Por Ramón Frediani
Los problemas de
Argentina tienen 5 características: 1) son muchos; 2) son complejos, 3) son
simultáneos, 4) están interrelacionados entre sí, y 5) tienen décadas de
vigencia. La solución a semejante nudo gordiano de más de medio siglo de vida,
supera ampliamente la capacidad, buena voluntad, criterio y eficiencia de una
sola persona (Presidente de la Nación), de un equipo transitorio de gobierno
(puñado de ministros y asesores) o de un partido político, cualquiera sea su
signo ideológico. La solución no pasa por ideologías defendidas como cruzadas,
ni por héroes individuales o grupales – reducidos a pigmeos en comparación a la
adversidad y tamaño de la tormenta- sino de sensatos compromisos consensuados
con madurez por la sociedad, mediante acuerdos básicos para alcanzar objetivos
de largo plazo.
Los países que
pasaron por circunstancias próximas a las nuestras requirieron una labor de
cooperación conjunta no sólo de todos los partidos con representación
parlamentaria sino además sumando a las instituciones representativas de
trabajadores y empresarios como son las centrales sindicales y empresarias de
cúpula, y eventualmente a la iglesia y a ONGs relevantes de la sociedad.
No estamos
inventando la pólvora. Ya existió el experimento y dio resultados positivos en
el sentido de permitir superar el subdesarrollo económico, político y social de
un país. Es el caso de España con sus Pactos de La Moncloa de octubre de 1977
(en plural, pues fueron 2), ejemplo exitoso que reiteradamente desde décadas se
sugiere imitar y adoptar para Argentina como modelo de amplia cooperación y
consenso en materia de definición y ejecución de políticas públicas ante la persistencia
de circunstancias de extrema gravedad y desunión en la organización de nuestra
sociedad.
Los Pactos de La
Moncloa fueron dos acuerdos de reformas estructurales y consensos de
largo plazo, uno en materia política que por razones de espacio no analizaremos
y que incluía temas como democracia, libertades públicas, libertad de
expresión, Ley Electoral y de partidos políticos, medios de prensa, Código
Penal, y el otro referido específicamente a una nueva política económica.
Fueron suscriptos entre el Gobierno de España, todos los partidos políticos (8)
con representación parlamentaria a nivel nacional y las asociaciones
empresariales y sindicales de cúpula, que permitieron a España superar con
éxito la crisis política y económica del fin de 40 años del régimen dictatorial
franquista (aislamiento internacional, elevada pobreza y desempleo, crisis de
balance de pagos e inflación del 47% en aquel año) y transitar hacia una
democracia abierta superando el subdesarrollo y aislamiento de aquellos años,
para alcanzar la España moderna y desarrollada que hoy conocemos.
Al momento de
firmarse, el contexto económico y social español era tan adverso como el
nuestro actual: era un país del tercer mundo, con décadas de economía cerrada,
elevada pobreza, desempleo del 20%; elevada inflación anual (47% en 1977 y 30%
anual en 1978); grieta social entre monárquicos, falangistas (fascistas),
comunistas, socialistas y conservadores; un electorado fragmentado ya que el
entonces precario Gobierno del Presidente Adolfo Suárez, abogado de
centro-derecha de 43 años egresado de la Universidad de Salamanca, había
asumido sólo 4 meses antes con sólo el 35% de los votos; escasa inversión
privada, atraso tecnológico, sistema educativo obsoleto, déficit en Balanza
Comercial e integración casi nula a Europa y al resto del mundo, al punto tal
que por su nivel de atraso y pobreza, peyorativamente se decía en aquellos años
que Europa comenzaba al norte del cordón montañoso que separa España de Francia
(los Pirineos) y que en consecuencia, España era una porción de África en el
continente europeo.
Sus principales
rasgos fueron los siguientes.
Fueron firmados en
el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno -de allí su nombre- el 25 de
octubre de 1977 y formalmente ratificados y aprobados por ambas cámaras del
Parlamento Español 15 días después, el 11 de noviembre.
