lunes, 28 de noviembre de 2022

DEMASIADO PARA MORIR

 

 muy poco para vivir

 

POR GABRIEL CAMILLI

 

La Prernsa, 27.11.2022

 

En el noveno mes de la guerra en Ucrania, este sangriento y devastador conflicto continúa presentándose como una "montaña rusa emocional". Los continuos informes de los medios sobre éxitos y fracasos caracterizan el panorama en ambos lados. En la guerra, que también se ha librado como una guerra de información desde el principio, se está volviendo cada vez más difícil mantener una visión general. Como es habitual en los conflictos de mayor duración, también hay cierta resignación en los informes de los medios regionales y globales. Nuevos eventos, como por ejemplo, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán, dominan las primeras planas.­

 

Los servicios de inteligencia occidentales informan constantemente sobre las graves debilidades de la gestión de operaciones rusas e incluso predicen que el ataque ruso colapsará pronto. Pero este colapso no se produce. Lo contrario parece ser el caso. En el Donbass, las fuerzas rusas siguen avanzando lenta pero constantemente a lo largo de un amplio frente. En el sur, el frente se ha estabilizado apoyados en la orilla occidental del Dniéper. La retirada del área de Kyiv, en su momento, se presentó con éxito a la población rusa como parte del plan general para "desmilitarizar" Ucrania.­

 

Si miramos las batalla en detalle, podemos ver una cosa desde el punto de vista militar: las entregas de armas occidentales están teniendo un efecto, pero aún no de forma rotunda y sostenible. El resultado debe ser medible. Solo cuando los ataques rusos se detengan por completo o cuando las tropas rusas se retiren (similar a la situación alrededor de Kyiv en marzo de 2022) se puede hablar realmente de un punto de inflexión en la guerra desde un punto de vista sobrio, objetivo y militar. Los envíos de armas occidentales que han llegado hasta ahora significan que las fuerzas armadas ucranianas tienen "demasiado para morir y muy poco para vivir".­

 

­ENVIOS DE ARMAS­

 

Por el momento, los envíos de armas occidentales cubren solo una parte de las necesidades reales de Ucrania. Se han prometido capacidades básicas importantes, como sistemas de defensa aérea de mediano y largo alcance de alto rendimiento, en pequeñas cantidades, pero aún no se han entregado. La Fuerza Aérea de Ucrania resultó gravemente afectada. Actúan con audacia, pero a la defensiva y tienen poca capacidad ofensiva. Las fuerzas terrestres ucranianas están desgastadas.­

 

Los sistemas de artillería occidentales entrantes se envían de un lado a otro a lo largo de la línea del frente para crear "efectos" en el lado ruso, como la destrucción de los depósitos de municiones. Esta línea de frente tiene casi 1.000 kilómetros de largo, desde Kharkiv en el norte hasta Kherson en el sur. A pesar del apoyo masivo con datos de reconocimiento, sobre todo de EE. UU., al Estado Mayor ucraniano se le pide constantemente que evalúe dónde está utilizando sus pocos recursos (especialmente la artillería de largo alcance).­

 

En Ucrania, además, todas las características de una agotadora guerra de desgaste son claramente perceptibles en el campo de batalla. Como hace casi cien años, el uso de la artillería determinó la situación en el frente. En las profundidades del enemigo intentan interrumpir o destruir sus suministros. Las líneas de ferrocarril, los puentes y las estaciones son de gran importancia.­

 

En los últimos tiempos los ataques rusos a la infraestructura eléctrica de Ucrania buscan minar la moral de la población ante el crudo invierno. Los drones para el reconocimiento de artillería o en uso "Kamikaze", las aplicaciones de control de fuego de artillería, los misiles de crucero de precisión o misiles de alcance medio, el reconocimiento por satélite y por radio solo ocultan el hecho de que la guerra todavía se libra con extrema brutalidad.­

 

Como expresamos anteriormente en La Prensa: "las operaciones terrestres y aéreas son complementadas por operaciones de ciberataques y operaciones de información perfectamente sincronizadas en tiempo y forma para producir un efecto deseado a fin de lograr u apoyar el éxito del objetivo político y estratégico".­

 

Clausewitz señaló correctamente que la naturaleza de la guerra nunca cambia, solo cambia su carácter, "es un verdadero camaleón" y en esta guerra europea la "Niebla de la Guerra 2.0" se ve atravesada por la guerra de la información sin restricciones y global para influir en la mente de los pueblos, para entrar en cada casa por los medios de comunicación y las redes sociales.­

 

Rusia ha sufrido más de 100.000 bajas entre muertos y heridos como resultado de la guerra y Ucrania puede haber contabilizado un número de víctimas similar, según el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley. Pero sin embargo los medios de comunicación cambian los números para manipular a sus públicos.­

 

El objetivo de esa guerra de información es la mente de los ciudadanos de ambos bandos.­

 

VOLUNTAD DE LUCHA­

 

