martes, 3 de septiembre de 2019

UNA GESTA PRODUCTIVA



Por Carlos R. Brown.

MPA, 20 agosto, 2019

Los Argentinos, hemos pasado por innumerables problemas económicos.  Podríamos decir lo de siempre: territorio rico, extenso y con todos los climas; crisol de razas sin enfrentamientos étnicos ni religiosos; niveles educativos y culturales iguales o superiores a la región; y una democracia consolidada desde hace más de 30 años.

Pero también: pobreza y marginalidad creciente; destrucción continúa de la cultura del trabajo y del aparato productivo; una estructura Estatal ineficiente y brutalmente demandante, y consecuentemente una presión impositiva cada vez mayor; desaparición del acompañamiento financiero para el crecimiento económico, y aparición de la usura bancaria en su único beneficio.

¿No será hora de que la política de por terminada estas etapas negativas protagonizadas, salvo honrosas excepciones, por los gurúes de lo imposible y el fracaso, e intentemos realizar una verdadera gesta de la producción y el trabajo?

Una gesta por definición es una hazaña. Y eso es lo que  necesitamos, una hazaña que transforme políticas improductivas, financieristas y generadoras de dependencia social, en políticas productivas creadoras de actividad económica, dignidad laboral y humana.

Para poder realizarla, será necesario toda la estructura social y la política convencida, y todo el Estado en función de ello.

Primero deberá haber un gran acuerdo nacional entre todos los sectores políticos, empresarios, gremiales, religiosos, sociales y profesionales tendiente a instalar la gesta como prioridad a realizarse.

Los distintos niveles del Estado, deberán realizar un significativo acompañamiento impositivo de al menos 10 años para nuevos sectores productivos que se instalen o incrementen su actividad creando trabajo.

El BCRA deberá disponer que la banca pública y privada otorgue líneas crediticias de mediano y largo plazo para el sector productivo PYME, con tasas de interés por debajo de la inflación anual estimada en el presupuesto nacional.

Se deberá crear un Fondo de Desarrollo Productivo destinado al financiamiento de proyectos regionales fundados en la viabilidad del mismo y no en función del patrimonio de sus proponentes. Para ello, se destinarán fondos presupuestarios nacionales a través del Ministerio de la Producción Nacional. El Banco Nación será el depositario de los mismos y actuará como agente administrador. Montos, plazos de amortización e intereses estarán vinculados con la característica del proyecto aprobado, impacto regional y mano de obra a ocupar.

A nivel externo, el perfil exportador argentino estará vinculado con la cuestión alimentaria, principalmente en productos agroindustriales con fuerte valor agregado, para lo cual se deberá fomentar su producción, con acompañamientos impositivos y crediticios, eliminación de retenciones y otorgamientos de reintegros. Idéntica  situación se deberá propiciar para las nuevas producciones tecnológicas e industriales donde la Argentina es altamente competitiva.

La cuestión educativa deberá ocupar un lugar central. Sin capacitación y formación no se podrá responder a las exigencias de la producción y la caída de empleos tradicionales, el nacimiento y requerimiento de nuevos sistemas laborales.

Dentro del concepto del empleo moderno deberá resolverse, como uno de los capítulos centrales del acuerdo nacional mencionado, su adecuación jurídica a esta gesta que se plantea. Estado, dirigentes gremiales y empresarios deberán acordar y resolver este tema para beneficio del conjunto.

Hemos mencionado  solo algunos de los temas centrales, hay muchos más. Solo saldremos de esta situación con profundas y decididas acciones tomadas en conjunto, por eso debemos insistir en la necesidad de un acuerdo nacional entre todos los sectores., sin una clase dirigencial, política, gremial y empresaria suficientemente convencida de la realización de esta gesta, no se podrá concluir en la hazaña de transformar social y productiva a nuestro país.


*Carlos Brown, fue Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Diputado Nacional y presidente del Movimiento Productivo Argentino.

sábado, 13 de julio de 2019

LOS VALORES FUNDACIONALES


 DE LA ARGENTINA Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Xavier De Bouillon
DEBA TIME  en 10 julio, 2019
Los valores fundacionales y tradicionales de la Argentina son los heredados de la Hispanidad y de nuestra Constitución Tradicional no escrita, cuyo núcleo fundamental fuera recogido por la Carta Magna de 1853 en lo que el Dr. Bidart Campos llamaba los “contenidos pétreos” de la misma. Pero en la Constitución de 1853 se recogieron también principios y normas contradictorios con esos valores fundacionales o lesivos de nuestra soberanía política. De allí la justa crítica de Arturo Sampay a la influencia del Iluminismo en la Constitución de 1853. Esto se explica porque fue un acuerdo frágil entre sectores antagónicos (precedido por la gran traición y derrota nacional con el Imperio del Brasil que implicó la batalla de Caseros), y que es una de las causas de nuestra falta de estabilidad política.

