GUERRA A LAS DROGAS O LEGALIZACIÓN

 

CRECE LA PRODUCCIÓN DE COCAÍNA EN EL MUNDO

 

y Brasil se posiciona como principal actor logístico

Maria Zuppello

Infobae, 18 Mar, 2023

 

Mientras que el cultivo global de cocaína ha alcanzado niveles récord con un aumento del 35% entre 2020 y 2021, Brasil aparece cada vez más central en las rutas internacionales del narcotráfico a pesar de no ser un país productor. Además, sigue siendo el mayor consumidor de América Latina con la dramática cifra de que el 1,7% de los jóvenes entre 14 y 29 años fuma crack. Así lo revela el último informe mundial sobre la cocaína que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En 2021, Brasil fue el segundo país de salida de cocaína del mundo, sólo precedido por Ecuador.

 

La cocaína que envía llega desde Colombia, Perú y Bolivia por tierra o por vía aérea, en avionetas y helicópteros. La droga colombiana se destina principalmente al mercado europeo, mientras que la peruana y la boliviana abastecen sobre todo el mercado nacional. Según la Policía Federal brasileña, el 65% de los vuelos clandestinos proceden de Bolivia, seguida por Paraguay (17%), Perú (8%), Colombia (6%) y Venezuela (4%). Aunque Colombia sigue dominando las rutas del narcotráfico desde Sudamérica, principalmente hacia Norteamérica, donde la mayor parte de la cocaína es colombiana, el informe destaca un cambio de las rutas hacia Europa, donde Colombia ha perdido su papel dominante en favor de Centroamérica y otros países latinoamericanos. Se trata de la llamada ruta del “Cono Sur”, que transporta cocaína desde Bolivia y Perú a través de Paraguay y está gestionada principalmente por el Primer Comando Capital (PCC), el grupo criminal más importante de Brasil. En particular, ha crecido el tráfico por la hidrovía Paraná-Paraguay. Normalmente, la estrategia de los criminales brasileños consta de dos fases. La primera consiste en transportar la droga en avión para cruzar la frontera; a partir de ahí, en la segunda fase, la cocaína se transfiere a barcos y se navega por vía fluvial hasta el Atlántico.

 

La cocaína sale de Brasil principalmente por sus principales puertos. El informe revela que el flujo ha disminuido en los considerados durante años hubs hacia el mercado europeo, como el puerto de Santos, en el estado de San Pablo, y Paraguaná, en el estado de Paraná, mientras que han crecido sorprendentemente los de Salvador e Ilhéus, en Bahía, en el noreste, y el de Joinville, en el sureño estado de Santa Catarina. Y mientras que en 2018 solo había siete destinos internacionales para el tráfico brasileño, estos han pasado a ser 20 en 2019 y 21 en 2020. Bélgica, Holanda y España se llevan la parte del león. Además del PCC y del Comando Vermelho, la segunda mayor organización criminal del país, según el relator de la ONUDD “otro grupo que ha surgido recientemente es la Familia do Norte, muy activa sobre todo en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Los estados de Amazonas y Roraima, fronterizos con Colombia, Venezuela, Perú e incluso Guyana, siguen siendo un gran desafío para las autoridades, debido a una selva enmarañada y al transporte fluvial muy barato para los traficantes. Según la policía colombiana, 7,7 toneladas de cocaína fueron incautadas en su camino hacia Brasil entre 2020 y 2021, mientras que la ciudad colombiana de Guaviare parece ser el centro crucial para el abastecimiento de drogas a Brasil.

 

Los niveles de pureza de la cocaína comprada al por mayor por los grupos delictivos brasileños han aumentado desde 2016, mientras que “varios expertos”, señala el informe de la ONUDD, “indican que la cocaína en forma de pasta base de cocaína (PBC) se transporta por tierra a Brasil desde Perú y Bolivia para el mercado interno”, con productos como el crack de cocaína ampliamente consumidos en el país. Sin embargo, el informe indica la presencia en Brasil de laboratorios que transforman la pasta base en clorhidrato de cocaína, o cocaína en polvo, probablemente también para el mercado internacional.

 

El COVID-19, según revela el informe de la ONUDD, ha tenido un gran impacto en el país. “La pandemia parece haber perturbado el mercado de la cocaína en Brasil durante esos meses”, se lee en el texto, “tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Las dificultades experimentadas por los grupos criminales nacionales para redistribuir la cocaína hacia los puertos del Atlántico contribuyeron a la reducción del tráfico hacia Europa. Además, ha aumentado el uso de aeronaves para introducirla en Brasil. Al mismo tiempo se observó una disminución de las salidas”. Esto, sin embargo, ha tenido consecuencias muy graves para el país. Según el informe “se ha producido un aumento dramático del número de muertes relacionadas con la cocaína”. Es posible que este cambio en la dinámica del narcotráfico haya tenido como consecuencia un aumento considerable de la disponibilidad de cocaína en Brasil y haya provocado un incremento de los patrones de consumo.

