LA IZQUIERDA ESTADOUNIDENSE

puede destruir la política bipartidista hacia Colombia

 

El Ojo Digital, 11 de Agosto de 2020

Ana Rosa Quintana

 

Aun cuando las iniciativas bipartidistas pueden darse rara vez en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, lo cierto es que la relación colombo-estadounidense desafía a ese estereotipo. Durante décadas, los legisladores de ambos partidos en los EE.UU. han comprendido la importancia del mantenimiento del compromiso de Washington con la paz, la estabilidad y la seguridad en Colombia.

 

Mientras que los legisladores suelen perder de vista el largo plazo en lo que respecta a política exterior, la supervisión y el liderazgo legislativo en los Estados Unidos han ayudado a transformar a Colombia, de los albores del Estado fallido, a convertirse en líder regional -en pocas décadas.

 

En contrapartida, la relación estratégica entre los EE.UU. y Colombia se ha convertido en un eje central para la estabilidad en América Latina y para los intereses regionales de los Estados Unidos -al tiempo que también se ha modelado en una historia de éxito en el involucramiento externo de Washington.

 

 Sin embargo, ciertas provisiones ideológicamente motivadas, adoptadas recientemente en el Acta de Autorización para la Defensa Nacional en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, recortarían el extendido convenio bipartidista frente a la política oficial para Colombia. De llegar a ser activada, esta legislación debilitaría la capacidad de Colombia a la hora de protegerse frente a organizaciones criminales, toda vez que también empeoraría los aspectos vinculados a la producción de cocaína (la cual evidenciaría un boom).

 

Una provisión en tal sentido -patrocinada en la Cámara de Representantes por Alexandria Ocasio-Cortez, Demócrata por Nueva York- busca eliminar todo financiamiento estadounidense para la erradicación de cultivos de coca, ingrediente básico en la producción de cocaína.

 

Considérense los siguientes datos, a efectos de comprender el carácter irresponsable que hace a la política propuesta.

 

En 2015, Colombia puso fin al programa de erradicación aérea de cultivos que fuera financiada por los Estados Unidos, lo cual condujo a una explosión en los cultivos de coca y en las cifras de producción de clorhidrato de cocaína. Entre 2014 y 2018, tuvo lugar un crecimiento histórico en los índices de cultivo de coca y, gracias a esto, se evidenció un incremento en la producción potencial de cocaína.

 

 En 2014, se cultivó un aproximado de 112 mil hectáreas de coca, en comparación con las 208 mil de 2018. A lo largo de este período, también se incrementaron las muertes por sobredosis de cocaína en territorio estadounidense.

 

La agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) estima que el 90% de la cocaína confiscada en suelo estadounidense es de origen colombiano.

 

Cuando Colombia puso fin a su programa de erradicación aérea de cultivos, citó un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde entonces fue desautorizado por ese mismo órgano vinculado a Naciones Unidas.

 

El informe inicial afirmaba que el glifosato utilizado como herbicida era 'probablemente cancerígeno para los seres humanos'. En el término de un año, un informe posterior sentenció que la capacidad del glifosato para provocar cáncer era 'improbable', en consecuencia, desautorizando los fundamentos sanitarios de la decisión de interrupción de cultivos.

En ese punto, el daño ya estaba hecho. A pesar de las objeciones interpuestas por el entonces ministro de Defensa colombiano, y por otros funcionarios del gobierno en Bogotá, el programa fue clausurado.

 

 Desde entonces, Colombia se ha respaldado mayormente en la erradicación manual de cultivos de coca. Elementos de las fuerzas armadas han sido forzados a eliminarlos manualmente, operando en áreas bajo control de criminales y de organizaciones terroristas. Periódicamente, los soldados se topaban con criminales armados, minas antipersonales y fuego de francotiradores.

 

De acuerdo al presidente colombiano, la erradicación manual está lejos de ser eficiente en el terreno, y representa un perjuicio en materia de costos. El trabajo manual solo puede erradicar entre dos y tres hectáreas diarias, mientras que la fumigación desde el aire destruye entre 120 y 150 hectáreas -costando esta última hasta dos veces menos.

 

De no mediar retrocesos judiciales adicionales, Colombia retomará su programa de fumigación aérea -con apoyo estadounidense- previo a fin de año. Estados Unidos no debería comprometer los esfuerzos colombianos a efectos de contener sus problemas de descontrolada espiralización en la producción de cocaína.

 

De igual manera, los legisladores de los Estados Unidos no deberían obstaculizar el proceso de paz y reconciliación colombiano, motivados por políticas con sustento ideológico.

 

Una enmienda interpuesta por Jim McGovern -Demócrata por Kansas- le exigiría a los departamentos estadounidenses de Defensa y Estado, así como también al director de inteligencia nacional, entregar un informe de aquí a cuatro meses, que verse sobre dieciséis años de actividades de inteligencia y de defensa estadounidenses en territorio colombiano.

En sus propias palabras, la intención de McGovern no consiste en supervisar, sino que más bien remite a una intención de suspender toda asistencia estadounidense a Colombia. Recientemente, McGovern declaró: 'Si fuera por mí, yo le pondría fin a la asistencia estadounidense a Colombia, ahora mismo'.

 

A tal respecto, recientes informes que versaron sobre actividades de espionaje ilegal contra miembros de la sociedad civil en Colombia renovaron los llamados a implementar una supervisión más estricta sobre ese país, para que Bogotá se atenga a estándarse más estrictos sobre derechos humanos. En esta instancia, todos podríamos estar de acuerdo. El espionaje ilegal no tiene cabida en una nación democrática, y los funcionarios que fueren hallados responsables deberán ser reprendidos.

 

Sin embargo, la interrupción del apoyo estadounidense a Colombia en modo alguno mejoraría el registro colombiano en derechos humanos mientras que, de hecho, la ausencia de supervisión e involucramiento americano empeoraría el escenario. Privar a Colombia de los recursos estadounidenses reduciría su capacidad para implementar su ambicioso acuerdo de paz y reconciliación, tras cincuenta años de conflicto. Asimismo, dejaría a Bogotá con menos medios para cuidar de más de dos millones de refugiados venezolanos y migrantes que han provenido desde fuera de Colombia.

 

La relación bilateral y la situación en Colombia no está exenta de desafíos. A pesar de las significativas inversiones realizadas por los EE.UU. y Colombia, la producción de cocaína continúa representando un desafío esquivo. Una implementación inadecuada del plan de paz ha dejado a las víctimas colombianas del conflicto sin la posibilidad de contar un justicia, y una participación significativa en la sociedad civil. Un muy reducido núcleo de responsables por violar los derechos humanos aún no ha sido reprendido legalmente por los delitos cometidos.

 

Con todo, la transformación de Colombia en un país que había normalizado los secuestros y los atentados con explosivos, en un líder de seguridad y también en una potencia económica regional, es un logro que debería ser enaltecido.

 

En los Estados Unidos, el esfuerzo bipartidista ha dado lugar a un compromiso sostenido de Washington, allanando el camino para la consolidación de los ya citados logros. No obstante, la conferencia en torno del Acta de Autorización para la Defensa Nacional no debería permitir que agendas centradas en aspectos ideológicos destruyan los beneficios obtenidos durante décadas.