su dimensión. Comparemos con los siguientes Estados reconocidos por las NU: República de Palau, 458 km2; República de Túvalu, 26 km2; República de Nauru, 21 km2. Malvinas tiene una superficie de 12.173 km2, y una renta per capita de US$ 52.781, superior a la de Argentina y de Gran Bretaña. La posibilidad mencionada ya fue expuesta por Richard Davies, miembro del Consejo Legislativo de las islas, en el seno del Comité de Descolonización, en la reunión de 2006. Andrés Cisneros, ex vicecanciller estima que los malvinenses empujan la idea de la independencia con el aval del Foreign Office porque saben que en la ONU hay un clima a favor de llegar a algún tipo de arreglo (La Nación, 22-10-06).

 

Un procedimiento que recomiendan los expertos es solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la obligación del Reino Unido de negociar la controversia por la soberanía, cumpliendo la reiterada exhortación efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta los errores cometidos y la tradicional habilidad diplomática inglesa, que acaba de dar un nuevo paso, al anunciar la extensión de la superficie marítima pretendida, sería insensato permanecer inactivos en este tema fundamental para la recuperación de nuestra soberanía plena.

 

Para concluir, recordamos una reflexión poética de la Sra. de Giachino, madre del primer caído en la recuperación de las islas: “La Guerra de las Malvinas tan discutida, tan amada, tan vapuleada, tan elevada, tan cruel, tan santa, tan triste, tan dulce, es el exponente histórico más acabado de cómo la justicia de la causa puede transformar a los hombres. Hacer de casi niños, verdaderos varones. De cobardes, valientes, y de valientes, héroes y de héroes, mártires. Cómo la justicia de la causa basta para asombrar al mundo, para mover flotas invencibles, para suscitar odios y venganzas, para descubrir traidores”.

 

 

Bibliografía consultada:

Balza, Martín. “Malvinas, gesta e incompetencia”; Atlántica, 2003.

Caturelli, Alberto. “Recuperación de las Malvinas Argentinas, noción de guerra justa”; Secretaría General del Ejército, 1982.

Díaz Araujo, Enrique. “Malvinas 1982, lo que no fue”; Ediciones El Testigo, 2001, p. 25.

Franks, Honorable Lord. “El servicio secreto británico y la guerra de las Malvinas”; Mar Dulce, 1985.

Giachino, María Delicia Rearte de. En prólogo a: Seineldín, Mohamed Alí. “Malvinas, un sentimiento”; Sudamericana, 1999, p. 9, 10.

 

 

 

MALVINAS. 41 AÑOS DE ENTREGA

 

 

DR. CÉSAR LERENA

 

Pasaron 40 años de la recuperación de Malvinas y ni siquiera se animaron a recordar en 2020 que después de 189 años, la Argentina recuperó la dignidad y, quienes vaciaron de contenido a la gesta, le quitaron a los caídos y a los combatientes la razón de su esfuerzo y heroico papel. Mientras los británicos festejan en el Reino Unido y Malvinas la rendición argentina del 14 de junio, (que supone una recuperación argentina previa), los sucesivos gobiernos desmalvinizan hasta la fecha e incumplen con la disposición primera de la Constitución Nacional de 1994 que reza: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

“Hay mucho por hacer, porque no se ha hecho casi nada” (César Lerena, “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega”, 2 de abril 2022).

Los aciertos han sido escasos y los errores (¿?) una constante de la diplomacia argentina hasta nuestros días. En estos últimos años no se deshizo el Memorando de Entendimiento de 1968 (la entelequia de conversar sobre soberanía, pero teniendo en cuenta los intereses y deseos de los isleños); ponderar (entre otros, Marcelo Kohen y Guillermo Carmona) la etapa del gobierno de facto de Lanusse (1970/73) donde se les proveyó todo tipo de servicios y bienes a los isleños sin nada a cambio (gas, correo, teléfonos, pista de aterrizaje, aviones, estudios, salud, etc.); un proyecto inglés que le permitió al Reino Unido ganar tiempo y evitar inversiones en las islas.

