ACERTADA DESCRIPCIÓN

 

Reproducimos algunos párrafos de un artículo publicado en la fecha (*), que resume adecuadamente la conducción errática del gobierno nacional.

 

“Alberto Fernández deambula en estos días con una política exterior que engaña a veces con la misma sensación de extrañamiento.

El Presidente se acerca a cada ronda que observa, pidiendo que lo acepten como miembro pleno. Viaja a Francia y se declara europeísta desde siempre. Hasta que una semana después Ángela Merkel le saca por zoom un papelito donde anotó todo lo que Fernández le prometió y le incumplió.

Fernández entra luego al foro se San Petersburgo y hace una proclama anticapitalista ante la mirada gélida de Vladimir Putín, constructor del actual capitalismo ruso. Nacionalista y alérgico al comunismo soviético.

Por las dudas no lo acepten en el círculo Sputnik, Fernández lanza otra aseveración confusa. Dice que la Argentina debería incluirse en la ronda de los países pobre. Como una de esas naciones africanas a las que el FMI les condonó las deudas al inicio de la pandemia.

Es cierto que la pobreza escaló a raudales en Argentina durante el año pasado. Pero en el foro en el que hablaba el Presidente también conocen el precio de la soja.

Fernández participa asimismo en los encuentros del Grupo de Puebla, donde suele elogiar a Lula da Silva y a Andrés Manuel López Obrador. El expresidente brasileño está haciendo algo a lo que el argentino jamás se animaría: pactó una alianza con su antecesor, Fernando Cardoso, el neoliberal que se autocriticó la teoría de la dependencia. Lula cree que la salida a la crisis equivale a ensanchar el centro.

Y el presidente mexicano con el cual Fernández soñaba cambiar el mundo, tambalea. Perdió el dominio del parlamento tras una elección sangrienta: al menos 88 políticos o candidatos fueron asesinados desde setiembre pasado.

La estrategia de cortejo diplomático al norteamericano Biden fue todavía más curiosa. Fernández dijo que Estados Unidos está haciendo peronismo clásico. Incentivos al consumo para salir de la recesión pandémica. Para que lo inviten a la ronda de Washington, gritó a voz en cuello una contraseña ininteligible: “Juan Domingo Biden”. Las sorpresas pueden seguir. Todavía le falta acercarse a la ronda china.

Con Israel, Alberto Fernández fue y vino. A Benjamín Netanyahu lo privilegió visitándolo antes que a nadie. Después mandó a votar en la ONU una resolución funcional al terrorismo de Hamas. Concluyó el periplo festejando a la alianza que desplazó a Netanyahu.

A esa diplomacia vagabunda, Alberto Fernández suele presentarla como el ejemplo más acabado de autodeterminación y multilateralismo.”

“La Argentina de Alberto Fernández desertó en las puertas del tribunal de La Haya cuando había que pedir la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura venezolana.”

 

(*) Edgardo Moreno: Diplomacia para el realismo mágico; La Voz del Interior, 9-6-21, p. 9.

¿Y SI CERRAMOS LA CANCILLERÍA?

 

Andrés Cisneros

Ex vicecanciller argentino

Infobae, 12 de Mayo de 2021

 

Hamas e Israel intercambian misiles. Israel es un Estado miembro de las Naciones Unidas y Hamas una organización terrorista. No obstante, hagamos el esfuerzo de suponer por un instante la ficción de que se trata de un conflicto interno de una región del mundo a la que no pertenecemos y en la que no tenemos un interés nacional argentino directamente en juego.

 

Cuando se produce un enfrentamiento tan profundo, lo mejor que pueden hacer los países y organizaciones del mundo es abstenerse de agravarlo: lo primero es no empeorar la situación del paciente, reza el mandato hipocrático. Tomar distancia no equivale ni a huir ni a zambullirse de lleno en un conflicto: para ser útil lo mejor es no convertirse en parte, aunque nuestros valores como sociedad organizada, nuestros principios nacionales y nuestro compromiso con la realidad internacional nos inclinen, sin duda alguna, por una de ellas.

 

¿Y qué ha hecho el gobierno argentino?

 

Emitió una declaración oficial que es para la antología de lo que no debe hacerse. Describe, sin calificar, lo que hizo ayer Hamas –una organización terrorista- como un desangelado “ataque con misiles y artefactos incendiarios,” mientras critica fuertemente a Israel –un Estado al que fuimos el primer país de América Latina en enviarle un embajador- “por el uso desproporcionado de la fuerza” conque contestó el ataque terrorista. Ya está: Argentina aparece ante el mundo diferenciando al bueno y al malo de la película.

