lunes, 27 de marzo de 2023

MALVINAS: ¿GUERRA INSENSATA?


 

Mario Meneghini

 

Con motivo de cumplirse 41 años de la recuperación de las islas, considero necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido, puesto que el tiempo transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes produce confusión y lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la necesidad de un análisis integral, a través de una investigación bibliográfica que permita llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas.

Es posible, afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas, llegar a conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la política, sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”.

 

Pese a la cantidad de obras publicadas, una cierta proporción de las mismas no resulta confiable para un análisis serio, en razón de no haber examinado todos los aspectos involucrados, o estar teñidas de una posición ideológica.  En esta categoría incluimos el llamado informe Rattembach pese que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 200/12, para revisar el material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de permanecer en secreto, afirma que parte de los documentos constituyen “apreciaciones a título personal”, y “revelan de parte de sus autores ignorancia o desconocimiento de elementos sustanciales de la controversia”.

A ello debe agregarse que el mismo presidente de la comisión, Teniente General Benjamín Rattenbach, efectúa esta aclaración, agregada a mano en el folio 291: “Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de este informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su presentación”.

 

 

Sobre los derechos argentinos respecto a las islas Malvinas y archipiélagos adyacentes, nos remitimos al dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, y aprobado por la Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de agosto de 1964, ratificado en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el reclamo argentino se funda históricamente en las siguientes razones:

a) La soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de la ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados de 1670, 1713 y subsiguientes).

b) La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados de España, que renunció por el tratado del 21 de setiembre de 1863 a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían.

c) La ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuerza.

 

La mayoría de las críticas sobre lo ocurrido en 1982, no ponen en duda los derechos argentinos sobre el territorio en disputa, sino que se refieren a la decisión misma de recuperarlo por la fuerza, considerando que fue un acto irracional, que no debió haber sucedido, por el riesgo que implicaba enfrentar a una potencia.

 

Por ejemplo, el General Martín Balza, quien, pese a haber combatido en la guerra de Malvinas, y haber ocupado durante una década la Jefatura del Estado Mayor del Ejército Argentino, sostiene que el enfrentamiento fue una decisión equivocada, basada en “análisis y asesoramientos efectuados por incompetentes...” (2003, p. 22).

En cambio, el General británico Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en ese conflicto bélico, recordó en una entrevista el miedo que sintió el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar. Manifestó que: “Era muy consciente de que los argentinos son un pueblo orgulloso y que el honor militar tiene mucha importancia para ellos, por lo que temía que ese término hiciera que se rehusaran a firmar el documento”. La preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota, le había dicho que, si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14 de junio, lo iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez “como quien va a jugar al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).

 

Conociendo estos detalles, resulta difícil aceptar que algunos argentinos descalifiquen tajantemente el hecho en sí de haber aceptado la guerra. El ex presidente Alfonsín, sostuvo que fue una aventura incalificable (1-2-83); mientras el también ex presidente Menem aludió a un conflicto que nunca debió haber ocurrido y que lamentaba profundamente (24-10-98).

En realidad, la documentación es abundante, comenzando con el Informe Franks, elaborado por disposición del Parlamento británico, al finalizar la guerra. Esa documentación permite reconstruir lo sucedido, y es una obligación moral hacerlo, con la mayor objetividad posible. Si así se lo hace, podemos verificar que, como en toda acción humana, hubo errores, pero no una incompetencia generalizada, y también, como expresó la Sra. De Giachino –“nos deja la certidumbre de que la guerra no fue buscada, de que la incomprensión, la soberbia, la tozudez del enemigo nos arrastraron a ella; de que la Argentina la necesitaba para redescubrirse en esta heroica gesta, continuación de la hazaña sanmartiniana...”.

 

Decisión

La decisión de combatir no fue irracional, se adoptó pues la Argentina fue agredida, como lo reconoció la Cámara Federal que juzgó a los jefes militares. La Argentina negoció de buena fe, con paciencia, durante muchos años en el marco de las Naciones Unidas, y la única ocasión de solucionar el conflicto se dio en junio de 1974, cuando el gobierno laborista inglés efectuó una propuesta de condominio, que había sido aceptada por el presidente Perón; al fallecer éste quedó trunca esa opción, y todos los esfuerzos posteriores se estrellaron con la intransigencia británica. Por eso, cuando se produjo el incidente de las Georgias, la Argentina se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa, previsto en la Carta de las Naciones Unidas (Art. 51) en caso de ataque armado.

