Y ESTADOS DE BANDERA
César Lerena,
31-12-20
Ya me referí en
varios escritos anteriores (César Lerena “El Malvexit frente al Brexit
Británico, 4/10/2018 y, “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo
lleva la corriente!” 3/7/2020) a la oportunidad que se abría para la Argentina
frente a la salida del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante R.U.) de la
Unión Europea (en adelante U.E.) el próximo 1 de enero de 2021 y, desde entonces,
he venido promoviendo la necesidad de que el gobierno argentino, entre otras
cosas, actuase ante Bruselas para que, cualquiera fuese el Acuerdo al que se
arribe, quedasen fuera de éste los llamados “territorios británicos de
ultramar” Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas)
que el R.U. tiene usurpados o sobre los que pretende su titularidad como en el
caso de la Antártida.
Efectivamente, los territorios de ultramar han quedado afuera de las negociaciones del Acuerdo y varios medios han venido refiriéndose a ello, diciendo en general que «de acuerdo a fuentes oficiales y diplomáticas, el gobierno insistió en que las Islas Malvinas no sean contempladas como un territorio británico de ultramar en el futuro acuerdo que el viejo continente podría negociar con el Reino Unido para regular sus relaciones comerciales, basándose en la resolución de las Naciones Unidas que admite la existencia de una disputa de soberanía y las constantes recomendaciones del Comité de Descolonización de la ONU constantemente desoído por Londres.
De respetarse la posición argentina, los
malvinenses perderían las cuotas de acceso y la rebaja arancelaria por la que
venían beneficiándose desde hace años, además de la asistencia financiera para
desarrollar una economía que es extremadamente dependiente de la pesca, que
equivale al 60% del PBI local» (Chabay, Ezequiel, El Cronista, 24/12/2020) y
ello, es sólo parcialmente cierto y, hay mucho por trabajar, si lo que se
pretende, es conseguir aislar comercialmente a Malvinas, comenzando por que la
U.E. le aplique aranceles a los productos -en especial pesqueros- que se
destinan en un 95% a Vigo (España) y desde ahí a toda Europa.
Recordemos que, en
el año 2009, cuando se ratificó el Tratado de Lisboa, al votarse la aprobación
de la Constitución de la U.E., se incluyó como Territorios Británicos de
Ultramar a las Malvinas y a la Antártida. ¿Qué hizo la Cancillería Argentina en
esa oportunidad para evitarlo? lo ignoramos, pero lo cierto, que españoles e
italianos (dentro de los que se encontraban millones de argentinos con doble
nacionalidad de esos países) votaron a favor de ello o simplemente ignoraron
que tenían que hacerlo y votar en contra. Desde entonces, nada hizo la
Argentina ante la U.E. para modificar esta irregular situación y, por el
contrario, mantuvo activos todos los acuerdos firmados con el R.U. (Acuerdos de
Madrid, etc.) y, grotescamente, también mantiene vivos el «Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires» que se
firmó el 2/2/ 1825 (pese al cual el 3/1/1833 los británicos invadieron
Malvinas) y, el «Convenio para la Promoción y la Protección de inversiones
británicas en la Argentina» suscripto en Londres el 11/12/1990 y aprobado por
la Ley 24.184 el 4/11/1992.
En un pasado
artículo (César Lerena “¿quién ejerce el poder en el atlántico sur?” 3/6/2020)
puse de manifiesto que el 22/1/2020, funcionarios y empresarios del sector
pesquero español se reunieron en Madrid, manifestando el interés -acompañado
por la European Fisheries Alliance (EUFA)- de mantener el acuerdo de libre
comercio, el mutuo acceso a las aguas, el reparto de las cuotas de pesca y la
gestión compartida con el R.U.; todas cuestiones que han sido reiteradas en
cuanto fuero hubiese y, en las que están muy interesados los españoles que
pescan tanto en el Atlántico Nordeste como en el Atlántico Sur con licencias
ilegales del R.U. en Malvinas, incluso, como otros europeos, con bandera
británica, en ambos Atlánticos.
España, en los
prolegómenos del Acuerdo entre Londres y Bruselas acompañó la preocupación de
los empresarios españoles que pescan en las aguas británicas y en Malvinas,
acompañados, con una menor preocupación por sus pares de Alemania; los Países
Bajos; Francia; Bélgica e Italia; pero el R.U. privilegió los intereses
escoceses y de otros del Reino y, no atendió las fuertes presiones de los
europeos e incluso los reclamos de los propios habitantes de Malvinas, quienes
en este nuevo estado que se inicia, poco o nada pueden aportarle al déficit
comercial del R.U. Con este Acuerdo se modificará la situación actual de que
los barcos comunitarios puedan pescar hasta las 6 millas de la costa británica
y, a partir del cual, ya no podrán hacerlo libremente dentro de las 200 millas
británicas y se reducirán progresivamente las cuotas.
La pesca es un
0,1% dentro de la economía británica, carece de toda relevancia y no ha sido un
dato menor a la hora de las negociaciones, ya que el R.U. se ha centrado en
asegurarse la soberanía plena en sus decisiones y en satisfacer su política
interna, en especial con Escocia; pese a lo cual, su primer ministra Nicola
Sturgeon no está conforme con que haya una transición de 5,5 años, en lugar de
los tres que esperaban y ya está argumentando que Escocia tiene derecho a
elegir su propio futuro como un país independiente, vinculado a la U.E.
