DEL ATLÁNTICO SUR, EL RÍO DE
LA PLATA Y LA HIDROVÍA
Un
futuro mejor es posible mientras haya inteligencia y voluntad
César Lerena, 23-9-20
Respecto a los espacios
marítimos y fluviales la Argentina sufre un estado de indefensión aprendida y,
los gobiernos, se comportan pasivamente con la sensación subjetiva de no tener
ninguna capacidad ni actitud para pesar que existen oportunidades para cambiar
esta situación aversiva. La ausencia de políticas respecto a estos espacios es
llamativa y se expresa en la sociedad con dos signos patognomónicos: los
argentinos vivimos de espaldas al mar y, en la dieta alimentaria, el consumo de
pescado está en el orden de los 6 kg per cápita por año cuando el promedio
mundial es de 20 kg. Consumimos menos pescado que los países más ricos y que
los más pobres. El argentino medio está ajeno a las cuestiones relativas a sus
mares y ríos, de otro modo, no podría tolerar pasivamente tener ocupados
1.639.000 Km2 por el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.) en la Zona Económica
Exclusiva Argentina (Z.E.E.A).
Un territorio equivalente a
toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa, por cierto, un espacio
mucho más amplio y rico que los 11.410 km2 del Archipiélago de Malvinas.
La Argentina permanece
congelada respecto a estos hechos desde la sanción de la Res. 2065/65 de la ONU
y, con motivo de la “fórmula del Paraguas” del Acuerdo de Madrid. Es
imprescindible una política activa, diferente a la llevada en estos últimos 55
años.
Esta situación de
indefensión en el Atlántico Sudoccidental, el Río de la Plata y la Hidrovía
Paraná-Paraguay se manifiesta con una pérdida de soberanía política,
territorial, económica, social, alimentaria y ambiental. En especial se
observa:
PBI del Atlántico
Sudoccidental
La estimación del potencial
económico del Mar Argentino, según los investigadores Baruj y Drucaroff, (CICTI)
ajustados por el autor para el período 2016-2035 -en un escenario medio- sería
de un potencial económico de: 669.598 millones de dólares; puestos de trabajo
directo prospectado: 568.751 empleos; generación de divisas: 3.964.091 millones
de dólares, como resultado de las siguientes actividades: petróleo y gas;
energía oceánica; pesca marítima; maricultura; turismo e industria naval (no se
ponderó minerales, microalgas y algas y no se incluyó el efecto multiplicador
que estas actividades tendrían sobre el resto de la economía). En la actualidad
las actividades argentinas están reducidas a la pesca y navales.
Ocupación y explotación del
Atlántico Sur
De un total de 3.146.345 de
km2 de territorio marítimo argentino (el Mar Territorial y la Z.E.E.A.) el R.U.
tiene ocupado 1.639.000 km2, es decir el 28% de todo el territorio nacional y
el 52% del territorio marítimo. A ello se agrega la disputa de 1.430.367 km2 de
la Plataforma Continental presentada por Argentina en la Comisión de Límites de
la ONU (de los 1.782.000 km2 presentados solo se recomendaron 351.633 km2 ya
que el resto está en disputa con el R.U.). Amén de ello, los 965.597 km2 y sus
aguas circundantes de la Antártida Argentina que también el R.U. reivindica
como propia.
Por la explotación de los
recursos pesqueros con licencias británicas el R.U. extrae 250.000 toneladas de
peces y calamar por un valor de 650 millones de dólares por año y, debido a la
internacionalización del caladero, buques extranjeros con licencias británicas
o sin ellas, extraen un millón de toneladas/año de un monto aproximado a los
2.600 millones de dólares. Podrían ponderarse los efectos negativos,
económicos, laborales y sociales, que estas extracciones sobre las especies
migratorias argentinas le ocasionaron al país en los últimos 40 años (U$S 104
mil millones); pero es imponderable el daño biológico al ecosistema ocasionado
y, por lo tanto, a la propia sostenibilidad de las especies en la Z.E.E. y su
explotación por buques nacionales.