Distinto fue en tal sentido el caso de los EE.UU, cuyos Padres Fundadores no renegaron de la tradición política y jurídica británica, salvo en algunas cuestiones secundarias. De todas maneras, si por valores de la Constitución de 1853 nos estamos refiriendo a esos contenidos pétreos que decía Bidart Campos, a las exigencias de los pactos preexistentes que son subordinantes de la Constitución escrita según enseñaba el Dr. César Enrique Romero o a la recepción de lo más importante de nuestra Constitución Tradicional no escrita en palabras del Dr. Héctor H. Hernandez, entonces sí podemos decir que esos valores son fundacionales y tradicionales. Sobre todo en relación a la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia.

Al respecto han dicho los Dres. Eduardo Ventura y Alejandro A. Domínguez Benavides: “El ordenamiento jurídico argentino se subalterna a los principios del derecho natural en clave cultural católica, y bajo esta luz debieran interpretarse no sólo las propias disposiciones de la Constitución Nacional, sino el resto del sistema jurídico”. Y fundamentan lo dicho del siguiente modo: “En la reforma constitucional de 1860, los miembros de la comisión encargada de redactarla ratificaron el carácter iusnaturalista clásico de la Constitución. Así surge del Informe producido, donde puede leerse:´el derecho civil, el derecho constitucional, todos los derechos creados por las leyes (…) pueden variar,(…) pero los derechos naturales, tanto de los hombres como de los pueblos constituidos por la Divina Providencia siempre deben quedar firmes e inmutables”.

De modo similar actuó Vélez Sarsfield al dar a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica de derecho público, en consonancia con el art. 2 de la Constitución Nacional. Pero es importante afirmar que éste y otros valores no son tradicionales porque los haya establecido la mentada Constitución sino al revés: los reconoció como tales porque ya eran tradicionales. Vienen de las actas fundacionales de nuestras primeras ciudades en el siglo XVI, de la legislación hispano-indiana  que rigió hasta la segunda mitad del siglo XIX y cuyos principios subsisten, de las disposiciones de la Primera Junta en 1810, del Acta de Declaración de la Independencia de 1816, de su fundamentación en el Manifiesto a las Naciones de 1817, de las constituciones provinciales y pactos celebrados a partir de 1820 y sobre todo del Pacto Federal de 1831, de la Institución Encargado de las Relaciones Exteriores de 1827 y del Acuerdo de San Nicolás de 1852.
Son valores algunos universales (no sujetos pues a debate) y otros propios de nuestra idiosincracia, que por lo mismo no pueden ni deben modificarse salvo que se diera un cambio substancial en las características de nuestro pueblo. Para defenderlos, veamos cuáles son y si han sido conculcados multitud de veces, recordemos que no por eso han perdido su legitimidad. Nos estamos refiriendo a la confesionalidad católica del Estado; al régimen político republicano, presidencialista, representativo y federal; y a los derechos y deberes naturales de la persona humana. A lo cual hay que agregar los valores nombrados en el Preámbulo, cuya naturaleza operativa y no meramente programática, ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dichos valores son: la unión nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general y los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Como la Constitución codificada debe interpretarse a la luz de los principios y normas de la Constitución Tradicional y de la Ley Natural y Divina, es siguiendo esos criterios como debemos sostener qué se entiende por moral, por justicia, por paz, por derechos humanos, etc. Y en tal sentido, más que al magisterio de Echeverría o de Alberdi (sin negar lo que tengan de positivo) o de la jurisprudencia norteamericana, es importante tener en cuenta el pensamiento político clásico- cristiano (Aristóteles, Cicerón, San Agustín, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino y la Escolástica española) como el de Padres de la Patria independiente que dejaron escritos muy luminosos en materia constitucional, como es el caso de Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, José de San Martín, el Padre Castro Barros, el Padre Castañeda, Tomás Manuel de Anchorena o, con posterioridad, el de patriotas cercanos en el tiempo a 1853 como Fray Mamerto Esquiú, Mariano Fragueiro (cuyo proyecto económico fue aprobado por el Congreso Constituyente, pero nunca se aplicó), José Benjamín Gorostiaga, Félix Frías, José Manuel Estrada, entre otros.
Allí debe estar nuestro norte, el marco axiológico desde el cual juzgar el presente político y nuestros proyectos a futuro. De todo esto se desprende que el laicismo, la dictadura del relativismo, la ideología de género, el individualismo, el colectivismo, la cultura de la muerte y el garantismo abolicionista son contrarios a los valores fundacionales y tradicionales de nuestra Patria. Rescatemos pues a la Argentina a partir de estos valores

