por Jorge Augusto
Cardoso
Informador
Público, 23-2-21
Se ha hablado con
indulgencia de los jóvenes que en la década del 70 colocaron bombas, sembraron
el terror entre la población asesinando a civiles, policías y militares;
secuestrando personas y pidiendo rescate; dispuestos a todo para lograr el
poder y desde ahí imponer un nuevo orden para, según ellos, lograr una mejor
distribución de la riqueza.
La Argentina,
nuestra patria, en la década del 60/70, antes de la incursión violenta de la
guerrilla armada tenía un PBI similar al de Canadá; tres veces superior al de
Chile y seis veces superior al de Brasil.
Para ellos todo
fue válido: el asesinato artero por la espalda; la colocación de bombas; la
instalación de trampas explosivas en puertas, correspondencias, edificios y
autos; el asalto a cuarteles y asesinato de conscriptos; el robo de aviones; el
apriete a jueces, profesores y empresarios; el homicidio de inocentes, viejos,
jóvenes y niños; la infiltración en familias elegidas como objetivos, enviando
adolescentes para acercarse a ellas haciéndose pasar por amigos de los hijos
para luego, una vez ganada la confianza, colocar bombas en el hogar que los
recibía y cobijaba.
Dicen que no son
crímenes. Que no son crímenes de lesa humanidad. El adjetivo califica al
sustantivo pero no modifica su entidad: son “crímenes”. Ninguna sociedad
civilizada deja a los criminales sin sanción, y menos los cobija con honores,
puestos y consideraciones.
Nada los detuvo:
ni un presidente popular como Perón, ni la propuesta de éste a integrarse en el
nuevo gobierno acatando el orden instituido. Hoy el gobierno, ante la
indiferencia de los otros poderes del Estado y de la sociedad, que no hacen
nada para que éstos tengan una condena legal y moral por los atroces hechos
realizados, contiene y paga sueldos a muchos de ellos, ahora devenidos en
respetables y prósperos mayores de sentir democrático, miembros del parlamento
o del ejecutivo.
Sí hubo otros
jóvenes, que por ideales abrazaron la carrera de las armas, los que
voluntariamente se sometieron a una dura escuela de carácter y formación
profesional militar con el único objetivo de servir y defender a la Patria,
acatando las disposiciones legales existentes en un Estado de derecho, en donde
la sujeción del militar es mayor que la del civil, pues sus leyes particulares
lo constriñen, lo obligan a actuar de acuerdo a reglamentos y procedimientos
que en una guerra son diferentes a los que se aplican en los períodos de paz.
Esos jóvenes de
entonces, por orden de un gobierno constitucional que no podía, con las fuerzas
de seguridad, ni con una justicia jaqueada, atemorizada y amenazada, contener
el avance de los terroristas, fueron a una guerra no querida ni deseada; pero
allá partieron, con decisión y coraje, a defender lo que consideraron los
derechos sagrados de los argentinos.
Cumpliendo con su
rol en la organización social del Estado, no vacilaron en tributar al país la
sangre propia, en sacrificar la juventud y familia para lograr la deseada paz.
La situación así lo requería. Éstos y no aquéllos, fueron los verdaderos
jóvenes idealistas.
Conozco
perfectamente a esos estoicos guerreros. Siempre me sentiré en deuda con ellos.
La sociedad debería solidarizarse contra este atropello.
Dicen que hubo
errores. Por cierto que los hubo. No han existido en la historia de la
humanidad guerras asépticas. Por eso no pueden juzgarse con criterios de la paz
que, por otra parte, fue obtenida gracias a ellos, los hechos que ocurrieron en
esa guerra.
Es necesario que
los jueces adviertan que no son los jueces naturales de esos hombres, pues
cuando les ordenaron ir a la guerra había leyes y justicia militar para juzgar
sus conductas. Éstas han sido derogadas. No pueden juzgarse hechos retroactivos
sino con las leyes en vigencia de entonces.
La patria está
rota. El espíritu de lucha de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad y sus familias está quebrado. Estamos indefensos. Y en la ausencia
absoluta de la autoridad y fortaleza para imponer el orden, avanza generalizada
la delincuencia, que se apropia, hasta por diversión, de las vidas de los
argentinos. Y el gobierno, en lugar de fortalecer las instituciones armadas y
de seguridad, con reconocimientos materiales y simbólicos, para que nos brinden
seguridad, privilegia a ex guerrilleros devenidos en pacifistas, con cargos
rentados en los distintos poderes del Estado.
Jorge Augusto
Cardoso
DNI: 7784561
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