 

En el fallo de la Cámara Federal, en noviembre de 1988, se afirma: La necesidad política de responder a las agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la respuesta al avance del enemigo. La misma representante permanente de EEUU en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick declaró ante la televisión: Yo no creo que, a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo agresión. Tengamos en cuenta que recién el 30-3-82, ante el ataque inminente, el gobierno argentino fijó el 2 de abril como Día D; mientras que para los ingleses la guerra comenzó antes.

 

En efecto, el Alte. Woodward, cuenta en sus Memorias: “Mi guerra había durado exactamente cien días...desde que dije adiós...en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo”. Dada la situación planteada, la única forma de evitar la guerra hubiera sido el sometimiento completo ante Inglaterra. Por eso, el Dr. Alberto Caturelli, demuestra que en Malvinas la Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una guerra justa.

 

Consecuencias

No es exacto que la guerra haya perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionó, desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a la Argentina, siendo la primera de ellas, la Nº 37/9 de noviembre de 1982, aprobada con el voto de Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con los ideales de las NU. También el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico reconoce que el peso de la evidencia es más favorable al título argentino. Asimismo, el informe advierte que el conflicto continuará hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina.

 

De manera que el debilitamiento de la posición argentina no es consecuencia de la guerra, sino de una actitud política y cultural de una parte considerable de la dirigencia argentina, que no ha vacilado, incluso, en efectuar propuestas de solución incompatibles con la Constitución Nacional. Recordemos que, en la reforma de 1994, la ley fundamental, en su Primera Disposición Transitoria, ratifica para la Argentina su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas, y que la recuperación de las mismas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

La verdadera rendición incondicional, como la calificó el profesor Baquero Lazcano, se concretó en dos tratados celebrados con Gran Bretaña: el de Madrid (febrero de 1990) y el de Nueva York (setiembre de 1995). Ninguno de ellos fue aprobado por el Congreso, mediante el ardid de denominarlos Declaraciones, pese a que contienen todos los elementos de un tratado, y en ellos se efectuaron concesiones inconcebibles.

 

Actitudes concesivas

Un diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por un período de tiempo de administración inglesa, que él estima en 40 o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.

 

La mentalidad concesiva de diplomáticos que actúan sin referencia a una política exterior destinada a defender el interés nacional, es la tónica general que caracteriza a nuestra Cancillería, desde hace muchos años. De allí surge también el convencimiento de que se debió aceptar alguna de las propuestas de solución para evitar la guerra, como la del Gral. Haig, Secretario de Estado norteamericano, conocida como de tres banderas. Este general no fue un mediador imparcial; la embajadora Kirkpatrick señaló que es un británico disfrazado de americano. El senador Helms, consiguió que el presidente Reagan le pidiera la renuncia, al hacerle llegar el texto de contrapropuestas argentinas que Haig había ocultado.

 

La propuesta era inaceptable pues significaba para la Argentina dejar de lado todo lo resuelto en Naciones Unidas, que encuadró al caso Malvinas en el Cap. XI de la Carta de ese organismo, relativo a la descolonización. Se pretendía que nuestro país aceptara voluntariamente ser incluido en el sistema de fideicomiso, contemplado en el Cap. XII de la Carta. A su vez, la propuesta del presidente de Perú, Belaunde Terry, que era menos perjudicial, estuvo a minutos de ser admitida por la Junta Militar, cuando se conoció que un submarino inglés había hundido el buque general Belgrano, fuera de la zona de exclusión, causando 333 víctimas. Ya era imposible evitar el enfrentamiento.

 

Un ejemplo poco conocido de la misma actitud concesiva o timorata en la defensa del interés nacional, el de la provincialización del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Ley 23.775 se constituyó la nueva provincia, con igual territorio, pero ampliado pues se dispuso que abarcara toda la superficie marítima en torno a las islas. La ley fue sancionada en abril de 1990, con 91 votos en contra, de legisladores radicales -como el ex Canciller Caputo) que advirtieron sobre los perjuicios diplomáticos que derivarían de haber incluido a las Malvinas. El diputado Vanossi consideró que era un arrebato legítimo pero erróneo: No queremos discutir una provincia conjetural (La Nación, 27-4-90). El presidente Menem, con la firma de su Canciller, Cavallo -Decreto 905/90- vetó el Art. l de la ley, que fijaba la jurisdicción, con el argumento de haberse incluido por error las islas Lawrence y Cole que pertenecen a Chile. El mismo día, 10-5, envió al Congreso un proyecto de modificación, excluyendo a las Malvinas y toda superficie marítima.