 

En el mapa presentado en el informe de la ONUDD, los estados brasileños habitualmente reconocidos por las autoridades como centros neurálgicos del narcotráfico, como San Pablo, con el puerto de Santos, y Santa Catarina, con los dos puertos de Itajaí y Paranaguá, muestran una disminución de las incautaciones de coca, mientras que todos los estados fronterizos con Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela, como Amazonas, Acre, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, han registrado una alza. También cabe destacar el papel creciente durante la pandemia de los estados del nordeste de Brasil, como Paraíba y Pernambuco.

 

El informe de la UNODC destacó el crecimiento exponencial del PCC, ahora presente en tres continentes, además de América Latina también África y Europa. En Londres, como ya reveló el analista Ryan Berg en su informe de 2020 “Fuga: el Primer Comando Capital de Brasil y la amenaza emergente de las prisiones” (“Escape: Brazil’s First Capital Command and the emerging threat of prisons”), publicado por el American Enterprise Institute (AEI), el PCC también ha comenzado a blanquear dinero procedente del narcotráfico. África también se ha convertido en un continente crucial para el grupo criminal brasileño, donde está presente principalmente en Mozambique. El PCC sigue siendo líder en la cadena de abastecimiento, de la que controla varias fases también con la ayuda de la mafia italiana ‘Ndrangheta. Sin embargo, el informe de la ONUDD destaca como el panorama criminal brasileño está cada vez más fragmentado y como “pequeños grupos criminales operan ahora en el tráfico de drogas, la mayoría de las veces especializados en logística”.

 

Entre los grupos criminales extranjeros presentes en Brasil destaca la mafia nigeriana, que en el tráfico de drogas replica dinámicas tribales con pequeñas células compuestas por cuatro o cinco personas de la misma etnia, cada una con un número reducido de personas a su servicio. Estos no conocen a los miembros de las filas principales, que son los que tejen relaciones con grupos criminales de otros países. A partir de 2018, según la ONUDD, la nacionalidad predominante de las “mulas” o correos de droga detenidos en los aeropuertos brasileños es la nigeriana.

 

El informe de la ONUDD llega casi junto a dos noticias que han alarmado a las policías europeas. A principios de marzo, en días diferentes, un total de 2,3 toneladas de cocaína emergieron del mar en la costa de Cotentin, en Normandía. La droga estaba contenida en bolsas brasileñas, en algunos casos atadas a chalecos salvavidas, también de fabricación brasileña normalmente utilizados en pequeñas embarcaciones o veleros. Por otra parte, el 13 de marzo se descubrió en la costa de Galicia (España) un narcosubmarino abandonado, llamado Poseidón, de 23 metros que, según los investigadores, transportaba cocaína desde Brasil, ya que en su interior se encontraron mantas, ropa y alimentos, todos ellos de fabricación brasileña. Aunque la noticia de un submarino construido clandestinamente en el Amazonas y donde viajaron un español y dos ecuatorianos para transportar droga a Europa causó revuelo en 2019, los narcosubmarinos son nuevos para los narcos brasileños. Y confirman una vez más el creciente papel del país en el escenario internacional del tráfico de cocaína.

 

 

COLOMBIA

 

 apareció submarino fantasma con más de 2.500 kilos de cocaína y dos cadáveres

 

Ámbito, 14-3-23

 

El submarino, informaron fuentes oficiales, trasladaba la droga por aguas del Pacífico en dirección a Centroamérica, cuando sufrió una avería mecánica en el sistema de combustible, lo que provocó una fuga de gases tóxicos.

 

De acuerdo al diario “El Colombiano”, dos de los tripulantes pudieron subirse al casco y fueron rescatados por la Armada y trasladados a un buque para recibir primeros auxilios.

 

"Una vez localizado este artefacto ilegal, se logra ver dos personas en la parte superior y se les prestan los primeros auxilios", ha indicado el capitán de fragata Cristian Andrés Guzmán, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico de la Armada.

 

En la inspección posterior, dificultada porque el vehículo estaba inundado, se han encontrado dos cadáveres y el cargamento de droga, que fue trasladado hasta las costas de Tumaco, en Nariño.

 

La Armada Nacional de Colombia informó que se incautaron 2.643 kilogramos de cocaína, cargamento de droga valuado en 87,7 millones de dólares.

 

Más hallazgos en el mar

Por otra parte, el domingo pasado también han informado de la localización de tres semisumergibles utilizados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar entre cuatro y seis toneladas de clorhidrato cocaína cada uno.

 

Los artefactos pertenecerían a los grupos Segunda Marquetalia y Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC que operan en el departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano.

 

Esta operación afecta a los grupos armados de Nariño "restándole capacidad logística (de los grupos armados ilegales) para financiar sus actividades ilícitas evitando el transporte y comercialización de más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mercado ilegal internacional", informó Europapress.