Los firmantes
fueron el Presidente del Gobierno, los 8 partidos políticos (todos) con
representación parlamentaria en el Congreso: el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, el Partido
Socialista de Cataluña, el Partido Convergencia Socialista de Cataluña, el
Partido Nacionalista Vasco, el Partido Convergència i Unió, y el partido
conservador Alianza Popular (luego transformado en 1989 en el partido liberal
PP), la central sindical nacional UGT (Unión General de Trabajadores,
equivalente a nuestra CGT), y la central patronal de tercer grado CEOE
(Confederación Española de Organizaciones empresariales).
Su cumplimiento
fue respetado por todas las partes durante 2 décadas.
Se estableció un
límite a los aumentos a la masa salarial por empresa durante 3 años, con un
tope del 20% anual.
Permitió despidos
libres hasta 5% del personal de una empresa y para reducir el desempleo juvenil
se permitió sin restricciones ni costos adicionales ni indemnización, la
contratación laboral temporal en las empresas por hasta 2 años.
Limitada emisión
monetaria del Banco de España y del financiamiento al Estado.
Se aumentó la
progresividad de los impuestos a la renta y a los patrimonios, pero acompañado
de aumento de los mínimos no imponibles.
Reforma del Estado
basada en fuerte austeridad del gasto público, severa restricción
presupuestaria, límites al déficit fiscal y al endeudamiento público, con
estricto y permanente control parlamentario.
Se adoptaron
medidas de control financiero para evitar el riesgo de quiebras bancarias y la
fuga de capitales al exterior.
En la seguridad
social, se redujeron los aportes y contribuciones para aumentar los salarios de
bolsillo y el sistema pasó a ser administrado por un órgano colegiado
conformado por el Estado, sindicatos, entidades empresarias y jubilados.
Amplia
liberalización del comercio exterior con el resto de Europa.
Su resultado fue
el inicio de un proceso lento pero sostenido e ininterrumpido de crecimiento
económico, gradual al inicio -el PIB español creció sólo al 1% anual durante
los primeros 5 años posteriores a los pactos- pero sentó las bases para el
inicio de un proceso de desarrollo económico y social de largo plazo, que le
permitiría el ingreso a la Unión Europea en 1986 y que luego continuaría
creciendo durante 30 años a un promedio anual del 3,5% del PIB, transformando
a España en el país desarrollado que hoy conocemos, cuyo PIB per cápita es el
triple del nuestro, cuando a comienzos de la década de los ‘80, el nuestro
superaba al español en 40%.
Sería conveniente
un pacto similar conteniendo el compromiso de iniciar y ejecutar una docena de
profundas reformas estructurales, como modelo de gobernabilidad a adoptar por
nuestra clase dirigente, en circunstancias en que hay grieta, desunión,
inmovilidad de las autoridades y confusión de hacia dónde ir como sociedad.
Obviamente, no se trata de reproducir el contenido de aquellos de la España de
1977, que respondían a otra realidad de lugar y momento histórico, sino
imitarlos como metodología de trabajo o punto de partida para iniciar un
proceso consensuado de perseguir metas comunes de desarrollo económico y social
sustentables y de largo plazo.
Llegó la hora de
la verdad. Será difícil aunque no imposible que nuestra dirigencia política,
sindical y empresaria, acepte, acuerde y mantenga en el tiempo un pacto así
concebido, adaptado a nuestra realidad, nuestras instituciones y a resolver
nuestros problemas y urgencias. Pero si ello no ocurriese, lo más probable
es que en los próximos años nos toque vivir en materia económica y social
(inflación, devaluaciones, desempleo, pobreza, marginalidad, inseguridad,
grieta, deuda externa, déficit fiscal, fuga de capitales), y al margen de quién
gobierne, más de lo mismo, lamentablemente.
(Fuente: El
Economista, 1 de abril, 2019
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