jueves, 26 de noviembre de 2020

UN INCIDENTE TAN ABSURDO COMO MALINTENCIONADO

 

 

Resulta absolutamente condenable la brutal descalificación oficial hacia los integrantes de la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín


La Nación, editorial, 20 de noviembre de 2020 

 

Con ser de gravísimas consecuencias el anquilosamiento intelectual de las principales figuras de la fuerza gobernante, la inmadurez emocional que los desborda deja aún más estupefactos a quienes siguen con algún grado de interés, aquí o en el extranjero, la situación argentina.

 

¿Han sido criaturas o adultos quienes firmaron en nombre del bloque de senadores de la mayoría una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional que parecería más destinada, en medio de arduas negociaciones, a precipitar un fracaso que a facilitar el desempeño de los representantes argentinos, incluido el presidente de la Nación? ¿O habrán dilapidado tanto fuego para disimular con humo el apoyo al ajuste económico que impulsa el gobierno del que son parte?

 

Así está la economía nacional, perturbada por la contradicción permanente entre hechos y palabras. Así van otros asuntos sensibles para el país, tratados todavía hoy según convenciones con alguna raigambre en el pasado, pero hace largo tiempo desechadas por los descalabros ocasionados. ¿No ha ocurrido, acaso, con diferentes fenómenos populistas y, ni qué decir, entre la masacre de libertades de los que perseveraron en construir "un hombre nuevo" bajo la inspiración del marxismo-leninismo? Nos inclinamos por esta última interpretación.

 

La defensa nacional ha sido una de las materias más degradadas por el imperio de ideas fosilizadas en los sucesivos gobiernos kirchneristas. Debe reconocerse que el Presidente fue en un sentido más cauto que el ministro Agustín Rossi . Este se apresuró a descalificar como "un proyecto conspirativo y desestabilizador" el anuncio de la constitución, por personal retirado de las Fuerzas Armadas y de seguridad y policial, de la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín. "Son gente de otro tiempo", dijo Alberto Fernández con desdén llamativo en quien se codea a diario con dirigentes cuyo pensamiento político, como el de la vicepresidenta, está, por decir lo menos, congelado en el tiempo.

 

Como vocero principal de aquella flamante mesa, ha actuado el general Ernesto Bossi, que fue secretario general del Ejército durante la jefatura del general Martín Balza. Quienes ocupaban posiciones gubernamentales al lado del presidente Alfonsín, durante los dramáticos días de Semana Santa, recuerdan a Bossi como uno de los jefes militares de mayor resolución en la voluntad de acabar con el alzamiento carapintada encabezado por el teniente coronel Aldo Rico y, una vez retirado, participó activamente en entidades solidarias, sostenidas exclusivamente por sus socios, conteniendo social y económicamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, frente a los magros sueldos que han venido percibiendo.

 

Los integrantes de la Mesa de Encuentro declararon su entusiasmo para que se debata un proyecto de defensa integral para la República dentro de un contexto de respeto por las instituciones de la Constitución. Contribuciones de igual naturaleza hacen periódicamente militares y personal de seguridad y policial en situación de retiro en países como Brasil, Francia, España o Bélgica. Habrá de reconocerse que pocos países sufrieron, como sucedió en la Argentina entre 1930 y 1983, una catarata de interrupciones tan reiteradas del poder militar en el funcionamiento regular del orden constitucional.

 

Incluso, ha habido pocas experiencias más crueles que la del último golpe, del 24 de marzo de 1976, en que el terrorismo de Estado terminó por abatir a una subversión también sangrienta, culpable de miles y miles de muertos, y que contaba con el apañamiento de otros Estados, como la Cuba de Fidel Castro . Pero han pasado cuarenta años. No hay efectivos de las Fuerzas Armadas que hayan egresado como oficiales o suboficiales durante aquel período aciago, que se prolongó hasta la asunción del presidente Alfonsín . Han sobrado, además, las pruebas de consustanciación con la legalidad de las nuevas generaciones de militares.