domingo, 18 de noviembre de 2018

EL PLANEAMIENTO



COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO

En la actualidad, resulta evidente que la acción de planificar constituye un instrumento esencial del gobierno. El planeamiento constituye el desarrollo de un proceso de toma de decisiones anticipadas y coordinadas entre sí, con vistas a alcanzar un objetivo predeterminado. (1)

Varios gobernantes argentinos utilizaron el planeamiento, pero esporádica y brevemente; quien lo aplicó en forma sistemática y en mayor medida fue el Gral. Perón. Desde 1944, cuando el gobierno provisional del Gral. Farrell le encarga crear el Consejo Nacional de Posguerra, para preparar una transformación del país al terminar la segunda guerra mundial. Esta experiencia le sirve para, ya siendo Presidente, impulsar el Primer Plan Quinquenal 1947/51, y luego el Segundo  Plan Quinquenal 1953/57.

En el Modelo Argentino encontramos, en la Segunda Parte del documento presentado por Perón ante el Congreso el 1-5-1974, una frase significativa que reproduce un párrafo de la Carta  Apostólica Octogesima adveniens (p. 37), de Pablo VI, haciendo propia la reflexión del flamante Santo:

“La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas.” (2)

La palabra utopía fue inventada por Tomás Moro, y significa lugar que no existe. En sentido inverso, el Modelo propone  el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes:
*acercar la realidad al ideal
*y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro.

Este enfoque realista de la política, nos debe servir para orientarnos en esta época de globalización donde existen amenazas y desafíos muy complejos.
Pese a todos los condicionamientos, la situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas, ofrece - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Por eso no compartimos la opinión de que la soberanía es inalcanzable por un Estado-Nación en el siglo XXI, siendo necesario lograr una organización política supranacional, como sostiene por ejemplo Juan Grabois en un reciente libro (La clase peligrosa, Planeta, 2018, p. 77).

Pero es imprescindible sí, que el Estado funcione con la máxima eficacia. Y allí nos encontramos con un serio problema, que señaló Perón en un mensaje a los Gobernadores el 2 de agosto de 1973:

“la destrucción aquí ha comenzado por lo más grave que puede producirse, la destrucción del hombre; ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado”. (3)

Cuando Perón inicia su tercer mandato presidencial, el Estado argentino ya no existía. Esto requiere una explicación; el Prof. de Mahieu  describe al Estado como el órgano de síntesis, conciencia y mando, de una sociedad territorialmente delimitada, destinado a lograr el bien común. (4)

El ejercicio de las tres funciones señaladas -la síntesis o integración social, el planeamiento y la conducción-,  es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales. Eso es lo que ocurrió en la Argentina, hace 5 décadas. Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de funcionar como tal o ha efectuado una trasferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.

La soberanía,  es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la "disminución de soberanía" de los Estados contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad.

Ahora bien, el grave problema argentino, es que no existe soberanía pues no existe el Estado. De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado. Limitándonos ahora al planeamiento como instrumento de gobierno, nos referimos a un proceso permanente que asegure la máxima racionalidad en la adopción de decisiones para el logro de los objetivos del país.

Un plan nacional debe estar basado en un conjunto de concertaciones que lo hacen patrimonio de la sociedad y no sólo del gobierno. Su ejecución es de responsabilidad compartida, de las instituciones públicas, de las asociaciones de trabajadores, de empresarios, de las universidades y en general de todos los ciudadanos.

El planeamiento como proceso político administrativo no se agota en la formulación de un plan. Incluye además, el análisis de la ejecución de las actividades previstas y la revisión periódica  de sus principales programas y proyectos, evaluándose la viabilidad y consecuencias.
El proceso de planeamiento abarca tres niveles de elaboración:

*El largo plazo (no menos de 10 años) requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se vislumbra para el futuro y la identificación de las estrategias globales para alcanzarla.
*El mediano plazo (coincidente con el mandato de un gobierno), estará a cargo del poder ejecutivo, con la participación del Congreso.
*El plan de corto plazo -paralelo al presupuesto anual-, así como su ejecución, corresponde al gabinete presidencial.