 

Por estas horas llueven las críticas al canciller Felipe Solá, un ministro para el olvido. Las merece, porque por algo aceptó estar allí y respaldar prácticamente cualquier cosa. Pero todos sabemos que la política exterior, como casi todas las demás, no se decide en el Palacio San Martín o, al menos, resultan fuertemente condicionadas por comisariatos ideológicos en función de intereses subalternos en la política interna.

 

Cuando una persona, o un Estado, deciden posicionarse sobre cualquier asunto, resulta sumamente útil ponderar las compañías en que nos encontraríamos de uno u otro lado. Prácticamente todos los países occidentales - región y cultura a la que pertenecemos- califican a Hamas como terrorista, al igual que las más importantes organizaciones mundiales de derechos humanos. Uno tras otro lo están ratificando ahora luego de estos atentados. Estados Unidos y la Unión Europea hace tiempo que la consideran una organización terrorista. En cambio, Rusia e Irán, tan cercanos a algunos corazones argentinos, no lo hacen.

 

En nuestra región, los gobiernos populistas, con Venezuela a la cabeza, tampoco. Esas compañías elegimos. Si algo ha tenido que ver directamente nuestro país con el conflicto entre Israel y sus enemigos han sido los dos atentados criminales de la embajada y de la AMIA, donde el terrorismo masacró a ciudadanos argentinos e israelíes. Ningún gobierno argentino debiera olvidarlo para tratar con tibieza cualquier acción terrorista. Por ahí convendría cerrar la Cancillería y alquilar el edificio.

SE EXTIENDE LA ANARQUÍA EN LA ARGENTINA

La inminente privatización de la violencia legítima en Neuquén

Alfil, 26 abril, 2021

Por Pablo Esteban Dávila

 

Max Weber definió al Estado, acertadamente, como la organización que monopoliza la violencia legítima. Esto significa que es el único, entre la pléyade de actores que integran la vida social de un país, que se encuentra autorizado para preservar el orden mediante sus fuerzas de seguridad (cuando las amenazas provienen desde adentro) o las fuerzas armadas, en el caso de un conflicto externo.

En la Argentina, sin embargo, hace rato que el Estado ha abdicado de esta prerrogativa, que es tanto un derecho como un deber. Ni las fuerzas federales ni las provinciales parecen capaces de llevar adelante ningún tipo de acción tendiente a garantizar derechos constitucionales ante determinados grupos que, bajo diferentes pretextos, impiden la libre circulación de bienes y personas o se arrogan potestades sobre el espacio público que no claramente no poseen.

Esta abdicación equivale al caos. A nadie le gusta ejercer la violencia legítima -especialmente a los gobiernos democráticos- pero existen ocasiones en que esta resulta inevitable, toda vez que la prolongación de conflictos de dudosa etiología hace que el no hacer nada sea infinitamente peor que hacer lo que corresponde.

Este es, ciertamente, el caso de los trabajadores “autoconvocados” de la salud en la provincia de Neuquén quienes, desde hace quince días, mantienen aislado al estratégico enclave energético de Vaca Muerta y otras poblaciones mediante una docena de cortes de rutas. Sin ingresar al examen detallado del conflicto, que no es el propósito de esta columna, dígase que los manifestantes reclaman al gobernador Omar Gutiérrez un aumento del 40% del sueldo básico del personal sanitario, entre otras demandas.

El atributo de “autoconvocados” confiesa, per se, la falta de una conducción orgánica entre los manifestantes. Esto significa que su sistema de toma de decisiones se basa en un asambleísmo espontáneo en el que, previsiblemente, siempre triunfarán las posiciones ultraístas. Esto es todo lo contrario al funcionamiento de la representación gremial formal, cuyo propósito es acordar institucionalmente con la patronal las mejores condiciones sin llegar a posiciones irreconciliables. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había pactado, precisamente, mejoras salariales para el sector ya en marzo, algo que es rechazado por aquellos.

Es obvio que la algarada es una piedra en el zapato, tanto para el gobierno neuquino como para ATE. Ni el gobernador quiere volver a negociar algo que entiende se encontraba cerrado ni Carlos Quintriqueo, secretario general del sindicato, está dispuesto a aceptar que otros trabajadores pongan en duda su representatividad. El dispositivo que se ha estructurado entre autoconvocados sin vocación negociadora y dirigentes sindicales interpelados por algunos de sus representados asegura un tenso empate en las posiciones en pugna.