 

El lanzamiento formal de la Mesa de Encuentro -bautizada por el gobierno "mesa de enlace", con evidente intencionalidad de alimentar su relato- puede haber prescindido de formalidades, como por ejemplo un pedido de audiencia con el ministro del ramo, a fin de ponerlo al tanto de los propósitos en marcha, por más que algunos de los colaboradores de Rossi hubieran estado informados de lo que se avecinaba. Es decir que sabían de qué se trataba y mal podía presentarse algo que todavía no estaba, siquiera, en vías de constitución. De ahí a la brutal descalificación de que fueron objeto los integrantes de la Mesa hay un trecho lo suficientemente vasto como para reflejar la subsistencia de prejuicios que lastiman aún más a la familia militar entre los padecimientos por las frustraciones profesionales que se prolongan desde hace tantos años. Máxime cuando el ministro sabe que a las instituciones que allí estuvieron presentes no las anima otro propósito que poder brindar a sus camaradas un mejor nivel de vida asistiendo al soldado, al gendarme o al prefecto y a su familia frente al desarraigo, una asistencia a quien tiene que atender su salud en Buenos Aires, otorgar un adelanto de sueldo para llegar a fin de mes, un crédito para cubrir necesidades básicas o un sepelio digno. El ministro conoce perfectamente las bondades de un sistema que, desde hace más de 100 años, contiene socialmente a las Fuerzas Armadas y de seguridad frente a la insuficiente asistencia del Estado y también conoce que no es posible que esas instituciones financien otra actividad que no sea la de los servicios que prestan.

 

El anterior jefe del Ejército, el teniente general Claudio Pascualini, que participa de la constitución de un Observatorio de Seguridad y Defensa en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (Ucema), acaba de declarar que el 50% del personal militar se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Casi no hay en el mundo países cuyo presupuesto nacional destine, como este año, solo el 0,6% del producto bruto interno a la defensa nacional.

 

Han transcurrido treinta años desde que se sancionó la última ley de defensa. Desde entonces la defensa nacional y la seguridad pública se han ido asociando más y más por el crecimiento feroz del crimen organizado y la incapacidad del Estado para ponerle remedio, trabajado como ha estado por teorizadores del derecho que desalientan la represión legítima de los delitos, principal razón de ser de un orden legal eficiente. El 50% del plantel de la Gendarmería Nacional está lejos de donde debe estar, en custodia de nuestras fronteras. Se halla disperso en grandes ciudades para contener la ola de violencia e inseguridad física de los habitantes. Algo de eso ocurre también con la Prefectura.

 

Tenemos ante nosotros un horizonte de posibles pandemias, catástrofes naturales y porosidad de fronteras con consecuencias que no se habían imaginado antes. Y tenemos algo más: una legislación en vigor que limita las intervenciones militares en el orden interno a los casos de ataques provenientes del exterior y causados por fuerzas militares de un Estado. Eso es ignorar el desarrollo tecnológico y el papel que cumple hoy la cibernética, laguna en blanco en una ley de defensa dictada hace tres décadas; es ignorar que las armas cibernéticas pueden ser utilizadas desde lugares geográficos indetectables y no necesariamente por personal militar; pueden accionarlas civiles.

 

Hace bien el ministro Rossi en aplicarse a la revisión de toda esa legislación con la participación de legisladores del oficialismo y de la oposición. Será un gran paso hacia adelante el aggiornamiento de las normas jurídicas al respecto, y sobre todo la actualización de ideas políticas que constituyen, en el corazón del Frente de Todos, rémoras de un pasado que junto con los relatos artificiosos y de mala fe se espolean como insólitos sucedáneos de programas consistentes de creación de nuevas fuentes de trabajo, de nuevas inversiones que aseguren el desarrollo y el bienestar social.

 

Quienes por su condición profesional cuentan con experiencias intransferibles en estos asuntos hacen bien en ponerse a disposición de las autoridades que quieran escucharlos. El día que el diálogo fructifique en aras del interés nacional el entredicho de estos días se archivará en la memoria colectiva en la categoría de los incidentes absurdos y malintencionados que tanto prosperan en tiempos marcados por la desorientación.

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