 

Es de suponer que la Cancillería Argentina ya había tomado conocimiento del informe de la misión de lord Shackleton (se vendía en las islas en 1976 a 8 libras el ejemplar, cuando se cumplían 143 años de la ocupación de Malvinas); pero, no parece haberse enterado hasta el día de hoy que se han cumplido 190 años de la ocupación británica; porque toda sus acción-inacción, fue absolutamente desfavorable para el interés argentino, en sintonía con este informe que no se tomó en cuenta a la hora de firmarse leyes, acuerdos, convenios y declaraciones. Entre otras cosas dice este documento: «Se estima que las islas están rodeadas de un mar en el que podrían ubicarse los mayores recursos mundiales aún inexplotados de proteínas…(Respecto) a la pesca en alta mar, el informe sostiene que gran parte de los cotos de pesca en el Atlántico sudoccidental se hallan dentro de un radio de 200 millas en torno a las islas…

El informe exhorta al Gobierno británico a proponer una convención internacional para el control de pesquerías en el Océano Austral…El petróleo, según el experto Ridchard Johnson y su equipo supuso la existencia de oro negro en el mar. Para llevarse un programa importante de desarrollo de la economía de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, debería buscarse la cooperación e incluso la participación argentina…Resulta evidente para cualquiera que visite el archipiélago que la población es británica y, mantiene firme su deseo de seguir siendo británica. El tema de la soberanía es condicionante del informe, y en cierto modo carece de realismo examinar posibilidades económicas divorciadas en gran medida de las consideraciones políticas. Debido a ello y al elevado costo de producción, de no lograrse la cooperación argentina existe escasa probabilidad de una respuesta comercial a la emisión unilateral de licencias por parte del Gobierno británico. Añade el documento que una nueva ordenanza minera debería transferir todos los derechos mineros a la Corona británica. La legislación debería ser elaborada con pleno conocimiento de la política argentina de explotación petrolera.

El informe aborda cuestiones no menos importantes como el transporte, aconseja los vuelos directos a las islas Malvinas y una estrecha cooperación con la Argentina…Las conclusiones del informe se anudan de esta manera a la opción única mantenida hasta la fecha por Inglaterra: discusión respecto a las posibilidades de cooperación y mantenimiento sin concesiones del compromiso británico con los isleños de que no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos» (José E. Greño Velazco). Nada más parecido a la cooperación unilateral propiciada por todos los gobiernos argentinos, a sabiendas que el Reino Unido no llevará adelante ninguna discusión sobre soberanía que vaya contra los deseos de los isleños, aunque sepamos que sea una excusa imperfecta del Foreign Office, para seguir en el Atlántico Sur. 

El gobierno de facto en 1982, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y, homenajear con gloria a nuestros muertos y heridos, los escondió; mientras, muchos argentinos, no supieron distinguir entre una decisión de los altos mandos militares y, el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la soberanía, según lo prescribe el art. 21º de la Constitución Nacional. Comienza la desmalvinización y, con ella, la entrega sostenida y creciente del territorio marino nacional, sus recursos naturales y, la consolidación del cometido británico y el fortalecimiento económico y territorial de los invasores.

Desde este año y, en especial desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989, se profundiza la presencia de buques extranjeros iniciada por el gobierno ilegal de Malvinas y se acrecienta la internacionalización del mar argentino con la presencia de buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, coreanos, etc. En 1983 se instala un proceso de desculturalización y desinformación que presenta la guerra de Malvinas como vergonzante, enajenando a los argentinos el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignorando el rol cumplido por los combatientes en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur y, facilitando el inicio de una serie de procesos ruinosos.

En 1984 se firma el Tratado con Chile, donde Argentina cede territorio insular y marítimo en el Atlántico Sur. Este Tratado beneficia a los intereses chilenos y un control estos del acceso al canal de Beagle. Un año después, el R. Unido inaugura un Aeropuerto en Malvinas que facilitará las operaciones militares desde las Islas.

