del socialismo del siglo XXI el crimen
suplanta la política
Carlos Sánchez
Berzain
*Abogado y
Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Infpobae, 6 de
Febrero de 2022
Los regímenes no
democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua -cuya auto denominación
política es “socialismo del siglo XXI”- detentan el poder ejerciendo terrorismo
de Estado con presos, exiliados, perseguidos políticos y la característica de
ser narcoestados. Para tener impunidad por los crímenes que cometen buscan
retener indefinidamente el poder y para hacerlo cometen delitos que pretenden
disfrazar como hechos políticos. La realidad demuestra que en las
dictaduras/narcoestados de las Américas el crimen ha suplantado y controla la
política.
Los “crímenes de
lesa humanidad” son “actos y ataques inhumanos generalizados o sistemáticos
contra una población civil y con conocimiento de causa”. Son imprescriptibles y
están determinados por el Estatuto de Roma: “asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento en violación a las
normas del derecho internacional, tortura, violación,….actos inhumanos que
atenten contra la integridad física y mental..”
El crimen
organizado está definido y combatido por la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo que
define a un “grupo criminal organizado” si cumple 4 características: “grupo de
tres o mas personas formado intencionalmente, que existe por un periodo de
tiempo, que comete delitos o crímenes que son punidos por la ley con 4 o mas
años de cárcel de forma deliberada, y que tiene como objetivo beneficios
financieros y materiales”.
El narcotráfico es
“el comercio de drogas ilegales adictivas o no, principalmente la cocaína”. Es
un fenómeno que engloba varios delitos que comprenden el cultivo ilegal de
coca, la fabricación, distribución, venta, control de mercados, reciclaje de
estupefacientes, tráfico, lavado de activos…”. La legislación internacional
obligatoria: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el
Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1988.
La aplicación de
este marco de referencia internacional a los hechos demostrados de cómo
detentan el poder los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua,
demuestra la comisión de crímenes de lesa humanidad institucionalizados por
medio del terrorismo de Estado como lo prueban ahora mismo la utilización de
sus sistemas de justicia convertidos en verdugos que tienen presos y condenan
centenas de inocentes en Cuba por las manifestaciones del 11 de Julio 2021, en
Venezuela para retener el poder con torturas y asesinatos en las cárceles, en
Bolivia con 72 presos políticos y en Nicaragua con presos y condenados, todo
copia de Cuba, el mismo mecanismo del castrismo del siglo XX convertido en
castrochavismo o socialismo del siglo XXI.
La barbarie contra
los derechos humanos de las dictaduras castrochavistas está agravada por la
comisión, protección y defensa desde los Estados y regímenes del socialismo del
siglo XXI del narcotráfico: la dictadura de Cuba implicada desde la década de
los sesenta con la tesis criminal de usar “el narcotráfico como arma de lucha
contra el imperialismo norteamericano”, hasta el decomiso de cerca de 1.517
paquetes de cocaína en Panamá en Mayo de 2019 embarcados desde Cuba con destino
a Estambul, manifestados como carbón.
Toda la cúpula de
la dictadura de Venezuela empezando por Nicolás Maduro están identificados como
el “cartel de los soles” y procesados en tribunales de Estados Unidos con orden
de captura internacional y recompensas de 15 a 10 millones de dólares por cada
criminal. Venezuela está identificada como el eje del tráfico de cocaína
proveniente de las FARC, el ELN y las federaciones de cocaleros de Evo Morales
de Bolivia.
Desde 2012 se
reporta a Nicaragua que “el narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y
esta generando mucho dinero”. El IEEPP un organismo no gubernamental que brinda
información a partir del monitoreo de las propias instituciones del Estado
indica que “25 grupos nicaragüenses apoyan al narcotráfico internacional”.
Conocido el
proceso por narcotráfico en los Estados Unidos contra el ex Jefe antinarcóticos
de Evo Morales con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, las
investigaciones de la DEA -expulsada por Morales- han recordado a los
bolivianos y al mundo que Bolivia es un narcoestado. Como el acusado está en
poder del gobierno boliviano Estados Unidos ha pedido su extradición que ha
motivado la reacción violenta de los operadores de la dictadura en Bolivia,
resumida en el titular del periódico Página 7: “El MAS cierra filas para
blindar a Evo y evitar la extradición de Dávila”.
Todo muestra a Evo
Morales como el jefe y constructor del narcoestado, incluso lo ha confesado
públicamente ante las Naciones Unidas. Está señalado como el jefe del “cartel
del Chapare” mientras el diario El Deber titula “Bolivia reingresa a la lista
de países que envían droga a Estados Unidos” y Página 7 reporta que “El cartel
brasileño PCC tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare”, mientras
recrudece la persecución política como otra confesión de los criminales.
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