SIN CONTROL EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO
Dr. César Lerena
Hace décadas que
escribimos sobre la incapacidad o desinterés argentino por controlar la pesca
ilegal en el Atlántico Sur. De igual modo, meses atrás, nos referimos al apoyo
del Puerto de Montevideo a la pesca ilegal que realizan buques chinos,
españoles-británicos, coreanos y, taiwaneses.
Hoy, la Auditoría
Interna de la Nación de Uruguay ratifica en detalle nuestros dichos. Montevideo
sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado. Sería bueno tener
una auditoría de igual rigurosidad de los manejos de la Subsecretaría de Pesca
de Argentina y los puertos argentinos.
Denunciamos
entonces, que más de 700 buques extranjeros pesqueros que operan en el Puerto
de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y,
los migratorios originarios de la ZEE de ambos países en alta mar; violando
-Uruguay- las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014; la Res. del UNASUR de Asunción
del 17/3/2012, etc. y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4. En este Puerto
se recambia el combustible; se reemplazan tripulantes; se transbordan capturas;
se arma y repone alimentos e insumos; etc. de buques que pescan ilegalmente.
Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares
anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/11), aunque violando todas las
normativas.
También
recordamos, que los tres Estados ribereños de América del Sur oriental
(Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur” y, que ésta, es el ámbito adecuado para tratar también,
cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás
del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal.
Por su parte, el
29 marzo de 2023 (Radio Sarandí) Jaime Coronel, el director del Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que «el puerto de Montevideo
es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se
hacen seguimientos satelitales»; pero, la citada auditoría oficial demuestra lo
contrario y, ello es grave, porque el flagelo de la pesca ilegal le extrae a
Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones
de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y
competitividad a las empresas.
La Auditoría del
Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la
DINARA es terminante y, de sus conclusiones, surge con claridad que en el Puerto
de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal, además, de estar fuera de
control otras irregularidades.
La Asociación de
Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay alertó
sobre el “conjunto de conclusiones y hallazgos con criticidad extrema” de esta
Auditoría y, entienden, que el informe “demuestra el grave problema de
funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento
que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación
y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e
inocuidad de los productos de la pesca” (Montevideo Portal, 28/7/2023). Un
durísimo comunicado de los propios funcionarios del área.
La conclusión de
la Auditoría de la Nación refiere a que «el proceso de emisión y renovación de
los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control
interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos
establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos
hidrobiológicos»; por «ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin
de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones
otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de
los recursos hidrobiológicos»; es decir, que la pesca en el Puerto de
Montevideo carece de todo control y, ello supone desconocer el origen y
trazabilidad de las capturas y desembarcos, la eventual apropiación ilegal de
recursos originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Uruguay y
Argentina o, migratorias desde éstas en alta mar, al igual que en la Zona Común
de Pesca de ambos países; la extracción de mayores volúmenes a los autorizados;
la captura de tallas inferiores a las permitidas o de especies plenamente
explotadas; el descarte y la sustitución de especies al desembarque o
transbordo; entre otras irregularidades, que podrían incluir operaciones de
narcotráfico y trabajo esclavo. Situación que se ratifica cuando la auditoría
indica: «El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la
información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo
realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para
una adecuada y oportuna toma de decisiones»; contrariando, las recomendaciones
de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017;
Decreto 323/17).
Estas
irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados
internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y,
descarga de productos pesqueros. Situación, que debería llevar a la Cancillería
Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del
Tratado del Río de la Plata -por aplicación de los Art. 74º, 80º y 82º de éste;
las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59º, 87º, 116º a 118º de la
CONVEMAR- a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la
categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están
indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo
poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la
Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas;
cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta
forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.
Al respecto, la
Auditoría ha calificado esas debilidades relativas a la información como
“altas” y, de “extremas” la responsabilidad de la autoridad del DINARA; el
trámite de permisos; los registros, controles y seguimiento. Todas cuestiones
que, sin entrar en mayor detalle, son suficientes, para calificar a Montevideo,
como un puerto sin control pesquero y, por tanto, absolutamente permeable a la
pesca ilegal.
Sin agotar el
cúmulo de irregularidades que detecta la Auditoría, ésta verifica respecto a la
Dirección, delegaciones inapropiadas; acefalías continuadas; debilidades
contables; no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de
controles; inadecuado seguimiento de las gestiones; comunicaciones informales
por fuera de los canales administrativos; incumplimiento de las normativas
vigentes y, entre otras, la mayoría de la información calificada de “reservada
o confidencial” de acceso exclusivo de los Encargados de Áreas, “los dueños de
datos” dice la Auditoría, pudiendo dar lugar a actos de corrupción, en lugar de
procesos y documentos transparentes, de libre acceso a todos los ciudadanos.
Todo esto, sin lugar a duda, podría constituirse en un soporte necesario, para
encubrir la pesca ilegal, que necesita de controles laxos, información confusa
y trámites sin plazos. “Falsificación de permisos de pesca emitidos por el
sistema VUCE” dice la Auditoría y, diversas observaciones graves
administrativas y relativas a la aplicación de sanciones que, están todas
indicadas en el pormenorizado informe de los auditores oficiales.
Se detecta falta
de personal en áreas claves. Esto podría deberse a las habituales restricciones
del Estado; pero, es inviable controlar el origen, la trazabilidad y legalidad
de la pesca si las descargas se validan con meras declaraciones juradas
empresarias o el puerto carece del personal oficial adecuado para realizar las
tareas de policía sanitaria; obligación habitualmente indelegable, que no puede
dejarse librada al usuario o a eventuales controles privados concesionados. En
1998 cuando Estados Unidos y luego la Unión Europea, comenzaron a exigir la
aplicación de planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)
la ejecución de estos sistemas de autocontrol, nunca dejaron en manos privadas
el control del tránsito, el embarque o desembarque y los pertinentes controles
y la certificación oficial. Dejar a los puertos sin control oficial presencial
y no llevar una organización del Estado segura, transparente, técnica,
eficiente y eficaz es promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el
narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.
Pero ¿qué pasa con
Jaime Coronel? Que, no obstante la ejemplar Auditoría que lo incrimina, el
pasado 16/8/2023 firmó en nombre de Uruguay junto a Ecuador, lo que llamaron
“Memorando de Entendimiento histórico a fin de fortalecer sus lazos y
desarrollar maneras cooperativas de combatir la pesca ilegal, en ambas costas
de Sudamérica”. Se ve que los ecuatorianos no conocen ese documento, cuyas
conclusiones se agravan precisamente cuando Don Jaime refiere a que Uruguay
“alberga algunos de los puertos más transitados del mundo que, colectivamente
reciben más de 2.000 buques pesqueros al año” (Tahiana Fajardo Vargas, PEW, 17/8/2023)
que, no son de bandera uruguaya, sino de diversas nacionalidades que pescan
ilegalmente los recursos pesqueros originarios de los Estados ribereños y los
de Argentina en Malvinas.
Respetuosamente
entendemos, que las Autoridades de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo
prescripto en la Ley 19.175 que, en su art. 16º refiere a la aplicación de
criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los
recursos…» y, muy especialmente, los art. 76º a 79º que califican como grave la
pesca ilegal, que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las
especies.
Se dice también en
los ambientes portuarios, que el 80% de la flota merlucera de altura se habría
vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca
y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones en contravención a lo
establecido en el art. 31 del Decreto 115/018, lo cual de confirmarse sería
otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente
pesca ilegal.
«No venderé el
rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G.
Artigas)
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