Es aquí en donde debería aparecer la figura del Estado a través de sus poderes constituidos. El cálculo es simple: el gobierno de Neuquén es legítimo (Gutiérrez triunfó en las últimas elecciones por un margen amplísimo) y la paritaria de la salud fue negociada en forma pacífica con representantes también legítimos de los trabajadores. Desde un punto de vista formal, el asunto estaría concluido. Obviamente que cualquier integrante de los equipos de salud podría protestar por un arreglo que considerase insuficiente, pero esto no obliga a aceptar que, bajo este pretexto, se conculcasen derechos de terceros, tal como ocurre actualmente.

No obstante, el Estado se encuentra ausente. Pese a lo manifiestamente ilegal de los cortes y su extensión en el tiempo, nadie parece estar dispuesto a dar la orden de despejar las rutas y cumplir con las debidas obligaciones constitucionales, como si el gobernador y el presidente se hubieran resignado a asistir a los acontecimientos en calidad de simples observadores.

Sin embargo el poder, como se sabe, no tolera el vacío. Si quienes lo detentan abandonan sus responsabilidades, otros los suplirán. Los autoconvocados están generando desabastecimiento y quebrantos en un área estratégica para toda la Argentina, no solamente para los intereses neuquinos. Hay centenares de empresas y miles de trabajadores que están siendo afectados directamente por la protesta. No debería ser motivo de sorpresa, por lo tanto, que estos últimos se propongan intervenir por su cuenta ante la defección de los poderes públicos.

Esta posibilidad se encuentra a la vuelta de la esquina. El mandamás del sindicato de petroleros, Guillermo Pereyra, advirtió que “van a darles una lección” a los que ocupan las rutas y que, para ello, va a movilizar a “20.000 o 30.000 trabajadores”. Otros gremios también poderosos se preparan para secundarlos. No se sabe exactamente el alcance de la pedagogía a impartirse. ¿Consistirá en palabras o en puños?

Todo puede suceder. La persistencia de la protestas no solo agravia a los petroleros, sino que amenaza con afectar al resto del país. En materia de producción, asegura el portal Infobae, “ya hay una pérdida diaria de 3 millones de metros cúbicos de gas y de 5.000 barriles de petróleo, y el volumen de pérdidas aumenta cada día”. Se estima que hay unos 45 equipos de perforación, fractura y terminación de pozos de petróleo y gas que no pueden operar y otros 10 que podrían paralizarse en lo inmediato. Hay especialistas que señalan que esto repercutirá en la balanza de pagos, obligando a importar gas licuado a través de buques regasificadores por un monto cercano a los 200 millones de dólares. En cualquier caso, las pérdidas diarias por el conflicto alcanzan los 13 millones de la moneda estadounidense, una cifra por demás preocupante.

Puede especularse sobre los motivos por los cuales el presidente Fernández no atina a involucrarse en el problema allende la gravedad del cuadro, pero el más plausible es el ideológico. Detrás de esta protesta se encuentran elementos del kirchnerismo más duro, al igual que las usurpaciones de tierras por supuestos mapuches, avalados implícitamente por diferentes organismos de la propia administración nacional y la teórica responsable de ponerles fin. También debe computarse dentro de este morral el temor reverencial del Frente de Todos a “criminalizar la protesta”, el pretexto siempre a mano para justificar la omisión de restaurar el orden perdido.

El asunto se vuelve todavía más absurdo al recordar que Vaca Muerta es el objeto de deseo de la Argentina potencia. Se trata de una auténtica reserva mundial de gas y petróleo no convencionales que ha merecido, nominalmente, la caracterización de una política de Estado por parte de las administraciones de Cristina Fernández y de Mauricio Macri sucesivamente. Ahora resulta que el propio Estado es incapaz de cumplir con esta declaración teniendo los medios y, lo que resulta más incomprensible, la legitimidad para hacerlo. Si a esto se le suman los últimos dimes y diretes sobre los biocombustibles es inevitable concluir se hace difícil tomar en serio este tipo de propósitos trascendentes.

La deriva sugiere un horizonte inquietante, esto es, que los responsables de liberar las rutas y de asegurar, mediante tal recurso, la continuidad de Vaca Muerta, sean los sindicatos perjudicados por la protesta. Este extremo equivale a suponer que se privatizará tanto el ejercicio de la violencia legítima como una de las políticas estatales de mayor impacto para el futuro próximo. ¿Realmente Gutiérrez y Fernández presenciarán semejante espectáculo de brazos cruzados? La hipótesis de enfrentamientos entre trabajadores en las rutas de Neuquén es una posibilidad cierta, que puede verificarse de un momento a otro. No deja de ser risible que esto ocurra en las narices de un gobierno que hace del culto al Estado el norte de su gestión.

CAOS Y ESPECULACIÓN

Con las reservas del caso, publicamos el siguiente artículo, pues, como mínimo confirma nuestra tesis de que el Estado argentino no funciona, al margen de quienes ocupen el gobierno.

