no ejerce soberanía en el Atlántico Sur
César Augusto
Lerena
Informador
Público, Sep 24, 2022
Somos un Estado
Marítimo invadido y disputado y, no ejercemos en el mar argentino y sus
archipiélagos una administración plena.
La soberanía política.
De resulta del siguiente análisis y, de los temas que abordaremos, podemos
lastimosamente afirmar, que la Argentina no ejerce soberanía plena sobre el
Atlántico Sudoccidental, además de en las islas Malvinas, San Pedro (Georgias
del Sur) y Sándwich del Sur que no se encuentran en nuestro poder y, como
claramente indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, «la
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…)
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y, en
los hechos, desde los Acuerdos de Madrid I (1989) y II (1990) la Argentina ha
quedado congelada, mientras el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(Reino Unido) ha avanzado con prisa y sin pausa hasta la fecha y, la Cancillería
Argentina y su Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se han
limitado a la acción inconducente de propiciar el diálogo con el Reino Unido;
cooperar en forma unilateral y, buscar el apoyo de países para la promoción del
referido diálogo.
El Consejo
Nacional de Malvinas creado en el año 2020 por Ley 27.558 está integrado por
varios miembros que intervinieron en la política de sumisión de los años 90;
autores intelectuales de los ruinosos acuerdos con el Reino Unido y, entre
ellos, Marcelo Kohen, quien en 2018 les propuso a los isleños un referéndum
para determinar si querían ser británicos o argentinos, manteniendo el régimen
migratorio actual de las islas; lo que hace suponer que poco hay que esperar de
este cuerpo respecto a la recuperación de Malvinas y la administración de las
aguas y archipiélagos argentinos.
Mientras ello
ocurre, el control de la parte meridional del Atlántico Sudoccidental se
encuentra en manos del Reino Unido, quien viola sistemáticamente la Res. 31/49
del 1 de diciembre de 1976 de las Naciones Unidas que “Insta a las dos partes a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están
atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas
(1514/60, 2065/65, 1965/73, 3160/73)”, podemos ver, que entre otras cosas,
construyó una pista aérea para grandes aviones de guerra y carga; una base
naval y misilística; modernizó el sistema de radares; llevó adelante obras de
infraestructura logística, comunicación y transporte; emplazó un nuevo puerto
en la Isla San Pedro y licitó para la construcción de otro en Malvinas que,
concentrará todo el tráfico pesquero, mercante, comercial, científico y
turístico de la región, controlando de esta manera la región y el acceso a los
Océanos Pacífico e Índico y fortaleciendo su acceso a la Antártida.
El gobierno ilegal
de Malvinas otorga licencias ilegales de pesca a buques extranjeros y a partir
del 1 de enero de 2023 lo hará por 25 años. Estos buques extraen unas 250.000
toneladas por año (más los descartes) de especies pesqueras argentinas,
poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema, en una clara demostración
del desinterés por el dominio y cuidado de los recursos migratorios originarios
de la ZEE Argentina, su sostenibilidad y desprecio por la contaminación del
medio marino.
Por otra parte,
vuelos de la RAF hacen escala en Brasil y Uruguay previo a su descenso en
Malvinas y, vuelos comerciales de LATAM, con la autorización del uso del
espacio aéreo argentino, facilitan el tráfico de trabajadores y tripulantes,
intercambio de materias primas frescas y otros insumos y, el Puerto de
Montevideo recibe más de 700 buques por año que realizan pesca ilegal en el
Atlántico Sur y Malvinas.
Podemos afirmar
que, mal que nos pese, las aguas y recursos argentinos del Atlántico
Sudoccidental no son administrados por el gobierno argentino e, incluso,
organizaciones extrañas, por acción u omisión de los responsables del gobierno
argentino, intervienen en el diseño de la política de administración de los
territorios marítimos y sus recursos.
Por ejemplo,
¿porqué la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) diseñó el Área
Marina Protegida Bentónica de 164.000 Km2 enclavada en un sector aledaño al
área marina ocupada y disputada por el Reino Unido? dando lugar a un proyecto
de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y contó
con el apoyo de la Cancillería y la Secretaría de Malvinas, a pesar de todos los
argumentos en contrario de científicos, pesqueros, medioambientales,
económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron al
aparente “infundado” proyecto.