El control de gestión es parte del planeamiento, requiere un flujo constante de datos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y detectar las anomalías que se presenten.

El proyecto, sin embargo, es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración.
Existe el riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular. Sin embargo, “el futuro es parcialmente controlable”; “el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente”. (5)
 “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”. (6)

De manera que, no sólo es posible sino imprescindible  la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.
El Estado, en su función de planeamiento, realiza  un proceso permanente con varias etapas:

1. Centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas, elaborándose un Diagnóstico.
2. Sobre la base del diagnóstico, y de las Directivas Políticas que fijan las prioridades, se confecciona un Modelo de Desarrollo –que equivale a un proyecto nacional-, en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo.
3. Del modelo surgen los Objetivos, las Políticas para cada área de gobierno y las Estrategias a utilizar.
4. Recién entonces comienza la faz técnica del proceso que consiste en la Programación de las actividades con el detalle de los programas y proyectos concretos, la previsión financiera y el cronograma respectivo.
5. Mediante el Control de Gestión, se evalúa no solamente el grado de cumplimiento de las metas fijadas, sino también las otras etapas del proceso, de manera de corregir los errores en el diagnóstico, los objetivos, las políticas y las estrategias, adaptando el plan a las circunstancias cambiantes de la realidad.

Para que un plan nacional sea implementado eficazmente, y logre el apoyo de todos los sectores de la sociedad, además de la ya citada concertación previa, se requiere “contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos”, como lo expresa el Modelo Argentino (7). 

Esto exige abandonar la administración pública clientelista, opción que se mantiene desde hace mucho tiempo, al margen de los cambios de gobierno, y que consiste en la cobertura de la mayoría de los cargos estatales por la simple voluntad de las autoridades.

Basta mencionar algunos datos oficiales del Ministerio de Modernización: en la administración nacional hay 2.300 cargos de directores y coordinadores, que según la legislación vigente deberían estar nombrados por concurso; sólo hay 72 de ellos concursados, estimándose que para el 2020 estarían concursados la mitad de los cargos (La Nación, 5-8-2018).

Un estado moderno requiere que los organismos públicos estén a cargo de empleados permanentes, designados en función del mérito. La administración pública, integrada por funcionarios de carrera, designados y promovidos por concurso, constituye la mejor garantía de eficiencia del estado, al servicio de la sociedad, y un elemento necesario para el proceso de planeamiento.
El nuevo modelo de gestión, deberá quedar reflejado en la legislación; en la ley de Presupuesto, deberá detallarse el número de cargos de nivel político, que, para el orden nacional, no debería superar la cantidad de 500 funcionarios, quedando fijada la obligación de cubrir todos los demás cargos por concurso de antecedentes y oposición.


 En una concepción no totalitaria el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a  estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los grupos intermedios.

En conclusión:

Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego. (8)

Mario Meneghini

Exposición realizada en el Congreso “Primero Argentina”, Córdoba, 17-11-18


Referencias:

          1) Moreno, Antonio Federico. “El planeamiento y nuestra Argentina”; Corregidor, 1978, p. 24.

      2) Perón, Juan. Modelo Argentino, 1974;  El Cid Editor, 1986, p. 88.

    3) Perón, Juan. Perón en la Argentina 1973;  Vespa Ediciones, 1974, p. 58.

      4) De Mahieu, José María.  “El Estado comunitario”;  Arayú, 1962.

     5) de Imaz, José Luis. “Nosotros mañana”; Eudeba, 1968, p. 9.

     6) Massé, Pierre. “El plan o el antiazar”; Barcelona, Ed. Labor, 1968, p. 37.

     7) Perón, Juan. Modelo Argentino, p. 129.

     8) Pithod, Abelardo. “Proyecto Nacional y orden social”; en: AAVV. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, l979, p. 63.















sábado, 15 de septiembre de 2018

¿EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?




Notivida, 15-9-18

En su habitual reflexión en el programa “Claves para un Mundo Mejor”, que se emite por Canal 9, Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de La Plata, recordó leyes sancionadas en las últimas décadas que atacan de modo particular a la familia, haciendo hincapié en la norma proyectada para modificar la llamada Ley de Educación Sexual Integral (Vid Notividas Nº 1126, 1127 y 1128).