 

En 1986, con el pretexto de los Acuerdos pesqueros firmados por el Canciller Caputo con la URSS, el Gobernador ilegal en Malvinas crea la «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ) de 150 millas, en la cual se prohíbe el ingreso de buques argentinos. Se crea este mismo año la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) a iniciativa de Brasil, aprobada por la Res. de la ONU 41/11 del 27/10/1986; sin que los gobiernos argentinos le presten atención a esta importante herramienta destinada a evitar la intromisión en el Atlántico Sur de países extraños (el Reino Unido) y limitar el armamento en el área.

En 1987 en la ONU se reúnen el canciller Caputo y el Subsecretario Robert Gelbard de Estados Unidos. El Canciller propicia “la fórmula del paraguas de soberanía”, que no era otra cosa, que aceptar la formula inglesa que ya Argentina había rechazado en 1981: congelar las cuestiones de soberanía y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas (Ver informe lord Shackleton de 1976). El R. Unido avanzó de los 11.410 km2 (Malvinas) que ocupaba en 1982 a los 1.639.900 de km2 del territorio marino e insular que ocupa hoy.

 

En 1988 En Ginebra, el embajador Lucio García del Solar acuerda con el Embajador inglés en la ONU Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció al gobierno argentino y, a los siguientes, una cuestión menor (lo mismo que hoy); pero, como ya lo manifestamos (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega, 2009) fue, y es un tema central. Ello lo ratificaría el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton en 2012: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic).

En 1989/90, en Madrid, se efectúan las Declaraciones Conjuntas (Acuerdos de Madrid) confirmando la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación y economía en el Atlántico Sur. El R. Unido modifica el statu quo de 1982, pese a la Res. 31/49 de la ONU. Acuerdos que, pese a los distintos signos políticos de los gobiernos, sigue vigente hasta hoy.

 

En 1991 el Canciller Cavallo con la intervención de Susana Ruiz Cerutti (hoy miembro del Consejo de Malvinas) promueve la sanción de la Ley 23.968 «de líneas de base» y deroga de hecho la ley 17.094, reduciendo nuestro mar territorial, aunque no hubiésemos ratificado a esa fecha la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar. El Acuerdo de Madrid se consolida con esta Ley, debilitando los derechos de las provincias patagónicas, en el especial de T. Fuego, cuyas islas, serán insustentables al reducir a 12, las millas el mar territorial.

En 1992 se aprueba el Convenio con el Reino Unido, para la Promoción y la Protección de sus Inversiones y, por la Ley 24.184 se estableció la cláusula más favorable con relación a terceros Estados. Un año después el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur, implicando mayor ocupación marina, control meridional del Atlántico y la relación con la Antártida. Parece joda.

 

En 1994 el gobierno argentino establece el charteo y veda del calamar que les garantiza a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso. Por su parte, el Reino Unido establece un área “GAP” al noroeste de las Islas y dentro de la ZEE Continental de unos 1.400 Km2 para proteger sus capturas de calamar, sin que se produzca ninguna reacción argentina. El mismo año la Argentina firma un Acuerdo Pesquero con la Unión Europea y poco después el R. Unido establece una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas, que ratifica la prohibición de pescar a los buques nacionales en esa área y, facilita la concesión de licencias a los ingleses. El Acuerdo con Europa nunca alcanzó el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del Calamar, se le asignó para no molestar a los británicos, la captura de una subpoblación de esta especie que no migra al Archipiélago. También en este año se aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en su Disposición Transitoria Primera establece que: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», lo que demuestra la vocación de todos los sectores políticos de persistir en la recuperación de este territorio nacional; pero que, en los hechos, no se llevan adelante políticas en sintonía con este mandato popular.

 

En 1995 Argentina y el R. Unido acuerdan la investigación conjunta de los recursos pesqueros y los ingleses se hacen de una información vital para otorgar licencias ilegales a buques. Este mismo año por Ley 24.543 Argentina ratifica la CONVEMAR que entre otros efectos adversos a los Estados ribereños no legisla sobre la captura en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. Un año después, en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros firma el Acuerdo que además de normalizar las relaciones con Inglaterra, no refiere a la soberanía de las islas, la ocupación territorial o la explotación de nuestros recursos.

