CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

 

Infobae, 17 de Febrero de 2021

Un organismo imprescindible para gobernar con un plan

 

El gobierno nacional convocará formalmente en los próximos días a la conformación del Consejo Económico y Social. Se trata de una de las promesas de campaña de Alberto Fernández que se vio postergada por la pandemia de coronavirus.

 

Mientras la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ultima los detalles del decreto para su conformación, en la Casa Rosada definen si el anuncio será hoy o el jueves. Tampoco está cerrado cómo será la puesta en escena: un mensaje grabado o una conferencia desde la Quinta de Olivos.

 

En el flamante organismo se reunirán empresarios, sindicatos, movimientos sociales, representantes del oficialismo, de la comunidad científica y de los cultos para consensuar políticas públicas a mediano y largo plazo, principalmente en temas vinculados a la producción, el empleo, la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, y las jubilaciones.

El objetivo es que allí se generen propuestas que permitan sostener políticas de Estado independientemente de quién esté a cargo del gobierno.

El encargado de liderar la iniciativa será Gustavo Béliz, actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Su mandato será, en principio, de cinco años, con el objetivo de lograr una continuidad que exceda a los gobiernos de turno. El funcionario ya había organizado el año pasado diferentes encuentros con sindicalistas y empresarios con vistas a la creación del organismo que se vio varias veces postergado.

 

En principio, desde la Casa Rosada habían dejado trascender que Roberto Lavagna sería designado como su presidente. Sin embargo, el ex ministro de Economía nunca se mostró interesado y desde el oficialismo optaron por buscar otro candidato.

 

Con la creación del organismo, respaldado formalmente por las Naciones Unidas, Fernández cumplirá con una de sus promesas de campaña y ejes de su discurso ante la Asamblea Legislativa del año pasado.

 

En la apertura de las sesiones legislativas, Fernández habló el año pasado de generar un nuevo contrato social que se base en responder en modo “colaborativo y cooperativo”, que responda sobre la promoción de “profesiones estratégicas y trabajos del futuro”, la agenda del “cambio climático y el financiamiento de una infraestructura verde, sobre cómo atraer “la riqueza que está en el exterior con fines productivos nacionales”, además de otros interrogantes sobre cómo afianzar “instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces”.

 

“Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas. Sé muy bien qué implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”, dijo.

 

“Quiero desplegar esos cauces, propiciar la llegada de un aire nuevo y renovador. Durante demasiado tiempo nuestra democracia ha estado asfixiada en el microclima de intereses mezquinos, de miradas tecnocráticas o de pujas estériles. Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad”, sostuvo en la jornada del 1° de marzo pasado.

 

Entre los lineamientos, anticipó que los dirigentes y especialistas que representarán a los diferentes sectores deberán compartir una “responsabilidad histórica” y ser “creativos, movilizar propuestas de excelencia, innovar, saber renunciar a miradas individuales cuando se establecen iniciativas superadoras de conjunto”.

 

Luego de idas y vueltas respecto de su envío al Congreso de la Nación para que fuera tratado como proyecto de ley durante las sesiones extraordinarias, el primer mandatario resolvió que serán los miembros del Consejo los que le darán forma a un texto que reglamente su funcionamiento para que, luego sí, sea abordado por los diputados y senadores nacionales.