Recordemos que en el año 2003 Felipe Solá, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, vetó parcialmente la Ley provincial de “Salud reproductiva y Procreación Responsable” que pretendía obligar a instituciones de gestión pública y privada porque eso “contraría el principio de libertad religiosa imperante en la Provincia”. Se lee en el veto de Solá: “Quien por ejemplo, asistiera a un establecimiento privado de educación católica se vería obligado, contra su voluntad y más, contra la voluntad de sus padres, a participar en temas que pudieran entrar en conflicto con sus creencias”.


 texto completo de la alocución televisiva de Mons. Aguer:

“Después del fracaso en el Senado de la Nación de la ley abortista, parece que han recrudecido los ataques contra la Iglesia. Ha habido enojos, pintadas, insultos y, luego también la insistencia en que la derrota no ha sido tal y que la victoria de los pro-vida ha sido una victoria pírrica, porque ahora con la introducción de la nueva fórmula del Código Penal se trataría de introducir, de alguna manera, aquello que no pudo ser por vía legislativa”.

“En realidad, yo pienso que hace tiempo que la enemistad contra la Iglesia se viene manifestando en cosas concretas. Diría que hace unos 35 años, más o menos, porque la “democracia recuperada” nos ha regalado el divorcio vincular que ha destruido el matrimonio y con él la familia. 
Hoy día la mayor parte de la gente no se casa y, a propósito, yo suelo citar una frase preciosa de Eva Perón que, en un mensaje a un Congreso de Mujeres de Barcelona, dijo refiriéndose al Siglo XX: ‘nuestro siglo será llamado el siglo del feminismo victorioso. La victoria del feminismo consiste en la indisolubilidad del matrimonio y la presencia de la mujer en el hogar’. 
Con el divorcio se ha borrado ese valor del humanismo cristiano”.

“Después vino lo de la educación sexual, que ahora se la pretende llamar integral y que fue la repartija, a mansalva, de preservativos y anticonceptivos. Eso no dio resultado, porque han intentado el recurso extremo del aborto. Quiere decir que la cosa no funcionó, que la gente no los usa, que no los sabe usar o están fallando, qué se yo. Luego vino el “matrimonio igualitario” con lo cual se introdujo la ideología de género y, hoy día, vaya uno a decir lo que estoy diciendo acá, porque enseguida lo denuncian ante el INADI por discriminador. Porque si uno sostiene que la única discriminación que existe es la que aparece en el Génesis 1,27 que dice: ‘Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó’. Van a decir que es un discriminador porque ahora hay numerosas combinaciones posibles, géneros y transgéneros han reemplazado al sexo. En los hospitales de niños, donde tantos niños sufren esperando ser atendidos, se han establecido secciones especiales para tratar niños trans que pasan a ser de varones a mujeres o de mujeres a varones. Ínfima cantidad por supuesto, agrandada por el periodismo, pero los grandes problemas de la salud pública no son atendidos. Además han aumentado increíblemente las enfermedades de transmisión por vía sexual. ¡La sífilis, por ejemplo, que parecía una peste del pasado! No se quiere reconocer que la violación de la naturaleza tiene su terrible costo”.

“Vuelvo a lo de la educación sexual aunque ya otras veces he hablado de esto. Es que ahora desde el Ministerio de Educación de la Nación se viene una andanada muy fuerte, y con la calumnia de que la Iglesia no cumple con este ámbito de la educación, lo cual es falso. Nosotros, en nuestros colegios católicos, tenemos educación sexual, que llamamos como corresponde: ‘Educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia’. Nuevas disposiciones legislativas agravan las ya vigentes con el intento de naturalizar lo antinatural. El intento perverso comienza por el jardín de infantes. ¡Corrupción de menores!”

 “Fíjense qué paradoja: el Estado no cumple con sus propias obligaciones y quieren hacernos cumplir a nosotros lo que va en contra de nuestras convicciones. Pienso en la Provincia de Buenos Aires. En el artículo 199 de la Constitución Provincial de Buenos Aires, promulgada en el año 1994, se lee: ‘los escolares bonaerenses deben recibir una educación integral, de sentido trascendente, según los principios de la moral cristiana respetando la libertad de conciencia’. Eso está dicho de las escuelas estatales, de gestión pública, no de las nuestras, es obvio, pero nunca se cumplió. O sea que los Gobiernos desde 1994 han incumplido con el Artículo 199 de la Constitución pero no solo eso, ahora quieren enchufarnos a nosotros, en nuestras escuelas, que enseñemos contra la libertad que asiste a las familias y a la Iglesia, lo que habría que llamar, en realidad, perversión sexual integral”.