 

Posteriormente (7-2-91), la Cámara de Diputados dio media sanción a otro proyecto del Poder Ejecutivo que incluía, ahora sí, a las Malvinas en la nueva provincia, pero con una particularidad insólita. Establecía un ámbito político al que pertenecerían las islas Grande, Estados, Año Nuevo, y simultáneamente, el gobernador sería Delegado Federal con respecto al sector antártico, Malvinas, Georgias y Sandwich. Afortunadamente, este engendro jurídico no prosperó, pero, como en el ínterin, se sancionó la Constitución de Tierra del Fuego, el Art. 2 de la misma tuvo que declarar que la provincia tendrá los límites que por derecho le correspondan... Es decir, que, como nunca se modificó el Art. l de la ley de creación, la provincia de Tierra del Fuego, carece de territorio definido.

 

Otro antecedente, digno de ser conocido: el diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por un período de tiempo a cargo de la administración inglesa, que él estima en 40 o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.

 

Situación actual

El mayor riesgo es que Gran Bretaña convierta a las Malvinas en un Estado independiente incorporado al Commonwealth, puesto que es una tendencia muy marcada. Advertía el ex senador Terragno, que los pocos casos que están sometidos al Comité de Descolonización de la NU, no van a terminar ni en el mantenimiento de las colonias ni en independencias verdaderas. Van a terminar en mini Estados que le confían la defensa a la antigua metrópoli o a una potencia regional. Son países con sponsors (Clarín, Zona, 1-4-07).

 

Y es un error creer que las Malvinas no se pueden independizar por su dimensión. Comparemos con los siguientes Estados reconocidos por las NU: República de Palau, 458 km2; República de Túvalu, 26 km2; República de Nauru, 21 km2. Malvinas tiene una superficie de 12.173 km2, y una renta per capita de US$ 52.781, superior a la de Argentina y de Gran Bretaña. La posibilidad mencionada ya fue expuesta por Richard Davies, miembro del Consejo Legislativo de las islas, en el seno del Comité de Descolonización, en la reunión de 2006. Andrés Cisneros, ex vicecanciller estima que los malvinenses empujan la idea de la independencia con el aval del Foreign Office porque saben que en la ONU hay un clima a favor de llegar a algún tipo de arreglo (La Nación, 22-10-06).

 

Un procedimiento que recomiendan los expertos es solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la obligación del Reino Unido de negociar la controversia por la soberanía, cumpliendo la reiterada exhortación efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta los errores cometidos y la tradicional habilidad diplomática inglesa, que acaba de dar un nuevo paso, al anunciar la extensión de la superficie marítima pretendida, sería insensato permanecer inactivos en este tema fundamental para la recuperación de nuestra soberanía plena.

 

Para concluir, recordamos una reflexión poética de la Sra. de Giachino, madre del primer caído en la recuperación de las islas: “La Guerra de las Malvinas tan discutida, tan amada, tan vapuleada, tan elevada, tan cruel, tan santa, tan triste, tan dulce, es el exponente histórico más acabado de cómo la justicia de la causa puede transformar a los hombres. Hacer de casi niños, verdaderos varones. De cobardes, valientes, y de valientes, héroes y de héroes, mártires. Cómo la justicia de la causa basta para asombrar al mundo, para mover flotas invencibles, para suscitar odios y venganzas, para descubrir traidores”.

 

 

Bibliografía consultada:

Balza, Martín. “Malvinas, gesta e incompetencia”; Atlántica, 2003.

Caturelli, Alberto. “Recuperación de las Malvinas Argentinas, noción de guerra justa”; Secretaría General del Ejército, 1982.

Díaz Araujo, Enrique. “Malvinas 1982, lo que no fue”; Ediciones El Testigo, 2001, p. 25.

Franks, Honorable Lord. “El servicio secreto británico y la guerra de las Malvinas”; Mar Dulce, 1985.

Giachino, María Delicia Rearte de. En prólogo a: Seineldín, Mohamed Alí. “Malvinas, un sentimiento”; Sudamericana, 1999, p. 9, 10.

 

 

 

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