La citada
Fundación WCS, cuenta con el apoyo, entre otros, de OCEANS 5; organización que,
sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar
del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas
Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus
socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y
los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma
importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue
belt” (cinturón azul) que ya en 2017 los ingleses anunciaron que rodearían a
Malvinas (entre otros territorios de ultramar) asegurándose el control y la
explotación de los recursos pesqueros en las Islas; que se inició en 1990 con
el Acuerdo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas firmado por Cavallo y, el
Santuario Ecológico al sur de Malvinas, establecido en forma unilateral por el
Reino Unido alrededor de la Isla San Pedro y Sándwich en 2011.
Pero, además de
ello, la referida WCS es propietaria de dos Islas (Grand Jason y Steeple Jason
o las Islas Sebaldes o Sebaldinas para la Argentina) desde 2001 en el
Archipiélago de Malvinas y, entonces entendemos el interés de esta Fundación
por el Agujero Azul, que pasaría a cerrar el “cinturón azul” al norte de
Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros
de ceja negra que se encuentra en las islas de “su propiedad” y, estando esta
especie, según el informe de la filial local de WCS, relacionada al Agujero
Azul-ZEE.
La Fundación WCS
no solo administra estas islas, sino que «está trabajando con el gobierno local
para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina
circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017). Es
obvio que este solo hecho impide toda participación de esta organización en el
territorio argentino, por cuanto sería violatorio de la DTP de la Constitución
Nacional.
Además, pareciera
que el CONICET actividades de la WCS para trabajos de investigación en
Malvinas: “…Ian publicó extensamente sobre las aves de New Island (Isla de
Goicoechea en Malvinas), y fue autor de trabajos de investigación con los
investigadores asociados de WCS P. Dee Boersma, Juan Masello y Andrea Raya
Rey”, siendo esta “Investigadora Principal del CADIC, cuya especialidad es la
Ecología y Conservación de Aves y mamíferos marinos de Tierra del Fuego y el
Atlántico Sudoccidental con implicancias en la conservación, manejo y
sustentabilidad regional y global”.
Por otra parte, el
pasado 20 de septiembre de 2022 en Washington, la Argentina habría firmado una
“Declaración Conjunta sobre la Cooperación Atlántica” junto a Brasil, Canadá,
Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, el Reino Unido y los Estados
Unidos, entre otros; varios de ellos pescadores ilegales; con el compromiso de
tener “una región atlántica pacífica, próspera, abierta y cooperativa,
preservando al mismo tiempo el océano como una región saludable, recurso
sostenible, (evitando) la piratería; la delincuencia organizada transnacional;
la pesca ilegal; el cambio climático; la contaminación y degradación ambiental
(…) la cooperación en la región (…) y la gobernanza marítima a través del
Atlántico (…) desarrollar un enfoque compartido de las cuestiones del Océano
Atlántico (…) comprometidos a ver el Atlántico Sur como una zona de paz y
cooperación que contribuya significativamente al fortalecimiento de la paz
internacional (…) asociarnos con otras organizaciones apropiadas, incluidos los
organismos regionales de pesca…”. “región abierta”; “cooperación regional”;
“gobernanza marítima”; “organismos regionales de pesca” (léase OROP), etc. una
serie de decisiones absolutamente contrarias al interés nacional y, la sola
firma del Reino Unido que ha incumplido con todas consignas que en esta
Declaración se citan, manteniendo una base naval y misilística; depredando los
recursos pesqueros argentinos y, pretendiendo constituir las OROP que le
permitirían, ya no seguir explotando los 1.639.900 Km2 que le usurpa de
territorio marítimo a Argentina, sino administrar los recursos de todo el
Atlántico Sur, incluso la ZEE Argentina, junto a sus principales socios en
Malvinas, los españoles.
