Mario Meneghini
Con
motivo de cumplirse 41 años de la recuperación de las islas, considero
necesario procurar desentrañar la verdad de lo sucedido, puesto que el tiempo
transcurrido y la multiplicidad de opiniones discordantes produce confusión y
lleva al desaliento en la sociedad argentina; de allí la necesidad de un
análisis integral, a través de una investigación bibliográfica que permita
llegar a conclusiones plausibles y fundamentadas.
Es
posible, afirmaba Ricardo Paz sobre el tema, “siguiendo estas huellas confusas,
llegar a conclusiones ciertas sobre lo esencial del conflicto”; puesto que “la
política, sobre todo la política exterior, tienen poco de esotérico”.
Pese
a la cantidad de obras publicadas, una cierta proporción de las mismas no
resulta confiable para un análisis serio, en razón de no haber examinado todos
los aspectos involucrados, o estar teñidas de una posición ideológica. En esta categoría incluimos el llamado informe
Rattembach pese que abarca un total de diecisiete volúmenes. En efecto, la
propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 200/12,
para revisar el material antes de darlo a publicidad, luego de treinta años de
permanecer en secreto, afirma que parte de los documentos constituyen
“apreciaciones a título personal”, y “revelan de parte de sus autores
ignorancia o desconocimiento de elementos sustanciales de la controversia”.
A
ello debe agregarse que el mismo presidente de la comisión, Teniente General
Benjamín Rattenbach, efectúa esta aclaración, agregada a mano en el folio 291:
“Firmo en disidencia, porque estando de acuerdo con el contenido de este
informe, inclusive la definición de responsabilidades, no estoy de acuerdo con
su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido para su
presentación”.
Sobre
los derechos argentinos respecto a las islas Malvinas y archipiélagos
adyacentes, nos remitimos al dictamen redactado por el Dr. Ricardo Zorraquín
Becú, y aprobado por la Academia Nacional de la Historia en sesión del 11 de
agosto de 1964, ratificado en mayo de 1982. Resumiendo las conclusiones, el
reclamo argentino se funda históricamente en las siguientes razones:
a)
La soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de la
ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esa
soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sud (tratados
de 1670, 1713 y subsiguientes).
b)
La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los
derechos y obligaciones heredados de España, que renunció por el tratado del 21
de setiembre de 1863 a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían.
c)
La ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820
hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la
fuerza.
La
mayoría de las críticas sobre lo ocurrido en 1982, no ponen en duda los
derechos argentinos sobre el territorio en disputa, sino que se refieren a la
decisión misma de recuperarlo por la fuerza, considerando que fue un acto
irracional, que no debió haber sucedido, por el riesgo que implicaba enfrentar
a una potencia.
Por ejemplo, el General Martín
Balza, quien, pese a haber combatido en la guerra de Malvinas, y haber ocupado
durante una década la Jefatura del Estado Mayor del Ejército Argentino,
sostiene que el enfrentamiento fue una decisión equivocada, basada en “análisis
y asesoramientos efectuados por incompetentes...” (2003, p. 22).
En cambio, el General británico
Jeremy Moore, comandante de las tropas inglesas en ese conflicto bélico,
recordó en una entrevista el miedo que sintió el 14 de junio de 1982, de que la
Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador
argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar.
Manifestó que: “Era muy consciente de que los argentinos son un pueblo
orgulloso y que el honor militar tiene mucha importancia para ellos, por lo que
temía que ese término hiciera que se rehusaran a firmar el documento”. La
preocupación de Moore se fundaba en que el Alte. Woodward, jefe de la flota, le
había dicho que, si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14 de junio, lo
iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez “como quien va a
jugar al póker con una mano pobre de naipes” (La Prensa, 1-4-86).
Conociendo estos detalles, resulta
difícil aceptar que algunos argentinos descalifiquen tajantemente el hecho en
sí de haber aceptado la guerra. El ex presidente Alfonsín, sostuvo que fue una
aventura incalificable (1-2-83); mientras el también ex presidente Menem aludió
a un conflicto que nunca debió haber ocurrido y que lamentaba profundamente
(24-10-98).
En realidad, la documentación es
abundante, comenzando con el Informe Franks, elaborado por disposición del
Parlamento británico, al finalizar la guerra. Esa documentación permite
reconstruir lo sucedido, y es una obligación moral hacerlo, con la mayor
objetividad posible. Si así se lo hace, podemos verificar que, como en toda
acción humana, hubo errores, pero no una incompetencia generalizada, y también,
como expresó la Sra. De Giachino –“nos deja la certidumbre de que la guerra no
fue buscada, de que la incomprensión, la soberbia, la tozudez del enemigo nos
arrastraron a ella; de que la Argentina la necesitaba para redescubrirse en
esta heroica gesta, continuación de la hazaña sanmartiniana...”.