Al respecto es importante considerar el uso que las partes dan a la encuesta de Gallup donde se muestra el nivel de voluntad de lucha de los diferentes países del globo. Allí podemos a acceder a una forma de registro de datos que permite identificar las creencias, valores y preferencias políticas de la población, e incluso comprender qué sienten las personas en relación a sus comunidades.­

 

Así la "Encuesta Mundial de Valores" incluye esta cuestión: ¿Estaría dispuesto a pelear por su país? Y al consultarla nos revela que por ejemplo en España, Portugal, Eslovaquia o Italia una mayoría afirma que no. En Alemania, una mitad estaría dispuesta y la otra no. En Bielorrusia, Rusia y Ucrania una gran mayoría responde afirmativamente, cosa que también se observa en Noruega, Suecia y Dinamarca. (Para ver la encuesta pueden consultar https://www.mediablizz.com/willing-fight-country/

 

Conociendo ambos bandos estos datos de la encuesta, la acción comunicacional de la guerra cognitiva apunta a la mente del occidente opulento que rechaza la guerra y no está dispuesto a pelear por su país. Porque en occidente están los menores niveles de intensión de luchar por sus naciones.­

 

Al inicio de la guerra algo veíamos en este aspecto en La Prensa (26.02.2022), `La Fortaleza y la fuerza': "Si se analizan uno a uno los elementos del poder nacional (territorio, población, PBI, poder militar, moral nacional, inteligencia estratégica, calidad de la dirigencia, etc.) puede fácilmente constatarse que Estados Unidos está declinando relativamente en función del ascenso chino en todos los órdenes. Rusia, en cambio, no tiene la fuerza económica ni de USA ni de China, pero tiene un poder militar enorme y probado exitosamente en combate, y tiene además un control determinante sobre la energía que consumen las industrias y los hogares europeos. Por otra parte, no hay liderazgos en los países de la OTAN que tengan un compromiso real con los valores y los intereses occidentales como los que tiene Putin con los valores y los intereses rusos, y como los que tiene Xi con los valores y los intereses chinos. ¿O acaso alguien puede creer que el auge de las teorías posmodernas y deconstructivistas -los ataques a los valores occidentales, a la idea de Patria, a la familia, a la historia, al cristianismo, etc.- no iban a tener consecuencias? Que nadie se llame a engaño. El primer escudo defensivo de un Estado es la confianza en su propia identidad nacional, espiritual e histórica. La Fortaleza es una virtud, la fuerza es una consecuencia. ¿De qué sirven los arsenales de la OTAN si los dirigentes no creen en los valores tradicionales de Occidente? ¿Qué van a defender?"­

 

Como venimos afirmando, en general, esta fase de la guerra en Ucrania se desarrolla en tres niveles críticos: la capacidad de resistencia de las tropas rusas que esperan refuerzos, la capacidad de Occidente para continuar alimentando el esfuerzo bélico ucraniano con armas y municiones y la capacidad de Kiev mantener la iniciativa en el campo de batalla a pesar de las enormes pérdidas en tropas y vehículos que Occidente intenta compensar.­

 

Gabriel Camilli

Cnl My (R) - Director de Elevan.

ARGENTINA E ISRAEL


 tienen la llave para alimentar al mundo

 

Mario Montoto

Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí

 

Infobae, 28 de Noviembre de 2022

 

“Con los recursos que tienen Israel y Argentina, si cooperamos, podemos alimentar al mundo”. La frase, que escuché en primera persona del actual presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, es mucho más que una declaración de intenciones. Responde a un razonamiento fruto de un certero análisis del gigantesco potencial que presenta el sector agroalimentario argentino y de la dilatada experiencia israelí en materia agrotecnológica y de manejo de los recursos hídricos. La naturaleza ha sido mucho más generosa con nuestro país, pero la dureza del clima, la escasez de agua y la aridez de su suelo no han sido un obstáculo para que Israel se haya convertido en un verdadero vergel. Hoy, ese país enclavado en el corazón de Medio Oriente nos ofrece un modelo de gestión inteligente del agua y de aprovechamiento agrícola en zonas inhóspitas como el desierto del Néguev, algo impensado hace apenas 50 años.

 

Con una superficie de más de 2,78 millones de kilómetros cuadrados en su área continental y una población de 47,3 millones de habitantes, la Argentina está en condiciones de alimentar a más de 400 millones de personas en el mundo. Desde la más tierna infancia nos enseñaron que nuestro país es el “granero del mundo”; la realidad de nuestro sector agrícola nos muestra que podemos ser mucho más que eso. En las últimas tres décadas, hemos logrado duplicar el área sembrada y triplicar la producción de alimentos. Avances como la siembra directa, fruto del desarrollo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), demuestran el impacto del trabajo de la academia argentina en la productividad de nuestros suelos. La biotecnología es un verdadero orgullo y demuestra que los argentinos somos capaces de agregar valor y generar innovación en sectores de punta.