Pero llama la
atención, que con el mismo objeto de “Gobernanza Marítima” dos Fundaciones
cuyos integrantes no tienen ninguna experiencia en materia marítima y mucho
menos pesquera: la Fundación Argentina Global y la Konrad Adenauer Argentina,
el día 20 de septiembre convoquen a participar siete días después en forma
presencial (¿?) en Pto. Madryn del “primer taller federal del ciclo de
conversatorios titulados “Gobernanza Marítima: de las ideas a la acción”, de 10
a 13 horas (este tiempo no alcanzaría ni siquiera para tratar la pesca
incidental y mucho menos para proponer acciones) para dialogar “acerca de la
relevancia estratégica del mar y en la necesidad de mantener el buen orden en
los espacios marítimos (…) contribuyendo a la elaboración de un documento
conjunto de conclusiones (…) sobre la base de un seminario previo realizado en
Buenos Aires (¿?) y, además, el lugar de convocatoria, que podría ser
cualquiera de los puertos del litoral marítimo, parecería desconocer que la
provincia de Tierra del Fuego, es la principal responsable junto al Estado
Nacional, de las cuestiones de la Antártida e islas y mares del Atlántico Sur.
Nada es casual,
revisando los integrantes de las Fundación Global que presidiría Fulvio Pompeo,
apreciamos, que entre otras cosas, provienen de una alianza de gobierno que
entre otras cosas otorgó concesiones petroleras offshore en el área austral a
empresas británicas violando la ley 26.659; firmó el pacto de Foradori-Duncan
que hubiera facilitado la logística de Malvinas con vuelos a San Pablo y, desde
ahí, la inserción al mundo post-Brexit y ratificó las investigaciones conjuntas
pesqueras con el Reino Unido que le permitían a este otorgar licencias ilegales
en Malvinas para la captura de los recursos pesqueros argentinos y compró
patrulleros oceánicos a Francia que pudieron fabricarse en Argentina, entre
otras cosas y, la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, presidida por Susanne
Kass, que no entendemos que puede aportar sobre la materia esta organización
alemana.
Políticas
extrañas; intereses externos e internos; incapacidades; dependencias
económicas; falta de cultura marítima y alimentaria pesquera, son el motivo,
entre otros, de la administración laxa del mar argentino y de su consecuente
intromisión, ocupación, apropiación, depredación y pérdida de soberanía
política.
La soberanía
territorial. La Argentina tiene, entre la superficie marítima e insular
6.247.842 Km2, mientras que la superficie bicontinental alcanza solo a los
3.757.407 km2. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina es de 3.146.345 Km2
y la superficie continental (sin la Antártida) llega a los 2.791.810 Km2. Es
decir que la acreditada “Pampa Húmeda”, la de los granos y el bife de chorizo,
tiene una superficie menor al mar argentino; pero, “no todo lo que reluce es
oro”, el Reino Unido no ocupa solo 11.410 Km de Malvinas, como se suele
divulgar, sino 1.639.900 Km2 de territorio marino e insular argentino y, nos
disputa, 1.430.367 Km2 de la plataforma continental argentina extendida y
2.426.911 Km2 del Continente Antártico y sus aguas correspondientes. Es decir,
tenemos invadido -proporcionalmente- un 52% de la ZEE Argentina; el equivalente
a toda la Patagonia, las provincias de Cuyo, Salta, Jujuy y Formosa y, junto a
los territorios disputados, unos 5.497.178 Km2; es decir, dos (2) continentes
argentinos (sin contar la Antártida). Seguramente, muchos lectores recién se
están anoticiando que no son solo los 11.410 Km2 de Malvinas los que están
ocupados o en disputa. Y es que, ningún gobierno argentino quiere pagar el
costo político de contarnos que el problema no se limita a unas pequeñas
(aunque dolorosas) islas del Atlántico Sur. Es un relato. Pero eso no es todo.
Cuando se aprobó la Ley 27.557 y nos mostraron un mapa bicontinental a todo
color y lo exhibieron como un maravilloso triunfo de la diplomacia argentina
por el cual, nuestro país incorporaba 1.782.000 Km2 de Plataforma Continental
extendida, se olvidaron contarnos que los técnicos de la Comisión de Límites
que funciona en la oficina de las Naciones Unidas solo recomendaron 351.633 Km2
y no trataron 1.430.367 Km2 por encontrarse en disputa con el Reino Unido. Fue
un mensaje para la tribuna. Nos siguen mostrando como los eternos campeones
morales y, mientras tanto, el Reino Unido, pese a la “Fórmula del Paraguas”, ha
seguido avanzando territorialmente: en 1982 tenía ocupados unos 20.000 Km2
insulares (Malvinas, más San Pedro y Sándwich del Sur) más tres millas
alrededor y hoy, como dije, ocupa y/o disputa 5.497.178 Km2.