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Cerealeras intimadas por no liquidar divisas y bancos que apuestan al “caos informativo”

POR SEBASTIÁN PREMICI 

El Cohete a la Luna, DIC 6, 2020  

La agroindustria pretende consensuar con el gobierno nacional un proyecto de ley para potenciar las exportaciones desde los actuales 65.000 millones de dólares a 100.000 millones. Objetivo más que loable. Pero insuficiente. Quizás no se trate solamente de incrementar las ventas al exterior sino de mejorar, intensificar y hasta crear nueva regulación que evite la enorme discrecionalidad con la que un puñado de compañías –nacionales y multinacionales– manejan el comercio de granos.

Su poderío se observa en la capacidad hegemónica de hacerse con las materias primas, en ser dueñas de los puertos y en algunos casos tener sus propios ferrocarriles. Además de contar con la capacidad de especular con el tipo de cambio a través de la no liquidación de divisas, a pesar de las regulaciones del Banco Central.

“El transporte de materias primas por operativo ferroviario carece de control ya que nadie certifica la mercadería que se carga en origen ni la que se descarga en destino, por lo general en Terminales Portuarias. La mercadería almacenada en silos bolsa en el campo muchas veces se sube directamente al camión y se traslada sin ningún tipo de control ni certificación. En definitiva, la liquidación impositiva depende exclusivamente de sus declaraciones juradas, sin tener posibilidad el Estado de auditar la veracidad de las mismas”.

El diagnóstico corresponde a un informe de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) que fue entregado a la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT, Santa Fe) hacia fines de septiembre. En algún punto, las cerealeras –la mayoría nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC)– hacen lo que quieren porque cuentan con un andamiaje jurídico que las ampara.

El pasado 8 de noviembre El Cohete informó que el Banco Central había cursado una serie de intimaciones a un conjunto de cerealeras porque, en plena puja cambiaria, no ingresaban las divisas en tiempo y forma (15 días de concretadas las operaciones).

La semana pasada también se informó que Vicentin y el Grupo Olio (Díaz y Forti) no habían ingresado divisas por 900 millones de dólares. Finalmente, a Díaz y Forti –que operaba las instalaciones de la cerealera quebrada– se le prohibió exportar y quedó excluida del mercado de cambios, luego de ser intimada por el Banco Central.

Pero no fueron las únicas intimadas por la autoridad monetaria. El listado lo completan Aceitera General Deheza (AGD), propiedad de Roberto Urquía y el actual presidente de la UIA, Miguel Acevedo, la multinacional Bunge, Molinos Agropecuaria SA y Oleaginosa Moreno Hermanos SA.

Jugadores de toda la cancha

La CIARA-CEC informó que en noviembre se liquidó un total de 1734 millones de dólares, apenas un 1% más que en octubre. Sin embargo, en la comparación interanual la merma fue del 20%. En el acumulado del año se liquidaron 18.583 millones de dólares, un 14% menos que en el mismo período de 2019.

Luego de las PASO del año pasado las cerealeras adelantaron ventas para saltearse el aumento de las retenciones a la soja, que finalmente ocurrió durante los primeros meses del año pandémico. De esa manera, se garantizaron una ganancia extra.

Como especuladores de toda la cancha, luego de adelantar ventas decidieron sentarse sobre los dólares en medio de la puja cambiaria de septiembre y octubre. Sin embargo, fueron de los sectores a los que mejor trató el gobierno nacional a sabiendas de que el país necesita de sus dólares. Les redujeron –temporalmente– las retenciones a la soja y se estableció un diferencial a favor de la industria. Y ahora avanzan con un proyecto de ley donde se garantizarían estabilidad fiscal por una década.

Las empresas intimadas por el BCRA por no liquidar divisas en tiempo y forma, y contribuir de esta manera con la presión cambiaria y a un clima general de devaluación, presentaron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de 23.885.156 toneladas entre enero y noviembre. Obtuvieron ganancias extraordinarias, tal como lo demuestran sus balances. Tal poder económico es directamente proporcional a su capacidad para la desestabilización financiera.

AGD

El caso de AGD es paradigmático. En 2019 fue el segundo exportador de aceites y subproductos con 5,8 millones de toneladas, debajo de Vicentin que vendió al exterior 7,4 millones de toneladas. En el rubro cereales sus ventas totalizaron las 3,1 millones de toneladas. Según informó la propia compañía, su ejercicio 2019/2020 cerró con un resultado consolidado (ganancia) de 310 millones de dólares.