 

Otro claro ejemplo de la excelencia argentina son los 29 puertos ubicados en el Gran Rosario, considerado como el segundo nodo portuario agroexportador más dinámico del mundo después de Nueva Orleans. Desde este complejo industrial oleaginoso y portuario, situado en 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná entre Timbúes y Arroyo Seco, se embarcan distintos tipos de granos, aceites, biodiésel y otros subproductos. Lo hacen a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura principal que moviliza los agronegocios en Argentina y constituye, en el Cono Sur, pieza central del amplio sistema regional e internacional de exportación de commodities agrícolas.

 

Sin embargo, esas cifras no pueden ocultar los escollos que aún existen. Las dificultades para consensuar una clara estrategia exportadora, las tensiones políticas y los vaivenes de nuestros ciclos económicos han impedido hasta hoy aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece el sector más competitivo de nuestro entramado productivo. Otro obstáculo es el costo del flete marítimo y los tiempos de transporte, que penalizan a nuestros productores respecto de sus competidores en EEUU y la Unión Europea. Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que trasladar la producción argentina de granos hacia China requiere seis días más de los que insume el mismo transporte desde los puertos del golfo de México y más del doble que el empleado desde las terminales portuarias de la costa oeste estadounidense. Un proyecto que aún falta concretar, pero que pone foco en estas dificultades, es el Corredor Bioceánico, que uniría la costa chilena con la Hidrovía Paraná-Paraguay.

 

Hagamos, ahora, un vuelo imaginario. A 12.700 kilómetros de distancia de nuestro país, en una región mucho menos beneficiada por la naturaleza y en un contexto geopolítico muchas veces hostil, el Estado de Israel muestra la otra cara de la moneda. Con un territorio cubierto en más del 60% por desierto y grandes dificultades de acceso al agua, este pequeño país en extensión territorial de Medio Oriente ha sido capaz de superar todas las dificultades y convertirse hoy en una potencia en materia de innovación tecnológica y pionero en el aprovechamiento de sus recursos hídricos. No ha sido el fruto del azar, sino el resultado de décadas de trabajo e investigación, con un Estado presente y un sector privado pujante y emprendedor.

 

No es casual que Israel sea el país que más invierte en investigación y desarrollo. Según cifras de la Unesco, en 2020 el presupuesto destinado a ese capítulo representó el 5,44% de su PBI, frente al magro 0,5% de la Argentina. El ecosistema tecnológico israelí es envidiable y el sector agroalimentario no es la excepción: el país cuenta con más de 500 startups especializadas en el sector agrotecnológico y la ciudad de Tel Aviv se ha convertido en uno de los mayores polos de Food Tech –tecnología aplicada a los alimentos– a nivel global. Los planes a largo plazo, que tanto nos hacen falta en la Argentina, están presentes en cada uno de estos proyectos. Tengamos en cuenta que, de aquí a 2040, Israel proyecta que su población crecerá a 12,8 millones de habitantes. Para eso, necesitará nuevas fuentes de alimentos alternativas a la agricultura y a la industria alimentaria tradicional.

 

El manejo de los recursos hídricos es otro modelo en el que Israel ha tomado la delantera. Los menos de 25 milímetros de lluvia por año y la escasez de fuentes de aprovisionamiento de agua obligaron a los investigadores y a las autoridades a adoptar modelos innovadores y tecnologías de punta para administrar la escasez. “Cada gota cuenta” es un mantra que todos los habitantes de este país aprenden desde niños. Actualmente, Israel recicla el 87% de sus aguas residuales y reutiliza esos efluentes para irrigar cultivos. Por otra parte, las pérdidas de su red hídrica son menores al 10% y sus cinco plantas desalinizadoras –hay una sexta en fase de construcción– producen más de 600 millones de metros cúbicos de agua potable cada año, que representan más del 50% del consumo de sus hogares.

 

Si comparamos esa situación con la de Argentina, el sexto país del mundo en cantidad de recursos hídricos, las diferencias saltan a la vista. Nuestro país aún está muy lejos de hacer un uso racional de sus recursos hídricos, aunque la realidad es muy diversa en un territorio tan vasto. Por ejemplo, el consumo doméstico diario de agua per cápita en el Gran Buenos Aires es de 370 litros, seis veces más que el aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No tomamos consciencia de que se trata de un recurso limitado y finito. Las recientes sequías y la histórica bajante del río Paraná son una clara muestra de las dificultades que tendremos que enfrentar en los próximos años. Los grandes centros urbanos del litoral sufrieron en carne propia una realidad que enfrentan a diario millones de habitantes de las regiones más áridas del país. Allí es donde, justamente, el ejemplo israelí puede ser de especial utilidad.

 

La sinergia entre los distintos centros de investigación argentinos e israelíes y el intercambio de experiencias son claves para articular una alianza entre nuestros dos países, que está llamada a potenciar ambas economías y a la transferencia de tecnología vinculada al agronegocio y al manejo de los recursos hídricos, entre muchos otros campos fértiles para una colaboración que sería beneficiosa para ambos países. La visita a Israel, en abril pasado, de una delegación argentina, encabezada por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y de la que formaron parte un grupo de gobernadores de distintos signos políticos y representantes de diez provincias argentinas, permite ser optimistas de cara al futuro. De esa gira surgió el compromiso de una cooperación con la compañía nacional de agua israelí, Mekorot, para articular un trabajo en conjunto en el manejo del agua y desarrollo de áreas de riego en todo el territorio argentino.