En contraste con
ello, la Patagonia, que es la región más extensa de la Argentina continental,
tiene la densidad más baja poblacional con 2,5 habitantes por km2 y, la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur una densidad
poblacional de 0,1 habitantes por Km2 y, evidentemente, es una debilidad
importante frente a un Atlántico Sur ocupado por potencias extranjeras y,
misiles en Malvinas apuntando al continente.
La soberanía
económica y laboral. La extracción de los recursos pesqueros en el Atlántico
Sudoccidental, son del orden de las 2.250.000 toneladas/año (incluidos los
descartes), donde operan entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos,
taiwaneses, británicos, portugueses y otros (rusos, polacos, noruegos en su
momento). Ello supone una extracción de recursos pesqueros por unos 4.500
millones de dólares/año (FOB); lo que equivale a decir, que en los últimos 40
años se han extraído unos 180.000 Millones de dólares (FOB); de los cuales,
26.000 millones de dólares (FOB) son divisas producto de las licencias
británicas de Malvinas otorgadas a buques extranjeros.
En este escenario,
los gobiernos argentinos no han colocado una sola sanción desde 1998 (Leyes
24.922 y 26.386) a los buques extranjeros que pescan en Malvinas, ni con
posterioridad al 2020 donde se aumentaron las sanciones (Ley 27.564) y, en los
últimos 40 años, se apresaron un promedio de dos buques por año por pesca ilegal
en la ZEE Argentina, con una población de pesqueros ilegales de entre 350 a 500
buques.
La extracción de
hidrocarburos offshore por parte del Reino Unido en el área de Malvinas, por el
momento, no puede ponderarse, pero se estima que, de subir los valores del
petróleo, las Malvinas se habrán de consolidar económicamente con solo este
recurso (Hoy el PBI per cápita de los isleños es de 100.000 U$S). A ello se
agrega la licitación de áreas (100.000 Km2) para la explotación offshore por
parte del gobierno argentino en 2019, donde se adjudicaron a empresas
británicas vinculadas a Malvinas, pese a la Ley 26.659 (Solanas) de 2011 que lo
prohibía. No se han ponderado tampoco los recursos minerales.
Gustavo Baruj y
Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Ciencia, la
Tecnología e Innovación (CIECTI, Informe Nº 10, 2018) entendieron que el
potencial económico del mar de 2016-2035 es de los 669.598 M de U$S y generaría
unos 568.751 empleos directos, sin evaluar los recursos mineros. Potencial, que entendemos muy conservador, en atención
al avance en explotaciones petroleras offshore; las potencialidades y acuerdos
pesqueros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE; los derivados
de los fletes marítimos donde la Argentina ha perdido la bandera; la
administración de la logística portuaria a miles de buques de gran porte que
comienzan a transitar por el Estrecho de Magallanes; la construcción y
reparación naval, etc.
Se estima que la
Argentina está perdiendo unos 50.000 empleos directos por no administrar y/o
acordar y/o capturar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.
La debilidad en el
aprovechamiento del Atlántico Sur también se ve, cuando la Argentina importa
buques navales y pesqueros, a pesar de tener suficiente capacidad pública y
privada para la construcción de embarcaciones y, como contrapartida exporta
productos pesqueros con bajo valor agregado transfiriendo el trabajo a los
países más desarrollados, en un comportamiento retrógrado, después de etapas,
donde la Argentina, tuvo una importante producción industrial naval nacional.
Esta política, es seguramente un plan, destinado a desocupar el mar y depender
de terceros en el comercio.
Complementariamente
a ello, el Paraná, «entre el puerto de Santa Fe y las aguas profundas del Río
de la Plata exterior (1.477 km) es el principal curso de agua argentino, donde
ingresan y egresan 4.000 buques de bandera extranjera que en el año 2020
transportaron 74 millones de toneladas de carga, más del 90% del comercio
exterior argentino» (Lugarini, Fabián. Informe Marítimo, 8/9/2022), lo que
demuestra la debilidad argentina respecto a la autonomía en el comercio y las
dificultades de control e integración entre los cursos fluviales y el mar argentino,
además de dejar en manos extranjeras la administración de esas vías navegables
fluviales y el desarrollo regional consecuente en manos extranjeras, que el 20
de noviembre de 1845 motivaron la recordada Batalla de la Vuelta de Obligado,
en defensa de nuestra soberanía nacional.