EN LOS NARCOESTADOS

 

 del socialismo del siglo XXI el crimen suplanta la política

Carlos Sánchez Berzain

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

Infpobae, 6 de Febrero de 2022

 

Los regímenes no democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua -cuya auto denominación política es “socialismo del siglo XXI”- detentan el poder ejerciendo terrorismo de Estado con presos, exiliados, perseguidos políticos y la característica de ser narcoestados. Para tener impunidad por los crímenes que cometen buscan retener indefinidamente el poder y para hacerlo cometen delitos que pretenden disfrazar como hechos políticos. La realidad demuestra que en las dictaduras/narcoestados de las Américas el crimen ha suplantado y controla la política.

 

Los “crímenes de lesa humanidad” son “actos y ataques inhumanos generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de causa”. Son imprescriptibles y están determinados por el Estatuto de Roma: “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento en violación a las normas del derecho internacional, tortura, violación,….actos inhumanos que atenten contra la integridad física y mental..”

 

El crimen organizado está definido y combatido por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo que define a un “grupo criminal organizado” si cumple 4 características: “grupo de tres o mas personas formado intencionalmente, que existe por un periodo de tiempo, que comete delitos o crímenes que son punidos por la ley con 4 o mas años de cárcel de forma deliberada, y que tiene como objetivo beneficios financieros y materiales”.

 

El narcotráfico es “el comercio de drogas ilegales adictivas o no, principalmente la cocaína”. Es un fenómeno que engloba varios delitos que comprenden el cultivo ilegal de coca, la fabricación, distribución, venta, control de mercados, reciclaje de estupefacientes, tráfico, lavado de activos…”. La legislación internacional obligatoria: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

 

La aplicación de este marco de referencia internacional a los hechos demostrados de cómo detentan el poder los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, demuestra la comisión de crímenes de lesa humanidad institucionalizados por medio del terrorismo de Estado como lo prueban ahora mismo la utilización de sus sistemas de justicia convertidos en verdugos que tienen presos y condenan centenas de inocentes en Cuba por las manifestaciones del 11 de Julio 2021, en Venezuela para retener el poder con torturas y asesinatos en las cárceles, en Bolivia con 72 presos políticos y en Nicaragua con presos y condenados, todo copia de Cuba, el mismo mecanismo del castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo o socialismo del siglo XXI.

 

La barbarie contra los derechos humanos de las dictaduras castrochavistas está agravada por la comisión, protección y defensa desde los Estados y regímenes del socialismo del siglo XXI del narcotráfico: la dictadura de Cuba implicada desde la década de los sesenta con la tesis criminal de usar “el narcotráfico como arma de lucha contra el imperialismo norteamericano”, hasta el decomiso de cerca de 1.517 paquetes de cocaína en Panamá en Mayo de 2019 embarcados desde Cuba con destino a Estambul, manifestados como carbón.

 

Toda la cúpula de la dictadura de Venezuela empezando por Nicolás Maduro están identificados como el “cartel de los soles” y procesados en tribunales de Estados Unidos con orden de captura internacional y recompensas de 15 a 10 millones de dólares por cada criminal. Venezuela está identificada como el eje del tráfico de cocaína proveniente de las FARC, el ELN y las federaciones de cocaleros de Evo Morales de Bolivia.

 

Desde 2012 se reporta a Nicaragua que “el narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y esta generando mucho dinero”. El IEEPP un organismo no gubernamental que brinda información a partir del monitoreo de las propias instituciones del Estado indica que “25 grupos nicaragüenses apoyan al narcotráfico internacional”.

 

Conocido el proceso por narcotráfico en los Estados Unidos contra el ex Jefe antinarcóticos de Evo Morales con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, las investigaciones de la DEA -expulsada por Morales- han recordado a los bolivianos y al mundo que Bolivia es un narcoestado. Como el acusado está en poder del gobierno boliviano Estados Unidos ha pedido su extradición que ha motivado la reacción violenta de los operadores de la dictadura en Bolivia, resumida en el titular del periódico Página 7: “El MAS cierra filas para blindar a Evo y evitar la extradición de Dávila”.

 

Todo muestra a Evo Morales como el jefe y constructor del narcoestado, incluso lo ha confesado públicamente ante las Naciones Unidas. Está señalado como el jefe del “cartel del Chapare” mientras el diario El Deber titula “Bolivia reingresa a la lista de países que envían droga a Estados Unidos” y Página 7 reporta que “El cartel brasileño PCC tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare”, mientras recrudece la persecución política como otra confesión de los criminales.

 

 

JUAN GUAIDÓ

 

denunció los nexos de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas como Hezbollah y FARC

Infobae, Sábado 1 de Mayo de 2021

 

“La dictadura de Maduro representa una grave amenaza para la estabilidad y la paz de la región”, dijo Guaidó durante su participación en el Sedona Forum, organizado por el McCain Institute.