Esta sociedad, cuyos dueños son el ex senador del Frente para la Victoria Roberto Urquía y el actual titular de la UIA, Miguel Acevedo, forma parte del grupo de empresas descriptas en el documento de URGARA. Dueña de su propio ramal ferroviario –Nuevo Central Argentino– y de los puertos Terminal 6, Timbúes y Guide SA, esta última en alianza con Bunge.

“Por suerte llegó la resolución 132 de Agricultura, porque el poder omnipresente que tienen es tremendo. Hay que revisar todo el marco legislativo vigente, que viene tanto de la última dictadura cívico militar como del neoliberalismo. El caso de Vicentin nos muestra que las cerealeras manejan la liquidación formal de divisas, aplican todo tipo de mecanismos de elusión fiscal y controlan lo que ocurre en los puertos. Esto no se puede permitir más”, explicó a El Cohete Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) y asesor de la Federación de trabajadores del complejo oleaginoso.

La Resolución 132 establece que los operadores que no cumplan con la normativa cambiaria (liquidación de divisas dentro de los 15 días de concretada la exportación) quedarán excluidos del Registro Único de Operadores de Granos (RUCA). La industria cerealera sostuvo que la norma apuntaba a los frigoríficos. Pero no sólo a ellos.

La sociedad Díaz y Forti, operadora de las instalaciones de Vicentin, ya había quedado afuera del RUCA y el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial de la normativa de Agricultura el BCRA la suspendió del mercado de cambio.

Las otras intimadas por el Central son AGD, Molinos SA, Bunge y Oleaginosa Moreno.

La nueva reglamentación de Agricultura coincidió con la realización de la 26° Conferencia industrial organizada por la UIA, donde los popes del sector hablaron de reglas de juego claras y de seguridad jurídica y expusieron nuevamente sus críticas hacia el Aporte Solidario de las grandes fortunas.

“No hay tiempo para más demoras, las oportunidades se agotan. El mundo está moviendo las piezas muy rápido mientras nosotros discutimos nuestro juego interno. La industria crece en los países prósperos con buenos empleos y salarios”, sostuvo el titular de la UIA, según consignó la agencia Télam.

Acevedo, como dueño de AGD, fue uno de los intimados por el BCRA por la no liquidación de divisas en tiempo y forma. Por su peso dentro del mercado no fue poca la incidencia de esta cerealera en el clima de incertidumbre que se vivió entre septiembre y octubre.

El Cohete consultó dentro de AGD por la intimación que recibieron del BCRA. Su respuesta deja varios interrogantes. Por un lado argumentan que desde septiembre de 2019, post derrota de Cambiemos en las PASO, el Central y los bancos designados por las cerealeras dejaron de “hacer un seguimiento de las liquidaciones”. Es decir, más allá de los 15 días para liquidar, el macrismo les dejó hacer lo que quisieran. Y la situación parece replicarse.

Desde AGD confirmaron que hubo varias notificaciones a distintas sociedades y reconocieron, tácitamente, sus propios “retrasos” en la liquidación de divisas. “En el caso de AGD se ha aportado el 90% de pendientes y se está en condiciones de afirmar que lo restante proviene exclusivamente de demoras en los bancos intervinientes”, le transmitieron a este periodista desde la compañía.

Caos

La mención a la falta de información de los bancos –que son las entidades que piden los dólares al Central– no es ingenua. Es cierto que existe un caos informativo desde septiembre de 2019 y todavía no se resolvió, a casi un año de la nueva gestión de gobierno. El tema de fondo es que las aceiteras intimadas se escudan detrás de ese caos para no ingresar las divisas. Es decir, caos para la especulación.

Si de 700 millones de dólares les falta liquidar 100 millones es mucha plata igualmente. Y cualquiera de estas empresas maneja estos volúmenes. Si el problema fuera solamente de los bancos que no informan, como aducen, ¿no deberían insistirles para que regularicen el circuito de comunicación con el BCRA?

La pregunta es casi retórica. Hay quienes ganan con ese caos. Parte de las divisas del comercio exterior agroindustrial siguen sin ingresar al BCRA. También quedó al descubierto el rol de ciertas entidades financieras, como el Citi, Santander y Galicia, que juegan a “la desinformación” en connivencia con las propias cerealeras. Si Paul McCartney editó el disco Caos y Creación, esta saga podría llamarse Caos informativo y especulación.

Vicentin

Vicentin es el caso paradigmático para hablar de todo lo subterráneo que sucede en el sector agroexportador. Es un prisma para auscultar el comportamiento del “sector más dinámico de la economía”: precios de transferencias, triangulación, comercialización en negro, manejos discrecionales en los puertos. No liquidación de divisas. La empresa quebrada tenía sin ingresar al BCRA 500 millones de dólares y el Grupo Olio, que empezó a utilizar sus instalaciones, otros 400 millones.

