FACILITARÍA LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO
SUROCCIDENTAL
CÉSAR LERENA
26-11-22
La construcción de
un puerto en Río Grande que podría servir para el desarrollo de Tierra del
Fuego le abriría las puertas a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en
el Atlántico Suroccidental.
La excelente
entrevista (24/11/2022) de la periodista de la Revista Puerto Karina Fernández
a la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego Sonia Elizabeth
Castiglioni es suficiente elocuente y, habla por sí misma, de las incapacidades
que tienen algunos funcionarios cuando, tanto a nivel nacional como en las
provincias argentinas, ocupan posiciones relevantes sin disponer de la aptitud
suficiente para diseñar una estrategia integral y, muchos más, cuando sus
decisiones domésticas podrían afectar la soberanía nacional y la sostenibilidad
del ecosistema marino, perjudicando la sustentabilidad de la producción
nacional y la perpetuidad de las especies pesqueras de tercera generación.
Tal es el caso de
la citada Castiglioni, que no registra un solo antecedente privado en la
producción de bienes ni título habilitante alguno en materia de desarrollo
ambiental y sostenibilidad, sino que ha limitado su actividad a realizar
algunas tareas privadas relativas a sistemas informáticos y administrativos y,
vive del Estado municipal de Río Grande y la provincia fueguina desde abril de
1994 a la fecha; siendo desde este mes, además de ministra, directora titular
de YPF S.A. (¿?). Alguna virtud ha de tener esta señora para acceder a
semejantes cargos sin tener antecedentes relevantes y, de sus respuestas dadas
a la sagaz periodista, tampoco parece exhibir claridad política y estratégica
ni conocimiento de la legislación vigente, frente a la responsabilidad que le
compete, teniendo en cuenta que se trata de una secretaria del Gobernador en
materia de producción y cuidado del ambiente de la provincia más austral, que
tiene bajo su jurisdicción -nada menos-
que las Malvinas, el resto de los territorios insulares, la Antártida y las
aguas correspondientes; motivo por el cual, sus acciones y declaraciones,
pueden atentar contra el interés nacional o dificultar la trabajosas relaciones
diplomáticas argentinas con el Reino Unido, además de perjudicar gravemente a
la producción y el trabajo nacional que explota los recursos pesqueros de
Argentina.
La posición que
exhibe la ministra en sus contestaciones va en contra de las opiniones de todos
los foros de los organismos multilaterales y de los expertos internacionales y
nacionales respecto a los efectos devastadores de la Pesca Ilegal y de la
captura de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE), por parte de buques extranjeros que, forma subsidiada, pescan en el Atlántico
Suroccidental argentino. Y, en la Pesca Ilegal no solo hay perjuicios
económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que estas prácticas
provocan violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico, además de
menoscabar la soberanía de los Estados ribereños. Por lo tanto, esta
funcionaria, no puede poner en la balanza todo ello y contrastarlo con la
intención infundada de generar algunos recursos económicos para la provincia
provistos por pesqueros depredadores que, además, no tendrán envergadura alguna
en relación al 1.080.000 toneladas de especies migratorias originarias de la
ZEE Argentina que anualmente extraen chinos, españoles, británicos, coreanos,
taiwaneses, etc. por un valor FOB de 4.320 millones de U$S y de 24.000 millones
de U$S en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se
agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el
área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de 1,5 mil
millones de U$S FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil
millones por año. Una irresponsabilidad política y económica.
Dice Karina
Fernández: «Sonia Castiglione, habló con este medio sobre la construcción del
puerto multipropósito en Río Grande y, la intención de abastecer a la flota que
opera en el Atlántico Sur y su interés de que aumente el número de barcos
poteros en el mar argentino» y, refiere la periodista, que sería «una inversión
de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal
accionista es el empresario Nicolás Caputo…». Preguntada la ministra si existía
«intervención del gobierno chino en la construcción del puerto de Río Grande»
la ministra manifestó que no había capitales chinos; pero, reconoció que una de
las empresas inversoras es de Hong Kong (¿?), además del ANSES (¿?) y la citada
Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales.