La presencia de entre 350 y
500 buques extranjeros que capturan en forma subsidiada (sin impuestos);
ingresan sin aranceles sus productos a los países de donde provienen los
buques; se reaprovisionan combustible y hacen transbordo en alta mar; sus
operarios realizan trabajo esclavo; realizan una pesca no registrada ni
declarada, etc. constituyen una expoliación de los recursos migratorios
argentinos y una competencia desleal en el mercado internacional con las mismas
materias primas que extraen y exportan las empresas argentinas con altos impuestos
internos.
En los últimos 40 años la
Argentina aprehendió 80 buques -dos por año- lo cual nos indica, que el
incremento de multas en la Z.E.E. no modificará la pesca ilegal (hay muchas
razones de uso práctico para justificar esta afirmación) y, sigue sin
resolverse la captura en la Alta Mar de las especies migratorias argentina
originadas en la Z.E.E.A. y las capturadas en el área de Malvinas.
Por su parte, el Acuerdo de Nueva York y las
consecuentes creaciones de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento
Pesquero (OROP), de ratificarse en el Congreso, pondría en manos de los Estados
de Bandera la administración del Atlántico Sur y, muy especialmente, la
profundización de la intervención del R.U. (quién pretende considerarse un
Estado ribereño) en la administración de los recursos, violando lo previsto de
la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Se agrega a ello las
exploraciones petroleras británicas dentro del área de Malvinas y en los 100
mil km2 en el área austral entre el continente y Malvinas, licitados durante
2019 para la explotación petrolera, donde se adjudicaron áreas a varias
empresas británicas o con intereses en Malvinas contrariando lo prescripto en
la Ley 26.569 (Solanas) que lo prohíbe; pero, que junto al área de Malvinas, el
área de Reserva de Georgias del Sur y Sándwich del Sur, constituyen un bloque
estratégico relacionado a la Antártida y el Estrecho de Magallanes.
El desarrollo de las
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
Por efecto de los Acuerdos
de Madrid y del Pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó vuelos a
Santiago de Chile y luego a San Pablo, que facilitarán el comercio de las
materias primas de Malvinas con el mundo. Más aún, si se produjese el Brexit
sin libre comercio entre el R.U. y la U.E. donde esas mercaderías deberían
pagar aranceles para su ingreso a la U.E.
El Reino Unido ha
constituido de hecho una asociación estratégica con España, tanto es así, que empresas pesqueras
españolas han formado joint Ventures con británicas y, si bien muchas de estas
empresas hoy utilizan bandera británica o de Malvinas para establecer el origen
de las capturas, conforme el post Brexit podrían cambiar sus banderas por
españolas evitando el pago de los referidos aranceles para facilitar el
comercio de las exportaciones de Malvinas que tienen como primer destino a la
Unión Europea y, en especial España.
La construcción de un puerto
en las Georgias del Sur y el próximo inicio de otro en Malvinas hace presumir
que el Archipiélago se constituiría en el epicentro de apoyo a los buques que
operan en el Atlántico Sur, muy especialmente, en un área de gran concentración
de especies migratorias de valor, originadas en la Z.E.E.A.
Estrecho de Magallanes,
Canal de Beagle y Chile
Estos espacios marítimos son
centrales en la relación bioceánica respecto a Chile, en especial, por el
aumento de grandes portacontenedores y su tránsito a través del Estrecho de
Magallanes, a partir de las limitaciones del canal de Panamá para el paso al
pacífico de estos grandes buques y, también, de buques pesqueros (especialmente
chinos) que pescan en forma ilegal tanto en el Pacífico como el Atlántico Sur.
Chile es un aliado
estratégico del R.U. (de hecho es el único país de habla hispana que llama
Falklands a las Malvinas) y, desde la firma en 1984 del Tratado de Paz y
Amistad, la Argentina no ha buscado una fórmula de integración que revierta la
relación entre ambos países -con el objeto de mejorar nuestra posición en el
área y en particular en la Antártida- y, por el contrario, con la sanción de la
Ley 27.757 “de espacios marítimos” (ratificación de los límites de la
Plataforma Continental), se generó una nueva tensión, por cuanto se habría
superpuesto con Chile una pequeñísima porción de la plataforma continental que
ambos países reivindican.