El juez Fabián Lorenzini resolvió la intervención de Vicentin por su sistemática omisión de brindar información dentro del expediente del concurso. Sin embargo, decidió mantener al actual directorio. El conflicto se inició en febrero de este año y la sociedad recién presentó sus balances cerrados en octubre de 2019 el pasado 28 de septiembre.

Ante la situación de quebranto, Vicentin acordó con Oleaginosa Moreno la explotación de contratos de fazón (uso de las instalaciones industriales) para cumplir con la producción destinada a Renova, la otra sociedad de la que es parte la cerealera quebrada con un 33% de participación.

Ambas sociedades –Grupo Olio y Oleaginosa Moreno–, que pretendieron funcionar como un salvavidas para la ahora intervenida, también fueron intimadas por el BCRA como consecuencia de la no liquidación de divisas. El mismo patrón de conducta para un puñado de sociedades a las que no les falta rentabilidad.

De hecho, entre enero y noviembre, Oleaginosa Moreno presentó Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por 7,7 millones de toneladas. Díaz y Forti (Grupo Olio) por otros 2,4 millones de toneladas. Bunge, otra de las intimadas por el BCRA, presentó DJVE por 5,2 millones de toneladas, y Molinos Agro por otros 3,2 millones. Esta última sociedad obtuvo una ganancia de 26,5 millones de dólares entre enero y septiembre de este año según el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, un incremento del 73% en relación al mismo período del año pasado. Caos y especulación

Aduana

Parte de esta historia incluye a los grandes productores sojeros que, ante la brecha cambiaria y más allá de la estabilización de las últimas semanas, también se sentaron sobre sus granos para especular con una devaluación. Entonces la industria recurrió a la importación de soja de Paraguay y Uruguay. En septiembre trajeron granos por 230 millones de dólares y en octubre por 170 millones, que fueron procesados como aceite y exportados.

Hay quienes reclaman, dentro y fuera del gobierno nacional, que las autoridades de control (sobre todo la Aduana) deberían poner la mirada en los barcos que llegan para cargar soja en Rosario pero que primero pasan por Uruguay. Algunas sociedades declaran que esos barcos ya vienen cargados con un 30 por ciento de granos desde el país vecino pero en realidad están vacíos. Lo hacen para no pagar retenciones y declarar menos exportaciones de las que realmente realizan.

DE LA PROBIDAD A LA CORRUPCIÓN

Carlos Alfredo Vargas *

 

 

Habiendo tomado conocimiento oficioso, de la preocupación de  generar Fichas Blancas,  consistentes en: requisitos y condiciones de idoneidad y probidad  que deben cumplir, a través de una ley, por parte   de quienes pretendan acceder a cargos electivos en los Poderes Públicos, y viendo plasmado en publicaciones periodísticas  el anhelo de  evitar el acceso a los cargos electivo de personas con antecedentes de corrupción, me   animo a  formular  algunas consideraciones sobre el particular.

Hoy en día nos enfrentamos a una realidad preocupante, LA IDONEIDAD Y LA PROBIDAD de los funcionarios públicos electivos, se ve seriamente cuestionada ante la ciudadanía, su omisión no pasa inadvertida, más aun las lleva a descreer de la dirigencia política, Así procurare dar una opinión sobre las prohibiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que se utilizan   como un medio para prevenir y sancionar la corrupción. Más, lamentablemente, la realidad supera con creces a las mismas  me referiré a: las inhabilidades (prohibición de elección a un cargo); las incompatibilidades (prohibición de desempeño conjunto de un cargo o función pública electiva o no  con otros cargos, empleos, funciones o comisiones); las incapacidades (que son  físicas o psíquicas y los impedimentos (prohibiciones de INVOCAR INMUNIDAD (bajo determinadas circunstancias).

En nuestro sistema institucional, el mismo se encuentra  en la C.N. de 1994 en la Ley de Partidos Políticos   (Ley 23298 art. 33) y la Ley de Ética Nª 25188 arts. 2/7, y en los Reglamentos de las Cámaras, donde se contemplan previsiones acerca del sistema de incompatibilidad e inhabilidades,  quedando a discrecionalidad del Congreso la determinación o no de muchos supuestos contrarios a la moral y ética.   En los últimos años   hemos visto,  extrañados, comportamientos erráticos de los legisladores  para resolver situaciones sobrevinientes, en especial  lo  referido al sistema de inhabilidades  y faltas éticas.  Al respecto formulare, algunas situaciones (Caso Menem, Bussi, Paty De Vido por citar algunos)  que han teñido de estupor  a la ciudadanía.