En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el R. Unido, que lejos de reducir la presencia militar británica en el mar argentino, estos trasladan a Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur. Este mismo año se sanciona la Ley de pesca 24.922 que, pese a transcurrir 25 años de su dictado nunca sancionó a los buques que realizan pesca ilegal en Malvinas.

 

En 1999, en Madrid, el secretario Cisneros acuerda con el R. Unido combatir a los “buques sin licencias británicas” en una cooperación inadmisible en favor de la economía de los isleños en Malvinas y, un año después, el Congreso dicta la Ley 25.290 que aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York que pone en manos de los Estados de Bandera con mayoría en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias, apropiándole a los Estados ribereños (Argentina) a través de la pesca ilegal de más 11.000 millones de dólares anuales y abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en el Atlántico Sur. De no ser por un puñado de opositores en el Congreso esta lamentable ley se hubiese ratificado.

En 2005 se aprueba el Tratado de Lisboa con el voto de los ciudadanos de España e Italia (¿y el voto de los argentinos de doble nacionalidad?) que incluyó como Territorios británicos a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida. Se suspenden este año las investigaciones pesqueras conjuntas.

 

En 2007 el gobierno otorgó la explotación petrolera hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a Pan American Energy, en gran parte de British Petroleum. Se ignoran también hasta la fecha los vínculos empresarios e intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia, copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum en abierta violación a la ley 26.659 (Ley Solanas). A ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.

En 2008 se dicta la Ley 26.386 por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtener o mantener habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur. Ello no impidió a algunas empresas violar esta ley sin ser sancionas y todo parece indicar que, si la empresa española de capitales americanos IBERCONSA se quedase con el control de NUEVA PESCANOVA operaria en aguas continentales argentinas y en Malvinas, hecho que violaría la citada ley. En el mismo año se inicia la “localización” de los argentinos caídos en Malvinas en el Cementerio de Darwin en violación a la Convención de Ginebra (Guillermo Rossi, Mar del Plata, 20/3/2023) y, en 2013 la Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscriben un acuerdo al respecto.

 

En 2010 se inician las exploraciones petroleras británicas en Malvinas y en 2015 se anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 km del archipiélago. Por Decreto Nº256/2010 se obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso; medida que apoyan los países de Suramérica (Declaración de CELAC); pese a lo cual, se verifican más de 700 buques extranjeros que pescan ilegalmente en Malvinas y/o alta mar que se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos.

En 2011 el gobierno británico crea -sin consulta a Argentina- un “Santuario ecológico” de 1,07 millón de km2 que incluye Georgias y Sándwich del Sur. Los ambientalistas parecen ignorar que este territorio es argentino y siguen reclamándole a la Argentina el aumento de Áreas Marítimas Protegidas en sus aguas. Un año después se conforma una Comisión para conocimiento público (Informe Rattenbach) relativo al desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

 

En 2013 se realiza en las Islas un Referéndum ilegal sobre “si los británicos que viven en Malvinas desean conservar su estatus político” cuyo resultado fue positivo en un 99,83%, ratificando de esta forma que los habitantes no son autónomos ni buscan la Independencia, sino seguir considerándose británicos. En 2018, el residente suizo Marcelo Kohen que luego integra el Consejo de Malvinas coordinado por Guillermo Carmona, les propone a los isleños continuar con el régimen vigente de inmigración y un referéndum para que elijan si desean acompañar su plan o seguir siendo británicos que, de haber ocurrido -seguramente- repetiría lo sucedido en 2013.

