COMBATIR EL NARCOTRÁFICO

 antes de que sea demasiado tarde

La Nación, editorial, 29/30 de julio de 2020 

La falta de políticas públicas, firmes y sostenidas, que trasciendan las administraciones, solo contribuye a la expansión del vil negocio

Los argentinos continuamos evidenciando la enorme dificultad para encarar políticas públicas que trasciendan las distintas administraciones cuando se trata de encauzar cuestiones claves. Con cada cambio de color político en el gobierno se tiran por la borda esfuerzos anteriores, incluso aquellos que probaron su efectividad, lejos de sostener en el tiempo lo positivo para corregir lo que debe mejorarse desde una mirada superadora y de largo alcance.

La actual gestión de Seguridad del gobierno nacional denostó los avances de la gestión anterior en la lucha contra el narcotráfico. Desconocer los récords de decomisos de marihuana, cocaína y metanfetaminas debidamente registrados y documentados confirma esta perniciosa dificultad de dar continuidad a lo logrado por una gestión que, incluso para sus detractores, tuvo muchos aciertos en ese campo. En la misma dirección, las más altas autoridades han pretendido también minimizar el aumento de la cantidad de narcotraficantes detenidos al aducir que, en su mayoría, fueron aprehendidos por consumo o por venta minorista.

En un afán por redoblar la que sin duda constituye una peligrosa apuesta, la ministra de seguridad, Sabina Frederic, se mostró a favor de legalizar el consumo de todo tipo de estupefacientes. Preocupa seriamente que quien está al frente de una cartera tan importante pase livianamente por alto el enorme daño individual y social que estas sustancias provocan. Ni qué hablar de las consecuencias de promover medidas en esta dirección, aisladas del contexto internacional.

Sus expresiones poco felices fueron incluso más allá cuando afirmó que el gobierno federal no planea combatir el microtráfico o narcomenudeo. Preocupa seriamente que la ministra no comprenda que es precisamente el narcomenudeo el formato de criminalidad narco más visible y cercano al ciudadano común, por un lado, y que es también el que más violencia genera cuando las bandas se enfrentan por el control del territorio.

Resulta inadmisible, también, que un dirigente del oficialismo, como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, haya hecho una vergonzosa defensa del narcotráfico en un video que pretendió minimizar y en el que claramente decía que encubre a empleados de su municipio que "venden falopa en las ambulancias". Semejante admisión de un jefe comunal no habla de otra cosa que de connivencia con la narcocriminalidad.

Si trabajar en prevención para reducir el consumo de estupefacientes debería ser un pilar de cualquier gestión, desactivar el punto de venta que está en el barrio o cerca de la escuela es clave. Estos últimos eslabones del negocio criminal destruyen familias y se cobran vidas. Trabajar para desarticular estas terminales de narcomenudeo conduce muchas veces a desacoplar grandes bandas criminales. Cabe recordar, por caso, cómo desde un punto de venta en un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires se identificó a la mafia que operaba con cobertura política en Itatí, Corrientes.

En la misma preocupante dirección, la gestión de Frederic suprimió la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico para reemplazarla por una simple dirección en una clara bajada de línea sobre la poca importancia que el gobierno que lidera Alberto Fernández le estaría asignando a la cuestión.

Si bien sería apresurado sacar conclusiones a casi ocho meses de inaugurada la actual gestión, algunos preocupantes indicadores revelan que no se están tomando buenas decisiones en la materia. El significativo incremento de homicidios durante los últimos meses en la ciudad de Rosario, muchos directamente asociados con el accionar narco, refleja menores controles en una ciudad que ha sido epicentro de la narcocriminalidad en las últimas décadas. El surgimiento de la pandemia por Covid-19 ha desplazado estas evidencias del foco de la escena, pero no se puede desconocer que, en el primer trimestre, la referida tendencia ya registraba preocupantes manifestaciones en varios distritos.

Lo mismo se puede decir del inusitado aumento de homicidios en el Barrio 31 de Retiro, originado en peleas entre bandas narcocriminales que involucraron incluso a personal policial de la ciudad, que perdió la vida en enfrentamientos. Sin ir más lejos, a mediados del corriente mes, la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, junto con la policía local, desbarató una importante organización dedicada a la venta de drogas, cuyo principal búnker se hallaba en ese asentamiento de emergencia del distrito. Entre otros elementos, se secuestraron más de 13 kilos de marihuana, varias dosis de pasta base de cocaína, balanzas de precisión, cintas de embalar y dos armas de fuego.

Atrás quedan así muchos buenos resultados alcanzados con enormes esfuerzos en los últimos años a partir del lanzamiento del Programa Barrios Seguros, una iniciativa nacional del gobierno anterior, que derivó en la detención de los principales líderes narcos.

