Defonline, 1 julio, 2020
Por Natalia Peritore
El desarrollo de la pandemia
del coronavirus ha abierto múltiples interrogantes: desde su impacto a nivel
individual, hasta su repercusión sobre el orden mundial. Actualmente se habla,
de forma acertada, acerca de una crisis del multilateralismo y de la falta de
un liderazgo a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud no está
atravesando, de hecho, un momento de gran legitimidad. Asimismo, se perciben
Estados más competitivos que cooperativos, sobre todo entre aquellos que
detentan mayor poder y que se disputan, por ejemplo, el triunfo por la vacuna
contra el COVID-19. Ciertamente, hoy no hallamos ese liderazgo ni en la figura
de un Estado ni en la figura de una organización internacional.
¿Y qué sucede en materia de
derechos? El debate acerca de la cuarenta decretada por causa de la pandemia,
su extensión, sus consecuencias y su legalidad se inscribe en ese ámbito. Así,
por ejemplo, ha sido materia de debate la constitucionalidad de las medidas
dispuestas por los decretos 260 y 297 en la República Argentina. En un
interesante escrito sobre el particular, Alberto Castells se pregunta si el
estado de excepción nos coloca frente a un nuevo paradigma de gobierno sobre la
base de “deslices constitucionales”. No lo sabemos. Pero la incertidumbre
reinante a nivel global y local no parece clarificar el panorama.
¿Nos encontramos ante un
nuevo punto de inflexión en el primer cuarto del siglo XXI? Sin lugar a dudas,
los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S) marcaron el primer punto de
inflexión del siglo en el ámbito de las relaciones internacionales. Si bien ya
se había comenzado a teorizar acerca de la existencia de actores de naturaleza no
estatal desde las últimas décadas del siglo XX, con el 11S los grupos
terroristas transnacionales irrumpieron en la escena internacional y dejaron al
Estado al desnudo: ¿podía la nación más poderosa del mundo, vencedora de la
Guerra Fría, hacer frente a esta amenaza? La posterior sucesión de hechos ha
evidenciado que no.
“¿Nos encontramos ante un
nuevo punto de inflexión en el primer cuarto del siglo XXI?”
Una pléyade de artículos
académicos ha dado cuenta de las “nuevas” amenazas a la seguridad internacional,
calificándolas de ese modo cuando, en realidad, la mayor parte de ellas no eran
novedosas en sí mismas. Sí lo era su jerarquización en la agenda internacional
y la transnacionalidad como marca característica. A partir del 11S vimos cómo
se ha apelado a la necesidad de la cooperación internacional en detrimento del
accionar eminentemente unilateral y punitivo que ha manifestado Estados Unidos
en la era Bush (h). Fuimos testigos de un liderazgo fuerte asumido por este
país, aunque cierto es que el multilateralismo no fue su estandarte.
Comenzamos a hablar acerca
de la porosidad de las fronteras, así como de la difusión de la división
existente entre política interior y política exterior. Fuimos testigos del
avance sobre los derechos civiles. Podemos mencionar la instalación de equipos
de vigilancia en lugares de gran concentración de personas, así como la
aprobación de la Patriot Act en Estados Unidos que dio lugar, por ejemplo, al
monitoreo de conversaciones telefónicas de sospechosos de terrorismo sin
necesidad de orden judicial y a la intercepción del correo electrónico.
Vivimos un desequilibrio en
la relación entre la seguridad y la libertad. La sociedad civil es el nuevo
campo de batalla elegido por el enemigo “deshumanizado”, la protección de la
población debía ser la piedra angular de toda política seguida por los Estados.
Esta responsabilidad máxima legitimaba el avance sobre las libertades
individuales dado el estado de excepción reinante.
A este respecto, es válido
señalar lo manifestado por Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de las
Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, acerca del
estado de excepción. Sobre el particular, la experta señaló que los poderes que
poseen los gobiernos en tiempos de emergencia deben ser limitados y que las
restricciones impuestas en consecuencia deben servir como medio para el retorno
del normal funcionamiento del sistema legal de protección de derechos.
Así como se “legitimaba” el
avance sobre la privacidad de las personas en Estados Unidos en pos de la
seguridad nacional (no sin sus detractores, claro está), hoy sucede en pos de
la seguridad humana bajo la figura de la cibervigilancia, el reconocimiento
facial, el uso de drones, el monitoreo por medio de aplicaciones, etc.
“Nos encontramos frente a
una situación en la que los Estados deben enfrentar una amenaza no convencional
y proteger a su población. Pero el eje ya no pasa por la seguridad del Estado,
sino por la seguridad humana”.
Del mismo modo que, por
causa del 11S, la incertidumbre caracterizaba el fin del mundo conocido y las
incipientes líneas del naciente, ¿podríamos hoy plantear esta incertidumbre
frente a la pandemia del coronavirus? Nos encontramos frente a una situación en
la que los Estados deben enfrentar una amenaza no convencional y proteger a su
población. Pero el eje ya no pasa por la seguridad del Estado, sino por la
seguridad humana. Más allá de manifestaciones de cooperación que han surgido,
se evidencia una vuelta “hacia dentro” de los Estados, haciendo gala de su
soberanía y del monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Evidentemente, estamos ante
un nuevo punto de inflexión. Y no muy alejados de aquel 11S. La historia nos ha
enseñado que, tras el fin de grandes guerras, han surgido nuevos órdenes
geopolíticos. Ciertamente, no estamos en medio de un conflicto bélico. Pero sí
en medio de un escenario que, dada su envergadura, configurará una nueva
distribución y naturaleza del poder. ¿Será que también producirá una nueva
mirada acerca de los “deslices constitucionales” a los que Castells hace
referencia en el marco de regímenes democráticos? El tiempo nos responderá.
*La
autora de este artículo es Magister en Estrategia y Geopolítica, licenciada en
Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesora.
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