En 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aprueba el informe argentino iniciado en 1997 con la creación de la COPLA (Ley 24.815) que en 2016/17 recomienda la aprobación de 351.633 km2 de plataforma extendida sobre el total reivindicado de 1.782.000 km2, por entender que 1.430.367 km2 se encuentran en disputa con el Reino Unido, contrario a lo que indicaba la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

 

Este mismo año, la Canciller Susana Malcorra acuerda el llamado Pacto de Foradori-Duncan, ratificatorio de los Acuerdos de Madrid, donde se declara: «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Un ruinoso acuerdo para la Argentina que en 2023 el Canciller Cafiero cancela sin derogar los Acuerdos de Madrid, dejando activos -a nuestro entender- sus efectos, por cuanto, le propone con varios puntos al Reino Unido reiniciar negociaciones por la soberanía de Malvinas, manifestando que «nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros», es decir, la cooperación unilateral que nos hemos referido; se «aborden los temas de interés mutuo, que contengan como mínimo..» trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de colaboración:

 

1) «Reanudar las negociaciones sobre la soberanía». En este estado un hecho improbable, que debería empezar por desechar los Acuerdos de Madrid, en especial la cláusula 2 del Acuerdo del 19/10/89.

2) «La conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas…y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental». Cuestión que continua vigente, ya que no se exige que los vuelos deberían hacerse con Aerolíneas Argentinas y al continente; resultando intolerable y una cesión de soberanía los vuelos a otros países.

3) «Garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino». Se tratan -todas- de cuestiones incluidas en el informe Shackleton; en las políticas seguidas por Lanusse y en el “caído” Pacto; y la nota argentina, tampoco indica al cambio del sistema de inmigración; la radicación; inversión, etc. de los argentinos en las Malvinas.

4) «Medidas que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía». Este punto conserva todo lo previsto en el Pacto sobre pesca, resultando inadmisible que la Cancillería refiera al “aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales” argentinos que, coincidiendo con los Acuerdos de Madrid y según las estadísticas británicas los buques extranjeros pescan en Malvinas unas 250 mil toneladas anuales, sin que los sucesivos gobiernos argentinos a la fecha hayan sancionado a un solo buque, pese a la vigencia de las leyes 24.922, 26.386 y 27.564.

5) «La desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía», omite la exigencia del retiro de la ocupación y explotación de los 1.639.900 Km2 que ocupa en forma prepotente el Reino Unido.

 

Y destaca la Nota del Canciller Cafiero, suponemos elaborada por su Secretario de Malvinas:  «la voluntad de dar continuidad a la relación bilateral en todas las áreas en las que se han registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias», es decir, dejando de lado, las principales cuestiones de ocupación territorial y explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur, entre otras, donde hay divergencias, vaciando de contenido la “cancelación” del Pacto. Y en este sentido, la denostada ex Presidente Isabel Perón, tuvo más coraje que todos los presidentes de la democracia: Ante la decisión del R. Unido de suspender las negociaciones y enviar la misión Shacketon el 13/1/1976 solicitó el retiro del embajador británico en Buenos Aires y ordenó el cañoneo de la nave que navegaba sin autorización por el mar territorial argentino, entre otras acciones contra el usurpador. Hoy sería llevar adelante políticas activas que están ausentes.

 

En 2016 por aplicación de la Ley 26.386 y luego de ocho años, el gobierno argentino multa con 10 millones de pesos a la empresa EMDEPES de Chile subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) con licencia ilegal del R. Unido en Malvinas, por la denuncia del director de PESANTAR Juan Benegas. Sin embargo, a la fecha, el gobierno ignora las leyes vigentes y no aplica sanciones a los buques que pescan en Malvinas. Este mismo año, la Canciller Malcorra, manifiesta que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”, dejando de lado, de hecho, lo prescripto en la Constitución nacional.

 

En 2018 se firman Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20; países que pescan ilegalmente a distancia. Un año después se aprueba a LATAM para hacer vuelos semanales a San Pablo y una vez por mes a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y el mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y bienes. El mismo año se licita a favor de empresas británicas 18 áreas offshore de explotación petrolera a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, sin tener en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659. También este año, mediante el DNU 145 se faculta «al propietario o armador de un buque con permiso de pesca a constituir un derecho real de garantía respecto de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sobre el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización y/o la cuota individual de captura, que dicho permiso detente», por lo cual los empresarios pesqueros podrían utilizar como garantía, los permisos y cuotas de pesca, pese a que lo recursos pesqueros, habilitados son de propiedad exclusiva del Estado y, el empresario, es un mero concesionario.