En este primer
escenario, los españoles perderían cuotas en las aguas británicas del Atlántico
Nordeste y, los productos extraídos por españoles o sociedades británicas-españolas
en Malvinas, como dije, mayoritariamente destinados a Europa, pagarían
aranceles. Pero esto no es tan así. Para que se apliquen aranceles a los
productos pesqueros originados en capturas realizadas en el área de Malvinas,
la Argentina deberá hacer otros deberes, porque de otro modo, ingresarán a la
U.E. con bandera española o al R.U. con bandera británica. Por cierto, nada es
gratis en el mundo de los negocios.
España, cualquiera
sea el resultado, magnifica la situación. Sabe, que cuanto más dramática la
muestre, más subsidios obtendrá de la U.E. Son expertos en Acting y, en
especial, su vocero Javier Garat, el gran perdedor en este Acuerdo que esperaba
una transición de 14 años (¿?) en las aguas británicas y solo consiguieron 5,5
años; un tiempo que nadie cree que transcurra.
En principio,
habría que tener en cuenta que el Acuerdo prevé el libre comercio y acuerdos
transitorios pesqueros con la U.E. (Capitulo 185), con algunas cláusulas
relativas a cumplir ciertos parámetros, que no parece que el R.U. no vaya a
cumplirlas (salvo las pesqueras) y, además, es lógico pensar que el R.U.
profundizará sus negocios con el Commonwealth; Estados Unidos; a través del
TMEC (México y Canadá); China y otros países, incluso con Argentina, para
compensar sus eventuales pérdidas en la U.E. y mejorar su balanza comercial
que, durante 2019, fue negativa en casi 200 mil millones de euros. ¡El imperio
se apresta a cabalgar sobre las olas! Al menos es lo que ellos creen y sí no,
hay que preguntarle a Cantieri.
Por otra parte, no
es cierto que «la U.E. haya descartado a Malvinas en las negociaciones por la
disputa que mantiene Argentina con el R.U. sobre estos territorios en las
Naciones Unidas». Todos los llamados Archipiélagos Británicos de Ultramar, a
excepción de Gibraltar, quedaron afuera del borrador de Acuerdo. El Capítulo
183º de éste aplica solo al R.U. y no a los Territorios de Ultramar, dado que
«la U.E. no tiene competencia para negociar con ellos» y, en el Capítulo 184º
establece que «el R.U., Gibraltar y España seguirán negociando acuerdos para
buscar el mejor resultado posible para el pueblo de Gibraltar y la región
circundante y, la Comisión confirmó que un acuerdo sobre Gibraltar es posible y
que están dispuestos a examinar cualquier solicitud de España y el Reino Unido
para llevar esto adelante».
¿Qué efectos
vinculados con la Argentina podría finalmente provocar el Brexit?
Probablemente se
debilitará en la U.E. la posición británica respecto a Malvinas y mejorará la
postura argentina en los reclamos de soberanía e incluso en las negociaciones
comerciales o relativas al equipamiento militar.
Además de ello, la
Argentina debe cancelar (no suspender) los vuelos desde Malvinas a Chile y a
Brasil y prohibir el uso del espacio aéreo y marítimo argentino para trasladar
productos, personas, insumos, etc. relacionadas con la exploración o
explotación pesquera, agropecuaria, hidrocarburífera o comercial en Malvinas,
entendiendo que estas actividades no son pacíficas porque derivan de la
explotación y ocupación ilegal de un territorio argentino.
Los isleños
buscarán negocios fuera de Europa y necesitan más vuelos a terceros países,
para lo cual, la Argentina -derivado del Pacto Foradori-Duncan- les otorgó un
vuelo semanal a San Paulo que les abre las puertas al mundo (¡!) y a las
relaciones con Brasil; incrementan la relación con Uruguay (stands en feria y
otros) que les provee puertos para asegurar las operaciones de los buques
extranjeros que pescan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica y, que
es sede, junto con Puerto Arenas, de la naviera inglesa SAAS cuyo buque
portacontenedores hace tráfico comercial cada 14 días a las Islas; promueven el
turismo; construyen puertos en Malvinas y Georgias del Sur para facilitar sus
operaciones y profundizan las relaciones con empresas españolas a través de la
constitución de joint venture.
En este estado de
cosas, ¿qué otra cosa debería hacer la Argentina para mejorar su situación
respecto al control en el Atlántico Sur y en especial, cambiar el estatus de
Malvinas y, favorecer las exportaciones pesqueras nacionales a la Unión
Europea? primero, promover Acuerdos (no negocios espurios) con todas las flotas
españolas y asiáticas que operan en el Atlántico Sur y, segundo, en su caso,
multar y considerar un delito penal la pesca ilegal, para desalentar la pesca
en el área de Malvinas (ver César Lerena “la pesca ilegal es un delito penal”).
En cualquier caso, los Acuerdos no pueden dejarse en manos de la Cancillería,
de las empresas ni de los funcionarios de pesca. Debe constituirse una comisión
de expertos de probada idoneidad técnica, honestidad y capacidad negociadora en
favor de los intereses nacionales; Acuerdos, que deberían ser finalmente
aprobados por el Congreso de la Nación y, como parte de éstos, la Argentina debería
otorgar reembolsos a las exportaciones de productos pesqueros a la U.E., para
equilibrar el cobro de aranceles a la importación de los productos argentinos
en la U.E. y desalentar la pesca ilegal española en el Atlántico Sur.
¡Camarón que se
duerme se lo lleva la corriente!