“Uso, a propósito, la palabra perversión porque es la palabra que usa Sigmund Freud en su “Introducción al Psicoanálisis”. Allí enumera once perversiones y no las nombro a todas, entre las que hay vicios horrendos. Dos de ellas son el onanismo, vale decir el evitar los hijos mediante relaciones con medios que lo impidan y la sodomía o sea el encuentro sexual de varones con varones. Freud dice que son perversiones. ¿Por qué? Porque se bloquea allí la finalidad esencial del acto sexual que es transmitir la vida. No lo está diciendo San Pablo ni San Juan Pablo II, sino que lo dice Sigmund Freud en esa “Introducción al Psicoanálisis” y dice, además, que esas perversiones son actos impúdicos porque en ellos el cuerpo se da como carne y no de un modo verdaderamente personal” La enseñanza moral cristiana no es un código imposible de observar; es, simplemente, la puesta en claro de la ley natural”

“Observen ustedes cómo desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, se puede enfocar esto mismo que nosotros advertimos en su dimensión moral. Esto es lo que se quiere imponer a la nueva juventud argentina. ¿Qué va a pasar? La Iglesia debe resistir a que le impongan programas, textos, profesores, que van a enseñar en materia de educación sexual lo contrario de la moral cristiana y espero que algún Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desempolve el Artículo 199 que los legisladores desconocen olímpicamente, y enseñen en las escuelas moral cristiana. Y es así cómo la gente va a ser un poquito más buena. Tal vez antes, quizás, habría que preocuparse para que salgan del colegio estatal sabiendo leer y escribir”.

“Lo que está en juego en estos lares legislativos es la libertad de enseñanza, siempre asediada en la Argentina por un atavismo totalitario, del gobierno que sea. Espero que tantos expertos en derecho constitucional, que podrían hacerlo, ayuden a que muchas familias, tanto de la escuela estatal como de gestión privada, presenten ante los tribunales correspondientes, acciones de inconstitucionalidad contra leyes inicuas”.

jueves, 16 de agosto de 2018

UN OBISPO QUE HABLA CLARO




¿Es esto justicia?


Santiago Olivera
Obispo Castrense de la Argentina

(…) Hablar de algunos temas no es fácil, pero hay que hablar, para no ser tildados de cobardes o de permanecer callados frente a tanta injusticia y al dolor de muchos. Al asumir el Obispado castrense, destacaba el valor de tender puentes en un mundo de zanjas, que nos desafían a superarlas. En este primer año de labor pastoral, he observado cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias.

Aunque nos cueste escucharlo o suponga algún dolor de cabeza, la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del  Poder Judicial, con el silencio cómplice de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional.
(…) 
No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. (…)

Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena. ¿Es esto justicia? 

Su Santidad dijo a unas presas de una cárcel en Chile: “Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura”. Más allá de imputaciones y penas, todo ser humano tiene dignidad, y nadie puede privarlo de ella. Todos podemos rehabilitarnos.

(La Nación, 16-8-18, carta de lector)

lunes, 6 de agosto de 2018

FUERZAS ARMADAS



cambio y oportunidad


Horacio Jaunarena
Ex Ministro de Defensa

La Nación, 6 de agosto de 2018 

El Presidente de la Nación ha ordenado al sistema de defensa y seguridad que se consideren los riesgos y las amenazas a la soberanía, la vida y la libertad que afectan a nuestros habitantes, según las características específicas que esos riesgos y amenazas revisten en la actualidad.
La decisión presidencial, concretada en un decreto, representa una modernización y un cambio importante frente al criterio vigente durante el gobierno anterior, que había limitado el empleo del instrumento militar a la hipótesis de una agresión armada por las Fuerzas Armadas de otra nación. Un criterio congelado en los tiempos de la Guerra Fría y en las formas violentas que tuvo la región hace ya casi medio siglo. El decreto del gobierno anterior, llamado de reglamentación de la ley de defensa, modificaba los postulados de la ley sancionada en l988 por la casi unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. La decisión presidencial devuelve plena vigencia a los postulados de aquella norma.

El análisis del gobierno de los Kirchner sobre el tema fue limitado y viejo en lo conceptual, y en la práctica destructor, porque fueron años que marcaron un deterioro de todo tipo de las capacidades militares y en donde se concretaron cantidad de arbitrariedades en la política de personal, y pérdida de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dando cabida a infinidad de juicios que el Estado va a perder y que naturalmente deberán pagar la presente y las futuras administraciones.

