HIDROVÍA

 

 

 el pedido de controles al contrabando y el narcotráfico se coló en el debate por la nueva concesión

 

Mariano Galíndez

Rosario 3, 13-3-21

 

Fue Elisa Carrió la que hace unos años puso el tema en la agenda de la opinión pública con una rimbombante denuncia: la hidrovía es una ruta de ingreso de drogas que se descargan en puertos de la región. Pero pese a todo el barullo mediático que armó en torno a sus declaraciones durante el gobierno de Mauricio Macri, las denuncias que hizo en la prensa nunca tomaron forma en la Justicia.

 

Ahora, y por esos pases propios de la política argentina, un sector del kirchernismo duro hizo suyo los postulados Carrió y los está volviendo a poner en la agenda pública aprovechando que la hidrovía está en el centro de la escena por el inminente vencimiento de la concesión y las demoras del gobierno en lanzar una nueva licitación.

 

Quienes desde el sector empresario siguen el tema conectan ese manto de sombra que se puso sobre la vía navegable con intereses del justicialismo K bonaerense por aprovechar el cambio de concesión para modificar el canal de ingreso de barcos al sistema reemplazando el actual (Punta Indio) por uno que beneficie a los puertos del sur bonaerense (Magdalena).

 

En rigor, esa jugada –que goza del apoyo  de sindicatos del sector y de empresarios bonaerenses vinculados a la industria naval y que viene envuelto de alegorías a la soberanía nacional- es vista como innecesaria por los usuarios de la hidrovía (puertos, agroexportadoras y navieras) ya que el canal actual demostró su conveniencia para desarrollar puertos río arriba, tal vez una de las políticas más federales de los últimos años, y además se puede tranquilamente pensar en desarrollar esa suerte de “Punta Indio Bis” que sería el Magdalena de manera complementaria y sin echar por tierra todo lo que se hizo hasta ahora.

 

En ese marco, el amplio despliegue que tuvo el operativo conjunto de control que montaron este viernes Prefectura, Aduana, Afip y el Ministerio de Seguridad en la planta de Cargill de Puerto San Martín, con la participación incluso de importantes funcionarios nacionales venidos de Buenos Aires, fue visto en sectores empresarios como una reacción pública de los organismos de seguridad ante tanto barullo que hay en torno al contrabando y el narcotráfico por los puertos de la hidrovía.

 

Y si bien el operativo se realizó esta semana porque recién se firmó hace poco un acuerdo entre distintos organismos del Estado para realizar estos controles conjuntos (que, prometen, ahora será más regulares), que las acciones hayan sido coordinado con Cargill (empresa a la que le avisaron hasta la hora en la que llegaban los oficiales) abona las hipótesis de que las acciones del viernes tuvieron algo de puesta en escena.

 

Lo cierto es que ante semejante avanzada, a los dirigentes empresarios que están en la cocina de las negociaciones por la nueva concesión no les llamó tanto la atención la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Consejo Federal de la Hidrovía reclamando en la reunión realizada el martes pasado que en el futuro órgano de control de la concesión, además de revisar el cumplimiento de las exigencias contractuales, se releve y centralice allí la información acerca de los puertos, las embarcaciones en operaciones, las zonas de transporte y embarque para evitarla comisión de actividades ilícitas, como contrabando y narcotráfico.

 

En el ambiente portuario nadie desconoce que río arriba, en zonas despobladas en las que se pueden amarrar barcazas, haya tráfico de drogas. Incluso, es recurrente la figura de bolsones arrojados desde embarcaciones que levantan lanchas bien río arriba. Pero eso aleja al narcotráfico de los puertos del Gran Rosario.

 

Ahora bien: ¿cuál es la postura de las empresas vinculadas al negocio? Según supo Rosario3, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) reclamaron, ante esta avanzada, controles estatales para garantizar la transparencia del comercio exterior argentino, que es requisito de los países compradores. Y lo argumentan sosteniendo que el rol del Estado en la fiscalización lo que promueve es la competencia transparente al buscar erradicar el contrabando que perjudica a la agroindustria que trabaja seriamente y paga los impuestos correspondientes.

 

Un ejemplo de ese compromiso que manifiestan lo hacen recordando que entre 2013 y 2014 las empresas agroexportadoras donaron un edificio de 200 metros cuadrados en Timbúes para que la Prefectura dispusiera de una oficina de control de los puertos de esa localidad.

 

Es que, en rigor, las terminales portuarias, por donde salen las exportaciones agroindustriales argentinas, tienen diversos controles: se inician en los controles de pesaje de todos los camiones que ingresan a los puertos, pasando por los propios laboratorios de calidad de las exportadoras, prosiguen en los que efectúa Senasa como dependencia del Estado para autorizar desde lo sanitario el envío al exterior, pero continúan con la supervisión de la Aduana de la carga de los buques, junto con el control de la Prefectura (la ley argentina de puertos privados establece que éstos deben asignar oficinas en cada uno para funcionarios de la Aduana y para el control perimetral por efectivos de la Prefectura).

 

Las compañías agroexportadoras son las principales interesadas en evitar toda clase de infracciones en las terminales portuarias porque de otro modo los puertos argentinos podrían rebajar su categoría en términos de seguridad, lo que elevaría las primas de riesgo y la Argentina perdería, consecuentemente, competitividad internacional y así mercados internacionales, al encarecer los producto. de exportación.

 

En definitiva, ante la avanzada en la opinión pública sobre el tema del contrabando y el narcotráfico por la hidrovía, la postura de las agroexportadoras es hacer suyo el discurso de que es imprescindible que el Estado Nacional mantenga los controles efectivos en todos los puertos, rutas terrestres, ferroviarias y fluviales erradicando el contrabando que perjudica a las empresas del sector. En otras palabras, busca salir de la mira de los sectores más ultra K y ponerse del lado de los que reclaman controles como estrategia para mostrar que los puertos cerealeros no son ni puerta de entrada ni de salida de droga.