Del mismo modo, si
en conocimiento de «la buena relación del Gobernador con el gobierno chino…
¿Esto podría sustentar la idea de que uno de los destinos del puerto sería
abastecer a la flota (china) que opera en la milla 201?» la sonsacada responde
sin sonrojarse que el «puerto multipropósito, está planteado así porque la
cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el
Atlántico Sur es importante y posicionará a la Argentina. Respecto de la milla
201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas,
Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar. Que uno pretenda
ofrecer servicios a chinos o a quien sea que esté en la milla 201 tiene que ver
con la generación de empleo y economía dentro de los territorios, pero eso no
es a cualquier costo, se establecerán las condiciones necesarias y si hay
alguna limitación por equis razón para algún tipo de flota o de bandera, se
establecerán las limitaciones que correspondan llegado el momento. Lo digo en
forma conceptual, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…».
Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos.
Si se tratara de
un desinformado poblador del impenetrable chaqueño la opinante podríamos
aceptar semejante insulto a la inteligencia; pero no, se trata de una ministra
de Ambiente que parece ignorar el daño ecológico que ocasiona la explotación
ilegal en Malvinas y en el Atlántico Suroccidental y el apoyo logístico que se
le presta a la flota española-británica, coreana y taiwanesa tanto en las
islas, como en Uruguay y Chile (más la china que pesca en la región) y, no tiene
mejor idea que multiplicar el daño dándole también apoyo logístico en Rio
Grande. Accesoriamente, creemos que los pobladores de esta ciudad deberían
estar muy preocupados por los efectos colaterales negativos, que la presencia
de estos depredadores habrá de ocasionar.
Dice la susodicha
que «ve pasar los servicios» a buques que operan ilegalmente. Bueno, en lugar
de verlos pasar, debería actuar, porque Malvinas, las aguas correspondientes y
sus recursos forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego. Además que su
iniciativa violaría la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional,
habría que preguntarse, si la ministra no estaría incumpliendo con sus deberes
de funcionario público cuando no sanciona ni denuncia ante el Poder Ejecutivo
Nacional y el Consejo Federal Pesquero -donde tiene un representante
provincial- la falta de sanciones a las embarcaciones que pescan en el área
marina del territorio fueguino y argentino de Malvinas por aplicación de las
Leyes 24.922, 26.386 y 27.564 y los artículos 2º; 25º; 31º inc. 4; 49º; 53 inc.
5; 54º; 58º inc. 7 y 11; 63º; 68º y 79º de la Constitución de Tierra del Fuego
y muy especialmente el Artículo 81° (Recursos naturales) que indica: «Son del
dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio
aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no
renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su
jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República
ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y
regulados por el Estado Nacional…» y el artículo 87º (Pesca) «Dentro de las
áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos o espejos de agua,
el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos hidrobiológicos
(…)
Los cardúmenes de
especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán
sujetos a un régimen de protección especial» y, también, por aplicación de la
Ley 244 Provincial de Pesca (17/8/1995) que en su artículo 1º indica: «Las
prescripciones de la presente Ley tendrán vigencia sobre los recursos
hidrobiológicos existentes en las aguas interiores y marítimas considerados de
dominio y jurisdicción provincial tal como lo define el artículo 124 de la
Constitución Nacional y el artículo 81º de la Constitución de la Provincia (…)
con las previsiones del artículo 87º de la misma, en relación con los recursos
de carácter migratorio» y las previsiones de los artículo 6º, 12º a 18º y 41º a
50º de la referida ley. Del mismo no se denuncia el contrabando por falta de
pago de derechos aduaneros (Ley 22.415) a las extracciones y posteriores
importaciones, mayoritariamente en España, de las capturas en el área de
Malvinas.
Por cierto, una
iniciativa de esta naturaleza requeriría un Acuerdo previo ratificado por el
Congreso de la Nación por imperio de los artículos 4º; 5d; 21ºe, 22º y 37º de
la Ley 24.922 y la prohibición derivada del Artículo 27º bis de esta ley.
Los recursos
naturales de la Provincia y los de la Nación están siendo expoliadas por
embarcaciones extranjeras y, la señora ministra, desea darles facilidades
logísticas a esos buques, al tiempo que manifiesta: «Hay cosas que desde Buenos
Aires no ven» y ello -aunque un tanto demagógico- es muy probable, pero, en
este caso, la ceguera está en el ámbito de sus responsabilidades.