 

Se están dando los primeros pasos concretos, fruto de una política de Estado de la que participan gobiernos tanto del oficialismo como de la oposición. Mekorot ya está trabajando con los equipos técnicos de Mendoza y San Juan en la elaboración de sendos Planes Maestros para el manejo sustentable de los recursos hídricos en estas dos provincias cuyanas. Más recientemente, Catamarca, La Rioja y Río Negro –cuyas autoridades también participaron de la visita a Israel– suscribieron sus propios convenios con dicha compañía israelí. En la concreción de estos acuerdos tuvo rol central el Consejo Federal de Inversiones (CFI), encabezado por Ignacio Lamothe, la Embajada del Estado de Israel en Argentina y la Embajada de la República Argentina en el Estado de Israel.

 

No hay tiempo que perder. Nuestros dos países tienen una complementariedad en sus sistemas productivos que nos permite pensar en la conformación de una sociedad estratégica, que redundará en evidentes beneficios comerciales y una mejora en la calidad de vida de nuestra población. El foco en la agrotecnología puede seguir profundizándose para convertirse en una plataforma de despegue inusitado para nuestro país de cara a las próximas décadas. Además, nos permitirá insertarnos en el mundo de una manera más competitiva, a través del uso sustentable de nuestros recursos naturales, en línea con una agenda de desarrollo respetuosa del ecosistema en el que vivimos.

 

Tengo la profunda convicción de que lograremos potenciar esta oportunidad única y transformar esta “llave” en una realidad que redundará en beneficio para la humanidad toda.

sábado, 26 de noviembre de 2022

MINISTRA DE TIERRA DEL FUEGO


 FACILITARÍA LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL

 

CÉSAR LERENA

 

26-11-22

 

La construcción de un puerto en Río Grande que podría servir para el desarrollo de Tierra del Fuego le abriría las puertas a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental.

 

La excelente entrevista (24/11/2022) de la periodista de la Revista Puerto Karina Fernández a la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego Sonia Elizabeth Castiglioni es suficiente elocuente y, habla por sí misma, de las incapacidades que tienen algunos funcionarios cuando, tanto a nivel nacional como en las provincias argentinas, ocupan posiciones relevantes sin disponer de la aptitud suficiente para diseñar una estrategia integral y, muchos más, cuando sus decisiones domésticas podrían afectar la soberanía nacional y la sostenibilidad del ecosistema marino, perjudicando la sustentabilidad de la producción nacional y la perpetuidad de las especies pesqueras de tercera generación.

 

Tal es el caso de la citada Castiglioni, que no registra un solo antecedente privado en la producción de bienes ni título habilitante alguno en materia de desarrollo ambiental y sostenibilidad, sino que ha limitado su actividad a realizar algunas tareas privadas relativas a sistemas informáticos y administrativos y, vive del Estado municipal de Río Grande y la provincia fueguina desde abril de 1994 a la fecha; siendo desde este mes, además de ministra, directora titular de YPF S.A. (¿?). Alguna virtud ha de tener esta señora para acceder a semejantes cargos sin tener antecedentes relevantes y, de sus respuestas dadas a la sagaz periodista, tampoco parece exhibir claridad política y estratégica ni conocimiento de la legislación vigente, frente a la responsabilidad que le compete, teniendo en cuenta que se trata de una secretaria del Gobernador en materia de producción y cuidado del ambiente de la provincia más austral, que tiene bajo su jurisdicción  -nada menos- que las Malvinas, el resto de los territorios insulares, la Antártida y las aguas correspondientes; motivo por el cual, sus acciones y declaraciones, pueden atentar contra el interés nacional o dificultar la trabajosas relaciones diplomáticas argentinas con el Reino Unido, además de perjudicar gravemente a la producción y el trabajo nacional que explota los recursos pesqueros de Argentina.    

 

La posición que exhibe la ministra en sus contestaciones va en contra de las opiniones de todos los foros de los organismos multilaterales y de los expertos internacionales y nacionales respecto a los efectos devastadores de la Pesca Ilegal y de la captura de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), por parte de buques extranjeros que, forma subsidiada, pescan en el Atlántico Suroccidental argentino. Y, en la Pesca Ilegal no solo hay perjuicios económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que estas prácticas provocan violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico, además de menoscabar la soberanía de los Estados ribereños. Por lo tanto, esta funcionaria, no puede poner en la balanza todo ello y contrastarlo con la intención infundada de generar algunos recursos económicos para la provincia provistos por pesqueros depredadores que, además, no tendrán envergadura alguna en relación al 1.080.000 toneladas de especies migratorias originarias de la ZEE Argentina que anualmente extraen chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc. por un valor FOB de 4.320 millones de U$S y de 24.000 millones de U$S en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de 1,5 mil millones de U$S FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil millones por año. Una irresponsabilidad política y económica.