“Hoy, Maduro tiene peligrosos vínculos militares, de inteligencia y económicos con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China. Esos vínculos además se extienden a grupos narcoterroristas internacionales como el ELN y la disidencia de las FARC, (y) también con Hezbollah”, agregó.

De acuerdo con el opositor, Maduro, que gobierna desde 2013, permite que “toda esa corporación trasnacional del crimen organizado” actúe en Venezuela para que le ayuden a explotar el llamado Arco Minero del Orinoco, una extensa región rica en recursos como oro, cobre, diamante, coltán o bauxita.

En este sentido, Guaidó aseguró que en esta zona “se explota oro de sangre, se comenten crímenes como trata de personas, se masacran indígenas, se violan derechos humanos y se sabotean los esfuerzos de Estados Unidos y de la comunidad internacional por atender el cambio climático”.

Por ello, pidió al Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, seguir en “la búsqueda de justicia para responsabilizar a aquellos que han saqueado” Venezuela “y han cometido graves violaciones a los derechos humanos”, en una alusión a los funcionarios de la Administración de Nicolás Maduro.

Además, instó a que se declare a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) como “un grupo de exterminio que busca diezmar a la población”, y que no debería contar con “ningún tipo de apoyo que contribuya con su accionar”.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha recomendado al régimen venezolano disolver este grupo policial, sobre el que pesan diversas acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de activistas y dirigentes opositores.

El presidente interino pidió este jueves honores para los militares venezolanos fallecidos la semana pasada en combate con un grupo de disidentes de las FARC, en una región fronteriza con Colombia, donde se produjeron un número de bajas que el régimen no definió, y que el antichavista cifra en 9.

Guaidó criticó en una rueda de prensa virtual que ni el Ejecutivo ni las Fuerzas Armadas hayan detallado hasta el momento el número de muertos en los combates, que comenzaron el pasado 21 de marzo en el estado Apure, y responsabilizó tanto a Nicolás Maduro como al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de los hechos.

El opositor identificó a los fallecidos como el teniente de fragata Naywil José Torres Moreno, el sargento mayor de segunda del Ejército Wilmer de Jesús Garvito, el sargento mayor primero del Ejército Ronald José Marcano Castillo y el sargento mayor de segunda del Ejército Andy José Miranda.

También dijo que perdieron la vida el sargento mayor de primera del Ejército Santiago de Jesús Reyes, el sargento de primera de la Armada, Álvaro Rafael Nariño Osto, el sargento segundo de la Armada Michael Miguel Merina Sequera y el sargento segundo de la Armada Luis David Lida Negrón, y un noveno que -aseguró- todavía no ha sido identificado.

Las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de ocho militares y nueve “terroristas” entre el 21 de marzo y el 5 de abril. Posteriormente, estallaron nuevos combates en los que informaron de varias muertes, pero no detallaron el número.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial o castrense ha confirmado contra qué grupo combaten, pese a que los militares han difundido fotografías que muestran uniformes incautados con los logos y siglas de la antigua guerrilla de las FARC, una identificación que coincide con la que han hecho varias organizaciones que trabajan en el territorio.

(Con información de EFE)

VENEZUELA

 

 chavilenos, narcotalios y duartianos

John Marulanda

El Ojo Digital, 25 de Marzo de 2021

 

El pasado domingo 21, los habitantes de La Victoria, Apure, amanecieron asustados. Bombardeos y ametrallamientos se escuchaban desde el sábado; los rumores abundaban y volaban.

 

Apure, Venezuela, Narcoterrorismo. Hasta este miércoles, aún se oían explosiones y disparos. A este tradicionalmente pacifico poblado, llegó la tragedia del crimen organizado; ahora, cientos de sus pobladores se unen forzada ola de migrantes venezolanos hacia territorio colombiano.

 

Los actores en escena

Cruzando cincuenta metros del río Arauca, al frente de la Victoria, en Colombia, está Arauquita, refugio del ELN desde los años ochenta, y cuadrante delictivo del cártel 10 de FARC. En este extenso municipio, elenos y farcianos se matan por temporadas y, por otras, se alían -todo ello, al vaivén de los negocios y del humor de los cabecillas quienes vivían y descansaban en La Victoria. Esa viciosa situación se complicó con un nuevo actor, el chavismo y sus FANB, que enriqueció al ELN  a cambio de que impusiera el orden en el Arco minero del Orinoco.

