Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100
millones
Por Silvia Mercado
Infobae, 3 de diciembre de 2017
En la compleja diversidad de grupos mapuches de la
Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén),
algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia
institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan "tierras de
Benetton"), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el
Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas
promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la familia que usurpó territorio junto al Lago
Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan
negocios con prácticas extorsivas.
Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el
cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa
como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le
aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el
2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la
gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no
tiene autoridades constituidas desde 2011.
Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones
ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de
petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo
llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió
altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche
usurpó tierras donde está la boca de agua.
Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo
pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su
"reafirmación territorial", con el apoyo de la Confederación Mapuche,
asegurando que "vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva
conquista petrolera llegara". El
pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los
productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras
ocupaciones) y que peligren sus inversiones.
Según la información que pudo obtener Infobae,
Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos
por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14.
Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando
totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que
había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada
de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la
negociación y suspendió su proyecto productivo.
Cherqui es un personaje parecido a Omar
"Caballo" Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de
Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa La Lata SRL, con la que fue durante años subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra
empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se
contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la
provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de
pesos. Y maneja otros negocios, como el
estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y "peajes"
adentro de los territorios de su comunidad.
Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación
a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento
en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que
rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de
Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos
en los próximos dos años.
El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que
viven en "territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera",
lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que
hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda
tarea de saneamiento.
Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros
cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra
comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear
4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.
Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el
proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona
reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras
fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años
y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la
comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma
extorsión.
Es que cambiaron los responsables del área de
superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones
deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y
la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se
pagaron hasta el año pasado.
De hecho, YPF
no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que
presentó, sino que lo puso en un comunicado: "sus honorarios están muy por
encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace
el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas".
También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5
millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían
pagar 700 pesos a esos efectos.
No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A
los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores
postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir
("para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el
invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos", dijo una de
las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente
politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y
ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes
ciudades.
Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus
propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los
bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le
pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación
que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la
largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que
un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.
¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece
restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se
involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por
acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué
pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de
Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el
primer paso de algo que tardará años en resolverse.
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