Decisión
La decisión de combatir no fue
irracional, se adoptó pues la Argentina fue agredida, como lo reconoció la
Cámara Federal que juzgó a los jefes militares. La Argentina negoció de buena
fe, con paciencia, durante muchos años en el marco de las Naciones Unidas, y la
única ocasión de solucionar el conflicto se dio en junio de 1974, cuando el
gobierno laborista inglés efectuó una propuesta de condominio, que había sido
aceptada por el presidente Perón; al fallecer éste quedó trunca esa opción, y
todos los esfuerzos posteriores se estrellaron con la intransigencia británica.
Por eso, cuando se produjo el incidente de las Georgias, la Argentina se vio
obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa, previsto en la Carta de
las Naciones Unidas (Art. 51) en caso de ataque armado.
En el fallo de la Cámara Federal,
en noviembre de 1988, se afirma: La necesidad política de responder a las
agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber
de asegurar la respuesta al avance del enemigo. La misma representante
permanente de EEUU en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick declaró ante la
televisión: Yo no creo que, a la Argentina, dado el hecho de su permanente
reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, se le pueda decir que por
ocuparlas estaba cometiendo agresión. Tengamos en cuenta que recién el 30-3-82,
ante el ataque inminente, el gobierno argentino fijó el 2 de abril como Día D;
mientras que para los ingleses la guerra comenzó antes.
En efecto, el Alte. Woodward, cuenta
en sus Memorias: “Mi guerra había durado exactamente cien días...desde que dije
adiós...en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo”. Dada la situación
planteada, la única forma de evitar la guerra hubiera sido el sometimiento
completo ante Inglaterra. Por eso, el Dr. Alberto Caturelli, demuestra que en
Malvinas la Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de
una guerra justa.
Consecuencias
No es exacto que la guerra haya
perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La
mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionó,
desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a la Argentina, siendo
la primera de ellas, la Nº 37/9 de noviembre de 1982, aprobada con el voto de
Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en
las Malvinas es incompatible con los ideales de las NU. También el informe
Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico reconoce que el peso
de la evidencia es más favorable al título argentino. Asimismo, el informe
advierte que el conflicto continuará hasta que se logre un acuerdo negociado de
la disputa con la República Argentina.
De manera que el debilitamiento de
la posición argentina no es consecuencia de la guerra, sino de una actitud
política y cultural de una parte considerable de la dirigencia argentina, que
no ha vacilado, incluso, en efectuar propuestas de solución incompatibles con
la Constitución Nacional. Recordemos que, en la reforma de 1994, la ley
fundamental, en su Primera Disposición Transitoria, ratifica para la Argentina
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas, y que la recuperación
de las mismas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La verdadera rendición
incondicional, como la calificó el profesor Baquero Lazcano, se concretó en dos
tratados celebrados con Gran Bretaña: el de Madrid (febrero de 1990) y el de
Nueva York (setiembre de 1995). Ninguno de ellos fue aprobado por el Congreso,
mediante el ardid de denominarlos Declaraciones, pese a que contienen todos los
elementos de un tratado, y en ellos se efectuaron concesiones inconcebibles.
Actitudes concesivas
Un diplomático, Ortiz de Rozas, que
fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber
evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de
retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una
condición suspensiva por un período de tiempo de administración inglesa, que él
estima en 40 o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese
período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y
diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.
La mentalidad concesiva de diplomáticos
que actúan sin referencia a una política exterior destinada a defender el
interés nacional, es la tónica general que caracteriza a nuestra Cancillería,
desde hace muchos años. De allí surge también el convencimiento de que se debió
aceptar alguna de las propuestas de solución para evitar la guerra, como la del
Gral. Haig, Secretario de Estado norteamericano, conocida como de tres
banderas. Este general no fue un mediador imparcial; la embajadora Kirkpatrick
señaló que es un británico disfrazado de americano. El senador Helms, consiguió
que el presidente Reagan le pidiera la renuncia, al hacerle llegar el texto de
contrapropuestas argentinas que Haig había ocultado.
La propuesta era inaceptable pues
significaba para la Argentina dejar de lado todo lo resuelto en Naciones
Unidas, que encuadró al caso Malvinas en el Cap. XI de la Carta de ese
organismo, relativo a la descolonización. Se pretendía que nuestro país
aceptara voluntariamente ser incluido en el sistema de fideicomiso, contemplado
en el Cap. XII de la Carta. A su vez, la propuesta del presidente de Perú,
Belaunde Terry, que era menos perjudicial, estuvo a minutos de ser admitida por
la Junta Militar, cuando se conoció que un submarino inglés había hundido el
buque general Belgrano, fuera de la zona de exclusión, causando 333 víctimas.
Ya era imposible evitar el enfrentamiento.