En 2019 se adquieren 4 patrulleros oceánicos multipropósitos (OPV) a Francia entregados entre 2020 a 2022. Hay posiciones controvertidas por estas compras ya que, por un lado, hay opiniones autorizadas que entienden que podrían haberse construido en la Argentina a similar valor, generando empleo argentino, reactivando la industria naval nacional y evitando la salida de divisas del país y, por el otro, hay quienes opinan que no son los buques adecuados por sus capacidades técnicas, su escasa velocidad y armamento disponible.

 

En 2020 se crea la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558), éste último, insólitamente, sin la integración del Ministerio de Defensa y compuesto por varios miembros que fueron autores intelectuales de la firma de acuerdos que congelaron la soberanía nacional; seguramente el motivo, que no se haya llevado adelante ninguna acción trascendente destinada a dar cumplimiento a lo previsto en la Constitución Nacional. No hay políticas activas “no lineales diría el Gral. Paleo” y, las acciones se limitan a las conocidas actuaciones diplomáticas argentinas desde 1965 a la fecha, de intentar inconducentemente el diálogo con Londres; cooperar unilateralmente y buscar apoyos retóricos que, como hemos visto, han resultado absolutamente inocuos para los británicos.

El Último ejemplo, es el reciente comunicado de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de los jefes de Estado y de Gobierno que no se corresponde con el apoyo logístico que Brasil, Chile y Uruguay le dan a Malvinas. Ese mismo año el Canciller Solá suspende las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido en el Atlántico Sur. La Ley 27.564 sancionada este año, aumenta las sanciones a la pesca ilegal; pero, no se aplicó nunca a los buques que pescan en Malvinas. Se concreta la salida del Brexit por parte del Reino Unido, pero, los españoles obtienen una prórroga para la captura de calamar, el que seguirá ingresando desde Malvinas a la Unión Europea sin aranceles, en tanto se procese en Europa, frente a la ineficacia de la cancillería argentina.

 

En 2021 se anuncian sanciones a las petroleras Chrysaor Holdings Ld y Harbour Energy Plc con sede en Londres, y Navitas Petroleum LP con sede en Israel, asociadas a compañías que operan en Malvinas sin contar la autorización de Argentina. No parece que puedan tener resultados positivos a juzgar por las acciones de 2015. El gobierno, habilita a Equinor a operar frente a Mar del Plata, rebajándole a la mitad las regalías para la explotación por el término de 20 años. Todo ello en violación a la Ley Solanas (26.659). En el marco de la cooperación unilateral el secretario Carmona, ofrece al Reino Unido “vuelos humanitarios” que los isleños rechazan.

Las únicas acciones importantes son los anuncios del Ministerio de Defensa, tales como la construcción de un buque polar para la Armada en el Astillero TANDANOR; la construcción del helidrón naval en el INVAP para control del Atlántico Sur; el fortalecimiento del Comando Conjunto Marítimo para control de espacios marítimos y fluviales; la construcción del Polo Logístico Militar Antártico Argentino en la actual Base Naval de Ushuaia que incluye el relanzamiento de la Base Petrel, como puerta de entrada a la Antártida para competir con las bases británicas en Malvinas y de Punta Arenas en Chile. Ya en 2023 este Ministerio afectaría tres aviones de fabricación nacional al control del área austral.

  

En 2022 queda de manifiesto la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE y, la extranjerización de la industria radicada en el continente argentino que «del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2022 (uno de los valores más bajos del quinquenio, fueron 434.00 toneladas por valor de 1.800 millones de U$S) procedentes de la captura en su ZEE, un 70% está en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y, de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/3/2023). No hay políticas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Secretaría de Malvinas o del Consejo Nacional de Malvinas para administrar el Atlántico Suroccidental y recuperar pacíficamente Malvinas.