 

Dice Karina Fernández: «Sonia Castiglione, habló con este medio sobre la construcción del puerto multipropósito en Río Grande y, la intención de abastecer a la flota que opera en el Atlántico Sur y su interés de que aumente el número de barcos poteros en el mar argentino» y, refiere la periodista, que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…». Preguntada la ministra si existía «intervención del gobierno chino en la construcción del puerto de Río Grande» la ministra manifestó que no había capitales chinos; pero, reconoció que una de las empresas inversoras es de Hong Kong (¿?), además del ANSES (¿?) y la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales.

 

Del mismo modo, si en conocimiento de «la buena relación del Gobernador con el gobierno chino… ¿Esto podría sustentar la idea de que uno de los destinos del puerto sería abastecer a la flota (china) que opera en la milla 201?» la sonsacada responde sin sonrojarse que el «puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante y posicionará a la Argentina. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar. Que uno pretenda ofrecer servicios a chinos o a quien sea que esté en la milla 201 tiene que ver con la generación de empleo y economía dentro de los territorios, pero eso no es a cualquier costo, se establecerán las condiciones necesarias y si hay alguna limitación por equis razón para algún tipo de flota o de bandera, se establecerán las limitaciones que correspondan llegado el momento. Lo digo en forma conceptual, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos.

 

Si se tratara de un desinformado poblador del impenetrable chaqueño la opinante podríamos aceptar semejante insulto a la inteligencia; pero no, se trata de una ministra de Ambiente que parece ignorar el daño ecológico que ocasiona la explotación ilegal en Malvinas y en el Atlántico Suroccidental y el apoyo logístico que se le presta a la flota española-británica, coreana y taiwanesa tanto en las islas, como en Uruguay y Chile (más la china que pesca en la región) y, no tiene mejor idea que multiplicar el daño dándole también apoyo logístico en Rio Grande. Accesoriamente, creemos que los pobladores de esta ciudad deberían estar muy preocupados por los efectos colaterales negativos, que la presencia de estos depredadores habrá de ocasionar.

 

Dice la susodicha que «ve pasar los servicios» a buques que operan ilegalmente. Bueno, en lugar de verlos pasar, debería actuar, porque Malvinas, las aguas correspondientes y sus recursos forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego. Además que su iniciativa violaría la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, habría que preguntarse, si la ministra no estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público cuando no sanciona ni denuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo Federal Pesquero -donde tiene un representante provincial- la falta de sanciones a las embarcaciones que pescan en el área marina del territorio fueguino y argentino de Malvinas por aplicación de las Leyes 24.922, 26.386 y 27.564 y los artículos 2º; 25º; 31º inc. 4; 49º; 53 inc. 5; 54º; 58º inc. 7 y 11; 63º; 68º y 79º de la Constitución de Tierra del Fuego y muy especialmente el Artículo 81° (Recursos naturales) que indica: «Son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional…» y el artículo 87º (Pesca) «Dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos o espejos de agua, el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos hidrobiológicos (…)

Los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán sujetos a un régimen de protección especial» y, también, por aplicación de la Ley 244 Provincial de Pesca (17/8/1995) que en su artículo 1º indica: «Las prescripciones de la presente Ley tendrán vigencia sobre los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas interiores y marítimas considerados de dominio y jurisdicción provincial tal como lo define el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 81º de la Constitución de la Provincia (…) con las previsiones del artículo 87º de la misma, en relación con los recursos de carácter migratorio» y las previsiones de los artículo 6º, 12º a 18º y 41º a 50º de la referida ley. Del mismo no se denuncia el contrabando por falta de pago de derechos aduaneros (Ley 22.415) a las extracciones y posteriores importaciones, mayoritariamente en España, de las capturas en el área de Malvinas.

 

Por cierto, una iniciativa de esta naturaleza requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de los artículos 4º; 5d; 21ºe, 22º y 37º de la Ley 24.922 y la prohibición derivada del Artículo 27º bis de esta ley.

Los recursos naturales de la Provincia y los de la Nación están siendo expoliadas por embarcaciones extranjeras y, la señora ministra, desea darles facilidades logísticas a esos buques, al tiempo que manifiesta: «Hay cosas que desde Buenos Aires no ven» y ello -aunque un tanto demagógico- es muy probable, pero, en este caso, la ceguera está en el ámbito de sus responsabilidades. 

 

 «Una oportunidad de trabajo» indica; pero lo que va a ocasionar esta absurda propuesta de dar apoyo logístico a la flota que pesca a distancia en “la milla 201” será un aumento del número de buques extranjeros en el Atlántico Suroccidental y el esfuerzo pesquero, provocando un daño gravísimo en el ecosistema, la caída de las capturas de las empresas que se encuentran radicadas en la Argentina y la consecuente pérdida del trabajo nacional y, en el caso, de facilitar las operaciones de los buques que pescan en Malvinas (la ministra refiere a los servicios que se prestan en Malvinas y Chile), habrá de dar mayor sustentabilidad a estas empresas, consolidando la presencia británica en las islas.

