BIOCOMBUSTIBLES

 

 

 

ofensiva empresaria y gremial por la inacción del Gobierno que pone en riesgo la continuidad de 10.000 empleos

 

por Antonio Rossi

 

Informador Público, 15-9-20

 

La falta de respuestas de la Casa Rosada y la demora registrada en la designación oficial del nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, generaron una inédita y monolítica reacción de todos los jugadores del sector de los biocombustibles.

 

Empresas, gremios y autoridades provinciales se unieron con el fin de reclamar la urgente intervención del Gobierno nacional para solucionar los problemas más críticos del sector y advirtieron que, si continúa la inacción oficial, a partir de octubre muchas plantas podrían dejar de operar afectando la fuente laboral de más de 10.000 trabajadores.

 

Las cámaras y asociaciones que representan a las empresas productoras de biocombustibles solicitaron al ministro de Economía, Martín Guzmán la actualización de los valores de biodiesel y bioetanol ante “la situación insostenible que enfrenta el sector tras tres años de perjudiciales modificaciones en la determinación de precios, de nueve meses de congelamiento y una caída de la demanda que supera el 25%”.

 

Por medio de un documento conjunto la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno; el Centro Azucarero Argentino y las cámaras de Biocombustibles, de Bioetanol de Maíz, de Productores de Biocombustibles en Origen y Energías Renovables de Santa Fe reclamaron la urgente aprobación de nuevos precios que compensen los costos y contemplen una utilidad razonable.

 

Según resaltaron los empresarios, las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno se encuentran paralizadas porque el precio del producto que está congelado desde fines del año pasado no alcanza a cubrir los costos mínimos de operación del sector.

 

Una situación similar se registra en el caso de los productores de bioetanol de caña de azúcar. Con la zafra en marcha, las empresas deben afrontar costos operativos que superan sustancialmente el precio regulado por el Estado, a lo cual se suma el alto costo financiero que no pueden eludir para poder mantener un abastecimiento regular del producto durante los 12 meses del año.

 

Por su parte, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) salió al ruedo con una solicitada dirigida al presidente Alberto Fernández en la que denuncia que “la situación del sector es terminal”.

 

“El círculo virtuoso de los biocombustibles está al borde del colapso y todas las plantas están paralizadas”, advirtió Francisco Jáuregui, presidente de la Cepreb, quien destacó que la falta de atención del Gobierno pone en riesgo el ingreso a las arcas fiscales de más de 65 millones de dólares anuales de impuestos que tributa el sector.

 

Tanto las grandes empresas, como las pymes alertaron que 30 de las 53 productoras de biocombustibles del país se encuentran inactivas y a un paso de la desaparición junto con más 10.000 fuentes de trabajo.

 

En línea con los reclamos de los empresarios, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) remarcó que “los valores congelados en diciembre de 2019 no logran cubrir el precio de los productos finales mientras que uno de los insumos principales del biodiésel como es el aceite de soja ya lleva acumulado en lo que va del año un incremento del 25%”.

 

El negocio de los biocombustibles cuenta con 53 plantas productoras que están radicadas en 10 provincias. Existen 34 empresas de biodiésel; 13 plantas de bioetanol de caña de azúcar en el NOA y 6 de bioetanol de maíz.

 

Además de los precios desactualizados y el riesgo de quebranto, las empresas del sector enfrentan otro problema que complica seriamente su supervivencia. Se trata del desapego que muestran las petroleras a la hora de cumplir con las normas que establecen “cortar” el gasoil con un 10% de biodiésel y las naftas, con un 12% de bioetanol.

 

Al relajamiento de los controles oficiales que se viene registrando desde los últimos meses de la gestión macrista, se ha sumado ahora la presión de las refinarías que -ante la fuerte caída que han registrado sus ventas al mercado interno- buscan que el Gobierno las libere parcialmente de la obligación de cumplir con la inclusión del bioetanol y biodiésel en los combustibles líquidos.