lunes, 10 de agosto de 2020

DEBATE SOBRE EL DESARROLLO NUCLEAR

 


por Antonio Rossi

Informador Público, 9-8-20

 

Eclipsado en los últimos meses por el avance del coronavirus y la crisis económica que ha afectado negativamente a casi todas las actividades productivas y los ingresos familiares, el sector nuclear argentino ha vuelto ser motivo de debate y análisis entre los especialistas y profesionales del área energética.

 

Esta vez las miradas y contrapuntos se focalizan en las acciones y medidas que debería adoptar el actual gobierno que encabeza Alberto Fernández respecto de la futura construcción de Atucha III, la cuarta central atómica del país.

 

El proyecto nuclear quedó sobre el tapete con la entrada en escena del “master plan” denominado “Plan Federal Quinquenal de Expansión de Obras de Infraestructura Energética” que difundió la Secretaría de Energía comandada por Sergio Lanziani.

 

Dicho plan quinquenal plantea un ambicioso programa de obras destinado a potenciar el sector energético con tres grandes iniciativas: la ampliación de la red nacional de transmisión eléctrica, el tendido de un nuevo gasoducto que iría de Vaca Muerta hasta el sur de Brasil y la construcción de la usina nuclear de Atucha III mediante un convenio con China.

 

La nueva planta de uranio enriquecido aportaría 1.200 MW de energía y demandaría una inversión total de 7.900 millones de dólares financiada por el Gobierno y empresas de China.

 

El proyecto de Atucha III -que elevaría en un 68% la capacidad de generación del sector nuclear- se basa en los siguientes puntos centrales:

 

--La encargada de la ingeniería, la provisión y construcción de la central mediante un contrato EPC sería la empresa China National Nuclear Corporation (CZEC).

 

--La central es del tipo Hualong-Once PWR de última generación y el contratista deberá localizar el 40% del costo del EPC para asegurar la participación de proveedores nacionales de bienes y servicios.

 

--El plazo de ejecución sería de 99 meses con una vida útil de la usina de 60 años.

 

--El costo de la obra se cubre con un préstamo chino por el 85% del total y un aporte local del 15%. La tasa del financiamiento en dólares sería Libor más 2,75%. El repago del crédito está previsto al final del periodo de construcción en 24 desembolsos semi anuales de capital e intereses.

 

--Las obras permitirían la creación de 7000 puestos de trabajo directos durante el pico de construcción (73 millones de horas-hombre) y 500 empleos de calidad durante la etapa de operación.

 

Según el “master plan” de Lanziani, la negociación del contrato EPC está prácticamente cerrada y solo restaría acordar dos puntos que hacen a la máxima limitación de responsabilidad del contratista y el monto máximo de las penalidades.

 

Tras la aparición del megaplan, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) -que agrupa a especialistas, académicos y ex reguladores que tienen como objetivo “la construcción de un sistema energético soberano que ponga la energía al servicio de la población y la Nación”- salió a plantear sus objeciones a la iniciativa oficial que centraliza el desarrollo nuclear solo en la construcción de una usina de uranio enriquecido con tecnología china y deja de lado la opción de una central tipo Candu de uranio natural para la cual Argentina está más capacitada y cuenta con más recursos humanos, técnicos y financieros.

 

Por medio de un documento de trabajo, el IESO advirtió que “sería una decisión grave para las capacidades soberanas de Argentina en el futuro mediato volcarse únicamente a la construcción de una central de uranio enriquecido, cancelando así el uso de sus capacidades de ingeniería, construcción, montaje y fabricación de componentes e insumos, incluyendo el agua pesada y el combustible para la generación nuclear con uranio natural, con la consecuente desaparición de estos activos en los que se invirtió tanto esfuerzo y dinero a lo largo de más de 50 años”.

 

El documento -que surgió tras una reunión virtual donde participaron unos 30 expertos y ex funcionarios del área nuclear- puso de relieve las siguientes discrepancias y definiciones:

 

--El insumo fundamental para asegurar la provisión de energía nuclear no es el recurso uranio, base del combustible involucrado, sino el conocimiento. Para las centrales de uranio enriquecido, el recurso crítico es la tecnología de enriquecimiento. Y en el caso de la usina de uranio natural, el recurso crítico es la fabricación de agua pesada.

 

--La provisión de agua pesada es necesaria en gran escala al comienzo de la vida de la central de uranio natural, y luego en pequeñas cantidades de reposición a lo largo de su vida. La del servicio de enriquecimiento de uranio para la tecnología correspondiente, en cambio, es necesaria al menos cada 18 meses y, según el modelo de reactor, cada 12 meses.

 

--El carecer de la capacidad de enriquecer uranio somete, entonces, a las naciones que incorporen centrales de uranio enriquecido a una situación de dependencia, que se acentuará en la medida que las centrales nucleares vayan reemplazando a la generación térmica de fuentes fósiles.

 

--Argentina no tiene capacidad creíble de enriquecer uranio. La planta de Pilcaniyeu usa una tecnología cara y obsoleta, y su estado actual es dudoso pues se encuentra detenida desde 2016.

 

--Si bien China no participa en el núcleo de países que impulsan, desde el Grupo de Suministradores Nucleares, las políticas de limitación de la difusión de las tecnologías aludidas, no hay motivos para pensar que esté dispuesta a transferirla. Ya en 2015, los negociadores chinos descartaban de plano y sin lugar a discusión tal posibilidad.

 

Ante ese panorama, los técnicos del IESO consideran que lo más conveniente para el país sería avanzar con la denominada “Opción Nuclear 1 + 1” que consiste en la compra de la central china con las obras civiles cargo de empresas nacionales y el inicio, en paralelo, de la construcción y montaje de una central CANDU con una alta participación de componentes y mano de obra locales.

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