 

Es muy probable que la ministra no sepa como generar trabajo en el ámbito marítimo, portuario y pesquero. Los desembarcos pesqueros en Tierra del Fuego cayeron en un 50% desde el 2005 (90.472 toneladas) y 2021 (49.645 toneladas); además, que la Provincia carece de industrias de procesamiento en tierra y agregado de valor lo que reduce notablemente la ocupación de mano de obra. La ministra ha sido incapaz de generar empleo en esta materia durante el tiempo de su gestión en Río Grande y la Provincia. 

  

Es notable el desconocimiento que tiene Sonia Elizabeth sobre los aspectos productivos de la actividad y, muy especialmente, sobre la legislación provincial que refiere a los recursos migratorios, recursos que son los que pesca gran parte de la flota pesquera extranjera en alta mar y, refiere a que «en la milla 201 se pesca lo que nosotros no pescamos», lo cual es absolutamente inexacto, porque las especies son las mismas, migratorias y/o asociadas y, olvida decir que la flota de los Estados de pabellón que pesca a distancia opera subsidiada; sin el pago de derechos y/o aranceles de captura y/o importación y/o exportación con total desprecio a las leyes laborales y de seguridad que gravan el empleo argentino.  

 

Indica también que «Si es pesca legal o ilegal serán parámetros que claramente deberemos establecer» y, debemos recordarle que no hay nada que establecer; toda la flota extranjera que opera en el Atlántico Suroccidental lo hace en forma ilegal debido al incumplimiento de dos parámetros básicos: no tiene control del Estado de pabellón y no ha firmado acuerdo con el Estado ribereño y, 40 razones más que derivan de ello y que omito para no aburrir. En el caso de Malvinas se agrega la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

      

Finalmente, sus argumentaciones respecto al puerto de elección por parte de la flota extranjera son de tal ingenuidad e incompetencia en la materia y de las incapacidades argentinas en materia de control, e ignora también, lo que podría significar la presencia de china en la región, facilitándole el tránsito al pacífico y la pesca ilegal en ambos océanos y, las operaciones en el ámbito de la Antártida.

  

Y en el imaginario que estas grandes superpotencias depredadoras pesqueras con sus 500 o más buques anuales se decidieran a llevar sus capturas a Río Grande u otro puerto cercano, quién se supone que va a controlar las capturas y el tránsito de la flota desde alta mar al puerto y quién habría de controlar el origen, los descartes, las materias primas en cámaras, las condiciones laborales del personal embarcado, etc. Semejante iniciativa requiere un esfuerzo mucho mayor que conseguir una inversión para construir un puerto que con este modelo consolidará definitivamente la extranjerización del Atlántico Suroccidental.

  

«¿Charteo de poteros?» Para hablar de ello Sonia Elizabeth debería saber previamente algo de la historia pesquera; después, conocer la composición accionaria de la flota actual habilitada para pescar en la jurisdicción nacional y, en tercer lugar, trabajar en conjunto con la CAPA que está cuestionando las acciones que propicia.

 

Debido a las inconsistencias políticas y a la falta de idoneidad de los funcionarios, la Argentina sufre la peor colonización continental y marítima de toda su historia, sería bueno que la Sra. ministra tenga en cuenta los artículos 139º y 188º de la Constitución Provincial antes de llevar adelante semejante proyecto que habrá de atentar contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego.    

 

La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

Dr. César Augusto Lerena

Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado

Presidente de la Fundación Agustina Lerena1

Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2

Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022).

26 de noviembre de 2022

 

(1) Fundada el 21/10/2002; (2) Fundada el 2/4/1989

 

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*|ILista|* *|César Lerena|*

martes, 22 de noviembre de 2022

SISTEMA INSTITUCIONAL ARGENTINO

 

Mario Meneghini (*)

 

Con motivo de haberse comentado, en varios encuentros virtuales y en algunas de las propuestas efectuadas por miembros del Consejo Programático de Políticas Públicas, de Córdoba, sobre la necesidad de efectuar reformas en el sistema institucional argentino, nos parece conveniente analizar el tema.

La última reforma a la Constitucional Nacional, se efectuó en 1994; en los 28 años transcurridos, ningún sector político y ningún constitucionalista ha puesto en duda la legitimidad de dicha Constitución. Por lo tanto, las reformas que se propongan deberán someterse al procedimiento respectivo, fijado en el propio texto constitucional (art. 30), de manera que no podrá concretarse sin el apoyo explícito de la mayoría de dos tercios del total de los diputados y senadores. En síntesis, no habrá ninguna reforma institucional sin la participación activa de los partidos políticos.