 

El ELN cumplió la tarea a punto de masacres, como las de Tumeremo. Hoy, los chavilenos reciben dinero de la minería ilegal y del narcotráfico pero, además, distribuyen las raciones CLAP, hacen rondas con los niños en las escuelas, operan radioemisoras y están presentes en unos diez estados. Alias Gentil Duarte, un refundador de las FARC, sobre quien dice el escritor Alejando Ovalles, era 'el único jefe guerrillero en conocer el lugar donde dormía Marulanda, quien no confiaba el lugar de reposo ni a los demás miembros del Secretariado', abandonó desde temprano el negociado de La Habana y decidió recrear las mismas FARC que le deformaron su cerebro juvenil en su natal Florencia, Caquetá. Su paulatino asentamiento en la caotizada Venezuela le facilitó, con recursos del narcotráfico, reclutar a jóvenes y adquirir armamento. Por otra parte, los 'traidores' al acuerdo habanero Márquez y Santrich terminaron en 'Narcotalia', un nuevo y ostentoso -al menos mediáticamente- cártel que no pudo disciplinar a Duarte. Entonces, se declararon la guerra, y se han venido asesinando entre ellos, a lado y lado de la frontera.

 

El apoderamiento, por parte de lugartenientes de Duarte, de municipios con sus economías agrícola, ganadera, y hotelera, ha enfurecido a Márquez, gran amigo del chavismo, al cual le ha pedido apoyo para deshacerse de ese pesado rival.

 

Las FANB en acción

Desde agosto del año pasado, Caracas ha ordenado operativos contra células y campamentos duartianos, y es ahí cuando el panorama se oscurece. Según denunciara el director de Fundaredes, Javier Tarazona, 'poderosos grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera (…) constantemente luchan entre sí y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de los territorios y el manejo de las actividades económicas ilícitas (...)'. Más de quinientos enfrentamientos armados y más de ochocientos muertos durante el año pasado es el saldo que presenta esta ONG.

 

En combates y operaciones de asalto a los campamentos de los narcofarcianos duartistas en Puerto Ayacucho en febrero, y en el Nula en septiembre del 2020, y el reciente en La Victoria, las bajas militares han sido costosas por comparación a las de los irregulares, a lo que se suma la pérdida de armamento oficial y los numerosos civiles detenidos. Las comunidades, muy a su pesar, son redes de inteligencia para los narcoterroristas, imposible de desbaratar por los militares y policías. Mucho más si la corrupción es generalizada, como es el caso de la frontera.

 

Las FANB alardean con mucho misil ruso amenazando a los vecinos, pero evidencian poco entrenamiento y experiencia en la real problemática de guerra irregular del crimen organizado transnacional que afecta su suelo patrio. En contraste, el gobierno colombiano bombardeó recientemente un campamento de Duarte en el Guaviare, área cercana a la frontera, que dejó 11 bajas y nadie lastimado de las fuerzas militares. Pareciera ser que la herencia revolucionaria marxista-leninista de Marulanda estuviese siendo borrada, para darle paso a la nueva realidad del narcoterrorismo chavileno y narcotalio, ambos protegidos por el gobierno cubano-venezolano. Como que un arsenal de mas de 40 fusiles, armas cortas y municiones, incautado recientemente en un vehículo para el cual un General pidió protección, tendría como destinatario final al ELN. Y Santrich vive protegido, desde el 20 de enero, en Caracas.

 

Miraflores, pues, trata de componer el tablero -léase: repartir el territorio- entre havilenos, narcotalinos y duarteños, facilitando los negocios ilícitos binacionales y arriesgando un desborde armado fronterizo que puede escalar por accidente o intencionalmente, hacia situaciones fronterizas mas complejas, de acuerdo a la estrategia de desestabilización regional diseñada desde el foro de Sao Paulo e implementada por el Grupo de Puebla.

NORUEGA

 

prepara la despenalización generalizada del consumo y posesión de drogas

Niusdiario, 20/03/2021

 

El Gobierno asegura que la represión no ha funcionado

Tratar el consumo de drogas más como una cuestión de salud pública que como un problema de seguridad. Esa es la filosofía detrás de la reforma legal que prepara el Gobierno noruego y por la cual se despenalizará el uso y posesión limitada de hasta una decena de drogas, entre ellas las más comunes como el cannabis, la cocaína y la heroína.

 

El ejecutivo noruego, una coalición de centro-derecha, presentó un proyecto de ley titulado ‘Del castigo a la ayuda’ con el que quiere cambiar la forma de luchar contra el consumo de drogas: más diálogo y menos sanción. Más psicología y menos represión. En lugar de multas y condenas de prisión, convocatorias obligatorias para sentarse a hablar con un consejero especialista en adicciones.

 

Noruega calcula que en los últimos años han muerto 267 personas (de media anual) por sobredosis de drogas cuando el país tiene 5,4 millones de habitantes. Es una de las tasas de muerte por sobredosis más altas de Europa. Y según el Gobierno, “es la prueba de que todo lo que hemos hecho no funciona”.

 

De aprobarse –y todo da a entender que sí porque una mayoría parlamentaria se muestra a favor aunque la negociación puede dar lugar a enmiendas- Noruega tendría una de las legislaciones sobre consumo y posesión de drogas más laxas del planeta. El Ejecutivo reconoce que es “la reforma socialmente más radical desde hace décadas”.