Cuando el Estado deja de ocuparse y pierde el control del territorio, el narcotráfico avanza inexorablemente y las cifras reflejan esa rápida reversión que se traduce en más vidas arruinadas o perdidas.

Frederic reconoció en el Congreso que el consumo de drogas es "alarmante" y pronosticó un aumento del contrabando tras a cuarentena        

La falta de continuidad de estas políticas de seguridad, que deberían ser indiscutidas y sostenidas políticas de Estado, disparan perjuicios de imprevisibles consecuencias. Cabe recordar los graves problemas que enfrentó el gobierno kirchnerista anterior en esta materia, manchado por casos de violencia y corrupción como los de la efedrina, que desembocó en el triple crimen de General Rodríguez, así como el dinero ilegal de algunas de estas operaciones aparecido en el contexto de campañas políticas. No es menor que la reducción del número de los homicidios intencionales que se venía registrando hasta el año último tuviera en parte que ver con una política más contundente y de colaboración internacional en esta materia. Precisamente, es la experiencia internacional la que confirma que las mafias buscan asegurarse su crecimiento, permanencia e impunidad mediante la aquiescencia del funcionario de turno. Los mecanismos se repiten y las experiencias extranjeras anticipan cuál es el final de la siniestra película por lo que no hay tiempo que perder.

Cuando se tiran por la borda los avances logrados por gestiones anteriores en lugar de redoblar los esfuerzos en la buena dirección, cuando se cae en discursos facilistas que solo proponen promover el acceso a la droga y se desarticulan organismos del Estado destinados a combatir el narcotráfico, la sociedad queda a merced de una violencia que pretende adueñarse de sus estructuras, tanto como de la vida de las personas.

Los Estados deben tomar posiciones claras y firmes para defender a los ciudadanos frente a estos graves flagelos enquistados en tantos países que han quedado a su merced. No hay pues lugar para medias tintas.

La injerencia de los principales carteles narcos brasileños en la región es cada vez más notoria. La presencia de esta nefasta actividad en Paraguay y Uruguay comenzó a vislumbrarse en nuestro país desde el año pasado y, particularmente, en la actual situación de pandemia. Los dos principales carteles brasileños son el paulista Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de origen carioca. Ambos se caracterizan por sus altos niveles de violencia. Al primero, identificado como el de mayor peso, se lo distingue precisamente por su propensión a reclutar mano de obra violenta en las cárceles.

El PCC actualmente controla el tráfico de cocaína a través del puerto de Santos. La ruta de la cocaína a Europa desde allí ha crecido de manera exponencial durante los últimos seis años. Según información de la Policía Federal de Brasil, la cantidad de cocaína secuestrada en Santos aumentó un 95% entre 2017 y 2018. En 2015, se decomisaban 1436 kilos; fueron 10.606 en 2016 y 12.118 en 2017. En 2018 se alcanzaron los 23.832 kilos de cocaína, una cifra equivalente al 10% de la producción anual de esa droga en Bolivia. El Puerto de Paranaguá, en el estado brasileño de Paraná, también ha registrado un aumento sustancial en el contrabando de cocaína: en 2017 se secuestraron allí 845 kilos y en 2018 se decomisaron 4745 kilos: el 461% de crecimiento en tan solo un año.

En 2014, una investigación liderada por la Policía Federal brasileña descubrió las rutas y los mecanismos utilizados por el PCC para el envío de cocaína de Bolivia a Brasil, vía Paraguay. Esta expansión explica el mayor decomiso de cocaína en las rutas 12 y 14 del noreste argentino, trayectos utilizados antes para la marihuana. Para 2016, las Naciones Unidas habían identificado a Brasil como el país de partida más frecuente de cargamentos de cocaína que llegan a los mercados africanos, asiáticos y europeos.

Nacido dentro de las prisiones de San Pablo, el PCC se convirtió en la principal organización criminal de Brasil. Precisamente, el control del puerto de Santos le permitió expandir el comercio de cocaína transoceánica y elevar significativamente sus beneficios al alcanzar la dominación de los flujos de cocaína, principalmente de Bolivia, pero también de Perú y de Colombia. Celebra también algo que la mayoría de las organizaciones criminales de tráfico de narcóticos anhelan, pero pocas consiguen: controlar toda la cadena de valor de la cocaína, desde la producción hasta el suministro al consumidor final o su exportación.