Uno de los aspectos más criticados de la política contemporánea es el de la representación; la crítica al sistema contemporáneo de partidos está, obviamente, justificada. Dicho sistema se basa en la llamada democracia indirecta o representativa, consistente en que, como todo el pueblo -en quien se supone reside la soberanía- no puede gobernar por sí mismo, debe delegar en sus representantes la función de gobierno, sin abandonar por ello la soberanía. Como el gobierno -especialmente el Congreso- debe representar la Voluntad General, se establece por medio de una ficción jurídica que cada representante representa, no a los ciudadanos que lo han elegido, sino a todo el pueblo. Con lo cual se invalida en la práctica la figura invocada del mandato, según la cual los gobernantes reciben, al ser elegido, un mandato del pueblo, para ejercer en su nombre el gobierno.

En efecto, esta figura se podía aplicar legítimamente durante la Edad Media, con la monarquía tradicional, pues en las cortes o asambleas los representantes eran elegidos por un grupo social determinado (estamentos, ciudades, corporaciones) y únicamente representaban a ese grupo, con mandato “imperativo” a través de instrucciones precisas que, en caso de no ser cumplidas fielmente por el representante, el mandato de éste podía ser revocado.

Por el contrario, en los parlamentos modernos -y ya desde la Revolución Francesa- se prohíben los mandatos imperativos, y los representantes ejercen una representación “libre”, es decir que, una vez elegidos -si bien alegan actuar en nombre del pueblo-, no reciben órdenes de sus electores y actúan con total independencia.

Por otra parte, todos los representantes son propuestos al electorado por los partidos políticos, únicas entidades que tienen acceso legal a los cargos públicos electivos, no permitiéndose ni las candidaturas de ciudadanos independientes ni la representación de otros grupos sociales (CN, Art. 38).

Es por estar basado en el mito de la soberanía popular y en una falsa teoría de la representación, que el sistema actual de partidos políticos carece de solidez y produce efectos negativos en la sociedad.

Durante la vigencia de la monarquía, la actividad gubernamental estaba a cargo del propio rey y de la nobleza, es decir, el estamento aristocrático que rodeaba al rey y cuyos integrantes se preparaban para la guerra y el gobierno. Las cortes o asambleas, ya mencionadas, se limitaban a informar y asesorar al rey sobre los problemas e inquietudes, y, en casos excepcionales, a consentir medidas de emergencia como impuestos especiales, pero la decisión estaba reservada al monarca que representaba la unidad del reino, al estar por encima de todos los sectores.

Al ser reemplazada la monarquía por el sistema republicano, surge la necesidad de sustituir a la nobleza en dicho rol, y este lugar lo ocupan -aunque imperfectamente-, los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos.

La alternativa que proponen distinguidos profesores y publicistas, consiste -explícita o tácitamente- en sustituir el régimen de partidos por: a) una participación activa en la vida socio-política de los cuerpos intermedios; y b) la dictadura como forma de gobierno.

Los cuerpos intermedios son las asociaciones ubicadas entre la familia y el Estado, que persiguen un fin común (sindicatos, entidades profesionales, cámaras empresarias, centros vecinales, cooperativas, mutuales, cooperadoras escolares, etcétera). Toda sociedad contiene en su seno infinidad de entidades y grupos mediante los cuales los hombres tratan de lograr objetivos que sirven a su perfección. Un sano orden social requiere la aplicación del principio de subsidiariedad que demanda que el Estado no absorba las actividades que pueden realizar eficazmente las asociaciones inferiores. En virtud de este principio, la Iglesia siempre sostuvo que los cuerpos intermedios deben gozar de la mayor autonomía posible y ocuparse de muchas tareas que hoy el Estado tiene a su cargo y le impiden ejercer correctamente el rol que le compete como gestor del Bien Común. Asimismo, mediante la interconexión y colaboración mutua, los cuerpos intermedios pueden constituir organismos que resuelvan por sí mismos ciertos problemas sociales y económicos, evitando la lucha de clases: es lo que se llama corporativismo u organización profesional.

En este sistema, los grupos intermedios se van articulando hasta formar un Consejo o Cámara nacional en la que se hallan representados todos los grupos e intereses sociales existentes en la sociedad, con la finalidad de asesorar al gobierno, o, incluso, cumplir funciones legislativas. No cabe duda de que este sistema, recomendado por el magisterio pontificio -especialmente en la Encíclica “Cuadragésimo Anno”-, permite un mejor funcionamiento de la sociedad y a la vez impide los posibles abusos del Estado, pero no puede asumir -en exclusividad- la conducción de éste, ni ocuparse de la actividad específicamente política.

“Es verdad que estos grupos, si bien necesarios, cada uno según su propia finalidad específica, representan sólo intereses delimitados y parciales, no el bien universal del país. No tienen, por consiguiente, competencia para participar en aquellas decisiones superiores que son peculiares del supremo poder político, primer responsable del bien común” (Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano a la XXVI Semana Social de España, 18-3-1967).