Mientras el gobierno de la Concertación en Chile, con una presidenta socialista, y el PT en Brasil, con Lula y Dilma Rousseff, pusieron en marcha programas estratégicos de gran importancia para la modernización de sus Fuerzas Armadas, la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, Garré y Milani -hoy preso y acusado de cometer delitos de lesa humanidad- intentó transformar el Ejército en una facción partidaria, al servicio del proyecto "nacional y popular" que supuestamente instrumentaba el gobierno.

Una vocinglera y oportunista oposición denuncia, a partir de la decisión presidencial, una especie de futura hecatombe represiva, solo existente en una afiebrada imaginación, y pretende que el decreto suscripto por el presidente Macri, que derogó parcialmente el anterior de Kirchner, deba ser tratado por el Congreso. No tuvieron semejante sensibilidad y predicción catastrófica cuando la expresidenta, Garré y Milani desarrollaron el operativo Escudo Norte, mandaron mentirosamente al Ejército a trabajar en algunas villas de emergencia, encargaron al general Milani que hiciera trabajos de inteligencia interior para Scioli y se abrazara con Hebe de Bonafini.

Mientras tanto, en campaña presidencial Scioli prometía involucrar a 20.000 hombres del Ejército en tareas de seguridad interna y Massa, otro candidato, prometía involucrar directamente a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad de las villas de emergencia.

Para completar el cuadro de tanta hipocresía, recuerdo lo mucho que tuve que argumentar cuando era ministro de Defensa de Eduardo Duhalde, para que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, dejara de reclamar públicamente que presos comunes fueran encerrados en unidades militares bajo control del Ejército.

En homenaje a la seguridad y defensa que necesitan los argentinos, debiéramos ser más serios, dejar de lado las especulaciones políticas de corto plazo y sumarnos -Gobierno y oposición- a la tarea modernizadora de nuestro sistema, entendiendo que, lo que se ha dado es solo el primer paso de un largo proceso que se desarrollará a lo largo de los años y que necesita del esfuerzo mayoritario para concretarlo.

Entre los temas a los que debiera darse prioridad y a los que se refiere el decreto suscripto por el Presidente, está el de recuperar el control soberano de nuestro territorio y el primer paso para lograrlo es el control de nuestras fronteras. Para tener una idea de la magnitud del problema, debemos considerar que tenemos 10.000 kilómetros de frontera terrestre y fluvial y 5000 kilómetros de frontera marítima. En la frontera se ejerce "control y vigilancia". El control se concreta en 150 pasos internacionales habilitados, de los cuales 30, por su tamaño, son considerados centros de frontera y dependen del Ministerio del Interior, y el resto, del Ministerio de Seguridad.

La vigilancia se ejerce fuera de los pasos habilitados, o sea, prácticamente por toda la frontera. En esta frontera terrestre y fluvial existen, a su vez, 820 pasos clandestinos por donde se produce diariamente el ingreso ilegal de personas y mercadería. La vigilancia en el aeroespacio se le asigna a la Fuerza Aérea y en el Mar Argentino, la tarea principal se le adjudica a la Armada.

Hoy, las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera apenas alcanzan para hacer el control, o sea, exclusivamente en los pasos internacionales habilitados , por lo cual la vigilancia es casi inexistente en el resto.

Entendemos que la presencia de las FF.AA. en apoyo de las de seguridad en las zonas de vigilancia mejorará sustancialmente la situación. Para hacer efectivo este propósito y en beneficio de una más eficiente tarea, deben ponerse en claro dos cuestiones: la primera de ellas es definir con claridad el alcance del concepto "apoyo logístico", y la segunda, es definir quién manda en situaciones operacionales.

En la mayoría de los países del mundo el tema de las fronteras, por las implicancias que tiene, se resuelve con legislaciones especiales adecuadas. Debiéramos abordar prioritariamente por este medio los problemas que aquí se han planteado.

Proveer adecuadamente a la seguridad y defensa de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del Estado y, por eso, responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es necesario que en él se encuentren los consensos, sin demagogias oportunistas, que les den sustento, consistencia y durabilidad a las políticas de reconstrucción de nuestro sistema de seguridad y defensa, que, por definición, excederán los mandatos de varias administraciones. Sin ingenuidad, sabemos que estos consensos no son fáciles, pero son necesarios.