En Paraguay, el PCC domina el nordeste, la zona de Pedro Juan Caballero, asiento del recordado golpe comando de hace unos años contra el búnker del tesoro de Prosegur, con una carga de violencia e impunidad inimaginables. Un grupo de 30 miembros del PCC, armados con fusiles, ametralladoras, granadas y bombas, volaron la fachada del edificio de Prosegur y, tras un robo millonario en Ciudad del Este, huyeron dejando una secuela de muertos, heridos y destrucción.

También preocupa la responsabilidad de este cartel en recientes decomisos de cocaína, procedentes de Uruguay, en puertos europeos. Hacia fines de 2019, en el puerto de Montevideo, en un golpe histórico, se decomisaron 4418 kilos casi en simultaneidad con unos 500 kilogramos hallados en una finca en el interior rural de Artigas. Durante el corriente mes, en Hamburgo (Alemania), se decomisaron 4,6 toneladas de cocaína y a principios de 2019 se secuestraron 1,2 toneladas en Amberes (Bélgica), todos estos cargamentos también despachados desde el puerto de Montevideo.

Durante este año se registró también el asesinato mafioso, presumiblemente de origen narco, de tres jóvenes infantes de marina que hacían guardia en la zona del Cerrito, en Montevideo, que fueron despojados de sus armas y ejecutados.

Según diversos observadores, el accionar narco en la otra orilla del Río de la Plata revela la impronta de la 'Ndrangheta, la mafia italiana de origen calabrés que se ha convertido en el mayor importador de cocaína de Europa. Se estima que ese grupo controla hasta el 40% de la cocaína que entra en el Viejo Continente, mientras que sus beneficios equivalen a casi el 3% del PBI de Italia. Las conexiones y trabajos conjuntos de estos con el PCC brasileño son conocidos. Según información de periodistas italianos y brasileños que tuvieron acceso a los expedientes de investigación de la agencia italiana de aplicación de la ley, la Guardia di Finanza, la 'Ndrangheta ha estado negociando las exportaciones brasileñas de cocaína desde la década de 1980. La cara visible del tráfico de cocaína ha sido Rocco Morabito, el capo o jefe de la rama calabresa Tiradrittu de la 'Ndrangheta. Este miembro de la organización italiana fue buscado intensamente por la policía brasileña hasta su captura, en Uruguay, en 2017. Morabito escapó de prisión en 2019, antes de que pudiera ser extraditado a Italia, y actualmente su paradero es desconocido.

En la Argentina, la presencia e incidencia de los narcos brasileños se empezaron a vislumbrar hacia el final de la presidencia de Mauricio Macri. La policía provincial misionera frustró el intento de copamiento por parte de miembros del PCC de la cárcel de Oberá, Misiones, que alojaba al narco brasileño experto en explosivos Vanderlei Lopes con el fin de liberarlo. Fue este el primer operativo concluido con la detención de varios narcos de ese país. El segundo evento fue el decomiso de armas más grande de la historia de nuestro país, con más de 17 detenidos y unas 2500 armas decomisadas, en junio de 2019. Estas armas, provenientes de Europa y los Estados Unidos, estaban de paso en la Argentina y tenían como destino final Paraguay, donde debían ser entregadas al PCC. El poder de fuego de ese cargamento era enorme y demuestra el nivel de violencia de este grupo criminal, capaz también de interactuar con criminales de la Argentina.

En plena pandemia, han surgido dos hechos que encienden alarmas importantes sobre la presencia de estos grupos en el territorio nacional. El primero ocurrió en mayo con la detención por parte de la Gendarmería Nacional de cuatro hombres de origen brasileño y paraguayo pertenecientes al PCC, que poseían un fusil M16, varias armas cortas y largas, y uniformes completos de la Policía Federal. Más recientemente, el trabajo de la Gendarmería permitió desarticular una banda de narcos brasileños pertenecientes a un grupo socio del PCC llamado Bala na Cara, originario de Porto Alegre, que organizaba desde el penal de Ezeiza un operativo para asesinar a Fernando Verón, magistrado del fuero penal de Misiones. La idea era proveer pistolas y ametralladoras a sicarios que venían de Brasil y que iban a esperarlo al ingreso del juzgado para ejecutarlo.

Los hechos hablan por sí solos. Como hemos dicho en nuestro editorial de ayer, cuando se tiran por la borda los avances logrados por gestiones anteriores en lugar de redoblar los esfuerzos y cuando se desarticulan y hasta anulan organismos oficiales especializados en el combate narco, la sociedad queda totalmente indefensa frente a la violencia extrema.

Es hora de unificar esfuerzos, deponer actitudes inservibles y planificar el combate contra este flagelo de manera coordinada, seria y sostenida, mediante una verdadera política de Estado. Y hacerlo antes de que sea demasiado tarde.