En este mismo año el gobierno argentino postula fallidamente al abogado Marcelo Kohen, un residente en suiza y docente de un ignoto Instituto de Ginebra (posicionado 1.913 entre los Institutos del mundo) y que, como indicamos, presentó en 2018 en las Islas y el CARI un proyecto que daba a los isleños un referéndum en Malvinas. En este escenario de invasión sostenida y creciente el embajador argentino en Londres Javier Figueroa manifiesta a los ingleses que “el Reino Unido y Argentina han disfrutado de una relación diplomática desde 1823” y trata de “muchachos” a los héroes de Malvinas, olvidando: la invasión de 1833; la guerra de 1982; la apropiación de territorios insulares y marinos y la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos, preanunciando una política de seducción que -con honrosas excepciones- la Cancillería Argentina lleva hasta nuestros días. En contraste con ello el Reino Unido instala un sistema antimisilístico en Malvinas modernizando el sistema militar la defensa terrestre.

 

El 2023 la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas se limita a realizar viajes, actos protocolares, charlas y homenajes a los caídos y Veteranos de Guerra.  

Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y, yo modestamente reitero que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú” como también le llegará a Malvinas, si nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente y, los funcionarios en lugar de temblar y asegurarse el salario, caminan con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.

RUSIA-UCRANIA

 

 Biden, en un callejón sin salida

Eugenio Capozzi

Brújula cotidiana, 25-03-2023

 

La cumbre en Moscú entre Xi Jinping y Vladimir Putin ha desmentido todas las expectativas estadounidenses y europeas sobre el aislamiento del presidente ruso. En cambio, ahora es Estados Unidos quien se encuentra en una posición incómoda porque nunca ha considerado un plan B, y puede que tenga que esperar a la salida de Biden para salir del punto muerto.

 

En los últimos meses, los comentaristas occidentales más afines a la línea de la administración Biden sobre la guerra ruso-ucraniana siempre han desechado con fastidio los temores de quienes señalaban el riesgo de que el “muro contra muro” contra Putin reforzara sobre todo a China, vinculando cada vez más a Moscú con Pekín y favoreciendo la soldadura de un bloque asiático con una función antioccidental.

 

Las repetidas expresiones de cercanía a Rusia del régimen de Xi Jinping -aunque desde una posición declarada de “imparcialidad”- han sido regularmente minimizadas por esos comentaristas como ficciones diplomáticas, tras las que se habría ocultado una verdadera impaciencia china con la política imperialista de Putin, y que de hecho habrían ido seguidas de una creciente presión sobre Moscú para poner fin al conflicto que preocupa bastante a Pekín por sus posibles consecuencias económicas y geopolíticas.

 

Pues bien, la visita de Xi a Moscú en los últimos días parece desmentir de una vez por todas estas interpretaciones, revelándolas esencialmente ilusiones de las cancillerías de Estados Unidos y la OTAN. Durante toda la cumbre, ambos gobiernos han enviado señales, todas y cada una de ellas con un significado inequívoco: la solidaridad entre Rusia y China, el mayor fortalecimiento de sus lazos mutuos, su oposición a la “mentalidad de guerra fría” atribuida a Occidente, e incluso su voluntad de construir un “nuevo orden mundial” alternativo. Una dirección de viaje significativamente acompañada por los datos económicos del último año, que indican el aumento de las exportaciones de carbón, gas y petróleo ruso a China y de productos manufacturados chinos a Rusia, así como el megaproyecto de oleoducto “Power of Siberia 2”, compartido por ambos países y Mongolia.

 

Por supuesto, el esperado (por Putin) y temido (por los estadounidenses) anuncio de suministros militares chinos a Putin no ha llegado. Xi sigue esforzándose por presentarse ante la opinión internacional como un “mediador” entre Rusia y Ucrania, ofreciendo su plan de paz como punto de partida para el diálogo. Pero no cabe duda de que, en esta ocasión, ha dejado claro al mundo no sólo que no tiene la menor intención de abandonar a Putin a su suerte, sino que está decidido a reforzar su papel de “garante” y “protector” de los intereses geopolíticos de Moscú, hasta el punto de considerar como propio cualquier daño que sufra el “querido amigo” ruso (expresión repetida recíprocamente decenas de veces durante los tres días).