El Poder Ejecutivo, continuando con el impulso inicial, podría dar un paso importante reglamentando, adecuadamente a los tiempos que nos toca vivir, la ley de reestructuración de las FF.AA. vigente pero incumplida.

Puede ser que así se le dé continuidad a este mecanismo iniciador en que se ha convertido el decreto presidencial sobre la labor que luego le corresponde al Congreso en la misión de reformular nuestros sistemas de defensa y seguridad.Así se empezaría a cumplir con el deber mayor que debe perseguir la alta política: hacer posible lo que es necesario.


martes, 8 de mayo de 2018

FUTURIBLES



Eduardo Duhalde

Perfil, El Observador, 15-4-18

Una reflexión sobre el futuro de la Argentina y el mundo

Para ello, prescindiré de los dudosos recursos de las artes adivinatorias, la astrología o la quiromancia y me valdré de las herramientas que un con un conjunto de disciplinas llamado Prospectiva nos provee.
Conocí la Prospectiva en los años 70, a través de una serie de conferencias que se dictaron en la Universidad de El Salvador y ya no pude dejar de estudiarla. La idea central de esta forma de planeamiento estratégico es que el futuro no existe, sino que es una construcción colectiva y, por lo tanto, el fruto de decisiones anteriores. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo en un futuro basado en nuestras decisiones del pasado.

Si adoptamos ese punto de vista, es sencillo darse cuenta de que, a partir de lo que ya sabemos que está ocurriendo y va a ocurrir en futuro cercano, podemos imaginar distintos tipos de futuro posibles que serán el resultado de nuestras acciones. Estos futuros posibles se llaman futuribles y sobre ellos se está trabajando en las grandes empresas y en muchísimos gobiernos del mundo.
……….

Pondré simplemente algunos ejemplos para que se comprenda mejor mi propuesta. (…) las regiones privilegiadas como Latinoamérica, en la que se encuentra el 31 % del agua potable del planeta, deben pensar cómo preservarla y cómo aminorar los efectos perniciosos de los cambios climáticos que azotan la región. Es decir, si elegimos un futuribles donde el agua será un bien preciado, debemos empezar a protegerlo.

La población del mundo se calcula hoy en 7.300 millones de personas y crecerá a 9.700 millones hacia 2050. De ellas, y por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad vive hoy en ciudades. La megaurbes, del estilo de Tokio, México DF, San Pablo o Buenos Aires, son cada vez más inviables a partir de los problemas de contaminación, energía y hacinamiento que producen. Países como la Argentina, con abundante superficie y solamente 14 habitantes por km2, están en una posición privilegiada para elegir un futurible en el que los habitantes vivamos en ciudades más pequeñas, distribuidas en todo el territorio nacional. Para eso, tanto el Estado nacional como los Estados provinciales y sobre todo las municipalidades deben realizar un esfuerzo consciente, coordinado y sostenido, generado las condiciones para que las personas encuentren trabajo, salud, servicios y calidad de vida en sus lugares de residencia y no tengan que trasladarse a vivir en las periferias de una megaurbe para encontrarlos.

La automatización y la robotización del trabajo conllevan numerosos beneficios para las empresas y los usuarios, y mejoran el crecimiento económico general de los países. La contracara de estos avances será el desempleo. Según los estudios realizados, siete de cada diez empleos actualmente existentes no existirán en los próximos veinte años. Y se crearán cinco. Pero ninguno de los siete desocupados podrá optar por uno de los cinco nuevos lugares por falta de capacitación. Una vez más han de ser los Estados los que elijan un futurible en el que la gente esté preparada para los cambios esperados, adquiriendo nuevas habilidades con alta demanda y en sectores que no pueden ser dispersados por el impacto de la automatización. 

Esto compromete fuertemente a la educación y a los sistemas de redistribución de ingresos, por eso, en muchos países como EE.UU., Finlandia, Canadá y Suecia se están implementando planes piloto de Renta Básica Universal, que consisten en la entre a las familias de una cantidad fija en efectivo que cubra las necesidades más elementales sin ningún tipo de contraprestación.

……………….


Sólo falta que todos, empezando por los que tienen responsabilidades de conducción y liderazgo, estemos a la altura de las exigencias. (…)
Lamentablemente, la Argentina corre en este rubro con retraso. Pero a no bajar los brazos. Si abandonamos las guerritas estériles en las que nos enredamos a cada rato y ponemos la mira en los grandes objetivos, estamos a tiempo todavía de construir futuribles que les garanticen a nuestros hijos y nietos un país mejor.