Un ejemplo poco conocido de la
misma actitud concesiva o timorata en la defensa del interés nacional, el de la
provincialización del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Por Ley 23.775 se constituyó la nueva provincia, con
igual territorio, pero ampliado pues se dispuso que abarcara toda la superficie
marítima en torno a las islas. La ley fue sancionada en abril de 1990, con 91 votos
en contra, de legisladores radicales -como el ex Canciller Caputo) que
advirtieron sobre los perjuicios diplomáticos que derivarían de haber incluido
a las Malvinas. El diputado Vanossi consideró que era un arrebato legítimo pero
erróneo: No queremos discutir una provincia conjetural (La Nación, 27-4-90). El
presidente Menem, con la firma de su Canciller, Cavallo -Decreto 905/90- vetó
el Art. l de la ley, que fijaba la jurisdicción, con el argumento de haberse
incluido por error las islas Lawrence y Cole que pertenecen a Chile. El mismo
día, 10-5, envió al Congreso un proyecto de modificación, excluyendo a las
Malvinas y toda superficie marítima.
Posteriormente (7-2-91), la Cámara
de Diputados dio media sanción a otro proyecto del Poder Ejecutivo que incluía,
ahora sí, a las Malvinas en la nueva provincia, pero con una particularidad
insólita. Establecía un ámbito político al que pertenecerían las islas Grande,
Estados, Año Nuevo, y simultáneamente, el gobernador sería Delegado Federal con
respecto al sector antártico, Malvinas, Georgias y Sandwich. Afortunadamente,
este engendro jurídico no prosperó, pero, como en el ínterin, se sancionó la
Constitución de Tierra del Fuego, el Art. 2 de la misma tuvo que declarar que
la provincia tendrá los límites que por derecho le correspondan... Es decir,
que, como nunca se modificó el Art. l de la ley de creación, la provincia de
Tierra del Fuego, carece de territorio definido.
Otro antecedente, digno de ser
conocido: el diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de
la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno
británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback)
consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por
un período de tiempo a cargo de la administración inglesa, que él estima en 40
o 50 años a lo sumo (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se
agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que
se sabe que existen en la zona en disputa.
Situación actual
El mayor riesgo es que Gran Bretaña
convierta a las Malvinas en un Estado independiente incorporado al
Commonwealth, puesto que es una tendencia muy marcada. Advertía el ex senador
Terragno, que los pocos casos que están sometidos al Comité de Descolonización
de la NU, no van a terminar ni en el mantenimiento de las colonias ni en
independencias verdaderas. Van a terminar en mini Estados que le confían la
defensa a la antigua metrópoli o a una potencia regional. Son países con
sponsors (Clarín, Zona, 1-4-07).
Y es un error creer que las
Malvinas no se pueden independizar por su dimensión. Comparemos con los
siguientes Estados reconocidos por las NU: República de Palau, 458 km2;
República de Túvalu, 26 km2; República de Nauru, 21 km2. Malvinas tiene una
superficie de 12.173 km2, y una renta per capita de US$ 52.781, superior a la
de Argentina y de Gran Bretaña. La posibilidad mencionada ya fue expuesta por
Richard Davies, miembro del Consejo Legislativo de las islas, en el seno del
Comité de Descolonización, en la reunión de 2006. Andrés Cisneros, ex
vicecanciller estima que los malvinenses empujan la idea de la independencia
con el aval del Foreign Office porque saben que en la ONU hay un clima a favor
de llegar a algún tipo de arreglo (La Nación, 22-10-06).
Un procedimiento que recomiendan
los expertos es solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión
consultiva sobre la obligación del Reino Unido de negociar la controversia por
la soberanía, cumpliendo la reiterada exhortación efectuada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta los errores cometidos y la
tradicional habilidad diplomática inglesa, que acaba de dar un nuevo paso, al
anunciar la extensión de la superficie marítima pretendida, sería insensato
permanecer inactivos en este tema fundamental para la recuperación de nuestra
soberanía plena.
Para concluir, recordamos una
reflexión poética de la Sra. de Giachino, madre del primer caído en la
recuperación de las islas: “La Guerra de las Malvinas tan discutida, tan amada,
tan vapuleada, tan elevada, tan cruel, tan santa, tan triste, tan dulce, es el
exponente histórico más acabado de cómo la justicia de la causa puede
transformar a los hombres. Hacer de casi niños, verdaderos varones. De
cobardes, valientes, y de valientes, héroes y de héroes, mártires. Cómo la
justicia de la causa basta para asombrar al mundo, para mover flotas
invencibles, para suscitar odios y venganzas, para descubrir traidores”.
Bibliografía consultada:
Balza, Martín. “Malvinas, gesta e incompetencia”;
Atlántica, 2003.
Caturelli, Alberto. “Recuperación de las Malvinas
Argentinas, noción de guerra justa”; Secretaría General del Ejército, 1982.
Díaz Araujo, Enrique. “Malvinas 1982, lo que no fue”;
Ediciones El Testigo, 2001, p. 25.
Franks, Honorable Lord. “El servicio secreto británico
y la guerra de las Malvinas”; Mar Dulce, 1985.
Giachino, María Delicia Rearte de. En prólogo a:
Seineldín, Mohamed Alí. “Malvinas, un sentimiento”; Sudamericana, 1999, p. 9,
10.
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