PRUDENCIO BUSTOS
ARGAÑARÁS*
La Voz del
Interior, 07 de octubre de 2020
El periodista
Adrián Simioni llama “Centralia” a una franja que atraviesa el centro del país
de oeste a este, desde la cordillera de los Andes hasta el Uruguay, conformada
por las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte
de la de Buenos Aires. Y aclara que es “la que transfiere recursos fiscales y
financieros desde hace ya décadas a las alianzas populistas que, con distintos
nombres, se cocinan entre el conurbano y las provincias pobres y falsamente
pobres del norte y del sur”.
“El país central,
rico y pujante”, en palabras del presidente Alberto Fernández, cuya misión es,
según él, sostener a “la Argentina periférica”, es a la vez la región en la que
el populismo recoge menos votos. Hartos de ser “el jamón del sándwich”, entre
los habitantes de Centralia se advierte un clima de hastío y rebelión contra el
centralismo que los asfixia, y comienzan a escucharse voces que hablan de separarse
del país.
La primera
manifestación pública de este sentimiento partió del exgobernador de Mendoza y
actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, quien en junio pasado, tras acusar
al Gobierno nacional de impedir la ejecución del proyecto hidroeléctrico
Portezuelo del Viento, manifestó que su provincia “tiene todo para vivir como
un país independiente”. “La verdad que no me gusta separarnos de la Nación
–aclaró–, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios
valores e identidades”.
De allí en más, el
Mendoexit se viralizó como un hashtag y poco después se convirtió en un
movimiento que propicia abiertamente la independencia de la provincia cuyana y
planea constituirse en un partido político para participar en las elecciones
legislativas de 2021, en las que los sondeos le atribuyen un respetable caudal
de votos.
Tres meses más
tarde, los diarios La Nación, de Buenos Aires, y El Sol, de Mendoza, publicaron
una encuesta realizada por la consultora Reale Dallatorre en Córdoba, en Mendoza
y en Santa Fe, cuyos resultados revelan la existencia en esas tres provincias
“centralianas” de “un contundente malestar en torno de cómo opera el sistema
federal en Argentina”, a la vez que un alto grado de disconformidad por la
discriminación que sufren por parte del Gobierno nacional.
Quienes lo ven de
esa manera van de un 54% entre los santafesinos hasta un 66% de los mendocinos,
pasando por un 65% de los cordobeses.
Cuando se les
pregunta si creen que podrían vivir con sus propios recursos, separados del
país, los cordobeses responden que sí en un 44%; los mendocinos, en un 42%, y
los santafesinos, en un 39,70%. Y a la pregunta “¿le gustaría separarse y dejar
de depender de los recursos nacionales?”, responde que sí el 40% de los
cordobeses, el 35% de los mendocinos y el 33% de los santafesinos.
No hay que
exprimirse el cerebro para advertir en estos guarismos la existencia de un
proceso en gestación que, más temprano que tarde, conducirá al país a una
encrucijada en la que deberá encarar el replanteo de un federalismo en serio,
que ponga punto final a la apropiación de los recursos de las provincias por
parte de la Nación y a su utilización para financiar el boato y la suntuosidad
de la ciudad más rica y el sostén clientelar de su entorno inmediato. En caso
de no hacerlo, corre el riesgo de enfrentarse a un proceso de secesión que lo
partirá literalmente por el medio.
Como estoy a favor
de la primera opción, creo conveniente avanzar en aquel proyecto, para lo cual
me permito proponer dos acciones inmediatas.
La primera,
restablecer el mecanismo fiscal de la Constitución de 1853, devolviendo a las
provincias la facultad de recaudar los impuestos y, en todo caso, coparticipar
a la Nación si fuere menester ayudarla a financiar sus gastos. Y auxiliar
también a las provincias más pobres, pero controlando celosamente que los
recursos que reciban se destinen a promover su desarrollo y no terminen en los
bolsillos de un señor feudal.
Sorprende que
partidos políticos que se declaran “federales” y levantan estatuas a próceres
que lucharon a favor de dicha causa no hayan tan siquiera presentado un
proyecto en tal sentido, sabiendo que, sin el manejo de los recursos
tributarios por parte de las provincias, el federalismo es una ficción. Y que
los gobernadores terminen mendigando sumisos las migajas del banquete nacional
que sus provincias financian.
La segunda acción
es el traslado de la capital federal, condición indispensable para lograr el
crecimiento equilibrado del país. Al mencionar esto, es imposible no recordar
que, en una grotesca demostración del desprecio de los argentinos por la ley,
desde hace 33 años la capital legal de la Nación es una, Viedma-Carmen de
Patagones, mientras la real sigue siendo Buenos Aires. La mudanza podría
aprovecharse para separar físicamente los tres poderes del Estado a efectos de
favorecer su independencia. Como propuesta por debatir, propongo que el Poder
Ejecutivo se instale en una ciudad situada en el centro del territorio, de
mediano tamaño, como podría ser Alta Gracia; el Poder Legislativo en Santa Fe,
con la posibilidad de llevar una de las cámaras a Paraná, y la Corte Suprema de
Justicia en Mendoza o Tucumán.
Estimo que estos
cambios deben operarse cuanto antes, sin esperar a que se profundice la crisis
que desde hace varios años padecemos y que las circunstancias nos obliguen a
tomar decisiones de emergencia. Reproduzco a favor de ello el consejo de Adrián
Simioni: “Los separatistas que se toman con más o con menos humor la idea de un
Brexit criollo deberían tomársela más en serio si en verdad les interesa. Y
perfilar una agenda que reemplace la hegemonía política que nos ha llevado a la
pobreza. A este país no hay que partirlo en dos: hay que darlo vuelta, que es
muy distinto”.
*Escritor e
historiador
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