 

La reforma impone límites a la posesión de drogas para evitar que se fomente el tráfico. Así, una persona no podrá tener más de 2 gramos de heroína, cocaína o anfetaminas, más de una dosis de LSD ni más de 0,5 gramos de MDMA (el principio activo del éxtasis) ni más de 20 gramos de cannabis. Se puede tener hasta tres de esas sustancias a la vez.

 

Guri Melby, ministra de Conocimiento e Integración, jefa del partido liberal Venstre y responsable de la reforma aseguró en sede parlamentaria que “ser detenido y condenado (por posesión o consumo de drogas) normalmente empeora el problema y no ofrece ninguna solución”.

 

Melby estima que las sanciones no son eficaces: “en los países que tienen las penas más duras el consumo de drogas de los jóvenes no es más bajo. Además, sabemos que esas legislaciones son injustas socialmente porque los jóvenes de ambientes desfavorecidos corren más riesgo de ser detenidos por la Policía que los demás jóvenes”.

 

No se trata de legalizar la posesión de drogas sino de despenalizarla. Por lo tanto, la Policía puede seguir buscando droga y puede decomisarla, lo que no puede es detener y enviar ante un juez a quien tenga una cantidad que no supere lo permitido. En caso de tratarse de menores de edad, los policías deberán ponerse en contacto con sus padres sea cual sea la cantidad que llevaran.

 

La reforma encuentra sus mayores enemigos en los sindicatos policiales. Creen que la despenalización no tiene por qué mejorar la situación de los toxicómanos y que puede aumentar el consumo.  Noruega se fija en Portugal, que fue el primer país europeo en despenalizar el consumo de drogas. Los datos de Portugal, recuerda el gobierno noruego, muestran que el consumo, las sobredosis y las infecciones de VIH se redujeron.

 

El modelo sueco

El otro modelo en el que se mira Noruega es el de su vecina Suecia, uno de los países europeos con una legislación más dura sobre posesión y consumo de drogas. Además de no haber reducido el consumo, la legislación sueca no impide tampoco que los crímenes relacionados con las drogas estén en tasas de las más altas de Europa.

 

Sólo en 2019 hubo más de 300 tiroteos con 37 muertos y centenares de heridos. A la violencia la clase política responde con medidas más represivas en lo que parece un círculo vicioso. En Suecia mueren unas 600 personas al año por sobredosis, una tasa de aproximadamente 90 por millón de habitantes entre 15 y 64 años.

 

La media europea, según datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, es de 22,6 muertos por sobredosis por millón de habitantes. Suecia está en la segunda peor posición europea, sólo por detrás de Estonia, único país del bloque que supera los 100 fallecidos por sobredosis por millón de habitantes. Suecia tiene, con 10,2 millones de habitantes, sufrió más muertes por sobredosis, en números total, que España, que tiene 4,6 veces más población o que Francia, que tiene 6,5 veces más.

HIDROVÍA

 

 

 el pedido de controles al contrabando y el narcotráfico se coló en el debate por la nueva concesión

 

Mariano Galíndez

Rosario 3, 13-3-21

 

Fue Elisa Carrió la que hace unos años puso el tema en la agenda de la opinión pública con una rimbombante denuncia: la hidrovía es una ruta de ingreso de drogas que se descargan en puertos de la región. Pero pese a todo el barullo mediático que armó en torno a sus declaraciones durante el gobierno de Mauricio Macri, las denuncias que hizo en la prensa nunca tomaron forma en la Justicia.

 

Ahora, y por esos pases propios de la política argentina, un sector del kirchernismo duro hizo suyo los postulados Carrió y los está volviendo a poner en la agenda pública aprovechando que la hidrovía está en el centro de la escena por el inminente vencimiento de la concesión y las demoras del gobierno en lanzar una nueva licitación.

 

Quienes desde el sector empresario siguen el tema conectan ese manto de sombra que se puso sobre la vía navegable con intereses del justicialismo K bonaerense por aprovechar el cambio de concesión para modificar el canal de ingreso de barcos al sistema reemplazando el actual (Punta Indio) por uno que beneficie a los puertos del sur bonaerense (Magdalena).

 

En rigor, esa jugada –que goza del apoyo  de sindicatos del sector y de empresarios bonaerenses vinculados a la industria naval y que viene envuelto de alegorías a la soberanía nacional- es vista como innecesaria por los usuarios de la hidrovía (puertos, agroexportadoras y navieras) ya que el canal actual demostró su conveniencia para desarrollar puertos río arriba, tal vez una de las políticas más federales de los últimos años, y además se puede tranquilamente pensar en desarrollar esa suerte de “Punta Indio Bis” que sería el Magdalena de manera complementaria y sin echar por tierra todo lo que se hizo hasta ahora.

 

En ese marco, el amplio despliegue que tuvo el operativo conjunto de control que montaron este viernes Prefectura, Aduana, Afip y el Ministerio de Seguridad en la planta de Cargill de Puerto San Martín, con la participación incluso de importantes funcionarios nacionales venidos de Buenos Aires, fue visto en sectores empresarios como una reacción pública de los organismos de seguridad ante tanto barullo que hay en torno al contrabando y el narcotráfico por los puertos de la hidrovía.