 

Ante este hecho ya innegable, los analistas “Bidenianos” ya están cambiando bruscamente su versión de los hechos: del Leitmotiv “Ya verás, Xi va a dejar tirado a Putin” a ese “¿Has visto? Dijimos que los chinos no eran de fiar, un tirano nunca iría contra otro tirano...”. Ahora insisten sobre todo, tras la reacción extremadamente nerviosa del portavoz del Pentágono, John Kirby, en que el plan de paz chino es poco fiable, una mera tapadera para dar tiempo al aliado Putin a consolidar sus conquistas (Kirby llegó a advertir a los ucranianos que no lo tuvieran en cuenta incluso antes de que se les explicara en detalle, y que no aceptaran ninguna propuesta de alto el fuego).

 

Pero precisamente este nerviosismo y esta acusación son la prueba contraria de que todos los petulantes comentarios anteriores sobre el supuesto aislamiento de Rusia eran erróneos: algo que ya debería ser evidente desde hace meses, dado que el tan esperado colapso de la economía rusa bajo el peso de las sanciones internacionales no se ha producido, que más de la mitad del planeta no ha adherido a esas sanciones, y que las posibles pérdidas de Moscú en las relaciones con Occidente se han visto compensadas en gran medida por el aumento del comercio con China, India, los países islámicos y latinoamericanos.

 

En realidad, el espectáculo propagandístico mundial desplegado por los regímenes chino y ruso en los últimos días consagra un hecho que una minoría de comentaristas occidentales nada afines al Kremlin, pero constructivamente críticos, venía señalando desde el comienzo de la guerra: ir al enfrentamiento frontal con Moscú, sin contemplar siquiera una posibilidad de mediación, habría “entregado” Rusia a China, ciertamente en una posición decididamente subordinada, pero en conjunto sólida, como para permitir a Putin una guerra prolongada prácticamente hasta el amargo final, y al mismo tiempo funcional para inclinar aún más el centro de gravedad del poder mundial hacia Asia, proporcionando a Pekín pretexto y medios para hacer oír su voz con respecto a Taiwán y la zona Indo-Pacífica.

 

Ahora, a la luz de los acontecimientos que ha puesto de relieve la visita de Xi a Moscú, quien se encuentra en una situación muy incómoda es precisamente Estados Unidos. Tras la política inequívocamente antirrusa abrazada por las administraciones demócratas (y también por las republicanas, con la excepción de Trump), Biden ha optado por tocar una sola nota en la partitura, la de “agresor y agredido”, apostando todas sus cartas a la derrota militar de los rusos, o al menos a su desgaste en el atolladero de un “Vietnam” este-europeo, y a la incorporación de facto de Ucrania al sistema de alianzas político-militares atlánticas, sin plantearse ningún “plan B”. Ahora, tras un año de conflicto, pérdidas humanas e inmensa destrucción, los estadounidenses parecen haberse convertido en prisioneros de esa línea, sin alternativas, y obligados a reiterar sin cesar, junto con el presidente ucraniano Zelensky, el disparate de que la única forma de iniciar conversaciones de paz sería la retirada de los rusos de todo el territorio de Ucrania: algo que supondría una rendición incondicional rusa, tras la cual no está claro qué habría que negociar.

 

Si durante muchos meses la propaganda de la administración estadounidense, la OTAN, el G7 y la UE parecía centrarse en un posible cambio de régimen en Moscú, con la destitución de Putin, hoy parece ocurrir lo contrario: para salir de una situación de jaque mate cada vez más problemática para Occidente, sólo hay que esperar un cambio de guardia en la Casa Blanca, con un nuevo liderazgo capaz de reconsiderar la cuestión ucraniana en el marco más amplio de un sistema de seguridad continental que también sea aceptable, en cierto modo, para Moscú.