La soberanía
alimentaria. La Argentina carece de política de consumo interno de productos
pesqueros. A pesar de estar entre los que más captura de Latinoamérica y el
Caribe, después de Perú, Chile y México y, es, de los países que menos consumen
sus habitantes con 4,8 Kg de consumo per cápita/año, estando por debajo de El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros. Por
cierto, muy por debajo del consumo promedio de Latinoamérica con 9,8 Kg., de África
con 10,1 Kg. o del mundo con 20,2 Kg. No es casual que no se promueva en la
Argentina el consumo interno: se evita que los argentinos miren el mar y cuiden
a este y sus recursos.
Si no se
descartasen pescados en el mar (en la ZEE, en alta mar y en Malvinas) se
podrían disponer de unas 750.000 toneladas/año de productos pesqueros aptos
para el consumo. Con 300 mil toneladas de los descartes que se industrialicen
se podría proveer raciones a 3 millones de niños y adolescentes por día de
proteína de la mejor calidad, todos los días, todo el año, en un país con 37,3%
de pobreza y 8,2% de indigencia (INDEC, 30/3/22).
Pobreza,
indigencia, subalimentación y descuido de los recursos naturales es parte de la
colonización.
La defensa del
territorio. No hay política de disuasión. Los distintos gobiernos han declarado
que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, una llamativa calificación
ante semejante escenario, mientras la Ley General de Pesca de México (DOF
24/4/2018, Art. 17º) indica: «El Estado reconoce que la pesca es una actividad
que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación. Un asunto de
seguridad nacional y prioridad para el desarrollo nacional». La Argentina
debería cuadruplicar su capacidad existente naval y aérea para controlar solo
la ZEE Argentina y, asignarle un presupuesto a la Armada Argentina y a la
Prefectura Naval que, en la actualidad, está dentro de los más bajos de
Latinoamérica. En el hipotético caso de aprobarse el Área Marina Protegida
Agujero Azul, la Argentina para controlar esos espacios marinos, necesitaría
unos 15 millones de dólares anuales, lo que da una idea de la falta de
presupuesto para vigilar y gobernar nuestros mares.
Desculturalización
y relaciones con el Reino Unido. El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas
del Río de la Plata firmaban el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación
con el Reino Unido. El mismo reconocía, entre otras cosas, la independencia de
nuestro país, no obstante «para la obtención de dicho reconocimiento la Corona británica
requirió que Buenos Aires contrajera un empréstito de la banca inglesa Baring
Brothers por 1 millón de libras esterlinas (llegaron solo £ 550 mil) y dicho
monto fue devuelto 81 años más tarde, pagándose 5 veces la cifra inicial». En
1831 Luis Vernet apresó tres goletas norteamericanas que pescaban en forma
ilegal. En 1833 y, pese al Tratado de Paz citado, el Reino Unido destruyó la
población argentina en Malvinas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido
relaciones diplomáticas con el fin de obtener la restitución de las Islas y,
desde 1982, se inició un proceso de desmalvinización y desculturalización que,
se profundizó en 1989, con la aceptación de la ocupación del territorio
marítimo y los recursos pesqueros argentinos, cuando en los prolegómenos de la
firma de los Acuerdos de Madrid el diplomático negociador argentino indicó: “No
nos preocupa la exclusión pesquera sino la militar”. Esa desmalvinización sigue
hasta nuestros días.
Necesitamos la
determinación del Gral. Manuel Belgrano (“un Estado sin pesca nada puede sobre
la mar”); la preclaridad del Almirante Segundo Storni (“el Mar será el vehículo
y el sostén de su fortuna y de su gloria”); el esfuerzo del Almirante Guillermo
Brown (“El honor nacional requiere un esfuerzo”) y de todos los combatientes
que mantienen viva la llama de Malvinas.
“Nada está hecho
mientras quede algo por hacer” (Romain Rolland).