 

Y si bien el operativo se realizó esta semana porque recién se firmó hace poco un acuerdo entre distintos organismos del Estado para realizar estos controles conjuntos (que, prometen, ahora será más regulares), que las acciones hayan sido coordinado con Cargill (empresa a la que le avisaron hasta la hora en la que llegaban los oficiales) abona las hipótesis de que las acciones del viernes tuvieron algo de puesta en escena.

 

Lo cierto es que ante semejante avanzada, a los dirigentes empresarios que están en la cocina de las negociaciones por la nueva concesión no les llamó tanto la atención la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Consejo Federal de la Hidrovía reclamando en la reunión realizada el martes pasado que en el futuro órgano de control de la concesión, además de revisar el cumplimiento de las exigencias contractuales, se releve y centralice allí la información acerca de los puertos, las embarcaciones en operaciones, las zonas de transporte y embarque para evitarla comisión de actividades ilícitas, como contrabando y narcotráfico.

 

En el ambiente portuario nadie desconoce que río arriba, en zonas despobladas en las que se pueden amarrar barcazas, haya tráfico de drogas. Incluso, es recurrente la figura de bolsones arrojados desde embarcaciones que levantan lanchas bien río arriba. Pero eso aleja al narcotráfico de los puertos del Gran Rosario.

 

Ahora bien: ¿cuál es la postura de las empresas vinculadas al negocio? Según supo Rosario3, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) reclamaron, ante esta avanzada, controles estatales para garantizar la transparencia del comercio exterior argentino, que es requisito de los países compradores. Y lo argumentan sosteniendo que el rol del Estado en la fiscalización lo que promueve es la competencia transparente al buscar erradicar el contrabando que perjudica a la agroindustria que trabaja seriamente y paga los impuestos correspondientes.

 

Un ejemplo de ese compromiso que manifiestan lo hacen recordando que entre 2013 y 2014 las empresas agroexportadoras donaron un edificio de 200 metros cuadrados en Timbúes para que la Prefectura dispusiera de una oficina de control de los puertos de esa localidad.

 

Es que, en rigor, las terminales portuarias, por donde salen las exportaciones agroindustriales argentinas, tienen diversos controles: se inician en los controles de pesaje de todos los camiones que ingresan a los puertos, pasando por los propios laboratorios de calidad de las exportadoras, prosiguen en los que efectúa Senasa como dependencia del Estado para autorizar desde lo sanitario el envío al exterior, pero continúan con la supervisión de la Aduana de la carga de los buques, junto con el control de la Prefectura (la ley argentina de puertos privados establece que éstos deben asignar oficinas en cada uno para funcionarios de la Aduana y para el control perimetral por efectivos de la Prefectura).

 

Las compañías agroexportadoras son las principales interesadas en evitar toda clase de infracciones en las terminales portuarias porque de otro modo los puertos argentinos podrían rebajar su categoría en términos de seguridad, lo que elevaría las primas de riesgo y la Argentina perdería, consecuentemente, competitividad internacional y así mercados internacionales, al encarecer los producto. de exportación.

 

En definitiva, ante la avanzada en la opinión pública sobre el tema del contrabando y el narcotráfico por la hidrovía, la postura de las agroexportadoras es hacer suyo el discurso de que es imprescindible que el Estado Nacional mantenga los controles efectivos en todos los puertos, rutas terrestres, ferroviarias y fluviales erradicando el contrabando que perjudica a las empresas del sector. En otras palabras, busca salir de la mira de los sectores más ultra K y ponerse del lado de los que reclaman controles como estrategia para mostrar que los puertos cerealeros no son ni puerta de entrada ni de salida de droga.

PROYECTOS BINACIONALES

 de bananas (1928) a coca (2021)

 John Marulanda

El Ojo Digital, 12 de Marzo de 2021

 

Oportunamente advertida por el Dr. Fernando Vargas Quemba, la 'patrasiada' de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), discreta y sin difusión de la prensa fletada, mostró de nuevo la irresponsabilidad de ese émulo de Tribunal Revolucionario, diseñado por el Secretario del Partido comunista español. La JEP, conjurada en Cuba y legalizada a punto de 'mermelada' congresista y de magistrados veniales, jamás tendrá el nivel de legitimidad que requiere una corte para ser creíble y aceptada por la mayoría ciudadana.