El Puerto de Montevideo, el
Río de la Plata, la Zona Común de Pesca y el Uruguay
A pesar de las Declaraciones
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre los derechos de
Malvinas (2011 y otras) Uruguay ha facilitado sus puertos para que buques
pesqueros que capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur -con o sin licencia
británica- efectúen su logística (cambio de tripulación, armado de los buques,
recarga de combustibles, transbordos, etc.). Ello, no solo debilita la posición
de Argentina respecto a Malvinas, sino que constituye una grave competencia
comercial con los buques pesqueros argentinos.
Los sucesivos gobiernos
uruguayos han procurado acordar -y aún lo hacen- con empresas chinas la
instalación de un puerto en ese país, con un régimen de puerto franco y
condiciones muy favorables para la operatividad de los buques pesqueros chinos
que operan ilegalmente en el Atlántico Sur. Si esto ocurre, la perspectiva de
que la Argentina pueda administrar el recurso en esta área se habrá de tornar
impredecible, aumentando la tensión en la región, la depredación y, la quiebra del
sector pesquero argentino. China no solo tiene unos 16.000 buques pesqueros,
sino que es esta población de buques, la que tiene mayor presencia en el
Atlántico Sur y el Pacífico y, es, el primer productor de pescados en el mundo.
Además, que tanto Argentina como Uruguay tienen fuerte dependencia comercial
con ese país, lo que dificulta razonables acuerdos comerciales y su posterior
denuncia. Pero ello, no es todo lo grave. Con motivo del Tratado del Río de la
Plata y su Frente Marítimo, Uruguay podría otorgar permisos de pesca a buques
chinos y de otras nacionalidades frente a las costas de la Provincia Buenos
Aires hasta la altura -aproximadamente- de Mar del Plata (La Zona Común de
Pesca). La Argentina ya tiene una amplia experiencia de la depredación que
causaron tanto los buques de la URSS como los españoles, con motivo de los
Acuerdos Pesqueros con la URSS-Bulgaria y la Unión Europea, debido a la
incapacidad argentina de controlar las capturas extranjeras.
Una nueva situación de
tensión se vive en la actualidad entre ambos países a raíz del tratamiento en
el Congreso Nacional de un proyecto de construcción del Canal de Magdalena,
destinado a evitar que los buques que transitan desde o hacia Argentina deban
utilizar el Canal de Punta Indio y por consiguiente depender de Uruguay para el
transporte marítimo de mercaderías como ocurre en la actualidad.
La dependencia argentina en
materia de transporte fluvial y oceánico de mercaderías en manos de empresas
extranjeras.
La Argentina tiene una
dependencia en el transporte marítimo y fluvial que la deja a merced de las
empresas navieras extranjeras, a la par de las pérdidas en materia de fletes y
la imposibilidad de establecer políticas de transporte que hagan a la soberanía
y al desarrollo nacional y regional.
Falta y deterioro de
puertos, calado insuficiente
Al monopolio de las empresas
navieras extranjeras se agregan las dificultades operativas de los buques
nacionales que ocasiona la falta o el deterioro de los puertos y su calado
insuficiente, lo que constituye una debilidad manifiesta del país.
La administración de la
hidrovía Paraguay-Paraná
Los gobiernos y las empresas
que administraron la hidrovía arrojan como resultado negativo la
extranjerización del transporte de mercaderías ya que banderas extranjeras se
traslada el 60% del comercio internacional del país. La bandera argentina es
casi inexistente en esta vía y esto se debe a la política tributaria argentina;
retenciones a la exportación; aportes laborales; impuestos a la construcción de
embarcaciones, etc. Cuestión, que si no se revierte resultará muy difícil
modificar.
Tal vez el efecto más
negativo y, no tan visible, es que la hidrovía no ha servido lo suficiente para
dinamizar las economías regionales argentinas de las provincias del litoral,
abaratando fletes tanto de aquellos productos destinados al mercado interno
como el comercio internacional.
La reciente constitución de
la Administradora Federal Hidrovía S.E. con intervención de las Provincias y el
Estado Nacional pondrá a prueba si el Estado puede administrar en forma
eficiente este canal central, promover las actividades regionales; el manejo
cristalino de las mercaderías y el control del narcotráfico y, también
resolverse las cuestiones de dragado que están bajo control de empresas
extranjeras.