 (a) El Derecho aparece como un instrumento extremadamente burdo, Por ende, centrar la lucha contra la corrupción sólo en medidas jurídicas, será siempre algo precario y efímero, si los valores sociales de probidad se distorsionan.

(b) ¿Cómo debe interpretarse el Derecho anticorrupción? La mayoría de las normas de este tipo son prohibiciones y aquí comienza para el jurista un dilema. Si estos preceptos son prohibiciones al ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos se privilegiará la interpretación literaria estricta pues se dirá que estamos en el ámbito del derecho público y que es un principio claro de interpretación de derecho, a la inversa una interpretación benigna y discrecional  nos da una respuesta permisiva  a favor de las personas  violentando aquello del bien común y de la sociedad. 

Enfáticamente digo las prohibiciones parlamentarias no están establecidas en interés de los propios congresales, sino en beneficio de la comunidad toda. Su finalidad es: dotarlo de una independencia  par que ejerza sus funciones libremente sin presión alguna, para de este modo mitigar  al máximo un uso indebido  de su investidura. Por otra parte, es bien sabido, que las normas no son realidades abstractas, son reglas de convivencia que se justifican porque pretenden alcanzar un fin. En el campo que tratamos, únicamente teniendo a la vista el fin buscado puede tener sentido la confrontación entre normas y conducta, ya que en caso contrario, ésta jamás encontrará término válido de comparación, más aún cuando la técnica de la infracción será la del fraude, esto es, alterar el propósito de la norma respetando su sentido literal». Tomemos un ejemplo: la  Ley 25188 en su s dispositivos entre otras cosas nos dice la obligatoriedad de  cumplir y hacer cumplir  estrictamente la constitución, (vaya  obligación permanentemente desconocida o vulnerada  a guisa de ejemplo la ocupación de tierras no mereció  el rechazo y denuncia pertinente por parte de los funcionarios públicos) presentar una declaración jurada patrimonial (raramente cumplida y en algunos casos con omisiones trascendentales)

Por su parte el art 33 de la Ley de Partidos (Nª  23298) nos dice quienes  no podrán ser candidatos a. cargos públicos electivos, ni  ser designados para cargos partidarios los miembros de las FFAA y de las fuerzas de Seguridad etc.,

En tanto en el art. 66 de la C.N. en relación al reglamento de cada cámara nos dice: Cada Cámara hará un reglamento y con 2/3 de votos podrá: corregir a cualquiera de sus miembros  por desorden de conducta  en el ejercicio de sus funciones  o  removerlo  por inhabilidad física o moral sobreviniente  a su incorporación  y hasta excluirlo  de ser miembro pero gastaría la mayoría de 1 voto de ,os miembros presentes para decidir en las renuncias  que voluntariamente hicieren de su cargo.

Vemos así que existen claras disposiciones que hacen a las causales   obligatorias y restricciones y sanciones  por causas morales, físicas o incompatibilidades.-

En cuanto a la Declaración jurada patrimonial  me pregunto  cómo entender  la omisión  de la obligación de presentar dicha declaración jurada? una interpretación restrictiva, `nos dirá  ligeramente que se trata de una simple declaración  formal  que será considerada falta grave, pues  la normativa  no contiene ni contempla sanción alguna  sea por su omisión o por su falsedad. Ello da lugar a la discrecionalidad  en cuanto a su interpretación  ya que si la norma no prevé la sanción  ni remite al C.P. La ley es letra muerta y seguimos con el desconcierto  para con los ciudadanos que descreen del derecho y de la honestidad y probidad de sus representantes  y se debe buscar en el C.P si  en forma expresa  esa situación encaja en alguna tipificación delictual. Ante ello  no se pude otra cosa que pensar  que este vacío legal no es casual  así nos encontramos  con que no se puede  advertir posibilidad de sanción expresa alguna por tal omisión  al no existir sanción alguna por una omisión  que jurídicamente no tenía prevista sanción alguna  Es  frente a tales resquicios  que  emerge  la discrecionalidad, que burla  el derecho al bienestar común  a la probidad  y se admite el derecho en beneficio del legislador. Y nos coloca en una violación a la C.N la que es violentada alegremente. Por lo tanto, el problema interpretativo de las prohibiciones será clave en la prevención de la corrupción.