Es por eso que, inevitablemente, cuando no se quiere aceptar la existencia de los partidos, se busca una monarquía sin corona: la dictadura. No negamos que pueda resultar inevitable y hasta conveniente establecer un gobierno de facto para producir un cambio integral, en casos como el de nuestro país, desquiciado hasta extremos difíciles de revertir, luego de tantos años de influencia liberal, e insuficiente participación cívica. Pero ocurre que, por definición, la dictadura es una fórmula de transición, que no puede prolongarse indefinidamente.

Sus creadores, los romanos, limitaban su duración a seis meses; aunque aquí se prolongó durante seis años, en dos ocasiones, ¿bastó ese lapso para producir los cambios necesarios? Tampoco las dictaduras nacionales de Franco, en España, y de Oliveira Salazar, en Portugal, que se extendieron por más de 30 años, pudieron modificar el sistema.

Por todo lo explicado, la alternativa comentada, como reemplazo de la partidocracia, no nos parece satisfactoria como solución factible y útil.

Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil, y los patriotas debemos aceptar la guía de la Iglesia, cuya experiencia milenaria resulta invalorable, sin olvidar que es depositaria de la Verdad. Pues bien, la doctrina de la Iglesia en materia de regímenes políticos, nos enseña que, en el terreno de las ideas, los católicos pueden preferir uno u otro, incluso llegar a precisar cuál es el mejor, en abstracto, puesto que la Iglesia no se opone a ninguna forma de gobierno legítimo. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. Y, como toda autoridad proviene de Dios, cuando se consolida de hecho un régimen político determinado, “su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...” [1].

En nuestro país, existe desde hace 206 años la forma republicana de gobierno, que no podemos desconocer, como tampoco negar la vigencia de la Constitución que le dio fuerza legal, sin desviarnos de la doctrina que acabamos de citar. A partir de estas realidades es que debemos desplegar nuestro esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la sociedad en que la Providencia nos ha colocado.

Por otra parte, la actuación de los partidos no es necesariamente mala. En efecto, en todos los tiempos, los hombres se han agrupado en torno a líderes, ideas o intereses, para tratar de influir en la conducción de la sociedad, incluso cuando regía la monarquía y existía la aristocracia. La parte no siempre constituye una facción, ni la discrepancia afecta al bien común, mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Por eso la Iglesia reconoce como legítima “la diversidad de pareceres en materia política...La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y la justicia” [2].

Ahora bien, ya hemos dicho que los grupos sociales intermedios –que, por ser intermediarios entre la familia y el Estado, son infrapolíticos- no pueden asumir la conducción del Estado ni ejercer la actividad específicamente política. Por ello, la conducción global de la sociedad, que compete al Estado, debe estar reservada a un tipo de personas con características especiales.

“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política,…se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás” [3].

Entonces, ¿a través de qué medios pueden seleccionarse a los hombres que habrán de gobernar en un sistema republicano, y en qué tipo de entidades habrán de agruparse de acuerdo a sus preferencias políticas? En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos militares. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce “el eterno retorno de los partidos” [4]. No se ha logrado articular todavía una forma de convivencia que pueda prescindir de los partidos en la actividad política.

Como reconoce el Concilio Vaticano II: “Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).

El profesor Félix Lamas ha explicado, con mucha claridad, que los partidos: “Pueden considerarse de existencia necesaria en la misma medida en que es inevitable una cierta dosis de discordia en toda comunidad...”, y por ello es que hay “un margen funcional admisible en los partidos: pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentren adecuada expresión a través de las comunidades naturales, vgr.: la postulación de candidatos o el sostenimiento de un determinado programa conforme con el bien común” (Cabildo, setiembre de 1982).

Creuzet añade: “Acontece también que su existencia resulta el único medio de contrabalancear el poder tiránico de un Estado descarriado... En este caso, los partidos de la oposición se transforman en verdaderos cuerpos intermedios, apoyo de las personas, de las familias, de los otros cuerpos sociales, en su justa resistencia contra la tiranía” [5].

Debe reflexionarse, además, en que hoy, más que nunca, la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparen seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado. Los aspectos negativos del funcionamiento de los partidos en la Argentina, podrían corregirse fácilmente, con una modificación de la ley orgánica respectiva, para lo cual, debe existir, por supuesto, la previa decisión de un número suficiente de patriotas dispuestos a intervenir en el único ámbito donde se pueden mejorar las instituciones públicas.

Para finalizar, recordemos la advertencia de San Juan Pablo II, al decir que los fieles:

“de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política”.

“Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública” [6].

 

(*) Extractado de: Mario Meneghini. “La Política: obligación moral del cristiano”; Ediciones Del Copista, 2008,

 

1)    León XIII. Au milieu des sollicitudes, p. 23.

2)    León XIII. Cum multa, p. 3.

3)    Sampay, Arturo. “Introducción a la Teoría del Estado”; Bibliográfica Omeba, p. 490.

4)    Lucas Verdú, Pablo. “Principios de la política”; Tecnos, T. III, p. 48.

5)    Creuzet, Michel. “Los cuerpos intermedios”; Speiro, p. 101.

6)    Juan Pablo II. Cristifideles laici; p. 42.