Las fuerzas armadas y
seguridad de control en el mar
Con 3.146.345 km2 de
Z.E.E.A. a lo que deben agregarse las aguas de la Antártida Argentina, el
pasaje de Drake, el Estrecho de Magallanes, etc. la Argentina no tiene medios
aéreos y navales suficientes (se estima que deberían quintuplicarse) para
realizar el control de los buques de diverso tipo.
La actividad pesquera.
Extranjerización y monoexplotación
La pesca hace 50 años era
una actividad netamente nacional. Hoy siete de las diez primeras exportadoras
son extranjeras (chinas, españolas, americanas, noruegas, etc.). El problema,
no es que se traten de capitales extranjeros, sino, que el modelo que impera es
“extractivo”, las exportaciones son de bajo valor agregado y la Argentina
regala el empleo a los países importadores (desarrollados) y a los
transformadores, que agregan valor y reexportan los productos. El 60% de las
exportaciones son langostinos, una especie anual de disponibilidad
impredecible, cuya carencia provocaría una crisis laboral sin precedentes en la
Patagonia. La política la fijan los países importadores y la conclusión podría
sintetizarse: se exporta en dólares el 50% menos de los valores posibles.
Ambiente sostenible y
depredación
Como consecuencia de las
capturas ilegales de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y en Alta
Mar y, la exploración de hidrocarburos, tanto en Malvinas como en el área
austral del Atlántico Sur (sin estudios de impacto ambiental) no están
garantizados el ambiente marino y sus recursos pesqueros. El descarte y la
depredación dejan sin una ración de proteína diaria a 3 millones de niños y/o
adolescentes.
El desarrollo poblacional,
industrial y estratégico de la Patagonia
Si bien, los pobladores de
la Patagonia tienen un PBI per cápita de 24.000 dólares, está muy por debajo de
los 100.000 dólares per cápita de los habitantes de Malvinas. La Patagonia es
el territorio más despoblado de Argentina con un 6% del total y, con una
densidad poblacional de 3 hab/km2. El 90,1% de la población está radicada en
los grandes centros urbanos y, más de 1,7 millones de hectáreas están ocupadas
por extranjeros. Resultaría importante vincular el continente con Tierra del
Fuego para que las cargas no deban pasar por Chile, pero, bien podrían transportarse
las mercaderías por vía marítima para reducir los costos de fletes, la polución
ambiental y el mantenimiento de las rutas; para ello, debería ser muy
importante la construcción de un puerto en Río Gallegos (Santa Cruz), otro en
Río Grande y uno nuevo en Ushuaia. Tierra del Fuego, la Provincia que se
integra con Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Antártida y las
aguas circundantes, no tiene suficiente apoyo teniendo en cuenta la centralidad
que tiene respecto a territorios marítimos e insulares en disputa con el R.U. y
la necesaria logística con la Antártida. Por cierto, ello no alcanza para ser
autónomos porque las navieras son extranjeras.
La vocación de independencia
de los habitantes de Malvinas
El R.U. ha demostrado desde
hace casi 200 años (1833) que no tiene vocación de devolver a la Argentina el
Archipiélago de Malvinas. Esto quedó ratificado con el desconocimiento de la
Res. 2065/65 y de la ONU. Una hipótesis que no hay que descartar, es la pretensión
de independizarse del R.U. e integrarse como un Estado independiente como parte
de la British Commonwealth of Nations (Ya me he referido al respecto en un
artículo anterior). Más allá de los apoyos que pudiese tener Argentina habría
que evaluar qué tan eficaces serían. Todo lo que se haga para resolver los
puntos precedentes dificultará que la referida hipótesis se pueda convertir en
ley.
Hay herramientas suficientes
para revertir esta situación. Se requiere aplicar una estrategia consensuada
-en forma coordinada y sostenida- de todos los organismos que en forma directa
o indirecta confluyan para revertir una situación que atenta contra interés
supremo de la Nación y de todos los argentinos. Nada de lo mismo, que ha sido
infructuoso durante 55 años.