 Hechas estas observaciones previas, estimo que el requerimiento de establecer en la norma la sanción o su remisión a otro dispositivo que la contenga es fundamental y no se burlaran con interpretaciones los requerimientos constitucionales  de incompatibilidades e inhabilidades  por parte de las propias Comisiones de ética del Congreso que verían así acotadas sus interpretaciones discrecionales y hacer efectivas las sanciones que ameriten las inconductas y se cumpla  efectivamente el impedimento. Si falla esto, entonces debería pensarse que el Estado de Derecho está perdido, al igual que la Republica

 

Por otra parte,  en Argentina se puede decir que formalmente la lucha contra la corrupción  es comparable, con diversos países Más lamentablemente en nuestro país  se dan situaciones que por falta expresa de sanción las prohibiciones son letra muerta. Por ello deben dictarse normas que contengan sanciones expresas evitando o procurando al máximo evitar la tan mentada discrecionalidad que no es otra cosa que  entender por cuestiones de conveniencia y oportunidad hacer esto o aquello otro.  

Para finalizar diré que estimo no sólo la sanción de una Ley que en forma expresa  se refiera  a las causales  para postularse al igual que por causales sobrevinientes  entre las que citare a modo de ejemplo sin perjuicio de una ampliación de la misma que se encuentre receptada en la legislación penal evitando vacios e incongruencias. Retorno entonces en los casos  a incluir:

1  1)  para postularse siendo excluidos  de la lista  a)  no podrán postularse y serán excluidos de la lista los que sean parientes  por consanguinidad o afinidad con otro funcionario público nacional provincial o municipal en el mismo ámbito.- b) Los que no presenten, 30 días antes de su postulación  declaración jurada patrimonial integral u omitan datos  y la falte documentación fehaciente que la respalde, c)·Los que desempeñaren cargos directivos  o fueren apoderados “ representantes , mandatarios, gestores, directos o vinculados con”  empresas  concesionarias “ o contratistas subcontratistas  proveedores de obras o de suministros de la Nación, Pcias., o municipios, o entidades autárquicas centralizadas o descentralizadas. d) Ser director de sociedades que coticen o no en bolsa , empresas u organizaciones de medios de comunicación e) Ser acreedor o deudor del Fisco cualquiera sea su vinculo como actor director mandatario, representa gestor o empelado f) “Ser pariente por consanguinidad o afinidad  con cualquier funcionario  que ocupe cargo u función pública en alguno de los poderes para que se postule g) Ser miembro titular de empresas o cualquier tipo coticen o no en bolsas , como director accionistas,  salvo que  acrediten, fehacientemente,  declación jurada patrimonial de por medio y documentación respaldatoria fehaciente, que se han desvinculado de la misma con 180 dias de antelación a su postulación.

 

2 2) para las causales sobrevinientes  incorporaría entre causales sobrevinientes  a)  las inhabilidades morales  como las previstas en los apartados precedentes   en tanto y en cuanto  medie querella  por dichas causales que  dan lugar a la sanción de suspensión hasta que recaiga sentencia condenatoria aunque no exista privación de libertad y si recae  sentencia condenatoria se transforma en condenatoria y se procede a su remoción automática  c) El  Funcionario que nombre a un familiar por consanguinidad o afinidad  en alguna función  sea como asesor, empleado permanente transitorio o contratadao en el poder en que se desempeñe será removido del cargo  por el voto de las 2/3 partes de los miembros integrantes del cuerpo d) Conforme al art 16 de la C.N  se supone que el funcionario propuesto goza de idoneidad técnica  por tanto debe restringirse la cantidad de asesores a su cargo con lo que la reducción del gasto público será beneficiosa, caso contrario se procederá previa acreditación a su remoción de la Cámara. e) No podrán ser candidatos a cargos electivos las personas  condenadas por delitos contra la corrupción preventiva, y aquellos que fueren funcionarios serán suspendidos en caso de querellas por delitos de corrupción hasta tanto recaiga sentencia.

 

Así se busca mitigar y dar un paso  adelante para lograr el respeto a la Constitución que exige la idoneidad y la probidad para el desempeño en la función pública contra la corrupción y la corruptela administrativas.

Advierto a esta altura, y no escapan a mi inquietud lo referido a depósitos en cajas de seguridad, cuentas en bancos nacionales o extranjeros, ni que decir de ser miembro o parte integrante, representante accionista de sociedades offshore en alguno de los países que tiene individualizados el Fondo Monetario Internacional  los denunciados por la Comisión Internacional de Periodistas, la Organización  para la cooperación  y el desarrollo económico  o el Grupo de Acción Financiera. Tarea esta que será motivo de próximo análisis.

Para terminar digo: en un país sin reglas, o donde sólo se dictan para luego burlarlas o violentarlas, la idoneidad y la probidad son un concepto abstracto que nos lleva al fin de la Republica o del Estado de Derecho, razón por la cual no hay que claudicar en la lucha por exigir dichos valores y sancionar al marginal.

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*Vargas: Abogado y Miembro del Instituto