«Una oportunidad de trabajo» indica; pero lo
que va a ocasionar esta absurda propuesta de dar apoyo logístico a la flota que
pesca a distancia en “la milla 201” será un aumento del número de buques
extranjeros en el Atlántico Suroccidental y el esfuerzo pesquero, provocando un
daño gravísimo en el ecosistema, la caída de las capturas de las empresas que
se encuentran radicadas en la Argentina y la consecuente pérdida del trabajo
nacional y, en el caso, de facilitar las operaciones de los buques que pescan
en Malvinas (la ministra refiere a los servicios que se prestan en Malvinas y
Chile), habrá de dar mayor sustentabilidad a estas empresas, consolidando la
presencia británica en las islas.
Es muy probable
que la ministra no sepa como generar trabajo en el ámbito marítimo, portuario y
pesquero. Los desembarcos pesqueros en Tierra del Fuego cayeron en un 50% desde
el 2005 (90.472 toneladas) y 2021 (49.645 toneladas); además, que la Provincia
carece de industrias de procesamiento en tierra y agregado de valor lo que
reduce notablemente la ocupación de mano de obra. La ministra ha sido incapaz
de generar empleo en esta materia durante el tiempo de su gestión en Río Grande
y la Provincia.
Es notable el
desconocimiento que tiene Sonia Elizabeth sobre los aspectos productivos de la
actividad y, muy especialmente, sobre la legislación provincial que refiere a
los recursos migratorios, recursos que son los que pesca gran parte de la flota
pesquera extranjera en alta mar y, refiere a que «en la milla 201 se pesca lo
que nosotros no pescamos», lo cual es absolutamente inexacto, porque las
especies son las mismas, migratorias y/o asociadas y, olvida decir que la flota
de los Estados de pabellón que pesca a distancia opera subsidiada; sin el pago
de derechos y/o aranceles de captura y/o importación y/o exportación con total
desprecio a las leyes laborales y de seguridad que gravan el empleo argentino.
Indica también que
«Si es pesca legal o ilegal serán parámetros que claramente deberemos
establecer» y, debemos recordarle que no hay nada que establecer; toda la flota
extranjera que opera en el Atlántico Suroccidental lo hace en forma ilegal
debido al incumplimiento de dos parámetros básicos: no tiene control del Estado
de pabellón y no ha firmado acuerdo con el Estado ribereño y, 40 razones más
que derivan de ello y que omito para no aburrir. En el caso de Malvinas se
agrega la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.
Finalmente, sus
argumentaciones respecto al puerto de elección por parte de la flota extranjera
son de tal ingenuidad e incompetencia en la materia y de las incapacidades
argentinas en materia de control, e ignora también, lo que podría significar la
presencia de china en la región, facilitándole el tránsito al pacífico y la
pesca ilegal en ambos océanos y, las operaciones en el ámbito de la Antártida.
Y en el imaginario
que estas grandes superpotencias depredadoras pesqueras con sus 500 o más
buques anuales se decidieran a llevar sus capturas a Río Grande u otro puerto
cercano, quién se supone que va a controlar las capturas y el tránsito de la
flota desde alta mar al puerto y quién habría de controlar el origen, los
descartes, las materias primas en cámaras, las condiciones laborales del
personal embarcado, etc. Semejante iniciativa requiere un esfuerzo mucho mayor
que conseguir una inversión para construir un puerto que con este modelo
consolidará definitivamente la extranjerización del Atlántico Suroccidental.
«¿Charteo de
poteros?» Para hablar de ello Sonia Elizabeth debería saber previamente algo de
la historia pesquera; después, conocer la composición accionaria de la flota
actual habilitada para pescar en la jurisdicción nacional y, en tercer lugar,
trabajar en conjunto con la CAPA que está cuestionando las acciones que
propicia.
Debido a las
inconsistencias políticas y a la falta de idoneidad de los funcionarios, la
Argentina sufre la peor colonización continental y marítima de toda su
historia, sería bueno que la Sra. ministra tenga en cuenta los artículos 139º y
188º de la Constitución Provincial antes de llevar adelante semejante proyecto
que habrá de atentar contra la soberanía política, económica, ambiental,
alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego.
La incapacidad se
pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus
capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.
Dr. César Augusto
Lerena
Experto en
Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente de la
Fundación Agustina Lerena1
Presidente Centro
de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2
Autor de “La
expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe”
(2022).
26 de noviembre de
2022
(1) Fundada el
21/10/2002; (2) Fundada el 2/4/1989
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