 

Colombia, Narcoterrorismo, FARC, Corrupción políticaEn Colombia, el caso de los mal llamados 'falsos positivos', trae a la memoria el de la masacre de las bananeras de 1928, inflada artificiosamente por García Márquez porque, según sus palabras, 'En un libro en el que las cosas se magnifican, como Cien Años de Soledad, necesitaba llenar un tren de cadáveres. (...) No me podía ceñir a la realidad histórica. No podía decir que hubo tres, o siete o diecisiete muertos. No habría llenado un vagón. Entonces decidí lo de los 3.000 porque se ajustaba a la dimensión del libro que estaba escribiendo…'. Entonces, los 47 muertos, resultado del enfrentamiento de 300 soldados mal entrenados y mal equipados contra tres mil manifestantes, se convirtieron en un caballo de batalla de miles de cadáveres, con el cual la izquierdopatía estigmatiza al Ejército Nacional. (1)

 

El sortilegio de las palabras del Nobel es utilizada por una corriente de intelectualoides poseedores -dicen- de la mejor capacidad para reconstruir la historia, conveniente a sus intereses políticos. Y la mayoría de jóvenes, alienados por redes sociales, castrados de curiosidad investigativa, caen en la fantasía garciamarquiana, incorporando a su pobre acervo argumental, el tal cuento de la masacre de las bananeras.

 

La JEP colombiana, siguiendo ese ejemplo fantasioso, con el auto 033 del 17 de febrero, triplicó por arte de birlibirloque y sin ningún fundamento investigativo una nueva escandalosa cifra de 'falsos positivos'. La prensa enemiga de la institución, por supuesto, durante varios días machacó las cifras; noticieros de televisión las ilustraron con descarnadas confesiones, impactantes imágenes, llantos de víctimas y toda la panoplia de argucias periodísticas usadas cuando se trata de atacar o defender una causa. Una semana después, ante los serios cuestionamientos procedentes de todas partes, la JEP, con el auto 040 del 03 de marzo, discretamente corrigió algunos 'errores de digitación', con cambios tan significativos como el de la Brigada 16 que de supuestas 7.279 muertes pasó a 275 y el Casanare, que de 7.270 víctimas pasó a 270, entre otros. Claro que cualquier ejecución extrajudicial ocurrida en el marco de la violencia narcoterrorista, es execrable e inaceptable. Los militares confesos y condenados han demostrado su remordimiento y están pagando sus penas. Caso diferente al de los narcoterroristas farcianos, cuyos cabecillas cínicamente se auto exculpan de responsabilidad individual, imputan al conflicto y sonríen triunfantes ante sus jueces compañeros de lucha.

 

Estas acciones jurídicas de la JEP, que caen en la mayor incredulidad y escepticismo de la opinión pública nacional, serán confirmadas por la Comisión de la Verdad, otro artificio político de cuño cubano, que establecerá la verdad histórica de la izquierda continental según la cual, los militares colombianos fueron los victimarios y los narcoterroristas de las FARC, los salvadores de un pueblo que vivía en dictadura.

 

Llama la atención cierto olorcillo similar entre lo de 1928 y lo de hoy, pues según lo relata Raúl Eduardo Mahecha, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Socialista, miembro de la Internacional Comunista, que lideró la huelga que nos ocupa, una asamblea nacional del PSR en julio de ese mismo año, había aprobado una insurrección general a partir de la protesta bananera en Colombia, coordinada simultáneamente con un levantamiento contra el Presidente Juan Vicente Gómez, alzamiento promovido por varias organizaciones políticas venezolanas, la Unión Patriótica -entre otras. Los carteles de las narcoFARC y narcoELN, ahora desde Venezuela, buscan desestabilizar a Colombia con la ayuda de agentes extranjeros, como en aquel entonces.

 

El hombre de Aracataca, amiguísimo de Castro, en su obra cimera de 1967, convirtió la masacre de la bananera en un mito argumental, como en su momento lo fue otro texto muy citado por los posudos izquierdistas, 'Las Venas Abiertas de América Latina', de Eduardo Galeano (1971). Otra falacia. El escritor uruguayo confesó en 2014: 'No sería capaz de leerlo de nuevo (su libro). Caería desmayado... Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria' (2) 

 

'Realismo mágico', como la estrafalaria realidad venezolana en la que el país más petrolero de la región se hunde en la peor hiperinflación del mundo, en hambre, inseguridad y represión, mientras la pandilla en el poder se inventó un 'Ministerio de la Suprema felicidad social del pueblo' que duró lo que durará el nuevo billete de millón de bolívares.  'Gracias a Dios existe el dólar', exclamó el recontra antimperialista y rocambolesco Maduro, mientras intentaba explicar cómo ponerse un tapabocas en la pantorrilla.

 

Referencias

 (1) Posada Carbó, E. (1998). La novela como historia: Cien años de soledad y las bananeras. Boletín Cultural Y Bibliográfico, 35(48), 3-19. Recuperado a partir del siguiente link

(2) 'No volvería a leer ‘Las venas abiertas de América Latina',  EL PAIS, MARINA ROSSI, São Paulo 4 MAY 2014 - 20:37 EDT,

 

 Sobre John Marulanda

Licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y Abogado de la Universidad de la Gran Colombia, Marulanda se desempeña como consultor internacional en seguridad y defensa. Es Coronel (R) del Ejército de Colombia.